Zorro político

Poco a poco, venciendo resistencias iniciales, congresistas de todas las tiendas políticas están terminando por aceptar que Víctor Isla Rojas puede ser el próximo presidente del Congreso. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué poder mágico ha hecho posible que un hombre cuasi desconocido, de perfil bajo, identificado con posiciones antisistema, sea visto, de pronto, como alguien que puede conducir el Poder Legislativo?

La respuesta es la política, la actitud y la actuación política. Desde que recibió el espaldarazo del Presidente Ollanta Humala, quien lo eligió y lo empoderó, señalándolo con el dedo, Isla adquirió una notoriedad especial entre la bancada gris del oficialismo. Si bien Humala encargó a la primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, apuntalar la candidatura de Isla, el legislador, siempre tras bastidores, ha hecho su trabajo.

 En las últimas semanas, ha  levantado el teléfono, ha contactado y conversado con todos los grupos políticos representados en el Congreso. Ha buscado llegar a acuerdos, ha coordinado el futuro manejo de la institución parlamentaria.

 Como afirma Savater, los humanos estamos dotados de instintos y capacidad racional. Es la razón o la capacidad de establecer y llegar a acuerdos la que nos diferencia de los animales. Somos, por eso, seres instintivamente racionales.

La vía para activar ese instinto es el diálogo.

La principal herramienta del político no es la fuerza, como por lo general piensan quienes no tienen experiencia política y creen que su finalidad es sólo cumplir objetivos.

El instrumento natural de la política es la negociación, la persuasión, la capacidad de convencer al otro apelando a la razón o penetrando en su parte más íntima compuesta por expectativas e intereses. ¿Cómo se explica que políticos curtidos como Mauricio Mulder o Juan Carlos Eguren, en representación de sus propios partidos aparezcan de pronto defendiendo la postulación de Isla? ¿Dónde quedaron los cuestionamientos a su pasado político?

Si la política es el reino de lo posible, los seres que la pueblan son el resultado de la promesa, la palabra empeñada y el acuerdo.

Pero como de buenas intenciones está empedrado el infierno, la real politik es también un mundo de traiciones, desacuerdos y promesas incumplidas.

Habrá que ver si el próximo presidente del Congreso puede llevar adelante la tarea de conducir un poder del Estado de manera ordenada, concertada y en equilibrio, impulsando los asuntos de Estado que necesita el Ejecutivo, pero, también accediendo a las propuestas de los demás grupos políticos que han apostado por entregarle al oficialismo, una vez más, la oportunidad de manejar este poder del Estado.

Isla viene desarrollando una capacidad de despliegue político. Con astucia, caminando por los costados, esperando con paciencia acercarse al gallinero. En esto se parece más al zorro que a cualquier otro animal político. No es águila, ni tigre. Es sagaz y paciente. Habrá que ver si también es consecuente con la palabra empeñada.

Entre la fe y la confianza

Dos titulares de los últimos días aluden la necesidad de una especie de intervención divina en la solución de los problemas de Cajamarca. “ Conga en manos de Dios”, afirma Diario 16 (7/07/2012). “El país espera un milagro de padres Cabrejos y Garatea”, titula La República (9/07/2012).


Más allá del uso en sentido figurativo del origen de los interlocutores del gobierno nacional y gobierno regional, sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, respectivamente, es notorio el sentimiento de esperanza que expresan ambos titulares en torno al inicio de las conversaciones en Cajamarca.


El hecho es que ante el desgaste y falta de interlocutores válidos del gobierno, es la hora de los representantes de la Iglesia Católica. Sin embargo, más que una cuestión de fe, lo que se debe recuperar primero en esta nueva etapa es la confianza.


La confianza es un punto de equilibrio crítico en la cadena de negociación. Sin ella, no es posible llegar a acuerdos. Y en exceso, se puede caer en la autoconfianza que puede llevar al abuso o imposición extrema.


Fue lo que ocurrió con Valdes y Santos. Enfrentados, cada uno en posiciones extremas, sin confiar el uno en el otro, mantuvieron sus posturas de manera inflexible, sin moverse un milímetro de sus planteamientos iniciales: Conga va y Conga no va.


La expresión máxima de ambas posturas ha sido: paro general por un lado y Estado de emergencia por el otro.


De manera que lo primero que se tiene que construir, como decíamos en el post anterior, es la confianza.


Monseñor Cabrejos tiene que construir confianza con los dirigentes de Cajamarca para poder ser un interlocutor válido del gobierno y lograr que el pueblo de Cajamarca le crea. Lo mismo pasa con Gastón Garatea. Debe ganarse la confianza del gobierno para poder interceder en los reclamos del pueblo de Cajamarca.


La mejor negociación no es aquella en la que una de las partes gana todo y la otra pierde todo. Esa podría ser también una imposición en base a la fuerza.


La negociación eficaz es aquella que primero identifica con claridad las aspiraciones de las partes y las acerca, permitiendo su procesamiento en el tiempo.


Tanto como la confianza son importantes la credibilidad de los interlocutores y el clima adecuado para las negociaciones. No se puede negociar con una bayoneta en el pecho. Tampoco con representantes carentes de una buena reputación.


En el caso de los sacerdotes Cabrejos y Garatea, su credibilidad es  un punto a favor. En sociedades con instituciones precarias y de fuerte tradición religiosa como la nuestra –sobre todo en el interior del país–  los representantes de Dios tienen una mejor hándicap que el resto de mortales.


En cuanto al clima de negociación, debe superarse la situación  de paro indefinido y Estado de Emergencia. Quizás ese sea el primer gesto para iniciar formalmente las conversaciones.

Entonces, más que una cuestión de fe, la negociación es antes que nada una cuestión de confianza.

Los negociadores propuestos por las partes deben construir confianza en un clima adecuado y en medio de presiones naturales o forzadas de uno y otro lado que promueven la desconfianza. Las crisis sociales son, por lo general, fuente de cambios violentos, desconcierto y pérdida profunda de credibilidad.

Es necesario, por ello, regresar al camino de la cordura y salir del entrampamiento en que nos encontramos.

