La simbólica Marcha de los Cuatro Suyos

Diez años después, para el columnista de Correo, Carlos Meléndez, resulta que la Marcha de los Cuatro Suyos fue una pichanguita en el centro de Lima, que no tuvo mayor influencia en el curso de los acontecimientos; una revuelta callejera de jóvenes clasemedieros, sin conexión popular, que no le hizo yaya a la dictadura fujimontesinista.

!Vaya plumazo que se pretende pasar a una parte de la historia reciente de la lucha popular!.

La Marcha de los Cuatro Suyos fue una gesta cívica y democrática, un momentum, una lucha colectiva que unió partidos, gremios e individuos, y que desnudó ante el mundo el carácter espurio del régimen de turno.

Las imágenes de la pantalla de Canal N partida en dos, con un Fujimori que se ponía sólo la banda presidencial y la policía reprimiendo a los manifestantes que intentaban llegar al Congreso, dieron la vuelta al mundo. Y revelaron que ese tercer mandato nacía, al menos, cuestionado.

La Marcha de los Cuatro Suyos nació del hartazgo del pueblo. No es cierto que sólo fue un movimiento “de la clase media indignada, con valores democráticos a flor de piel, y de una clase media de capital departamental altamente ideologizada”.

La Marcha de los Cuatro Suyos convocó a los sectores populares organizados en gremios sindicales y sociales, pero también a ciudadanos de las zonas urbano-populares desconectados de los partidos, universidades o gremios. Trabajadores y desempleados se unieron a favor de esa indignación que rebasaba las clases medias. Vino gente de provincias con sus propios y escasos recursos.

Del nivel de violencia que el régimen utilizó para detener la protesta no hablaremos por respeto a los seis muertos del Banco de la Nación y a las decenas de valerosos jóvenes que perdieron la vista o quedaron seriamente lesionados.

Si el régimen quedó herido de muerte o no producto de esta marcha, o si realmente lo estuvo mes y medio después con la difusión del video Kouri-Montesinos, es algo que puede discutirse. Pero lo que no se puede negar es la estocada moral y política que significaron ambos acontecimientos.

La gente le perdió temor a la dictadura. Y probó en las calles que podía asestar unas buenas banderillas en el lomo de la bestia. Los partidos democráticos probaron que podían igualmente proponerse y conseguir objetivos comunes.

Ese día, en efecto, Fujimori se puso la banda y en las semanas posteriores la vida continuó su curso. Pera nada fue lo mismo. El aire que se respiraba era igual. Pero la sensación era otra. La Marcha de los Cuatro Suyos fue, sí, un hito simbólico, un despertar. Pero no por eso menos impactante. Bien sabemos que la vida real y los cambios que ella conlleva, está llena de simbolismos. Y no hay mayor poder que una fuerza transformada en símbolo.

Alejandro Toledo en el Peruvian Parade

REENCUENTRO CON SABOR A PERÚ

(Desde Paterson, New Jersey) En el marco de los actos de celebración del 189 aniversario de la Independencia del Perú, el Ex Presidente Alejandro Toledo se reencontró con miles de compatriotas de Nueva Jersey al participar en el tradicional Peruvian Parade que se realiza desde hace 24 años.

Fue una fiesta de la peruanidad en la que el Ex Presidente tuvo oportunidad de saludar a los compatriotas a lo largo del camino. Toledo realizó el recorrido de casi seis millas a pie y por momentos en carro descubierto, recibiendo el aplauso de los compatriotas.

Desde las primeras horas de la mañana los peruanos y amigos y familiares de la comunidad peruana, se agruparon a lo largo de Main Street. El calor era impresionante, pero aún así, la gente esperó en las calles el paso de las delegaciones y carros alegóricos.

Algunos vestían los colores rojo y blanco y muchos portaban banderas peruanas que enseñaban con orgullo. Algunos vestían también los colores de sus equipos de fútbol y la camiseta de la selección nacional. Todas las expresiones y sentimientos que se viven en el Perú se expresaban en New Jersey.

Entre Crooks y Main Street, a las puertas de ingreso a Paterson, se incorporó Alejandro Toledo. El Ex Presidente, acompañado de su esposa y ex Primera Dama, Eliane Karp, y del congresista Carlos Bruce.

Toledo venía de haber recibido un reconocimiento en el senado norteamericano de manos de senador demócrata Charles E. Schumer y del representante del mismo partido Joseph Crowley; de manera que reprogramó su agenda internacional y aceptó la invitación que le cursó la organización del Peruvian Parade.

“Esto no tiene nada que ver con los temas políticos partidarios, tiene que ver con un sentimiento de afirmación de la identidad nacional”, afirmó Toledo. El lema del carro en el que desfiló corroboraba su afirmación: “Felices Fiestas Patrias. ¡Viva el Perú!”, se alcanzaba a leer.

“En 11 años vamos a celebrar los 200 años de independencia política. Nos toca prepararnos para esa celebración, pero nos toca un desafío más fuerte: prepararnos para tener una independencia económica”, afirmó el ex mandatario que gobernó el Perú entre el 2001 y el 2006 y dejó un país en crecimiento, con fuertes reservas internacionales y con un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que permitirá impulsar las exportaciones.

Toledo avanzó a pie buena parte del recorrido, en medio de la delegación principal del Peruvian Parade. La gente lo saludaba, lo aplaudía y había quienes buscaban tomarse fotos con él. Fue una grata sorpresa en todos los aspectos. En el tramo final del recorrido, el Ex Primer Mandatario subió al vehículo que le habían preparado y desde la tolva saludó a los compatriotas asistentes. Finalmente llegó al estrado oficial y presenció el paso de las delegaciones.

Los peruanos organizados en asociaciones, empresas, negocios o grupos de residentes locales o de diversas regiones del país, mostraban con alegría una parte de su identidad. Bailaban, cantaban, danzaban.

Vestidos con sus trajes multicolores, Paterson lució, por momentos, como cualquiera de las calles festivas del Perú. Una explosión multicultural y pluriétnica del rico y variado folclore nacional. Una expresión de identidad nacional que no se pierde en medio del fuerte proceso de globalización.

Al término del desfile, Toledo sostuvo un diálogo con periodistas acreditados en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Allí reitero que el tema migratorio debe ser una política de Estado y que los peruanos en el exterior deben tener representación en el Congreso de la República.

Cuando le preguntaron si volvería a postular a la Presidencia del Perú, respondió que en los próximos cuatro o seis meses ofrecerá un informe al pueblo peruano y que para entonces resolverá lo que dice y siente su mente y su corazón.

“Mi razonamiento analítico me dice que no; pero al mismo tiempo mi sentimiento me dice que tengo aún una agenda pendiente con el país. Una decisión así debo consultarla con mi familia, por lo que en poco tiempo resolveré esta contradicción entre mi mente y mi corazón”, señaló a manera de misterio. En todo caso, estamos seguros que muestras de afecto como las de Washington, New York, Paterson y New Jersey lo ayudarán a tomar su decisión final.

Se inicia la guerra desinfomativa

(Desde Washington) Es una guerra política y está declarada. Ha empezado temprano, cuando aún no todos han definido su candidatura. Pero anuncia lo despiadada que será la campaña electoral presidencial. Esta guerra desinformativa consiste en acusar al gobierno de haber sido débil ante el terrorismo, haber flexibilizado la legislación antiterrorista, y haber liberado a los terroristas y, en el colmo de la genuflexión, haber pagado indemnizaciones oprobiosas a quienes atentaron contra el Estado.

Es también una guerra mentirosa. Esconde a los verdaderos responsables de haber convertido al Perú en un paria. Si García aisló financieramente al Perú en los ochenta, Fujimori lo hizo en el ámbito de países democráticos en los noventa. Evade la constatación de hechos de que los juicios llevados a cabo durante el régimen fujimorista obligaron a que el Perú sea sentado en el banquillo de los acusados. Sin garantías procesales, las inversiones se resisten.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los procesos judiciales de jueces sin rostro no tuvieron garantías procesales. ¿Qué los terroristas no tienen derechos individuales? Hasta el más despiadado criminal los tiene. Si no somos capaces de reconocer esto, no habría valido la pena haber dejado las cuevas.

