El Frontón: la prescripción como estrategia

Vómito negro. Es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con el caso El Frontón que en 30 días más resolverá si la muerte de los senderistas amotinados en la isla-penal fue un delito común o un delito de lesa humanidad.

Si falla por la primera opción, el delito habrá prescrito. Pero si decide lo segundo, el delito será imprescriptible y seguirá quitando el sueño al Presidente García y a su Primer Vicepresidente.

Se presume que la primera presión sobre el TC haya sido la decisión de ver la causa sin demora y dejarla al voto lo suficientemente a tiempo como para que no empañe la celebración de la APEC.

Si se cumple el libreto, el TC decidirá que el asesinato masivo de los terroristas sublevados de El Frontón fue un delito común que prescribió en junio de 2006 y que en el 2004 la Fiscalía se encargó de archivar para el actual Presidente de la República y su acompañante de fórmula.

El presidente del TC ha empezado a delinear su punto de vista al respecto. Si el ID y la prensa no “criticaron” el fallo de la Tercera Sala de Reos Libres de Lima acogiendo un hábeas corpus de uno de los marinos acusados a quién se pretendió abrir un nuevo juicio, ¿por qué se cargan las tintas sobre una decisión del TC? ¿Acaso el TC investiga?

El pataleo en medios es un costo que ha sido calculado y asumido por un premio mayor: que el rey sol y su paje lleguen sin procesos pendientes a la reunión que reunirá en Lima a los representantes de las súper potencias del mundo.

Cosa distinta a lo que acaba de ocurrir en Argentina. Un Tribunal Federal de Tucumán condenó a cadena perpetua a los militares Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aguinasse en 1976.

"La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró el fiscal Terraf en su alegato.

Nada de eso ocurrirá en nuestro país. Aquí los terroristas amotinados fueron aniquilados por soldados en combate que no cometieron sino –en el peor de los casos– un puro y lato delito común que ya prescribió y por el cual no hay más culpables ni culpas que pagar.

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Indepa debe recuperar su autonomía

Políticamente el gobierno buscará ganar en la mesa lo que ha perdido en la cancha. Está claro que el Ejecutivo no promulgará la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 aprobada por el Congreso. Por el contrario, buscará llevar a los representantes de las comunidades indígenas a la mesa de negociaciones, discutir los alcances y beneficios de las leyes derogadas y mantener su posición de modernizar las relaciones de comercio de la tierra en la selva, sea mediante la observación parcial de la norma aprobada en el Congreso o presentando una nueva iniciativa legal.

Es lo que se puede leer entrelínea de las declaraciones del premier Del Castillo, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el legislador aprista Aurelio Pastor. Las poblaciones indígenas no pueden, pues, darse por ganadoras. Apenas si hemos visto la primera parte de un juego más largo y más complejo que la aplastante, diversa y a la vez frágil mayoría opositora armada en el Congreso.

Quizás sea oportuno el momento para que las comunidades indígenas recuperen la autonomía, económica, política, administrativa y financiera que tuvieron desde que en abril del 2005 se creó el INDEPA como un organismo público de rango ministerial, rector de políticas nacionales, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con jurisdicción en el ámbito nacional.

El INDEPA fue concebido como un espacio de concertación entre los representantes de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos y el Estado. Sin embargo, con este gobierno, dentro de lo que se llamó la reestructuración del Estado que no fue más que la fusión desesperada de organismos públicos, el INDEPA fue subsumido y olvidado en un rincón por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Así pasó de ser un ente de diálogo entre las comunidades indígenas amazónicas, andinas y afroperuanas, promotor de políticas nacionales, a un ente ejecutor de políticas sectoriales partidarias. En febrero del 2007, el INDEPA pasó a depender del MIMDES y en junio de este año el Ejecutivo nombró como su presidente ejecutivo a Mayta Cápac Alatrista Herrera, regidor aprista del Concejo Municipal de Lima Metropolitana.

La tarea para el INDEPA debiera ser, entonces, recuperar su autonomía institucional para desde allí cumplir con el objetivo fundacional de formular y aprobar la política, programas y proyectos de alcance nacional para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, así como concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de sus comunidades.

Sentarse a conversar con el Ejecutivo en otras condiciones podría significar que la victoria de ayer cambie de signo; más aún cuando lo que se ha derrotado es la política del Perro del Hortelano que el presidente García planteó como punto de partida para el desarrollo de la selva.

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El perro del hortelano y la selva nativa

El levantamiento de las comunidades indígenas contra los decretos legislativos que modifican su relación con la tierra es el más duro golpe a la política del “Perro del hortelano” propuesta por el reconverso presidente Alan García.

La relación de las comunidades indígenas de la selva con la tierra es cultural antes que económica. Y esto es no sólo un diferente punto de vista, sino un esquema de pensamiento distinto.