Gestionar el conflicto, manejar la negociación, identificar los puntos de la agenda negociadora y arribar a acuerdos en el tiempo, constituyen todos aspectos más que de técnicas, de voluntades, de voluntad política que, en la práctica, es la capacidad de pensar diferente y hacer un esfuerzo por entender lo que el otro propone.

Adiós, señor Valdes

Siete meses después de juramentar el gabinete Valdes, con el saldo de 17 muertos, víctimas de la represión de las Fuerzas del Orden en conflictos socioambientales, cinco de los cuales se produjeron en los últimos dos días de violencia en Celendín y Bambamarca, el presidente Humala decidió salir de su incómodo silencio para anunciar que el Ejecutivo propone a monseñor Miguel Cabrejos como mediador en el conflicto por el proyecto Conga.

Una respuesta positiva, aunque tardía, tristemente tardía.

El presidente regional de Cajamarca, Santos, ha aceptado la participación de monseñor Cabrejos y  ha presentado a su vez como su representante al padre Gastón Garatea, propuesto ayer como mediador por Alejandro Toledo.

La primera víctima de esta nueva etapa de diálogo que se abre en Cajamarca es el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdes.

Sin juego alguno que no sea la posición inamovible del uso de la fuerza pública y legal, Valdes, sintomáticamente fue desautorizado anoche  por la vicepresidenta Marisol Espinoza quien insinuó que había perdido su capacidad negociadora.

"Tú no puedes sentarte a la mesa con sectores o con alguien que no es visto con confianza… si realmente queremos encontrar una solución o salida, entonces no podemos empecinarnos en colocar a alguien que en este momento ha recibido cuestionamientos por parte de la población", señaló.

De esta manera, la figura principal del Ejecutivo terminaba su función. Se ha despojado del principal valor que encierra un cargo como el que tiene: confianza.

Confianza para gestionar el conflicto y sacarlo del punto de quiebre en que se encuentra, afectando seriamente al gobierno de Ollanta Humala.

Confianza para resolver los temas calientes que amenazan con prenderse en diversos puntos del país.

Confianza, en suma, como dice la vicepresidenta, para sentarse  la mesa y dialogar con los sectores en conflicto.

Así, siete meses después, Conga vuelve al punto en que lo dejó el ex premier Salomón Lerner Ghitis.

El Presidente Humala debe ahora determinar el momento del cambio del primer ministro y recomponer su gabinete.

¿Antes o después del Mensaje a la Nación de 28 de Julio? Sería ideal que fuera un poco antes. El gabinete que lo acompañe al Te Deum y a las actividades protocolares de Fiestas Patrias debiera tener un nuevo rostro, renovado y de ancha base.

Pero no tendría nada de malo tampoco hacerlo inmediatamente después del mensaje presidencial para despedir a sus colaboradores con honores y salva de cañonazos –literalmente– y mantener el control de la agenda mediática con el anuncio de los cambios.

Lo que no podrá hacer más el presidente Humala, es sostener a Valdes… como hasta ahora lo ha venido haciendo. El costo de persistir en este modelo es demasiado alto y empieza a afectar al propio jefe del Estado.

Minería y Estudio de Inclusión Social

Una propuesta interesante ha surgido desde la empresa privada peruana que el gobierno bien podría tener en cuenta para aterrizar la propuesta de inclusión social en las poblaciones con recursos naturales que rechazan -muchas veces de manera violenta-, la inversión y extracción de sus riquezas.

Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de CESEL, ingeniero de gran experiencia en obras de infraestructura en nuestro país, ha propuesto que así como es requisito obligatorio para aprobar la viabilidad de un proyecto, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, se realice una especie de Estudio de Inclusión Social de carácter vinculante que asegure a las comunidades los beneficios del desarrollo, las cuales se comprometen a respetar el proyecto en todas sus fases.

Delgado Sayán sostiene que, actualmente, el mayor problema a superar en cualquier proyecto de inversión que tenga como escenario las comunidades altoandinas o amazónicas del país se encontrará con un primer escollo que es la madre de todos los problemas futuros: la desconfianza.

Los pobladores desconfían de las empresas que por lo general llegan a sus tierras, explotan sus riquezas, dañan el medio ambiente y se van sin dejar nada a las poblaciones del área de influencia del recurso.

En lugares donde el Estado por lo general también está ausente, es muy difícil lograr desarrollar lazos de confianza y respeto entre los actores locales, los representantes de la empresa y la institucionalidad oficial.

¿Cómo hacer para romper con esta tendencia histórica de explotación y pobreza; de desarrollo y riquezas para unos y atraso y pobreza para otros?

La propuesta señala que se debe realizar un estudio profundo, exhaustivo,  de planificación del desarrollo sobre la viabilidad de la comunidad en las tres fases del proyecto: exploración, explotación y cierre de la mina.

El Estado invertirá en infraestructura básica, la empresa privada adelantará sus ganancias y formará el recurso humano necesario para la etapa de funcionamiento del proyecto y realizará los planes y prospectos para potenciar e identificar nuevas actividades económicas.

La población se preparará entonces para recibir los beneficios antes de la fase de explotación del recurso y, sobre todo, tendrá claro que la actividad minera no será para toda la vida, por lo que deberá adecuarse para la fase de cierre de la mina buscando otras alternativas económicas y de mercado.

Para evitar que alguna de las partes incumpla su palabra se firmaría este Estudio de Inclusión Social que sería vinculante para las partes: Estado, Empresa y Comunidad. Esta experiencia, en parte, se realizó con las comunidades de Grau y Cotabambas en Apurímac con el Proyecto Minero Las Bambas.

Fue arduo el trabajo de sensibilización y negociación que el 2004 realizó el Estado para convencer a estas comunidades andinas de lo conveniente que era para ellos la explotación de este proyecto cuprífero de más de 4, 200 millones de dólares de inversión.

Nació así la idea de crear un Fondo Fideicomiso de 45 millones de dólares, convertido hoy en el Fondo Social Las Bambas de 63 millones de dólares para construir colegios, postas médicas, instalar agua y desagüe, y capacitar al recurso humano necesario para las actividades mineras.