Para reparar esa incongruencia con los valores superiores de la democracia, la CIDH dictaminó que se paguen los costes administrativos que hubieren sido producto del error fujimorista. Nada de esto cuenta ahora. Apristas, fujimoristas y castañedistas han alineado sus baterías contra Toledo, por motivos diversos, y cada quien jalando agua para sus propios molinos. Los primeros lo odian por un revanchismo; los segundos se han quedado con sangre en el ojo; y los terceros quieren pulverizar a quien consideran su rival político. En lo que todos coinciden es en agarrar a Toledo como puching ball.

Ahora resulta que allanarse es sinónimo de arrodillarse o claudicar, en lugar ser simplemente el acatamiento de una sentencia a la que el Perú está obligado por ser firmante de un tratado internacional. Lo que sigue en esta comedia negra es seguramente que en el Congreso se trame la formación de una comisión investigadora con un solo objetivo: reescribir la historia acusando de los errores del pasado a un tercero y, de paso, sacar del juego al competidor político que se teme.

Debate CIDH separando el grano de la paja

Para entender hacia dónde se pretende llevar al Perú en el tema de la competencia de la CIDH en materia de terrorismo es necesario no perderse en la hojarasca de acusaciones y mentiras que algunos medios han montando contando medias verdades y acusando de todo a sus enemigos políticos. Aquí algunas premisas que nos ayudarán a aclarar el asunto:

1. No hubo pago de indemnización, ni reparación civil de 30 mil dólares para Lori Berenson.

Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó fue que se reconociera a los padres de la sentenciada los costes asumidos en el proceso judicial que llevó a cabo la administración de Fujimori. El juicio realizado por un tribunal sin rostro, no guardó garantías procesales, por lo que el pago de los gastos administrativos es producto de los errores judiciales del gobierno fujimorista.

2. Las reparaciones individuales se pagaron con mecanismos regulares.

El pago de los 30 mil dólares figura en el Decreto de Urgencia 030-2005 y su anexo respectivo. No fue un acto escondido, mentiroso o doloso. Fue un acto transparente y legal. El nombre de Lori Berenson no figura en dicho anexo porque ella no es la beneficiada. Si, en cambio, fIgura el nombre de sus padres, así como otros beneficiados como los deudos de la matanza de Barrios Altos.

3. El Estado peruano está obligado a cumplir la sentencia emanada del órgano supranacional.

El gobierno de Fujimori pretendió sustraer parcialmente al Estado peruano de la jurisdicción de la Corte. Pero la medida no prosperó. La Corte advirtió al gobierno de Fujimori las violaciones a las libertades individuales y los vicios procesales y al debido proceso que cometía su administración de justicia en la lucha contra el terrorismo.

4. Fujimori liberó más presos acusados de terrorismo que cualquier otro gobierno.

Las arbitrariedades del gobierno de facto fueron de tal calibre que el propio Fujimori tuvo que liberar, vía indulto, a 513 acusados de terrorismo. La comisión del Padre Hubert Lansiers, durante el gobierno de Valentín Paniagua, encontró otros 143 casos que merecían el mismo fin.

5. Lori Berenson fue beneficiada con certificado de buena conducta del actual gobierno aprista.

La libertad de Lori Berenson no hubiera sido posible si es que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le hubiera aprobado un informe legal, psicológico y social que le permitió a la titular del primer juzgado provincial, Jéssica León Yaranga, otorgar libertad condicional a la estadounidense Lori Berenson, tras cumplir los tres cuartos de la pena de 20 años a los que fue condenada por el delito de terrorismo.

6. El Poder Judicial pudo negarse a liberar a la Berenson.

En base la independencia de criterio que tienen los jueces en el Perú, la jueza León Yaranga pudo negarle el pedido de semilibertad a Lori Berenson. ¿Por qué no lo hizo? ¿Para generar el psicosocial que tuvimos e iniciar una campaña mediática contra los fallos de la CIDH?

7. El objetivo político es responsabilizar al gobierno de Toledo...

En este tema, apristas, fujimoristas y castañedistas han coincidido en una cosa: responsabilizar al gobierno de Toledo de haber flexibilizado las penas a los terroristas y de pagar indemnizaciones de escándalo; todo lo cual debe ser investigado en el Congreso. Para ello tergiversan los datos y ponen como “ejemplo” el caso Lori Berenson, su salida anticipada de la cárcel y el pago de 30 mil dólares por parte del Estado.

8. ... pero el objetivo mayor es otro.

La hipótesis principal es que el gobierno ha armado todo un psicosocial con el tema del terrorismo (liberación de Lori Berenson, marcha de estudiantes en San Marcos) con el objetivo de, en primer lugar, generar indignación en la población y remover su rechazo y condena al terrorismo. Pero, en segundo lugar, crear las condiciones para endurecer su posición en materia de derechos humanos y pretender salirse de la jurisdicción de la Corte. Si no ¿cómo entender lo declarado por el premier Velásquez Quesquén?: "Lo que estamos planteando es que se pueda hacer una ‘reserva parcial’ (ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el delito de terrorismo y especialmente en el tema de las indemnizaciones económicas”.

Sentencias de la CIDH: dos puntos de vista

La controversia en torno a las sentencias de la CIDH ha reabierto un debate interesante donde un mismo hecho -el pago de 30 mil dólares- es interpretado de maneras diametralmente opuestas. ¿Es una indemnización?, ¿una reparación civil? ¿O un gasto administrativo? ¿Es para la sentenciada por terrorismo o para sus familiares?, ¿Debe el Estado cumplir a cabalidad esta sentencia o puede desconocerla? Los editoriales de hoy de los diarios El Comercio y La República son reveladores.







Indignantes indemnizaciones a terroristas

Las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de condenados por terrorismo y de sus deudos han generado la indignación de políticos y ciudadanos.

El primer detonante fue el fallo de dicha entidad supranacional que ordenó el pago de 30 mil dólares a la sentenciada por terrorismo Lori Berenson, por un supuesto proceso irregular en el fuero militar durante el régimen fujimorista. El fallo de noviembre del 2004 fue acatado por el gobierno de Alejandro Toledo e incluye reparación por costas y gastos a favor de la emerretista.

El propio jefe de Gabinete del toledismo Pedro Pablo Kuczynski ha dicho sin tapujos que jamás hubiera firmado el decreto de urgencia 030-2005 de haber sabido que iba a servir para indemnizar a una subversiva.

Ahora, por otra sentencia de la corte, un grupo de deudos de los terroristas que se amotinaron en el penal Castro Castro en 1992 —y que entre otras atrocidades le arrancaron los ojos al PNP José Idrogo— recibirán 12 millones de dólares del Estado; mientras los deudos de las víctimas civiles de la subversión reciben apenas S/.3.780, según lo denunció la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en reciente conferencia de prensa.

¿Cómo se ha llegado a esta barbaridad? Durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, nuestro país se reinsertó en los organismos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que el régimen fujimorista se había apartado. El doctor Paniagua buscaba con ello reforzar la democracia y la vigilancia de los derechos de todos.

Los cuerpos legales defensores de los terroristas interpusieron entonces una serie de recursos contra el Estado ante la referida corte, que ordenó nuevos juicios para los subversivos, en salas civiles en lugar de los llamados tribunales sin rostro que los habían sentenciado. Y así se hizo.

No obstante, por ingenuidad, exceso de celo legalista o simplemente por ignorancia supina de la terrible realidad sufrida por los peruanos, la corte acogió recursos de procesados por terrorismo que pedían indemnizaciones inaceptables.

Así, por ejemplo, se ha ordenado indemnizar a los deudos de los terroristas que murieron en los penales de Castro Castro y Canto Grande, pero no así a los familiares de las miles de víctimas de los subversivos.

El Perú no tiene por qué pagar reparaciones a quienes complotaron para destruir el Estado de derecho. Los subversivos asesinaron a inocentes civiles, ronderos, políticos, empresarios y valerosos policías y militares. Estos grupos criminales violaron a mujeres y niñas delante de sus familiares, esclavizaron a las poblaciones indígenas —como hizo Sendero Luminoso con los asháninkas—, destruyeron la infraestructura, ahuyentaron las inversiones y llevaron a toda una generación a crecer en el terror de la violenta incursión nocturna —en el ámbito rural— y de los estallidos de carros-bomba en la capital.

