El informe final de la comisión del Congreso que investiga los “Petroaudios” podría revelar una sorpresa. Algo que nadie ha afirmado hasta hoy, pero que empieza a insinuarse. ¿Están los institutos armados al tanto de las operaciones de espionaje que realizan un grupo de empresas privadas de seguridad? ¿Hay algo más que suboficiales en actividad prestando sus servicios en este tipo de empresas? ¿Son estas empresas órganos de fachada de los organismos de inteligencia del Estado peruano?
El congresista Oswaldo Luizar acaba de afirmar que su comisión conoce al menos “tres empresas más” que, eventualmente, se dedicarían al oscuro negocio del “chuponeo telefónico”. El patrón encontrado en todas estas empresas es que estarían en manos de gente vinculada a La Marina.
Luizar asegura que el informe final describirá “la relación de los institutos armados con estas empresas y se determinará el grado de relación que existe, si es formal o informal, activa, con conocimiento de los mandos de la Marina, de la gente de Inteligencia”.
Pero si La Marina o cualquier otro órgano castrense del Estado peruano está detrás de los aparatos de escucha es una cosa y que dicha información se utilice para sacar ventaja comercial es otra completamente distinta.
Todo Estado necesita un sistema de inteligencia que vele por la seguridad nacional. El accionar de dicho sistema se mueve siempre en un irregular espacio dentro y fuera de los límites de la ley. No hay sistema de inteligencia cien por ciento legal.
Pero los intereses del Estado no se pueden confundir con los intereses de gobierno, o con intereses particulares. Sus fines son preservar la unidad nacional y la soberanía y defensa del Estado.
Pervertir estos fines es lo que hicieron Montesinos y Fujimori. Usaron los servicios de inteligencia para perseguir, escuchar, grabar, reglar, conocer y anticipar a los adversarios políticos. Y sabemos cómo terminó.
Lo encontrado hasta ahora en el tema de los Petroaudios podría igualmente llevarnos a esa terrible conclusión. ¿Actuaban estas empresas privadas de chuponeo a órdenes de otras empresas privadas movidas sólo por fines comerciales o eran órganos de fachada del Estado que operaban de esta manera realizando actividades abiertas, legales, pero también cerradas o clandestinas para otros grupos no identificados entre los que podrían estar incluso sectores del gobierno?
El misterio podría revelarse en poco tiempo.
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Periodista Pablo O´ Brien: 12 mil personas han sido ´chuponeadas´
El periodista Pablo O" Brien afirmó que las comunicaciones de unas 12 mil personas habrían sido interceptadas, tanto por Business Track (BTR), así como por otras empresas dedicadas a estas actividades ilícitas.
Según la información que ha podido recoger, el grueso del material "chuponeado" que está en manos del Poder Judicial correspondería entre el 2001 y 2005, es decir, interceptaciones que no habría podido realizar BTR ya que dicha empresa funciona desde el 2006.
Precisó que las 12 mil personas "chuponedas" han sido interceptadas básicamente en sus correos electrónicos.
Esta gran cantidad de material demora la acción de la jueza María Martínez, ya que debe analizar todo lo "chuponeado" y citar a cada una de estas personas para confirmar si se hace referencia a ellos, estimó.
Manifestó que la magistrada, tras esta evaluación, remitirá todo lo actuado a otras instituciones para investigar de manera precisa, como a la Fiscalía, Consejo Nacional de la Magistratura y al Órgano de Control de la Magistratura (Ocma), ya que se ha difundido información que revela que los jueces también han sido interceptados.
Consideró que es importante analizar las acciones del abogado Alberto Quimper cuando habla con magistrados del Poder Judicial, ya que permite entender cómo actúan los jueces, los abogados y cómo se llegan a unas "sentencias tan raras".
Recordó que se han sancionado a muchos jueces por actos corruptos, pero no a abogados ni a estudios de abogados que son "los agentes corruptores".
"Considero que hay un mercado muy grande, hay muchas empresas que se dedican a esto hace mucho tiempo. El "chuponeo" se practica como una estrategia para ganar procesos judiciales, para saber qué esta diciendo el otro. Se utiliza en procesos de licitaciones para saber cuánto tiene uno u otro postor", advirtió.
"Se ha creado un mercado, entre otras razones, porque la corrupción es tan grande en procesos de licitaciones", anotó.
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