La propuesta de un Estudio de Inclusión Social se desprende de esta experiencia.

Las comunidades no protestan por violentas o radicales. El caldo de cultivo de esa conducta quizás se explique en la desconfianza histórica instalada en su memoria colectiva, lo que las impulsa al grito desesperado de no ser actores del desarrollo.

El restablecimiento del CND

El presidente Ollanta Humala recibió en Palacio a 20 de los 24 presidentes de los gobiernos regionales quienes le expresaron el respaldo a su gobierno y a la democracia. Los llevó el presidente del Congreso,  Daniel Abugattas, apenas tres días después que Gregorio Santos, representante regional de Cajamarca, públicamente llamara a “sacar” al primer mandatario de sus funciones.

Ha sido una buena reacción del presidente del Congreso, pero, mejor, el cambio de opinión del Presidente de la República. Pocos días atrás, Alejandro Toledo le proponía a Humala, como salida a la crisis por conflictos sociales, restituir el Consejo Nacional de Descentralización (CND), una instancia de coordinación y espacio de diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales creado por el gobierno de Toledo.

En esa oportunidad, el presidente Humala rechazó de plano la idea y se mostró desconfiado de institucionalizar el diálogo de manera permanente. “Eso sería como tener un sindicato de presidentes regionales que presentan su pliego de reclamos para negociar en bloque; no Alejandro, de ninguna manera”, dijo el Presidente Humala.

Evidentemente era un error de visión. Crear canales de diálogo y concertación es la característica de la democracia. Lo ha demostrado la reunión de presidentes regionales. “Las elecciones terminan cuando se cuenta el último voto, de ahí para adelante debemos trabajar en equipo (...) No podemos perder más tiempo en confrontaciones”, señaló el coordinador de la Asamblea General de Gobiernos Regionales (ANGR), César Villanueva.

La ANGR es una sociedad civil creada para impulsar el proceso de descentralización y representar a los gobiernos regionales ante el gobierno nacional. No es una instancia impulsada desde el Estado; ésta era el CND, donde existían representantes de los tres niveles de gobierno y que actuaba como mecanismo de distención ante los conflictos sociales, pero, más importante aún, era el rol de acompañamiento y fortalecimiento del proceso de descentralización.

En las últimas semanas, desde el gobierno, sólo se ha escuchado críticas a este proceso. Desde cambiarles la denominación de presidentes regionales a gobernadores, su poca capacidad de gasto, la baja calidad de los servicios públicos a su cargo, hasta la posibilidad de abrir proceso al más rebelde de todos, el presidente regional de Cajamarca.

Tener una instancia de diálogo permanente, que sea parte de la estructura del Estado para escuchar a los niveles subnacionales de gobiernos en la instancia nacional no es formar un sindicato o una federación de protestantes. Es incorporar una práctica democrática al proceso de toma de decisiones. Es desarrollar un mecanismo de interrelación que puede servir para cosas como las que hicieron esta semana los presidentes del Congreso y de la República: reunirse, conversar, proponer, debatir, acordar. En suma, hacer política.

Las reformas políticas y administrativas que requiere el Estado,  la reforma del canon y su redistribución a nivel nacional, incluyendo aquellas regiones que no tienen recursos naturales, bien pueden ser discutidas en una instancia de este tipo desarrollando estrategias de coordinación y colaboración efectiva donde puedan debatirse políticas y estrategias que acerquen y construyan en lugar de confrontar como hasta el momento parece ser la lógica de uno y otro lado.

¿Ya ve presidente Humala? Sentarse en una mesa a conversar no es malo. Y hacerlo de manera permanente, mejor aún. Desde esta perspectiva, aquí tiene usted una idea que puede incluir en su mensaje de 28 de julio: restituya el CND y, si teme que alguien le recuerde que este mecanismo fue creado en el gobierno de Alejandro Toledo, no se preocupe; cámbiele de nombre. Lo importante es que el Estado recupere sus mecanismos de interlocución y representación para, de manera civilizada, asumir los problemas del país y arribar a  soluciones razonadas y consensuadas.

No se aisle, Presidente

El país ha ingresado a una etapa de confrontación muy complicada. En Cajamarca, los colegios están cerrados, los negocios igual. Las carreteras se cierran por zonas. Hay piquetes de revoltosos dando vueltas por allí. En otras provincias como Celendín o Bambamarca, la cosa luce peor.

En Espinar, Cusco, no hay autoridad con quien dialogar; su alcalde está preso en Ica. En diversos puntos del país se registran movilizaciones en apoyo a Espinar y Cajamarca.

El partido de gobierno ha perdido tres congresistas. Y se teme que otros dos se sumen a la diáspora política, generando incertidumbre ante la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

En suma, un sistema democrático que es arremetido por fuerzas políticas radicales, obtusas, y un Poder Ejecutivo jaqueado, sin capacidad de respuesta. ¿Qué hacer? ¿Qué debiera hacer el Presidente de la República?

Dos consejos, Presidente. Uno, dialogue con el pueblo. Dos, actúe políticamente.

En el primer caso, explique usted el cambio que ha tenido. Su pensamiento inicial se ha transformado en el poder. Ha madurado. Bien, explíquelo. Dígale usted al pueblo los beneficios de la inversión, de la gran minería.

Haga docencia. Lidere la Nación. Díganos con claridad a dónde vamos, qué idea de país tiene ahora y a dónde lo quiere llevar. Puede hacerlo de a pocos, como ahora en la inauguración de agua potable en Villa María del Triunfo.

También puede viajar a diferentes puntos del país y tener contacto directo con la gente. Hable con el pueblo. Explique las cosas difíciles en términos sencillos. No tenga miedo. Hablando se entiende la gente.

Puede usar el mensaje a la Nación, aunque, la verdad, creo que ese formato acartonado no va con usted. Endurece su lenguaje.

En el segundo caso, haga política. Reúnase con sus congresistas. Con sus ministros. Convoque a especialistas. Conozca. Analice. Ejecute. Y delegue. No pretenda inmiscuirse en pequeños detalles. Dar instrucciones no significa manejar directamente las cosas.

