Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

18 mayo, 2009

Las riquezas de los territorios perdidos IV

Impuesto, terremoto y nacionalización

Una cadena de hechos ocurrió con el salitre pocos años antes de la guerra. Las consecuencias de estos hechos –impuesto, terremoto y nacionalización-, impactaron de manera definitiva sobre los tres países involucrados en la Guerra del Pacífico.

Durante la guerra de anexiones entre Perú y Bolivia el mariscal Santa Cruz declaró un impuesto del 4% a todas las riquezas que salieran de Tarapacá.

Esta medida afectó a las empresas de capitales extranjeros y nacionales que explotaban el salitre en esa región.

Gamarra para luchar contra Santa Cruz tuvo ayuda de Chile; esto lo obligó luego a declarar la liberalización de los derechos aduaneros, renunciando al legítimo derecho que tiene todo Estado de recibir una renta o regalía por el usufructo de sus recursos naturales.

El 13 de agosto de 1868 Tarapacá fue sacudido por un fuerte terremoto que arruinó su incipiente economía salitrera.

El sismo destruyó el muelle de Iquique, terminando con el salitre almacenado en sus bodegas. El precio del producto subió iniciando el punto de partida de su veloz crecimiento y exportación.

Según la historiografía chilena, para ayudar a la reconstrucción de su ciudad, el alcalde de Tarapacá acordó cobrar un arbitrio de 20 centavos por quintal.

Basadre, sin embargo, anota que “un decreto del 30 de noviembre de 1868 (firmado por Balta y García Calderón) estableció un impuesto de 4 centavos por quintal sobre la exportación del salitre”.

El historiador peruano Emilio Romero afirma que desde 1873, el Perú se fijó en el salitre como una forma de salir de sus apuros financieros ante la caída del guano.

Ese año Pardo creó el Estanco del Salitre, por el cual el Estado compraba la producción.

En realidad, la idea inicial de Pardo era aplicar un impuesto según el precio del mercado. Pero los pequeños y medianos mineros, se opusieron y fueron ellos los que propusieron la creación del Estanco, mediante el cual el Estado se comprometió a comprar la producción.

Este sistema de nacionalización indirecta del salitre fue combatida por los grandes mineros acantonados en Tarapacá quienes tenían deudas contraídas por adquisición de maquinaria.

En 1875 la Ley del Estanco del Salitre se derogó y se ordenó la expropiación de las salitreras para su completa –esta vez sí– nacionalización.

No fue un buen negocio para el estado peruano esta nacionalización de las salitreras. Como anota el historiador Basadre citando a su vez al historiador José M. Rodríguez, la medida impuso al gobierno dos operaciones difíciles de vigilar: la producción y la exportación.

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