Apoyamos toda acción que garantice el orden y el imperio de la ley, en todas las instancias. Pero, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la orientación equivocada de estos fallos de la corte, que desvirtúan el principio de justicia y son una pésima señal para el Estado moderno de derecho, democrático y promotor de la seguridad y la paz internas.

Saludamos, por ello, la decisión del jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, quien declaró ayer que el Estado Peruano pondrá en marcha una serie de acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar el pago de más indemnizaciones a condenados por terrorismo.

No se trata de patear el tablero del sistema de justicia internacional sino de no acatar sinrazones. Nadie puede obligar a los peruanos y peruanas a recompensar a quienes desangraron nuestro país de modo vil.







Otra vez contra la Corte de San José

Una versión inexacta y tergiversada intencionalmente, que sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha “indemnizado” a la sentenciada por terrorismo Lori Berenson por un monto de US$ 30,000, ha dado lugar a la más furiosa y malintencionada campaña contra la Corte de San José en muchos años, al menos desde que el fujimontesinismo en su última etapa la emprendió contra la Corte y pretendió apartarnos de su competencia.

Hoy los mismos viejos enemigos de la jurisdicción supranacional de DDHH vuelven a la carga, cuestionando que los fallos de la CIDH deban ser acatados por los tribunales peruanos, algo que ocurre no por capricho, sino porque así lo dispone la Constitución vigente, ya que fue voluntad de nuestros constituyentes ratificar sin reservas el denominado Pacto de San José e incorporarlo a nuestra legislación interna.

De modo que, agotadas las instancias nacionales, podemos acudir a la Comisión Interamericana de DDHH y luego a la Corte, cuyas sentencias son de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano.Pero vamos al caso que origina la campaña: los pretendidos US$ 30,000 entregados a Lori Berenson como “indemnización”.

No hay tal: dicha suma fue entregada a los padres de Lori Berenson como parte del pago de los denominados costos o costas por haber ganado un proceso al Estado peruano. Ellos habían litigado exigiendo que su hija fuera sometida a un debido proceso ante la justicia civil.

Por eso es que se juzgó a Lori Berenson nuevamente y nadie objetó la condena que entonces recibió y que acaba de cumplir en sus dos terceras partes, recibiendo el beneficio de la libertad restringida.

Ha correspondido al ex ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz, a quien no podría calificarse precisamente de entusiasta de la Corte de San José, poner las cosas en su sitio. ¿Qué dijo el jurista Flores Aráoz? Pues que las sentencias expedidas con carácter final, sea por la justicia nacional o internacional, tienen que cumplirse, así no gusten o se esté en desacuerdo con ellas.

A continuación, refiriéndose al pago ordenado por la Corte de San José, dijo que no se trataba de una indemnización o reparación, sino de un reintegro al cual fue condenado el Estado peruano por haber perdido el proceso, y que se trata de un pago totalmente regular. Litigar ante la CIDH tiene un determinado costo, que la parte perdedora reintegra a aquella cuyos argumentos fueron acogidos por la Corte.

De modo que en el caso de este fallo o de otros de carácter polémico, correspondería en todo caso cuestionar a los procuradores del Estado peruano, que no supieron ser lo suficientemente convincentes en su argumentación ante la Corte, y no objetar el cumplimiento de una sentencia, frente a la cual el Estado puede pedir a los magistrados una “aclaración” sobre sus alcances, pero no negarse a acatarla.

Antero Flores aclara a Rafel Rey en el tema de la CIDH

(RNN, 13 de Julio de 2010) El ex representante del Perú ante la OEA y ex ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, afirmó hoy que en un estado de derecho las sentencias supranacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que cumplirse, de lo contrario, “estaríamos dando señales equivocadas al sistema democrático”.

“Las decisiones de la Corte no son de carácter discrecional. Si no hacemos casos a las sentencias, estamos creando desorden y volviendo a la ley de la selva. Este es el sistema que tenemos y hay que respetarlo”, alertó el ex representante del Perú ante la OEA.

Flores Araoz señaló que es preferible tener un sistema supranacional de Derechos Humanos para poder reclamar cuando hay excesos en este tema -como los tuvimos en el Perú durante el régimen de Fujimori-, a no tenerlo.

En el caso de los 30 mil dólares entregados por el Estado peruano a los familiares de la sentenciada por terrorismo, Lori Berenson, el ex ministro afirmó que algunos políticos confunden este pago “de costas y costes del proceso con reparación civil o indemnización”.

Advirtió que no cumplir con este pago podría haber generado problemas al Estado peruano debido a que “la Corte tiene otros mecanismos y puede disponer de embargos de nuestras cuentas en el exterior, creándonos problemas muy serios”.

Agregó, además, que la Constitución Política del Perú precisa en su Artículo 139, Inciso 2, “que no se puede ser moroso en el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales”.

Antero Flores Araoz hizo estas declaraciones al programa Primera Noticia de Radio San Borja.

El indebido proceso que Rafael Rey defiende

Rafael Rey se escandaliza porque el gobierno de Alejandro Toledo se allanó a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos de terrorismo.

Rey no entiende que el allanamiento es un acto jurídico procesal. Válido dentro de un orden jurídico supranacional, de carácterl vinculante, como es la CIDH.

El Estado peruano se adhiere a este orden jurídico extensivo mediante un tratado internacional. La Constitución peruana señala que el Perú es respetuoso de los tratados internacionales.

Rafael Rey desconoce lo que es respetar la Constitución Política de un país democrático y los tratados internacionales que éste suscribe.

Respetar los tratados es un acto emanado de un país democrático. Rafael Rey no entiende lo que es el comportamiento democrático. No entiende lo que es Estado de derecho. No entiende, en definitiva, qué es la democracia.

Rafael Rey confunde las cosas; las revuelve y tergiversa. Trona que se haya pagado una indemnización a una terrorista. Brama que se haya pagado una reparación civil a quien ha cometido crímenes en contra de policías, campesinos y miembros de las Fuerzas Armadas.

Ha dicho, erre con erre, Rafael que: “Fue debido al allanamiento del Gobierno peruano que la Corte Interamericana emitió fallos que indicaban que si el propio Estado reconocía que condenó a un terrorista indebidamente, no solo tenía que volverlo a juzgar sino, además, pagarle una indemnización”.

Rafael Rey miente. A Lori Berenson, el Estado peruano no le ha pagado ni indemnización, ni reparación civil. En este caso concreto, lo que ha hecho el Estado peruano ha sido pagar los gastos administrativos que la CIDH calcula efectuaron los padres de Lori Berenson para defender a su hija de un juicio de pacotilla, con tribunales sin rostro y sin respetar el debido proceso.

Lo que hizo el Estado peruano fue pagar los errores del sistema de justicia fujimorista. No hay aquí indemnización, ni reparación civil a la sentenciada, sino devolución a sus padres de los gastos realizados en un proceso judicial no democrático.

Si el juicio se hubiera realizado con un Poder Judicial autónomo y respetando el debido proceso, no tendríamos obligación de reconocer gasto alguno.

En total, el perverso régimen de justicia del fujimorismo, originó que el Estado peruano tuviera que pagar 31 millones 482 mil 382 soles en gastos administrativos, reparaciones civiles, indemnizaciones y violaciones del debido proceso.

Para ello fue necesario solicitar al Congreso de la República un crédito suplementario. Ello dio lugar al Decreto de Urgencia 030-2005 y su anexo, en el que se registra con claridad el pago a los padres de Lori Berenson, pero también las indemnizaciones a los ex magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo y Rey Terry, así como los deudos de la matanza de Barrios Altos.

Todo clarito y de acuerdo a ley, cumpliendo el debido proceso que diferencia a un estado democrático, de uno que no lo es; y acatando un fallo vinculante de un organismo supranacional del que formamos parte, merced a un tratado internacional.

Pero esto es algo que ni Rey ni otros entienden, ni quieren entender.

Toy Story... la historia continúa

Sandra, Andrea y Luis Alvaro.