Concerte. Persuada. Negocie. Conceda. No sólo exija. Mande. Ordene. O Imponga. La política implica trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

Lo que no puede hacer, Señor Presidente, es esconderse. Encerrarse. Quedarse en Palacio. O contentarse con los twitts de su esposa o, ahora, del Primer Ministro.

No puede tampoco permanecer en silencio forever. Su silencio tiene un límite. Usted sabe que los problemas no se resuelven ignorándolos; sino afrontándolos.

Olvídese de las encuestas. Hable. Viaje. Explique. Convenza. No hacerlo, alimentará el clima político; enrareciéndolo. En serio, presidente, no se aisle.

Espinar, la fuerza, el miedo y la violencia

La forma como el gobierno encaró la protesta de los pobladores de Espinar ante la empresa minera Xtrata Tintaya, revela un modelo que ya se vio antes en Cajamarca por el tema Conga: romper el diálogo, decretar el estado de emergencia, bloquear las cuentas municipales y procesar judicialmente a los líderes locales acusados de azuzadores y revoltosos.

Estamos ingresando ante un modelo de gobierno asentado en la fuerza antes que en el diálogo. La fuerza pública acompañada de la fuerza de la ley. El modelo Valdes.

La forma cómo se apresó al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca es sintomática. Un grupo de policías ingresó a la municipalidad provincial y lo sacó a la fuerza para entregarlo al Ministerio Público.

El alcalde fue denunciado por delitos contra la seguridad pública, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y apología del delito. En tiempo record, fue trasladado de jurisdicción y terminó encarcelado 5 meses –de manera preventiva– en el penal de Cachiche de Ica, mientras dura el proceso judicial.

Espinar marca un punto de quiebre en la relación Estado – conflictos sociales.  

El presidente Humala parece haber llegado a la conclusión de que existe una acción coordinada de fuerzas políticas que conspiran contra su gobierno camufladas en un discurso de defensa medioambiental cuando en realidad se oponen ideológicamente a cualquier tipo de inversión privada.

La dificultad de esta forma de pensar es que confunde el accionar violento de las dirigencias de problemas reales de la población: estado ausente en las zonas de influencia de la minería, empresas desvinculadas de programas de desarrollo, falta de información sobre impacto real de las actividades extractivas en las comunidades.

La intermediación del Estado en la resolución de los conflictos sociales es una falencia. Esta tarea está en manos del presidente del Consejo de Ministros, pero ni él ni la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales parecen darse abasto para encontrar soluciones negociadas.

La negociación es un proceso de larga maduración. No es una solución inmediata a un problema desbordado. Se requiere voluntad de ambas partes y metodología para acercar posiciones. Pretender el uso de la ley y la fuerza pública en una situación de conflicto, muchas veces, no abre, sino cierra las puertas a la negociación. El actual procedimiento adoptado por el gobierno en el caso de Espinar marca la pauta de enseñar a través del miedo. Pero el miedo es un estado de perturbación que llevado al extremo puede generar una salida aún más violenta.  

Encuentro, acuerdos y desacuerdos

La reunión del Presidente Ollanta Humala y del ex presidente Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno, siendo un acto democrático, usual en un país civilizado, ha sido tomada por los demás grupos políticos bajo sospecha.

Una conversación alturada, donde se trataron diversos temas de agenda nacional, con franqueza y seriedad, ha sido resumida a tratativas para obtener cupos para la Mesa Directiva del Congreso.

La agenda política fue por un lado y la agenda mediática la cambió por otro.

Bajo la modalidad de 1 + 1, los líderes de Gana Perú y Perú Posible conversaron en estricto privado. Después de más de dos horas, se unieron dirigentes políticos de ambas agrupaciones: Javier Reátegui, Carlos Ferrero, Marcial Ayaipoma, Carmen Omonte y Luis Thais por Perú Posible y Freddy Otárola y Víctor Isla por Gana Perú.

Los temas conversados fueron de índole nacional: el accionar del narcoterrorismo, los conflictos sociales y las inversiones mineras, las relaciones Perú – Chile y el fallo de La Haya, el aumento salarial a las Fuerzas Armadas y Policiales.

La tónica que usó Perú Posible en esta parte de la reunión fue de absoluta franqueza y crítica constructiva y directa de estos primeros once meses de gobierno.

El presidente escuchaba y tomaba nota de cada una de las recomendaciones que planteaba la dirigencia de PP.

Al final, Ollanta Humala hizo una síntesis precisa de cada una de las intervenciones y repitió pormenorizadamente las observaciones y propuestas que le hicieron, denotando agudeza, inteligencia, memoria y capacidad de síntesis.

Quedaba claro que la invitación del Presidente Humala fue a Perú Posible.

Nada de lo que se dijo semejaba a una toma y daca. Ningún atisbo de negociaciones debajo de la mesa. Al salir a la prensa, el ex presidente Toledo reiteró que Perú Posible no apoya al gobierno, sino a la gobernabilidad. Esto en buen cristiano significa que PP apoya todo aquello que considere positivo para el país y que se opondrá a lo que sea contrario a este propósito.

Perú Posible –lo dijo también Toledo en la rueda de Prensa– renunció hace tiempo a participar en el Ejecutivo, sea asumiendo ministerios, embajadas u organismos públicos en general.

Su ámbito de acción se limitará al Poder Legislativo y, en ese contexto, pensando en lo que para él mismo significó la conducción del país en el quinquenio 2001-2006, admitió haber conversado con el presidente Humala sobre la futura Mesa Directiva del Congreso y opinó que sería conveniente que el partido de gobierno continuara al frente del Poder Legislativo con los respectivos contrapesos. Eso fue todo.

¿Se adelantó Toledo en hacer este anuncio? ¿Debió consultarlo previamente con su bancada? Si Toledo debió decir o no su posición es un cálculo que no tuvo en ese momento, pero no deja de ser la posición del líder de la agrupación convocada a Palacio de Gobierno.