Para comunidades como los achuar, machiguengas, candoshis, huambisas o asháninkas el concepto de libertad para comprar o vender sus tierras, no se entiende. El comercio de libre mercado carece de lógica entre poblaciones que se mueven en una economía primaria pre capitalista.

Son dos mundos diferentes. Uno, el expresado por la propuesta presidencial de potenciar el desarrollo vía la inversión de capitales privados nacionales o extranjeros y la libre disponibilidad de tierras, frutos, bosques, minerales, animales. Otro, el unido a cosmovisiones ancestrales.

La palabra desarrollo no suena igual en ambos lados de la mesa. Para unos es integración al mundo moderno. Para los otros es invasión a sus costumbres. Vargas Llosa reflexionó sobre esta paradoja en El Hablador. ¿Podemos condenar a estos connacionales a seguir viviendo con taparrabo toda su vida y condenar a sus hijos a no disfrutar de los avances de la libertad, la democracia y el desarrollo?

Pero ¿alguien se ha preguntado primero si esas comunidades nativas quieren vivir a nuestra manera? ¿No se ha llegado acaso a un acuerdo de mutua exclusión con los No Contactados al dejarlos vivir libres por el bosque sin hacer nada más que mirar sus débiles e inocuas flechas cuando los detectan nuestros helicópteros?

No es la ideología lo que ata al hombre de la selva, como sostiene la propuesta del Perro del Hortelano. Es la cultura. Y esto es lo que protege legislación como el Convenio 169 de la OIT. Las minorías étnicas deben ser consultadas ante cualquier cambio de legislación que altere sus formas de vida.

El decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073 cambia la organización de las comunidades nativas. No sólo la forma de votar. Estos decretos facilitan la enajenación de las tierras, lo que significa que, en la práctica, se puede desligar a las comunidades de su vínculo cultural con la tierra. Esto es lo que se llama identidad cultural; el derecho que tienen las comunidades a vivir según su propia forma de entender y ver la vida. Algo difícil de comprender desde una óptica occidental y cristiana.

Y la popularidad de García llegó al dígito

Si consideramos el margen de error de la encuesta de Apoyo (+ - 3.1%), el presidente Alan García prácticamente ha reducido a cero su popularidad en el sur del país (4%). Un record en desplome de gestión gubernamental, explicado por el callejón sin salida que tiene frente al aumento de precios, la inflación, el incumplimiento de sus promesas, la inoperancia del Estado y el copamiento aprista del aparato público.

No hay hasta el momento una salida que logre frenar el alza de alimentos y combustibles. Por si fuera poco, la crisis energética que ya golpea a las industrias se cubrirá con un aumento del costo del servicio eléctrico y con racionamientos. Si a ello le sumamos la probable respuesta que el Ejecutivo estudia a la crisis energética; es decir, usar las reservas de agua para aumentar la producción de las centrales hidroeléctricas -dejando a la agricultura y el servicio de agua potable para Lima en una situación incierta-, las consecuencias para el próximo año son catastróficas.

El aniversario del terremoto en el sur del país no ha hecho sino poner de manifiesto la incapacidad del Gobierno para hacer y mostrar obra nueva. En medio de la impotencia y la cólera, la gente siente que el gobierno no hace nada, pero que a través de spots intenta mostrar lo contrario. Gobierno mediático, pero no gobierno de hechos.

En estas circunstancias, declaraciones como la de la ministra Pinilla defendiendo el nombramiento del cuestionado militante Aprista, Carlos Arana al frente de Foncodes y calificando a Agustín Mantilla de honorable, son un contrasentido. Mensajes en esa dirección solo abonan a que el presidente García siga hundiéndose cada vez más en el fango de la desaprobación.

Popularidad, comunicación y política

Las fórmulas para ayudar a subir la popularidad del Presidente de la República pasan por maquilladores de imagen, publicistas, marketeros y hasta psicólogos; es decir, ubican el rechazo de la población dentro del campo de la política de comunicación del gobierno, en lugar de buscarla en los resultados concretos de política de gestión a nivel micro.

No hay política comunicacional que salve una mala percepción de gestión, si la gestión es la que falla. Dicho de otro modo, si el producto es malo no hay envoltura que lo salve.

¿Cree alguien que el spot del gobierno sobre los 1,123 millones de soles que dicen haber invertido en los pueblos del sur convence, tranquiliza y seduce a los damnificados del sismo? Todo lo contrario, exacerba su ánimo al comprobar que los escombros siguen en las calles.

Nada puede ser más irritante que un cheque sin fondos (bono de 6 mil soles) entregado por los políticos con bombos y platillos, pero que no puede ser cobrado en los bancos. Antes que pensar en una campaña publicitaria para revertir ese descontento deben hacerse efectivos los bonos.

El problema entonces no es de comunicación, sino de política; de gestión gubernamental. Ahora que se ha decidido desembalsar el precio de los combustibles que nadie espere respuestas positivas al régimen cuando la gente tenga que pagar más por el transporte y los alimentos.

