El contralor controlado

La creación de la Oficina Nacional Anticorrupción revela, una vez más, el poco afecto que tiene el Presidente de la República por la institucionalidad democrática. El nombramiento de la zarina anticorrupción, Carolina Lizárraga, colisiona directamente con el espacio de acción del contralor general de la República, Genaro Matute, designado por mayoría calificada del Congreso y no por el Ejecutivo como es el caso de la zarina.

No es gratuito, por tanto, que el contralor haya sido atacado este fin de semana por medios periodísticos que “destaparon” –luego de un seguimiento hasta Ica- que la señora Graciela Matta Rivas, esposa del contralor, usaba vehículos del Estado. El despliegue del diario Ojo a este tema es sintomático: no sólo ataca a Matute, sino que lo vincula con Toledo.

La verdad es que el contralor jamás le gustó al presidente García. Genaro Matute no tenía el perfil que el presidente buscó para ese cargo en su primer gobierno: la hoy decana del Colegio de Abogados de Lima, Luz Aúrea Sáenz, militante de su partido. Matute tampoco se hizo eco de las denuncias contra Toledo hechas a base de recortes de periódico que le alcanzó el procurador Gino Ríos.

Por el contrario, fue el contralor quien le recordó tempranamente a García el fracaso de su “shock de inversiones”. Fue él –antes que cualquier congresista- quien reveló lo que a estas alturas parece ya una marca de la segunda gestión aprista: falta de gerencia y corrupción. Y ha sido también Matute quien decidió poner en vereda a Alex Kouri –uno de los personajes favoritos de García- por los indicios de corrupción que ha encontrado en las obras de Convial.

Finalmente, el presidente García se ha salido con la suya. Y ha nombrado a un personaje cuyo mayor mérito en la judicatura fue impedir la salida del país del ex presidente Toledo. Nadie duda de sus pergaminos académicos –que los tiene-, pero como bien ha recordado el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, “Carolina Lizárraga tiene hoy un cargo de confianza del Gobierno”.



Las funciones de la oficina de Carolina no sólo duplican las funciones de la Contraloría, sino también la de los otros organismos del Estado; como el Ministerio Público; o la Unidad de Inteligencia Financiera. La ministra de Justicia, María Zavala, implícitamente lo ha reconocido al decir que la ONA “se sumará a la labor que realiza el Ministerio Público y la Contraloría”.

El presidente García ha pretendido confundir a la opinión pública al decir que ya Alejandro Toledo había creado la Comisión Anticorrupción. Es cierto, aunque con una diferencia. Lo que se creó en el gobierno anterior fue una “comisión” -no una “oficina”-, integrada por representantes de diversos organismos públicos y la sociedad civil.

Sus funciones eran distintas: elaborar propuestas de política sobre prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción; promover la ética y transparencia en la gestión pública, promover la transparencia en la sociedad; realizar audiencias públicas con fines preventivos sobre los asuntos de su competencia, presentar propuestas legislativas o administrativas a través del Ministerio de Justicia; fomentar la formación de Comisiones de Ética y Transparencia Institucional en las entidades estatales; y fomentar una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de la ciudadanía.

Es cierto, faltó continuidad y perseverancia. Pero la Comisión no duplicaba funciones, menos aún era un Ministerio Público o Contraloría paralelos. Su acción complementaba a la de los organismos del Estado dedicados a investigar y sancionar la corrupción.

¿Las verdaderas intenciones de la Lizárraga? Démosle tiempo al tiempo, pero he aquí un adelanto de lo que dijo hoy: "realmente estoy cansada, como creo que todos lo estamos, que permanentemente y sin ningún reparo se hable mal de las instituciones del Estado, se hable mal de nuestro actual presidente…”.

Genaro Matute
Carolina Lizárraga
Alan García