Toledo habló en representación de Perú Posible. ¿Puede alguien dejar de reconocerle ese derecho? Como acaba de decir el propio presidente Ollanta Humala, “Perú Posible es el buque insignia que hizo el trabajo a nivel nacional para lograr esa importante votación que tuvieron, que permitió que otros partidos se beneficiaran yendo al Congreso”.

Por otro lado, discrepar o asumir caminos diferentes no debe sorprender a nadie. Es parte de la vida política y de los objetivos planteados por cada estructura partidaria. Si los intereses no sólo difieren, sino que son contrapuestos o irrenunciables, entonces, no hay más remedio que sancionar las diferencias y resolver la alianza política, sin traumas ni rencores, sino con madurez, altura y respeto. El país necesita políticos maduros. Los aliados democráticos de hoy no pueden volverse enemigos acérrimos del mañana. Simplemente eligen su propio camino en pos de un mismo objetivo.

La responsabilidad política

La renuncia de los ministros de Defensa e Interior, Alberto Otárola y Daniel Lozada, respectivamente, evitó que el Congreso pudiera sancionar la responsabilidad política de los ministros, frente al cúmulo de errores cometidos en el manejo y conducción de la crisis política generada por el golpe militar del narcoterrorismo a las fuerzas del orden en un nuevo teatro de operaciones; la selva del Cusco, vecina al VRAE.

No es fácil definir la responsabilidad política. La doctrina reconoce diversos tipos de responsabilidad: personal, institucional, legal y política, entendiéndose ésta última como aquella que tiene todo actor político por acción u omisión dentro del área de poder que ejerce.

La responsabilidad política se asume aún cuando quien la detente no haya intervenido directamente en los actos sujetos de enjuiciamiento. De ahí que desde el presidente de la República hasta el último de sus funcionarios sean responsables de sus actos en proporción a la cuota de poder que ejercen.

La responsabilidad política tiene instrumentos jurídicos de defensa y sanción en el Poder Legislativo y/o Judicial, dependiendo del alcance y gravedad de la infracción, pero también puede ser valorada por los ciudadanos mediante la opinión pública que, por lo general, es la primera que sanciona.

El juzgamiento político es por faltas políticas. En el caso de los ministros de Defensa e Interior se juzgaba su tardía y equivocada toma de decisiones al momento de encarar la crisis en la selva cusqueña, su nula política comunicacional, su triunfalismo, pero sobre todo su fallida estrategia militar policial –ingresar en caliente a un terreno desconocido que el enemigo domina– y el elevado costo de vidas humanas que tuvo el resultado de las operaciones desplegadas.

La responsabilidad política es moral y no jurídica.  Se juzga al hombre de Estado por sus actos de gobierno, al político que responde ante la ciudadanía y sus representantes.

Los errores políticos de los ministros debían pagarse políticamente. Su imagen pública había sido seriamente mellada y, lo que es peor, habían perdido la autoridad necesaria para llevar adelante sus sectores.

El Congreso hizo cuestión de estado respecto a la discusión de la moción de censura presentada por cinco de las seis bancadas y pusieron contra la pared la decisión final de los ministros.

El único camino que les quedaba para saldar su responsabilidad política era la renuncia. Y así lo hicieron, sin pena ni gloria, poco antes del mediodía de ayer, ante la presidenta encargada del despacho, Marisol Espinoza, en ausencia del presidente Ollanta Humala, de viaje en Japón y Corea. Los hombres pasan, las instituciones quedan.

Toledo y las FF. AA. : Ataque y Defensa

Cada cierto tiempo, el gobierno de Alejandro Toledo recibe dos ataques: 1) Que disminuyó el presupuesto de las Fuerzas Armadas con lo cual se bajó la guardia en la lucha antiterrorista y 2) Que liberó a terroristas.Quienes sostienen estas falacias son siempre los mismos: dirigentes ligados al fujimorismo y/o ex miembros de las Fuerzas Armadas que se sometieron a la cúpula de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

Debemos aclarar ambas cosas porque forman parte de un mismo objetivo: demostrar que el gobierno de Toledo fue débil ante el terrorismo al tiempo que se busca reforzar la idea de que fue el gobierno de Fujimori  el que “derrotó” la subversión. Una conversación con el general Roberto Chiabra permite aclarar y explicar este tema.

El antecedente histórico precisa que después del gobierno militar de los setenta ningún gobierno realizó en serio un programa de reposición de armamento defensivo en las Fuerzas Armadas. Las últimas compras importantes datan de esa época, principalmente de origen ruso. En la mitad de los ochenta, Alan García, unilateralmente, decidió no comprar 12 aviones Miragges, elemento ofensivo que hubiera resultado decisivo en los noventa cuando Ecuador nos invadió.

En  1991 –en pleno gobierno de Fujimori– se produjo el incidente con el Ecuador en el Cusumasa-Bumbuiza, lo que nos obligó a firmar el Pacto de Caballeros (Torres y Torres Lara). Meses después de este problema, el comandante general del Ejército Gral. Torres Aciego, dirigió una carta al ministro de Economía, Carlos Boloña, solicitando presupuesto para renovación de equipo militar. Nunca respondió.

Para entonces, la capacidad operativa de las FF. AA. estaba en el suelo. Cuatro años más tarde, en 1995, estalló la Guerra del Cenepa con el Ecuador. ¿Estaban debidamente equipadas nuestras fuerzas? No. Por esa razón aceptamos el kilómetro cuadrado de Tiwinza sea de propiedad ecuatoriana, aunque con soberanía peruana. Finalmente, cuando en 1998 se firmó el Acuerdo de Brasilia que sellaba de manera definitiva la paz con el Ecuador, Fujimori  afirmó que ya no se tenían  temas pendientes con los países vecinos.

Esta declaración fue un falso triunfalismo. No se dijo que faltaba aún definir nuestro límite fronterizo marítimo en el norte y en el sur. Y como no existían –según el gobierno de Fujimori– problemas con nuestros vecinos, no se renovó el material de guerra.

Peor aún, un año después de la paz con Ecuador, el  14 de Noviembre de de 1999 se eliminó el Servicio Militar Obligatorio y se creó el Servicio Militar Voluntario (Ley 27178). Ese mismo año, se recortó el presupuesto de las Bases Contrasubversivas, el cual en un 90% era para sostener los vuelos de helicópteros, ya que dichas bases abastecían su logística por vía aérea.