Queridos hijos:

Estas líneas son para agradecerles el haberme pedido que los lleve al cine el domingo pasado. Creo que Toy Story 3 es la mejor película de la saga de Pixar Estudio. Me encantó la historia, la técnica narrativa y las emociones que los autores logran despertar en el espectador. Efectivamente, no es una película para chicos solamente, como me dijeron. Mamá y yo la disfrutamos y la sufrimos igual. No puedo negar que las aventuras de los juguetes de Andy, me removieron los refundidos rescoldos de infancia. No porque haya alguna similitud entre las tribulaciones de Andy y mi infancia al aire libre -todo lo contrario, no fui un niño de juguetes, veo ahora, sino de juegos, de muchos juegos-. Lo que sentí fue más bien que Toy Story 3, en muchas formas, se empieza a parecer a sus propias vidas, y que tarde o temprano tendrán que enfrentar, sino lo han hecho ya, dilemas parecidos; deshacerse de sus juguetes, regalar algunos, olvidar otros y quizás guardar los más preciados, los que han llenado de aventuras buena parte de su tiempo, para sus propios hijos.

Toy Story 3 me atrapó porque refleja bien ese trance que todos sentimos de manera distinta, pero inexorable, hacia la adultez. El niño de ayer debe enfrentarse ahora a nuevos retos, avanzar en los estudios, y quedarse con los mejores recuerdos de infancia. Cada quien, además, vive esta etapa de la vida de acuerdo a sus circunstancias y, creo que alguna vez les he comentado, la mía fue una infancia feliz, jugando con los amigos del barrio, peloteando por aquí y por allá, sin muchos juguetes, como les he dicho, pero con muchos juegos. Por eso no recuerdo haber tenido muñecos bautizados con nombre propio -más allá de Cuchitos Puchitos, que ustedes conocieron, pero que es otra historia- por lo que no tuve que desprenderme de alguno de ellos al tener que ir a la Universidad. No tuve un Woody como Andy. Pero me disfracé de cowboy cuando niño y seguí jugando coboyadas cuando crecí, aunque ya sin pantalón vaquero ni espuelas, ni pistolas al cinto. Para entonces mi nombre oficial era El Llanero Solitario, pero el nombre que más me gustaba usar era “El Enmascarado” y mi fiel compañero Toro, uno de mis mejores amigos. Tampoco tuve un Buzz Lightyear, pero igual viajaba al infinito y más allá. Venía de algún confín de las estrellas, convertido en Ultraman para defender a los terrícolas de los monstruos del espacio sideral con mis rayos sónicos. Y cuando en el barrio aprendimos a nadar me transformaba en Aquaman y podía, como él, pasar horas de horas debajo del agua, arqueando mi columna vertebral, aguantando la respiración y sin que se me metiera agua por las orejas. Y lo más divertido era que podía entender el lenguaje sonar de delfines, ballenas, peces y cualquier otra especie marina. A veces también era Batman, Señor de la Oscuridad, nunca Superman, sí Flecha Verde y, a veces, cuando mamá llamaba tres veces para ir a comer o comprar algo urgente, Flash.

Cuando no era un superhéroe, jugaba al trompo, a las bolitas, lingo, mata-gente, a las escondidas, a la chapada, saltaba soga, o armábamos equipos de fulbito, bata o beisbol. Jugaba también al Papá y a la Mamá y al Doctor, pero cuando las niñas del barrio empezaron a crecer sus mamis les prohibieron juntarse con los hombrecitos. Ellas empezaron a pintarse las uñas, algunas jugaban a ser grandes y se maquillaban. Nosotros las veíamos encerradas en sus casas, mirándonos por las ventanas y saludándonos con las manitas, antes que sus mamis las apartaran del todo y cerraran las cortinas. A nosotros nos dio por la ciencia y empezamos a experimentar diversas cosas. Construimos proyectores con cajas de zapato, tubos de papel higiénico y lupas de plástico para pasar nuestras historias de dibujos animados hechos por nosotros mismos. Una vez cambiamos un pollito por una botella sólo para abrirlo vivo y ver cómo funcionaban sus órganos internos. El pollo se murió en pleno experimento, pero fue una lección inolvidable que la disfrutó, de un solo bocado, el perro más fiero del barrio.

Luego, un día, decidí no salir más a la calle. Al menos no todos los días y por largas horas como había sido siempre. Encontré miles de aventuras en mi cuarto lleno de periódicos y libros. Miles de historias que me transportaban y transformaban en personajes de lo más diversos que amaban, sufrían, querían cambiar el mundo o simplemente no los comprendían. Con ellos y sus historias me di cuenta de que tenía los primeros síntomas de la adultez. Los juegos de esta etapa ya no me gustaban tanto: el taco, las cartas, el cachito, las chelas al final del partido. Así que me aparté de ellos. Y empezó mi búsqueda por encontrar respuestas. Surgieron palabras como Dios, Religión, Historia, Política… y muchas otras, hasta hoy. Pero esa es ya una historia que los involucra y que ustedes conocen… Son las historias de Papá, ahora, pero les juro que no siempre fue así y que también fui niño y tenía mil aventuras que contar y vivir, y aunque mi infancia no fue de juguetes, si fue de juego, de muchos juegos…

Papá

Universidades: más allá del voto universal

Se debe reconocer al Congreso de la República la modificación del sistema de elección de las autoridades universitarias, introduciendo el mecanismo de votación secreta y universal para los estudiantes.
Es una respuesta rápida, en medio de acusaciones de resurgimiento de movimientos violentistas en San Marcos y de vicios procesales en la elección del rector en la cuatricentenaria casa superior de estudios.

Nada de reconocimientos; el Congreso sólo hizo su trabajo, dirán algunos. Y pueda que tengan razón. Pero en medio de la crítica pura y la falta de propuestas y salidas a la crisis, la atención inmediata a un problema debe ser bienvenida.

Precisamente uno de los lastres que arrastra la universidad pública peruana y que se refleja también en la sociedad, es el comportamiento apático de la mayoría silenciosa que deja los espacios de representación y gobierno a las minorías organizadas.

Las minorías radicalizadas copan los espacios de poder entrando luego en contubernio con las autoridades de turno, pervirtiendo el sentido de representación obtenido en elecciones laxas, con gran nivel de ausentismo y bajísima participación política activa.

El voto universal es un buen primer paso para romper el monopolio de la actuación política de estos pequeños grupos. Pero no basta.

El cambio de fondo es lograr que el proceso de elección del rector se transforme en un ejemplo de comportamiento y conducta democráticos, en el que se genera un espacio de participación activa de los mejores docentes y alumnos, con presentación de propuestas, y debate académico alturado de las mismas.

Algo que podríamos llamar el ejercicio pleno del Homo civitas.

La acción política no tiene por qué estar reñido con el desempeño académico. Por el contrario, los mejores alumnos y profesores debieran ser los primeros en participar en los órganos de gobierno institucional. No hacerlo es dejar el espacio a la mediocridad, al tinterillaje, a la componenda; que es lo que ha venido sucediendo.

Según los cambios introducidos, los estudiantes seguirán conservando el tercio de representación en la Asamblea Universitaria, pero su participación democrática universal, vía el voto directo, otorgará mayor legitimidad tanto a sus representados, como a la autoridad elegida.

El grito de los estudiantes de Córdoba, Argentina, en 1918 originó un proceso de reforma universitaria (libertad de cátedra, cogobierno, gratuidad e ingreso masivo, entre otros), que trascendió las aulas y caló profundamente en la sociedad de la época.

Desde entonces, no se ha visto un movimiento vigoroso que brote desde la universidad y revitalice el espacio más amplio de la sociedad. El voto universal es un avance hacia el cambio. Aunque para ello se deba primero vencer la indiferencia y la apatía de las masas hacia la política y lograr su participación real en el juego democrático; no sólo el día de la votación.

San Marcos, los jóvenes y el terror

Los ochenta en San Marcos fue la década de la violencia, del terror y del miedo; pero también de la indiferencia, del alpinchismo, del yo no hago política.

Era común ver a un pequeño y muy activo, belicoso, radical y violento grupo de estudiantes interrumpir el dictado de clases para lanzar arengas y consignas. Nadie protestaba. Nadie quería oponerse a un grupo armado.

La fuerzas violentistas irrumpieron en San Marcos, como lo hicieron en el país, utilizando el terror como método y aprovechándose de una mayoría paralizada por el miedo y ajena a la política.

Sendero era un pequeño grupo de estudiantes organizados, sumamente activos, frente a una masa desorganizada de estudiantes, la mayoría independiente.

En medio del vacío institucional, facciones senderistas o pro-senderistas coparon las instancias de cogobierno estudiantil.

