En defensa del avión presidencial

El diario El Comercio ha señalado con propiedad en su editorial (18/02/2007) que el Gobierno debe reevaluar la decisión de vender el avión presidencial. Pocos son seguramente los que se atreven a levantar en público una posición semejante.

Y es que a nadie le gusta defender causas estigmatizadas como ésta en la que se rebautizó la nave como el “avión parrandero”, a raíz de un incidente protagonizado por un funcionario de Cancillería pasado de copas en el viaje internacional que realizó el Presidente Toledo a España.

Pero de ahí a calificar el uso del avión como frívolo hay un cielo de diferencia.

El avión al servicio de la Presidencia de la República es una necesidad. Más aún en un país con vulnerabilidades naturales, geografía agreste y carente -a decir del ministro del sector- de un adecuado sistema de seguridad de nuestras fronteras.

Desde el punto de vista de la gestión pública, un Presidente necesita una herramienta que le permita estar presente en todo el territorio nacional, sin que dependa de las conexiones, horarios y escalas de la aviación privada local (mayoritariamente en manos de chilenos).

En un contexto globalizado como en el que nos desarrollamos, los presidentes deben viajar al exterior, sea para abrir mercados, promocionar inversiones o promover nuestros productos. Eso no es lujo, ni frivolidad; sino simplemente, competitividad.

Desde el punto de vista de la Defensa, el avión presidencial es un bien que forma parte de nuestros recursos potenciales. El Boeing 737.500 es una nave moderna, rápida que permite el desplazamiento de hombres y -eventualmente, si se reacondiciona-, pertrechos, a cualquier punto del territorio nacional.

Tiene seis horas de autonomía de vuelo. Con esa capacidad cubre el país tres veces de punta a punta, sin recargar combustible. Ninguna otra nave de nuestra fuerza aérea puede hacerlo.

Según lo afirmaron hace unas semanas el ministro de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto; nuestro país adolece de adecuados mecanismos que ofrezcan seguridad en nuestras fronteras. ¿Es lógico deshacerse de un bien que es funcional y está plenamente operativo?

El Presidente García ha dicho que es muy caro, que cuesta mucho mantenerlo. El Premier ha confesado que ni siquiera lo conoce, que sólo lo ha visto en video, pero igual lo vende. ¿Es esta la forma en que actúa un gobierno serio? ¿Por qué no se consulta primero a la Fuerza Aérea del Perú? ¿Por qué no se pregunta a expertos en Aviación Comercial, Transporte Aéreo, Defensa Militar y Defensa Civil?

Ni siquiera el procedimiento de subasta ha sido el correcto. El ministro Wagner acaba de enmendarle la plana al Premier Del Castillo y ha enviado sus observaciones al Jefe del Estado. En este tema, como en muchos de la administración aprista, existe no sólo miopía y cortoplacismo, sino mezquindad y tozudez.