Los 240 millones de soles que mensualmente ahorrará el ministro de Energía y Minas con esta medida tienen que trasladarse en obras concretas si se quiere revertir la sensación de abandono de los daminificados del sur, por ejemplo.

Si para evitar mayores daños a la industria con el racionamiento de energía decidimos usar las reservas de agua que tenemos para protegernos de un posible año seco el 2009, que nadie se queje después del levantamiento del campo ante un anunciado desastre para la agricultura.

Un problema de esta envergadura no se arregla colocando spots en quechua en las radios de provincias. La política comunicacional no se genera en los gabinetes de prensa. Se origina en los despachos de los Decision Makers, de los hombres y mujeres de Estado que toman decisiones. Pensar lo contrario, es una muletilla frecuente usada por los políticos.

No es casualidad por eso que los errores de gobierno sean casi siempre presentados como “errores de comunicación”. Lo que se viene, entonces, resulta claro. El descontento aumentará. La publicidad oficial también. Ingresaremos así en un círculo vicioso en el que los gobernantes se alejarán cada vez más de los gobernados.

Alan García
Encuestas + Perú
Popularidad presidencial

Raúl y Luciana : Love Story

El amor y la política van de la mano. El amor es un acto de entrega. La política también. El amor es a tiempo completo. La política igual. El amor es pasión, compromiso. Ni qué decir de la política. El amor es emocional. La política no es sólo racional.

El camino empieza a bifurcarse cuando se trastoca el sentido profundo de las cosas. Tanto para el amor como para la política.

El amor se da sin condiciones. La política es el arte del condicionamiento. El amor no es un acto racional. La política, la mayoría de las veces, cae en lo irracional.

La política está en todas las cosas. El amor debiera estarlo.

Raúl y Luciana acaban de casrse por civil en Miami. ¿Es un acto de amor o de política? En un político como Raúl puede ser tranquilamente ambas cosas. Y nadie tiene por qué reprocharselo.

No se puede vivir sin amor y sin política.

El amor puede renacer en otro cuerpo. En otra alma. La política, en cambio, nunca muere. Hiberna. Se recicla. Pero corre siempre por la sangre.

Luciana y Raúl tienen derecho a rehacer sus vidas.

Un error de Raúl fue negar a su nueva compañera cuando lo sorprendieron en julio de 2005. Un mal cálculo político.

También fue un error ayudar al suegro en una licitación. Un exceso del amor.

Ahora que Raúl anuncia su retorno a la política, es prudente reacomodar las cosas en su sitio. Y en su real dimensión. El amor en su vida privada. Y la política en su vida pública.

Confundir ambas arenas puede llevar a errores fatales. Esto no quiere decir que los actos políticos estén desprovistos de amor. Ni que el amor sea una mala política.

La gente es permeable a las historias de amor. Y los políticos no tienen por qué ser diferentes.

Por amor un presidente abandonó su cargo para ir a buscar a su amada. Luego regresó y contó la verdad. Y siguió su vida pública.

Formalizar el compromiso es el camino correcto. Quién esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Y de aquí para adelante, como cualquier ser humano, débil y contradictorio, deben luchar para obrar con rectitud en el amor y rectitud en la política.

Raúl Diez Canseco
Luciana de la Fuente
Política + Perú

La pulverización de los partidos políticos

La atomización de UPP, tras catorce años de fundada, reafirma la desconfianza hacia los partidos políticos y pone en serias dudas a estas organizaciones como base y sostenes de la democracia. Al menos, por aquí.

Lo que tenemos hoy en el Perú como organizaciones políticas llamados pomposamente partidos políticos, son estructuras endebles, vacías de representatividad; activadas sólo en época electoral, sin mecanismos de relación permanente y eficaz con la sociedad.

¿A qué sector del país le interesa en cuántas facciones terminen licuándose las bancadas del Congreso? ¿Qué beneficio pueden esperar los electores de esta especie de diáspora permanente en la que caen los partidos políticos en el Perú?

Partidos inestables y veletas no pueden ser la base de la democracia. Estos representantes que cada legislatura cambian de sillas como en el juego musical no representan, sino a sus propios intereses.

Quizás habría que repensar nuestra forma de representación política. El partido político es hoy una organización cerrada que excluye a la mayoría ciudadana, por lo que no puede erigirse en su real representante.

La ley legitima dicha representación, pero no los hechos. Las representaciones y aspiraciones de las mayorías no están en los partidos políticos. Estos son necesarios para acceder legalmente al poder, pero constituyen un obstáculo para gobernar. Los apetitos personales son el cáncer de las organizaciones políticas.

Mientras los partidos se sigan subdividiendo por componendas, inconsecuencias, deslealtades, traiciones e intereses personales, será mejor buscar otro referente cuando hablemos de fortalecer la democracia.

partidos politicos + Perú
UPP, UN, PAP
Congreso + Perú