San Marcos no era terrorista, pero la beligerancia de los minoritarios grupos organizados, puestos en práctica en marchas, movilizaciones y tomas de locales, la hacía ver como tal.

Sendero crecía en medio del vacío de autoridad institucional. No había orden ni ley. Algunos servicios en San Marcos como el comedor o la residencia universitaria, eran tierra de nadie. Sendero se aprovechaba de esta situación.

Las elecciones estudiantiles eran saboteadas a punta de armas y apagones.

En el estadio de la Ciudad Universitaria, eran frecuentes las marchas militares de banderas rojas y los cantos de guerra. Ninguna autoridad parecía poder devolver a la Universidad el estado de derecho institucional que requería para funcionar.

Hasta que llegó un momento en que los jóvenes dijeron basta. Las mayorías desorganizadas e indiferentes se organizaron en movimientos estudiantiles y participaron en elecciones internas. Defendieron el voto con grupos de choque que enfrentaron a los senderistas.

A nivel académico estas nuevas fuerzas estudiantiles exigieron contratar profesores de universidades privadas y presionaron para modificar las currículas de estudio.

La intervención de las Fuerzas Armadas en las universidades hizo retroceder a la dirigencia senderista que tuvo que abandonar la universidad.

El miedo quedó atrás y la participación de los estudiantes en los asuntos de la universidad se hizo más notoria y vigorosa.

Hasta hoy que nuevamente el terror empieza a flamear banderas… aunque ya no para llamar a la lucha armada, sino para liberar a sus sanguinarios dirigentes nacionales.

Es hora de recobrar la historia y aprender de las lecciones del pasado. Los más pueden más que los menos; siempre que se organicen y participen. No sería la primera vez que el movimiento estudiantil derrote las posiciones extremistas.

Aclaración a congresistas Menchola y Waisman

El congresista Walter Menchola (SN) me ha aludido en una conferencia de prensa realizada el 17 de junio de 2010 en el Congreso de la República -según reseña el diario El Comercio en su Sección Política, Página A-9-, señalándome como el “brazo político” del Ex Presidente Alejandro Toledo y relacionándome con un supuesta campaña mediática contra Luis Castañeda Lossio. Como base de su "argumentación", Menchola menciona el artículo de opinión "La democracia farsante" que me publicó El Comercio el día 16 de junio, sosteniendo que es un artículo "a favor de Toledo".

Por otro lado, el congresista David Waisman (PP) en entrevista concedida hoy al Diario Correo (20/06/2010) afirma que “intuye” que detrás de la campaña sistemática contra Luis Castañeda Lossio se encuentran “correligionarios de Perú Posible”. Prueba de ello, agrega, “un periodista del entorno más íntimo de Toledo y que tiene muchos años trabajando con él ha ingresado a laborar en el mencionado diario” (El Comercio).

MI RESPUESTA

Al congresista Menchola le aclaro que no soy el brazo político del Ex Presidente Alejandro Toledo. No milito en Perú Posible y mis responsabilidades no alcanzan la asesoría política, sino las coordinaciones de prensa, cosa muy distinta.

La ligereza de verbo del Sr. Menchola me lleva a pensar que debiera recibir un curso inmediato de Comprensión de Lectura o Interpretación de Textos, ya que mi artículo no se refiere al alcalde de Lima, sino a la forma como los partidos políticos en general eligen a sus candidatos en “primarias” delegadas.

Al congresista David Waisman le digo, con cariño, pero con firmeza, que está completamente equivocado. No he sido contratado por el Diario El Comercio y no formo parte de campaña alguna de desprestigio al alcalde Castañeda. Nada le costaba llamarme antes de responder inexactitudes y elucubrar falsedades.

Lamento que los congresistas Menchola y Waisman coincidan en su equivocación y vean fantasmas donde no los hay. Reconozco, sí, el derecho que tienen ambos de defender a personajes políticos de su preferencia.

Atte.,

Luis Alberto Chávez Risco
Periodista – DNI 09080454

Aclaración al Diario Expreso

El Artículo "La democracia farsante" publicado en este blog y reproducido ayer en las páginas de Opinión del Diario "El Comercio", ha motivado un comentario sibilino del diario "Expreso", en su edición de hoy, que aclaro por esta vía, a la espera de que el tabloide haga lo propio mañana.

LO QUE DICE HOY EXPRESO EN SU SECCIÓN AZOTES Y CHICOTAZOS (17/06/2010):

“El Comercio chakano
Tal como lo ha advertido EXPRESO, el autodenominado “decano” está trabajando a diario a favor de su candidato Alejandro Toledo. Y es que no sólo lo ayuda con su campaña de demolición para bajarse a Luis Castañeda sino que ahora le ha cedido un espacio en su página editorial a un hombre de confianza del “sano y sagrado”.


Chakano al 100%
En efecto, ayer la chakana celebró el ingreso a El Comercio de Luis Alberto Chávez, jefe de prensa de Alejandro Toledo, quien se despachó de lo lindo un artículo de opinión. En aras de la transparencia de sus lectores, hubiera sido bueno que el “decano chakano” precisara quién era su eventual colaborador”.

MI RESPUESTA

17 de Junio de 2010
Diario Expreso
Luis García Miró Elguera
Director

Asunto: aclaración a Sección "Azotes y Chicotazos" de hoy.

Sr. Director:

Está bien azotes y chicotazos. Pero no palos y maletazos que confundan a sus lectores. No hay ingreso alguno del suscrito al Decano, ni alianzas bajo la mesa que sólo un antitoledismo extremo puede ver en un simple artículo de opinión. Lo que hay es el ejercicio pleno de un derecho –este sí sagrado y consagrado– en la Constitución: el derecho a la libertad de opinión y crítica que me asiste como ciudadano y periodista; ejemplo de buenas prácticas democráticas que, dicho sea de paso, “Expreso” debiera también honrar, publicando, como espero, estas líneas aclaratorias. Por lo demás, mis opiniones pueden seguirlas regularmente en: http://politikha.blogspot.com/

Atte.,

Luis Alberto Chávez Risco

Periodista - DNI: 09080454

ACTUALIZACIÓN AL 22 DE JUNIO DE 2010

Expreso sigue en su campaña desinformativa. Hoy (22/06(2010) en su sección de chismes y trascendidos publica esta inmerecida perla. ¿Cisma por una colaboración? Por favor... sólo en su crisma, señores, sólo en su crisma. Pero, bueno, ¿qué esperaban?... no es el Expreso de D´Ornellas. Ustedes me entienden.

"Entran en trompo
A propósito del “decano chakano”, la revelación de AZOTES Y CHICOTAZOS sobre la acogida dada en su página editorial a Luis Alberto Chávez, jefe de Prensa de Alejandro Toledo, provocó un cisma en la Alta Dirección de diario del Jirón Miroquesada. Al parecer no todos estaban enterados de quién era su eventual colaborador. Bueno, faltaba más, sigan leyéndonos para enterarse de las cosas que suceden en su diario."

La democracia farsante

La democracia en la base es una pugna encarnizada de actores por el poder. Más que un sistema de mayorías y minorías –esto recién se expresa vía las elecciones en la composición y constitución de los órganos de poder–, en su origen, el sistema está manchado de fariseísmo, triquiñuelas, tinterilladas, guerra sucia, toma y daca, compra de conciencias, venta de puestos y corrupción en general.

No todos, por supuesto, porque siempre hay postores, candidatos, grupos de opinión y trabajo, que participan de buena fe, respetando las reglas y aspirando a que otros lo hagan. Pero es la minoría. La gran mayoría recurre a mecanismos oscuros, a conversaciones en la trastienda, nepotismo, presiones y chantaje, buscando meterse por la ventana o usando una pata de cabra.

En su primer círculo de formación la democracia partidaria está tiznada de lumpenismo.

Es lo que hemos visto en todos los partidos que acaban de terminar de elegir a sus candidatos para las elecciones municipales y regionales. En las fechas de cierre de inscripciones ha habido, broncas callejeras, asalto a locales partidarios, patada y comba, balazos y hasta secuestro a líderes históricos.

Por lo que la democracia en su inicio es principalmente uso de la fuerza. El más fuerte impone su decisión, copa los órganos partidarios y maneja el partido a su antojo, designando candidatos que luego son presentados a la ciudadanía para su elección universal.

La democracia entendida así es más maña y ñeque que voluntad de servicio. Es la ley del que puede, puede.