En consecuencia, fue el gobierno de  Fujimori el que destrozó el Ejército y su capacidad operativa.

En diciembre de 1999, con la nueva ley del Servicio Militar Voluntario, no se presentó nadie a los cuarteles. El error de Fujimori y Montesinos fue anunciar con fines políticos que se había obtenido la paz externa e interna, no renovar equipos y no consolidar la victoria militar.

Respecto a la acusación que se hace del gobierno de Alejandro Toledo de haber reducido el presupuesto y haber cerrado bases antisubversivas en el VRAE, también es conveniente explicar lo siguiente: cuando llega Toledo el país estaba en recesión. Las Fuerzas Armadas habían sufrido un proceso de politización durante el gobierno de Fujimori y Montesinos que las había desgastado profesional y moralmente tras la caída del régimen. Era necesario recuperar la institucionalidad, honorabilidad  y profesionalismo de las FF.AA.

Con este propósito, el 2001 Toledo nombró una comisión especial a cargo del Primer Ministro, civiles reconocidos y ex comandantes generales de las tres armas. 600 oficiales pasaron al retiro en un año. Toledo pagó un costo social en este sentido. La sociedad aplaudió esta medida, por eso es que se puede afirmar sin temores ni cortapisas que el gobierno de Toledo democratizó, despolitizó y profesionalizó a las FF.AA.

Es necesario recordar que durante el Gobierno del Presidente Toledo se compró para la Marina de Guerra 4 Fragatas Lupo; se aumentó el rancho de los soldados de 2.90 soles (desde la época de Fujimori) a 6.90 soles (cantidad que se mantiene hasta hoy); se creó el Fondo de Defensa y Seguridad Ciudadana con el 30% de las regalías del Lote 56 y el 40% de las regalías del Lote 88; se repararon 13 motores de helicópteros que hasta hoy están operativos.

Respecto a las bases antisubversivas, a partir del año 2000 los senderistas cambian de estrategia; dejaron de atacar blancos civiles. Todos los ataques desde ese año a la fecha son contra las Fuerzas del Orden. En ese contexto, se abrieron en el VRAE dos tipos de Bases Antisubversivas. a) Fijas: en colegios, postas médicas, estadios. Y b) Temporales: de construcción precaria, hecha por los propios soldados.

Cuando se anunció el fin de la guerra interna y externa, previa a la campaña de re-reelección del 2000, fue que empezó a entregarse las bases fijas. Se entregan los colegios, las postas médicas, los estadios, medida que continuó en el gobierno de Paniagua y Toledo. El año 2002 el ahora congresista Carlos Tubino, era Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto y él sabe que se hizo la Operación Reencuentro que consistió en instalar 4 bases en la zona del Ene y 1 base en Apurimac. Esa es la verdad.

En el gobierno de Toledo, además, se realizaron elecciones municipales, regionales y nunca hubo actos terroristas o atentados a candidatos o a los procesos que fueron, como siempre, resguardados por las FF.AA. Entonces, ¿dónde está que el gobierno de Toledo fue débil con la subversión? ¿Dónde que no se reforzó el equipamiento? ¿Quién fue el que verdaderamente afectó a las FF.AA. politizándolas, utilizándolas y mellándolas moralmente? ¿Dónde están ahora aquellos generales victoriosos que lucraron con compra de armas de última hora? ¿Dónde están aquellos miembros de las FF.AA. que convirtieron a sus patrullas en escuadrones de la muerte? ¿No están acaso en San Jorge? ¿Y quién es el responsable político de esos uniformes manchados?

Primicia en la zona de combate

La difusión en medios televisivos y prensa del encuentro que un grupo de periodistas tuvo, de manera casual, con el cabecilla del operativo militar neosenderista en Kepashiato ha irritado al gobierno.

Al punto que el ministro de Defensa y otros voceros del oficialismo sostienen que la prensa se excedió en el tratamiento de la información, en especial, debido a las declaraciones del camarada Gabriel ufanándose del asesinato de soldados y policías.

Una vez más se pretende sancionar al mensajero de la noticia.

La prensa tiene como razón de ser informar. E informar con la verdad. El encuentro con el grupo terrorista constituye, desde todo punto de vista, una primicia, aún cuando haya sido compartida por más de un medio de comunicación.

El valor del material periodístico obtenido consiste en haber mostrado de manera desnuda el verdadero rostro del grupo de senderistas de neo cuño que subsisten en esa zona del país. El camarada Gabriel ha revelado su entraña asesina, cínica y fría, lo que a su vez ha permitido que, por contraposición, la población los rechace y se solidarice con los soldados y policías muertos y heridos.

El sistema de inteligencia tiene ahora material actual para hacer su trabajo. Tiene datos precisos de rostros, armas, sistemas de comunicación, desplazamientos, organización y mandos.

Puede que el hecho que un grupo de periodistas haya encontrado al camarada Gabriel en un punto cercano a Las Lagunas –centro de las acciones armadas de los últimos días– sea leído como un golpe a la moral de las fuerzas del orden. Pero no es así.

El encuentro periodístico tiene un valor informativo como cualquier otro producido entre dos fuerzas en conflicto en cualquier parte del mundo.

Además, si la zona era considerada un teatro de operaciones militares, en la práctica, no funcionaba de esa manera. Los periodistas no encontraron puntos de control en la carretera. Se desplazaron por más de cinco horas sin que en el camino de ida o al regreso se encontraran con algún destacamento militar.

Pero lo más valioso de la información periodística es que si el camarada Gabriel pensó utilizar a los medios de comunicación como cajas de resonancia para difundir su mensaje y ganar adeptos a su causa, se equivocó. La prensa no maquilló sus declaraciones y lo mostró tal cual. Un tipo curtido y pervertido por los horrores de la guerra. Hosco. Dogmático. Sin una pizca de humanidad, ni dolor, ni arrepentimiento, ni perdón, ante la muerte ocasionada.

