20 octubre, 2009

Petroaudios: choque de poderes

El congresista Luizar, en un último intento por obtener información relevante, ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para lograr que la jueza María Martínez, que investiga el caso de los Petroaudios, le entregue copia del material incautado a BTR -audios, emails, uesebés, lo que sea-, que con seguridad permitiría conocer nuevos clientes y nuevas presas de la empresa chuponeadora.

El congresista Luizar recurre al TC debido a que el Poder Judicial, a través de su máximo representante, el presidente de la Corte Suprema, Dr. Javier Villa Stein, se niega a entregar información, al parecer, por comprometer asuntos de seguridad nacional -aduce él-, o por revelar asuntos vinculados a magistrados chuponeados, parece creer más bien el Presidente del Congreso, Luis Alva Castro.

En medio de esta pelea que amenaza seguir escalando posiciones, se acaba de filtrar a la prensa que, hace unos días, el Presidente de la República, citó a su despacho a los titulares de los poderes del Estado implicados en la investigación de los Petroaudios a conversar sobre este y otros temas, preocupado porque los dimes y diretes entre el Poder Judicial, el Congreso, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional –según les dijo– “afectaban la gobernabilidad”.

A juzgar por las recientes declaraciones del Presidente el Congreso, el resultado de dicho cónclave palaciego, ha sido infructuoso. Alva Castro ha señalado –sin mencionar al Poder Judicial, pero obviamente refiriéndose a sus integrantes– que existiría una “mano poderosa” que no quiere entregar material sobre interceptación telefónica a la comisión del Congreso.

“Algo no se quiere revelar y hay peligro de que el material desaparezca o que ya esté desapareciendo. El Poder Judicial quiere ser juez y parte y no quiere que otro poder del Estado en uso de sus facultades constitucionales investigue. Esto jamás ocurrió”, ha dicho LAC con todas sus letras.

Las preguntas caen de maduras. ¿Por qué el Presidente del Congreso arremete contra el Presidente del Poder Judicial para ampliar las investigaciones del chuponeo telefónico? ¿Para involucrar a más actores en juego y desviar la atención sobre los responsables de su partido? ¿Y si fuera así, Alva Castro lo hace por voluntad propia o por encargo del Presidente García?

Por otro lado, al negarse el Presidente del Poder Judicial a entregar material al Congreso ¿está defendiendo sus fueros institucionales o está protegiendo a sus colegas de foro chuponeados hasta el alma?

Ahora bien, ¿tiene la jueza Martínez el poder suficiente como para resistir las presiones de los principales poderes del Estado o pende del hilo provisional de su cargo?

Finalmente, ¿por qué Alva Castro afirma que hay peligro de que el material incautado desaparezca? ¿O es que acaso buena parte de la información de las computadoras y soportes digitales de BTR ya fue borrada, por una mano poderosa –siempre hay una mano poderosa detrás de un hecho delincuencial-, capaz de adulterar, manipular y eventualmente desaparecer todo tipo de pruebas?

Por lo pronto, el Presidente del Poder Judicial se ha ido a la Federación Rusa y no regresa hasta el 25 de octubre. Esperemos a que el hombre regrese del frío. Las preguntas lo harán entrar en calor; en una.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Villa Stein dice que "no le preocupa" posible demanda del Congreso al TC

13:53 | Presidente del PJ dice que Parlamento se perjudicaría porque fallo del TC sería después de los plazos fijados para concluir investigación

El titular de la Corte Suprema Javier Villa Stein, afirmó que “no le preocupa” si el Congreso decide demandar ante el Tribunal Constitucional al Poder Judicial (PJ) por la negativa a entregar toda la información correspondiente a la investigación por la interceptación telefónica realizada por la empresa Business Track.

En diálogo con Radio Programas del Perú, Villa Stein manifestó que el Parlamento se perjudicaría de recurrir al TC al estimar que tendría que esperar un fallo a largo plazo de dicha institución, el cual excedería los plazos fijados para culimnar la investigación parlamentaria y judicial.

“La hipótesis se está desarmando porque si interviene el Tribunal Constitucional ya carecería de objeto pronunciarnos en un sentido o en otro porque habría que esperar que el tema sea resuelto por el TC”, declaró desde Rusia.

FALLO A LARGO PLAZO
Villa Stein estimó que en seis o ocho meses se pronunciaría el organismo constitucional y “tan pronto salga el resultado, carecería de objeto por segunda vez porque el asunto (en el ámbito judicial) ya había sido resuelto”.

El titular de la Corte Suprema aseveró que el PJ no puede ser objeto de interferencia “de ningún orden” al contar con el amparo de la ley.

COMUNICADO
Mediante un comunicado, el PJ detalló que ningún comisionado del Congreso se ha acercado a leer el expediente del caso Business Track, pese a estar autorizado para hacerlo.

Asimismo, refiere que la titular del 34 Juzgado Penal de Lima, María Martínez, “dispuso remitir lo actuado al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones ante la existencia de otros delitos”.

Martínez envió una misiva al presidente de la comisión congresal que investiga el espionaje telefónico para informarle que no puede entregar información porque el caso se encuentra “bajo estricta reserva”.