Estas prácticas oscuras, muchas veces al margen de la ley, alejan a ciudadanos que real y honestamente quieren comprometerse en la gestión de su comunidad; formándose así un círculo vicioso de cargos públicos copados por gente contaminada por el vicio procesal, los favores pagados y la corrupción.

Luego, el día de las elecciones, los partidos nos proponen a esos candidatos para que los ciudadanos con nuestro voto los pasemos por la pila baustimal del poder conferido; un baño lustral de poder legítimamente constituido, pero cuyo nervio central –el hombre mismo– está podrido, dañado de manera irremediable.

Y a una elección truculenta le sigue una gestión también truculenta, llena de corruptelas y sinvergüenzadas. Eso es lo que llamo la democracia farsante; infectada de virus humanos de la corrupción.

La filípica decisión de Lourdes

El pase, regreso, jale, retorno, de Carlos Burgos a las filas del Partido Popular Cristiano, ha sido un operativo político de alta intensidad que involucró un análisis frío en diversos planos y una toma de decisiones que asombra, viniendo de quien viene, Lourdes Flores; una mujer que se caracteriza no precisamente por sus aciertos políticos.

Burgos fue militante del Partido Popular Cristiano. Postuló a la alcaldía de San Juan de lurigancho por Solidaridad y, en esta última etapa, reculó transitoriamente en Cambio Radical para terminar en su partido de origen, el PPC, y tentar la relección.

No es técnicamente un tránsfuga. Pero sí un saltimbanquis político cuando menos; una veleta que cambia con la orientación de los vientos.

Para cuando Burgos decidió dejar a Kouri y apoyar a Lourdes, la candidata a Lima por el PPC ya había presentado a su candidato por San Juan de Lurigancho, Mauricio Rabanal de Perú Posible… ¡con la oposición beligerante de Burgos! De locos.

Burgos se había convertido en el principal operador político de Alex Kouri. Mañana, tarde y noche, llevaba al candidato de Cambio Radical a San Juan de Lurigancho, apetecible bolsón electoral con casi 600 mil votantes.

Kouri se paseaba por los cinturones de pobreza de SJL, amenazando con prender en ese 10% del total del electorado de Lima que representa el distrito.

Burgos, además, posee eso que en Colombia le permitió a Santos sacarle tantos cuerpos de ventaja a Mockus: redes clientelares de carne y hueso, organizados en redes de comedores populares, asociaciones populares y mercados.

Otra cosa: en términos absolutos, Burgos estaba mejor colocado en las encuestas que Rabanal. Y evidenciaba tener un mejor respaldo económico.

De manera que Lourdes y su equipo tuvieron que definir a su candidato teniendo en cuenta estas variables (posicionamiento, financiamiento, redes clientelares) y sopesar el reflujo negativo que de todas maneras conllevaría esta decisión.

Al final, fue una cuestión aritmética, numérica. ¿Qué pesaba más?¿Quién le aseguraba más votos a Lourdes? ¿Eran mayores los votos que ganaba que los que perdía al cambiar de candidato?

Las sumas y restas del equipo de campaña del PPC aconsejaron que pese al inicial rechazo a la decisión –como de hecho ha ocurrido–, al final, se impondrían los votos a favor de Burgos.

No ha sido una decisión fácil, por las reacciones que se han visto. Ha sido sí la más importante en lo que va de la campaña.

Es muy temprano aún para saber si fue una decisión acertada y si los cálculos del PPC y de Lourdes en particular -más allá de las filípicas escuchadas- no fallaron esta vez.

Razones del apoyo a Lourdes

En circunstancias normales, no habría por qué apoyar a Lourdes Flores.

No tendría por qué hacerlo un partido político distinto al que ella representa.

La democracia es competencia cívica. Libertad de escoger entre varias opciones.

Y una competencia electoral es la oportunidad para que el pueblo escoja libre y democráticamente la mejor opción.

En circunstancias normales, repito, nadie podría sorprenderse de que Perú Posible presente candidatos en todos los distritos, provincias y regiones del país.

Pero, éstas no son circunstancias normales.

Las fuerzas que representan el lastre de la corrupción están no sólo activas, sino vigorosas. Tienen posibilidades reales de ganar en varias circunscripciones electorales, entre ellas, la más importante, Lima.

Que Kouri llegue a Lima derrotando a Lourdes sería un mal precedente para las elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina… ¡la campaña nacional está a dos meses de las elecciones municipales-regionales!

Es necesario, por tanto, articular las fuerzas democráticas y apoyar a una que tenga las mejores posibilidades de enfrentar y frenar el proyecto imbricado a la red mafiosa del pasado.

Es así como debe entenderse el gesto de Perú Posible de apoyar la candidatura de Lourdes Flores a la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Ella encarna lo opuesto a la cultura de “no importa que robe, con tal que haga obra".

Representa lo contrario a la antipolítica del todo vale; del chuponeo, del populismo facilista; de regalar pescado antes que enseñar a pescarlo.

Este apoyo no sólo es lírico o romántico. Es real. O debiera serlo, puesto que Perú Posible está en condiciones, por ejemplo, de poner a sus personeros a defender el voto provincial de Lourdes en las ánforas.

No es una alianza en el sentido tradicional como debiera entenderse este respaldo.

Es una apuesta por la decencia en política. Un apoyo sin más condiciones que las reglas básicas de la competencia electoral: fair play y respeto y debate de ideas en la campaña municipal.

En esa línea, Perú Posible tendrá candidatos en los lugares que considere conveniente.

En Lima, habrá candidatos distritales que irán con los colores de la Chakana. Y harán campaña con sus mejores argumentos, compitiendo, como en toda lid electoral, con candidatos de todos los partidos, incluidos, por supuesto, los de Lourdes.

Disciplinadamente, los militantes, simpatizantes y seguidores de Perú Posible marcarán la chakana en el distrito donde tengan candidatos propios y el mapa para apoyar a Lourdes a la alcaldía provincial.

No es la primera vez en que se votará cruzado. No es muy complicado. Pero para llegar a ese momento es necesario primero que ambas fuerzas no se crucen. Y se comporten de manera madura y responsable.

Honestidad en la fragua y honestidad en la gestión. Esa es -para mi al menos-, la esencia del acuerdo con Lourdes Flores.

Negociaciones Perú y Chile: cuestión de estilo

Es notoria la diferencia de estilo entre las cancillerías de Perú y Chile. Mientras la primera permanece cauta, en silencio, respetando escrupulosamente la reserva diplomática del proceso que ambos países siguen en la Corte Internacional de La Haya para definir su frontera marítima, la segunda luce dicharachera, zumbante, filtrando información a la prensa.

Primero fue informar que Ecuador había sido invitado a pronunciarse en la Corte Internacional de La Haya sobre la demanda del Perú para fijar sus límites marítimos con Chile.

Luego nos enteramos que Ecuador contrató un equipo de abogados, dirigido por el estadounidense Paul Reichler, como responsable de la defensa de ese país luego de ser convocado por el tribunal internacional de La Haya.

Enseguida, la prensa chilena informó que los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Rafael Correa, se reunieron hace dos semanas para tratar sobre el litigio marítimo que planteó el Perú en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

La reunión se produjo en la Cumbre de la Unión Europea-América Latina, realizada en Madrid (España), y según “fuentes diplomáticas” de Chile, Correa habría dado “señales positivas” para las expectativas chilenas.

¿Qué dice y hace ante ello Torre Tagle? Nada. Aparentemente. Al menos, no en la prensa; a no ser esporádicos artículos aparecidos en El Comercio abordando aspectos conexos al litigio como, por ejemplo, el publicado hoy revelando que “Representación de Chile en la ONU ignora litigio en La Haya”.

Según esta nota, el 7 de mayo de 2009 el ex canciller chileno, Mariano Fernández, presentó a nombre de su gobierno un informe a Naciones Unidas sobre la plataforma continental de Chile, “en el que se incluye un mapa de la frontera marítima con el Perú basado en el paralelo”.

El Perú objetó por escrito esta posición, pero la respuesta de Chile fue insólita, pues, no mencionó para nada el litigio en curso ante La Haya.