Guerra de Baja Intensidad en el VRAE

El uniforme comando que vistió el presidente de la República simboliza la decisión de ponerse al frente de las operaciones militares contra los terroristas que huyen en la selva cusqueña luego de liberar a 36 rehenes de las empresas de gas de la zona.

Es su trabajo.Quizás donde mejor se siente. Analizando información. Dando órdenes. Desplegando tropas. Disponiendo medios. Ejecutando planes. Desarrollando estrategia.

A juzgar por las informaciones de los medios, la segunda fase del Operativo Libertad son acciones militares de “ablandamiento” y “persecución”; esto es bombardeos y ametrallamientos desde el aire y sembrado de patrullas o grupos operativos en diversos puntos del escenario en búsqueda del enemigo.

Los primeros estragos de esta dura etapa empiezan a sentirse. Ha habido enfrentamientos y bajas en Ayacucho, Huancavelica; y desplazados civiles en la zona de Lagunas, Echarate en la Convención, Cusco. El teatro de operaciones abarca, cuando menos, tres regiones.

Estamos -como bien dice el General Roberto Chiabra-, ante un conflicto de baja intensidad.

De acuerdo a los manuales militares, existen dos tipos de conflicto armado: la Guerra Regular y la Guerra de Baja Intensidad. La primera es entre ejércitos reconocibles que dominan partes de un territorio. La segunda tiene tres modalidades: Subversión (busca conquistar el poder; Narcotráfico (busca obtener dinero) y Terrorismo (busca golpear el poder).

El enemigo es una banda armada, con un discurso ideológico, pero cuyo objetivo principal –tomar el poder- ha sido cambiado por el soporte armado que brinda al narcotráfico. Ellos le llaman a eso “impuesto de guerra”, pero, aún cuando levanten el puño y entonen canciones por la liberación popular, han perdido su raíz ideológica. No buscan ya conquistar el poder, sino, ganar dinero.

De ahí que sus principales demandas en el reciente suceso de toma de rehenes en Kepashiato haya sido la recompensa monetaria. A cambio de la liberación de los rehenes, las huestes de los Quispe Palomino exigían a las empresas 1 millón 200 mil dólares mensuales. No reivindicaban la libertad de ninguno de sus compañeros presos, menos de Abimael Guzmán a quien consideran un traidor, ni de Artemio a quien ven como competidor.

La banda armada de los Quispe Palomino cuida su territorio; las rutas de acceso, paso y salida de la droga que se produce en esa zona. La solución por lo tanto no es sólo militar. Es social. Se necesita presencia del Estado.

El Modelo San Martín -cultivos alternativos como cacao y café por coca-, no funciona en el VRAE porque allí no existe carretera para transportar los productos. Tampoco hay escuelas, ni hospitales, ni agua, ni desagüe. Sólo existe coca y de muy buena calidad.

No se trata, por eso, de aumentar bases militares en Vizcatán. Mantenerlas es costosísimo. Hombres, pertrechos y alimentos deben llevarse usando helicópteros y mover éstos semanalmente equivale a una fortuna. Además, está el inconveniente del aislamiento que favorece ataques y emboscadas sorpresivas.

La guerra se gana psicológica y militarmente, pero la victoria se sostiene social y políticamente. Es momento que el Estado haga su tarea.

Rehenes de la información

¿Rescate?, ¿liberación?, ¿negociación?, ¿escape? A 24 horas de finalizada la libertad de 36 trabajadores tomados en rehenes por sendero en Kepashiato, Camisea, Cusco, no se puede saber con exactitud qué pasó. Las informaciones en los medios son confusas. Y las declaraciones oficiales aún más. Se ha completado la operación para liberar a los secuestrados, pero la ciudadanía sigue siendo rehén de la información.

Mientras desde el lado oficial se afirmaba que el “rescate” de los trabajadores fue producto de la presión de las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional, los propios trabajadores señalaban una “liberación voluntaria” de sus captores.

La alta cifra de muertos y heridos de las Fuerzas del Orden puede ayudar a inferir que hubo un poco de todo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desarrollaron un operativo de cerco por aire y tierra que incluyó helicópteros artillados.

El despliegue originó una presión sobre los perseguidos y las ráfagas de balas disparadas desde el aire produjeron confusión entre captores y rehenes, lo que fue aprovechado por un grupo de estos últimos para escapar. Posteriormente, los terroristas prepararon su huida, minaron el camino y decidieron soltar a los trabajadores.

Los resultados son terribles: 2 suboficiales Ejército, 1 de la Policía, fallecidos, 2desaparecidos y 10 soldados heridos, producto de minas antipersonales colocadas alrededor del helicóptero en que pereció abatida la capitana PNP Nancy Flores Paucar, que se intentaba rescatar.

En esta circunstancia, no se puede decir que el Operativo Libertad haya sido ejemplar, como se apresuró a decir el presidente de la República.

¿Hubo negociación? Hasta el momento, no es posible afirmarlo o desmentirlo. La empresa y el gobierno lo niegan. Sin embargo, allí están las conversaciones entre los senderistas y representantes de las empresas -grabadas por un medio de comunicación- que demuestran que, al menos, hubo contacto radial entre secuestradores y empresas.

Lo único que queda claro es la desinformación que hubo desde un primer momento en este tema. El manejo informativo del gobierno fue deplorable. Pese a que se conocía que los rehenes fueron liberados la madrugada del sábado, hasta pasado el mediodía, no se confirmaba nada generándose angustia en los familiares y especulación de todo tipo en medios y redes sociales. Se organizó un comando operativo, pero no un comando informativo. Y bien sabemos que cuando se cierran las puertas de la información se abren las ventanas anchas de la especulación.

Bolivia, Chile, La Haya y un embajador en funciones

Marcación. Cada cierto tiempo los medios chilenos sorprenden con publicaciones de este tipo y presentan al Perú y sus agentes diplomáticos como elementos perturbadores de las relaciones internacionales entre Perú, Chile y Bolivia. La más reciente publicación es del diario La Tercera que acusa al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros de ser una especie de autor intelectual del giro que asumiría Bolivia en su legítimo reclamo de salida al mar al estudiar una posible demanda del país altiplánico a Chile ante La Haya. A continuación reproducimos el artículo completo de La Tercera así como la respuesta del embajador peruano.


