Escaramuzas desde el sur

La denuncia desde Chile de un pacto García – Fujimori ha desatado hasta dos interpretaciones que conviene analizar. La primera, esbozada por los jerarcas del Apra -Luis Gonzales Posada, entre otros-, señala que se trataría de un psicosocial sureño para desviar la atención ante la “férrea defensa peruana de su integridad territorial”. La segunda, de un amigo del Apra –Mirko Lauer- afirma que se trataría de un conflicto interno de la derecha chilena contra la Presidenta Bachelet a quien tratan de desgastar para recuperar el terreno perdido por cuatro periodos de gobiernos consecutivos de La Concertación.

Sobre lo primero, está demás decir que el comportamiento de la cancillería peruana no ha sido ni férreo ni contundente. Ha sido más bien una tibia disputa en los medios y no en los espacios diplomáticos regulares.

Como bien señala un comunicado del Partido Perú Posible –publicado hoy como aviso pagado en La República ante el silencio de los periódicos en su momento- “El problema de la frontera con Chile no está resuelto como ha dicho el gobierno”.

Está muy clara la posición oficial de Chile en el Comunicado Oficial de su Cancillería del 27 de enero, tras el fallo de su tribunal constitucional: “Esta secretaría de Estado afirma que el mismo no afecta de modo alguno la definición y posición jurídica invariable de Chile respecto de los límites terrestre y marítimo con el Perú, refrendados por diversos tratados jurídicos internacionales plenamente vigentes que le dan sustentación jurídica indiscutible. Los derechos soberanos de Chile a este respecto están, por ende, plenamente resguardados”.

El gobierno peruano no ha respondido por escrito esta posición. Ni ha ratificado que el límite fronterizo con nuestro vecino del sur empieza en el punto “Concordia” en la orilla del mar. Al menos, no con la contundencia que Chile defiende el paralelo terrestre como referencia.

Respecto a la hipótesis de Lauer más parece un psicosocial interpretativo para desviar el tema de fondo -la alianza apro-fujimorista-, a la que sólo califica de “coincidencias”.

García envió como embajador a Chile a su hombre de confianza, Hugo Otero, y ha colocado a connotados fujimoristas de Torre Tagle, como Palma, Ponce y Valdez en puestos claves del tablero diplomático internacional.

No es un secreto tampoco la influencia de Keiko Fujimori en los predios del Ejecutivo y las zalamerías que le reparte el propio Presidente de la República, al punto de ordenar a su ministra de la Mujer y Desarrollo Humano atenderla con deferencia. (Ver Politikha del 30 de octubre de 2006).

No se deben confundir los planos. El gobierno tiene la obligación de pronunciarse con claridad respecto a la defensa de la integridad territorial. En esta tarea queremos ver también comprometidos a los voceros del régimen de turno; exigiendo coherencia en la defensa del principio de respeto a los tratados internacionales.

Otra cosa es interferir en la justicia e impedir que Fujimori sea juzgado por tribunales peruanos y responda por sus actos criminales. Ambos casos van por cuerdas separadas. Los actos políticos menudos no deben mezclarse con los asuntos de Estado. Sopesemos bien el nivel de escaramuzas que nos viene del sur.