De manera que se está configurando una situación en la que, por un lado, Chile calla en todos los idiomas su posición de demandado ante organismos internacionales, pero habla hasta por los codos a través de la prensa de su país tratando de ganar a Ecuador como aliado; mientras que Perú enmudece en medios de prensa, pero se mantiene vigilante y activo ante organismos internacionales.

Dos estilos, no sólo diferentes, sino contrapuestos; en las antípodas, como es fácil ver y entender.

Cuestionan derogatoria del D.L. 927

Ex ministros del Gobierno de Alejandro Toledo -Carlos Ferrero y Fausto Alvarado- advierten que gobierno de Alan García comete un error al derogar el D.L. 927 sin criterio técnico-jurídico y sólo como medida política para desprestigiar al gobierno de Toledo, dejando con ello indefensos a la Sociedad y al Estado. Aquí su declaración:

Nuestro rechazo al terrorismo será siempre absoluto. Sus crímenes atroces y el inmenso daño causado sólo merecen el más duro castigo.

Sin embargo esa penalidad tiene que ceñirse a la ley porque la superioridad moral de la Democracia nos obliga a proceder conforme a normas de derecho que nos garanticen vivir en una sociedad segura y ordenada.

1. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que dispuso que el Estado peruano adecúe la legislación antiterrorista de la época de Fujimori, que permitía juicios ante el fuero militar y jueces sin rostro.

Las denuncias de los involucrados fueron rechazadas por el Gobierno desconociendo la jurisdicción de la Corte y despojando a los peruanos de recurrir al fuero internacional.

2. Fundándose en lo dispuesto por la Corte Interamericana y amparados en la Constitución de 1993, cinco mil ciudadanos interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad de esa legislación que sancionaba los delitos de terrorismo.

Dicho Tribunal falló el 3 de Enero del 2003, disponiendo que el Estado peruano adecuará dicha legislación, de tal manera que no violara los convenios internacionales suscritos por anteriores gobiernos y con arreglo a la actual Constitución aprobada durante el gobierno de Fujimori, dando un plazo de 30 días para que entre en vigencia la sentencia.

3. En el caso concreto de los beneficios penitenciarios el Tribunal Constitucional advierte que el Estado no puede establecer beneficios a unos y prohibirlos a otros, dado que significa violar el principio de igualdad señalado en la Constitución, pero que el Estado sí puede graduar tales beneficios según la gravedad del delito. Es decir la violación era por no legislar y regular la materia de manera general, pero no por dejar de concederlos, dado que ello es potestad del Estado que por razones especial y graves, como el caso de terrorismo, puede negarlos (el juez) sin violar la constitución ni los derechos de los condenados por este delito.

4. Si no se expedía una norma legal que otorgara y regulara los beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo, estos demandarían la inaplicabilidad de la norma que los prohibía para sus casos. En tal situación podrían haberse acogido a los demás casos para no terroristas, que estaban legislados en el Código de Procedimientos Penales y el Código de Ejecución Penal que se aplican supletoriamente. Según estos, podrían haber obtenido el beneficio de libertad condicional con solo un tercio de la pena y computársele dos días de trabajo o educación por uno de redención.

5. Esto significaba que todos los terroristas obtenían legalmente la libertad, dado que todos habían cumplido un tercio de la pena. Sin embargo no excarcelarlos también nos ponía fuera de la legalidad. El camino fue regular los beneficios penitenciarios de tal manera que las exigencias fueran mucho mayores: libertad condicional a las tres cuartas partes de la condena y siete por uno como redención de pena. Todo ello supeditado a que se cumplieran una serie de requisitos y además a la voluntad del juez para concederlos.

6. Quiere decir entonces que el Decreto Legislativo 927 no otorgó de manera automática beneficios penitenciarios a terroristas, sino que los condicionaba a la voluntad del Estado, evitando que al negarlos de plano el Estado incurriera en violación de los derechos humanos.

7. Al derogar el D.L 927 sin ningún criterio técnico jurídico, y de manera irresponsable, con la sola intención de conseguir réditos políticos y desprestigiar al gobierno del Dr. Alejandro Toledo, el Gobierno actual ha dejado indefensa a la sociedad y al Estado. En efecto al otorgarlos para todos los demás delincuentes(secuestradores, violadores, extorsionadores, etc) , violan innecesariamente el principio de igualdad y el principio de redención de pena. Además abren para los terroristas la posibilidad de solicitar la inaplicabilidad de la prohibición y por tanto acceder a los beneficios existentes para los demás delincuentes que son menos rigurosos que los establecidos en el Decreto Legislativo 927.

8. El D.L 927 ha estado vigente durante casi 7 años, plazo por demás suficiente para que los detractores de hoy lo hubieran derogado o por lo menos modificado si no estaban de acuerdo. La norma además fue propuesta por una Comisión especial integrada por congresistas, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, FFAA y 3 reconocido juristas. Finalmente el Congreso luego de su publicación no la observó.

CONCLUSION
9. Durante el Gobierno de Toledo se expide el Decreto Legislativo 927 como resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional y para resolver fallas de la legislación dada durante el gobierno de Fujimori.

10. El Decreto Legislativo 927 otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas para resolver el problema planteado por la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto al principio de igualdad y eliminar el peligro de que estos accedan a los beneficios comunes que eran 1/3 de la condena y 2 x 1 de redención; estableciendo en cambio 3/4 de la condena y 7 x 1 de redención. También se estableció la posibilidad de negarlos en caso que el Estado lo estimara conveniente, sin que ello implicara violar derechos constitucionales.

11. Se reitera que la decisión final para hacer valer los beneficios penitenciarios y excarcelar es únicamente del Juez que primeramente debe estudiar el informe del INPE que es indicativo más no obligatorio. No son por tanto el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo quienes toman la decisión. Es facultad exclusiva del juez, y este puede perfectamente negarla si lo estima pertinente, principalmente si a su personal criterio discrecional el condenado no está listo para reinsertarse en la sociedad o si la sociedad no esta en circunstancias de aceptarlo.

12. Finalmente es pertinente dejar constancia que el actual Ministro de Justicia Dr. Víctor García Toma ha declarado en La Republica de hoy que “no piensa” que el Gobierno ( de Toledo) se equivocó.

Lima, 30 de Mayo del 2010.

La Berenson y la larga marcha judicial

El debate en torno al Decreto Legislativo 927 es no sólo complejo, sino integral e involucra, más que la decisión de un gobierno, la participación del Estado en su conjunto, expresado en sus tres poderes. Veamos:

En Enero del 2003, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la legislación antiterrorista. La sentencia (Exp. No. 010-2002-AI/TC) anuló los juicios seguidos al amparo de esa legislación y otorgó un plazo perentorio para que el congreso remplazara esta legislación.

Ante esta situación, el gobierno tenía dos caminos: o acataba el fallo y rehacía la legislación antiterrorista; o desacataba la sentencia y defenestraba a los miembros del Tribunal Constitucional. Decidió, como sabemos, el camino democrático de acatar y hacer cumplir los fallos jurisdiccionales de los organismos que administran justicia.

El ex ministro de Justicia, Fausto Alvarado, recuerda que existía el riesgo de que se produzca la excarcelación de los terroristas o su declaración de presos de conciencia si esto no sucedía, “por lo que el Congreso de la República mediante la Ley 27913 otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, para que en un plazo de 30 días, legislara sobre toda la materia”.

Esta ley establecía que el Poder Ejecutivo crearía una comisión encargada de elaborar las propuestas correspondientes, a la cual se integrarían dos congresistas. Mediante Resolución Suprema 01-2003-JUS del 10 de enero del 2003, publicada al día siguiente, se conformó esta comisión, que quedó integrada por los Ministros de Justicia, Defensa e Interior, los dos representante de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, un representante del Presidente de la Corte Suprema, un representante de la Fiscal de la Nación y tres juristas (Javier de Belaúnde, Jorge Villegas Ratti y César San Martín).

De esta Comisión nació el Decreto Legislativo 927 sobre los beneficios penitenciarios. El dispositivo fue sometido al posterior control parlamentario, y quedó plenamente vigente. La sentencia del Tribunal Constitucional –recordemos- establecía que todo régimen penitenciario “debe tener una regulación que permita motivar la resocialización del interno”.

En el caso de Lori Berenson, su sentencia de cadena perpetua fue anulada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el año 2000, durante el Gobierno de Fujimori. Juzgada nuevamente por el Poder Judicial -con plenas garantías en el proceso-, se le condenó a 20 años de prisión. La Berenson enjuició al Estado peruano por este fallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; y luego esta ante la Corte Interamericana.

“A pesar de las presiones de toda índole que desplegó la defensa de esta ciudadana norteamericana, el Estado Peruano ganó el proceso y quedó firme la sentencia impuesta por un tribunal nacional, declarando que en el Perú si existía una legislación compatible con dichos convenios en materia de derechos humanos”, afirma el ex ministro Alvarado, quien reitera que de no haberse actuado como se hizo “era muy probable que esta persona y muchas otras que su hubieran acogido posteriormente, hubieran obtenido su impunidad y libertad”.

Una cosa muy diferente a lo que sucede hoy con la excarcelación de la Berenson que es el acatamiento de una decisión judicial por cumplimiento de una condena otorgada por un tribunal civil con garantía procesal y en pleno Estado de Derecho. Algo que, por supuesto, los fujimoristas, no entienden ni diferencian.

El hermano de Toledo se defiende

Si el Congreso no fuera la olla de grillos que es; si por un instante hubiera dejado de ser el foso de hienas que es; donde no importa la verdad, sino, la cacería política, habría escuchado a Luis Toledo Manrique, el hermano del Presidente Alejandro Toledo, defenderse más o menos así frente a las acusaciones que se le hacen:

"Señores Congresistas de la República:

Tengan ustedes muy buenos días.

Acudo a este Parlamento de la República en virtud de la invitación cursada por esta comisión, con el ánimo de aclarar el procedimiento administrativo seguido por mi persona, durante largos años, con la finalidad de que se adjudique un terreno eriazo de 45 hectáreas en la zona de Lurín, Lima, con la finalidad de mejorarlo y hacerlo producir en base a mi esfuerzo y trabajo.

Mi historia no es diferente a la de miles de familias pobres del Perú que no tienen tierras ni propiedades y se valen de acciones directas para tomar posesión de un terreno eriazo donde labrarse un futuro.

Con esta idea de trabajar la tierra, volverla productiva y criar animales para subsistencia y comercialización, en 1985 tomé posesión de un terreno eriazo en la zona de Lurín, Lima. No para negocio ni reventa, ni tráfico de tierras; sino para vivir de mi trabajo y del usufructo de la tierra como reconocen las leyes del Perú.

Doce años después, mediante escrito de fecha 25 de Mayo de 1997, mi persona solicitó a la Unidad Agraria de Lima la visación de planos y Memoria Descriptiva de la Parcela Apu ubicada en Lomas de Pucara – Lurín, a 10 km del mar, conforme obra en el Expediente Administrativo.

En dicho escrito señalé que me dedicaba a la crianza de cuyes, conejos, codorniz y actividades agrícolas como el cultivo de tuna y árboles frutales. Actualmente tengo sembrado alfalfa y crío ganado vacuno para comercializar su leche.

Señores Congresistas:

En el año 1997, presenté mi solicitud dirigida al Director de la Unidad Agraria , solicitando se realice la respectiva Inspección Ocular al terreno que habitaba y trabajaba, la misma que se realizó el 13 de Julio 1998, aproximadamente.

Habiendo iniciado dicha gestión y después de dos años de trámite administrativo, se expidió la Resolución Ministerial N.- 513-99-AG de fecha 20 de Julio de 1999, firmada por el entonces Ministro de Agricultura Ing. Belisario de las Casas Piedras.

Esa resolución, Señores Congresistas –repito: de 1999–, resuelve se adjudique dichas hectáreas a mí favor, disponiéndose se otorgue el contrato de compra venta correspondiente.

Posteriormente, en el año 2000 por R.M. N 091-2000-AG de fecha 18 de Febrero del 2000, se deja sin efecto la R.M. N 513-99-AG que me beneficiaba, por una superposición de 5 hectáreas del terreno que se me adjudicó con una concesión minera colindante.

En el 2001 por R.M. N.- 0770-2001-AG de fecha 24 de Julio del 2001, firmada por el entonces Ministro de Agricultura Ing. Carlos Amat y León, se restablece la vigencia de la R.M. N.- 0513-99-AG de fecha 20 de Julio de 1999, que me adjudicó las hectáreas a mi favor.

Es todo cuanto tengo que declarar a esta comisión y con el mayor agrado me encuentro aquí presente en compañía de mi abogado para responder a las preguntas que consideren pertinentes.

Muchas gracias."

Asalto a Cofopri

La historia del organismo de formalización de la propiedad informal (Cofopri), es una historia de Western. Está signada no sólo con el uso y abuso del poder, sino con su asalto a plena luz del día.

Cofopri fue creado en 1996 por Fujimori, como parte de una estrategia elaborada por Hernando de Soto para otorgar a los pobres un instrumento jurídico que le permitiera el reconocimiento del Estado a su inversión predial.

En el Perú, los pobres construyen ellos mismos sus viviendas; y de hecho tienen todos sus ahorros invertidos en ese esfuerzo, pero carecen de títulos de propiedad sobre el terreno.

Fujimori no solo autorizó el diseño de un mecanismo efectivo para poner en valor el activo de los pobres, sino que, engolosinado con el poder, repartía personalmente los títulos de propiedad, dentro de una estrategia más bien clientelista que justiciera.

Los alcaldes, encargados por ley de la planificación urbana, fueron, simplemente, dejados de lado.

Toledo terminó con esta visión presidencialista, autoritaria, del poder y liquidó el Ministerio de la Presidencia, pasando con Cofopri al Ministerio de Justicia, desde donde se formó un equipo que más tarde sería elogiado por el Banco Mundial.

El proceso de titulación seguía al amparo del Poder Ejecutivo, pero la entrega de títulos a la población la hacía directamente los gobiernos locales. El Presidente de la República expresamente estaba impedido de esta función.

En ese momento Cofopri contaba con un directorio y un coordinador nacional que dependía del ministro. Por otro lado, el Programa Especial de Titulación (PETT) se mantenía separado de Cofopri y pertenecía al Sector Agricultura; encargado por tanto del sector rural.

La llegada del gobierno aprista significó un cambio profundo en la administración de Cofopri y en su mecanismo de funcionamiento.

Para empezar, el gobierno de Alan García trasladó Cofopri del Ministerio de Justicia al Ministerio de Vivienda y Construcción -según D.S. 019-2006-Vivienda-, dirigido por entonces por su amigo Hernán Garrido Lecca.

Posteriormente el Decreto Supremo-025-2007-Vivienda, modificó su estructura interna y aprobó su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Cofopri se conviertió en Organismo Público Descentralizado con director ejecutivo, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; pero se le eliminó su directorio, compuesto por profesionales y técnicos encargados de garantizar la transparencia en la formalización de la propiedad informal.

Por otro lado, el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT), encargado de titular los predios rurales, fue absorbido por COFOPRI, fusionando ambos organismos, según DS 005-2007-Vivienda, publicado el 21 de febrero del 2007.

Así, el 28 de junio de 2008, por Decreto Legislativo 1089, Cofopri asumió de manera temporal y excepcional la titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, concentrando todo el poder en el director ejecutivo de la institución. Asimismo, se declaró de “interés nacional” la titulación rural por un periodo de cuatro años, contados a partir del día siguiente de su publicación.

Pero, quizás, el cambio más importante es la Ley 28923, del 8 de diciembre de 2007 que creó el régimen temporal extraordinario en formalización y titulación de predios urbanos, por un periodo de tres años. Luego se prorrogó por dos años adicionales, lo que significa que dicho régimen termina en diciembre de 2012.

A ello habría que sumarle el Decreto Legislativo 1089 del 27 de junio de 2008 que en el marco de las facultades legislativas entregadas por el Congreso al Ejecutivo para adecuar la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, estableció igualmente el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.

La concentración del poder en el director ejecutivo permitió que éste nombrara directamente -y a sola firma- a todos los directores regionales de Cofopri (todos del partido Aprista, dependientes orgánica y partidariamente de Omar Quesada).

La creación de regímenes especiales “temporales” tanto para la titulación de predios urbanos como rurales, buscó simplemente la eliminación de mecanismos de control institucionales que permitieran lucrar, como hemos visto, con la venta de terrenos en distintos puntos del país.

Un plan que ha terminando estallando, producto de las vendettas internas entre los propios compañeros.