Chile-Bolivia: la última jugada de Perú en La Paz

(La Tercera / Por: Francisco Artaza) El embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros, uno de los asesores de Humala en la demanda ante La Haya, viajó a La Paz, para exponer sobre los caminos jurídicos de Bolivia para alcanzar una salida al mar. Su intervención terminó en un reclamo del canciller Alfredo Moreno.

El 23 de marzo pasado, al término del discurso del Presidente Evo Morales por el Día del Mar, la embajadora de Perú en Bolivia, Silvia Alfaro, cruzó la céntrica Plaza Abaroa de La Paz en dirección a una zona delimitada para los medios de comunicación. Pocos entendían a esa altura por qué el gobernante no había aludido a la anunciada demanda marítima contra Chile ante La Haya para alcanzar una salida soberana al Pacífico, y que ni siquiera adelantara en qué estado estaba el proceso o la fecha en que se materializaría la acción judicial.

La embajadora Alfaro fue una de las primeras en tratar de explicar la decisión de Morales, cuya omisión contravino todos los pronósticos. "Habrá que tener paciencia, porque ciertamente requiere el mayor cuidado y vigor la preparación de aquello que se pueda hacer como la demanda ante un tribunal internacional", dijo la "Chivi", como le dicen sus amigos.

Alfaro explicó que Perú había tardado cinco años en preparar el litigio que interpuso contra Chile el 2008 en la Corte Internacional de La Haya por el límite marítimo. Y demandó otra vez paciencia.

A casi dos mil kilómetros de distancia, en Santiago, la Cancillería chilena tomó nota de los dichos de la embajadora Alfaro con "molestia y preocupación", de acuerdo con lo asegurado por funcionarios del Servicio Exterior. No era la primera vez que un diplomático peruano intervenía en Bolivia para alentar la demanda contra Chile.

Apenas tres meses antes, el canciller Alfredo Moreno llamó a su par peruano, Rafael Roncagliolo, para expresar el enojo del gobierno chileno por la participación del embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros en un seminario organizado en La Paz por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), destinado a analizar los posibles escenarios jurídicos que tenía Bolivia para demandar a Chile.

Según fuentes diplomáticas peruanas y chilenas, Roncagliolo le aseguró a Moreno que el embajador había viajado a La Paz por cuenta propia y sin la venia de Torre Tagle. Pero en la Cancillería chilena señalan que es difícil creer que un embajador que se desempeña como asesor del gobierno peruano en el Comité Consultivo Ad Hoc para la Demanda Marítima ante La Haya viaje a Bolivia y se involucre en el litigio jurídico que pretende abrir La Paz contra Chile sin el conocimiento del gobierno de Humala.

En Lima sostienen que tras el reclamo de Chile, Roncagliolo le llamó la atención a Rodríguez Cuadros. Pero de esto último, dicen en la Cancillería chilena, no hay constancia en Santiago. No sólo eso. A la actual embajadora peruana en La Paz, Silvia Alfaro, le ha correspondido continuar con varias de las tareas pendientes que dejó en La Paz "El Torvo", como le dicen al diplomático sus detractores en Torre Tagle, por la forma en que actúa en política y por sus continuos cambios de bando: fue radical de izquierda en los 70, de derecha en los 90, apoyó al gobierno de Toledo y luego se acercó a Humala.

Seminario en La Paz

Ex canciller de Toledo y ex embajador de Perú en Bolivia durante el segundo mandato de Alan García, Rodríguez Cuadros llegó a La Paz el 13 de diciembre pasado, invitado por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), el organismo creado por Evo Morales para llevar adelante las estrategias para resolver la aspiración de Bolivia de volver al mar. El diplomático tenía experiencia en el tema: impulsó la idea de la demanda en La Haya durante el gobierno de Toledo, aunque no llegó a concretarla, salvo modificar la ley de línea de bases marítimas del Perú. También es conocido como un "halcón" en Torre Tagle, debido a sus posturas duras en el ámbito bilateral.

En el salón de conferencias del Banco Central de Bolivia y ante un auditorio de 300 personas, conformado en su mayoría por funcionarios de gobierno, diplomáticos bolivianos y académicos, Rodríguez Cuadros fue el único extranjero en el panel de expositores, que completaban el ex Presidente Carlos Meza, el ex canciller Javier Murillo y el historiador y vicedirector de la Diremar, Fernando Cajías.

El foro, que fue encabezado por el titular de la Diremar, Juan Lapachipa, estaba destinado "a discutir el marco legal que debería desarrollar Bolivia en los próximos meses para lograr una salida soberana al mar".

Antes de tomar la palabra, afirma uno de los asistentes al seminario, Rodríguez Cuadros le pidió que se restringiera el acceso a la prensa. Luego hizo una larga exposición jurídica sobre los mecanismos que podría seguir La Paz para llevar a Chile a La Haya.

El diplomático hizo mención de los dos libros que ha escrito sobre la controversia por el límite marítimo entre Perú y Chile, y se presentó como uno de los padres de la demanda peruana. "Tal vez eso motivó a las autoridades bolivianas a pensar que serían muy orientadoras sus observaciones y criterios sobre el tema", señala el ex canciller paceño Javier Murillo, quien asegura que "manifestó su sorpresa por la presencia de Rodríguez Cuadros y de otros asesores extranjeros que han intervenido en el tema de la demanda boliviana".

En su presentación en La Paz, Rodríguez Cuadros defendió la opción de Bolivia de recurrir a un tribunal internacional. "El se refirió al valor jurídico de las promesas incumplidas y tomó como base las notas diplomáticas entre Chile y Bolivia de 1950 y 1974 (cuando se negoció un eventual corredor por el norte de Arica)", añade Murillo.

La tesis del diplomático y abogado peruano apuntaba a reforzar la estrategia jurídica por la línea de los "derechos expectaticios" de Bolivia, en vez de apuntar a la nulidad del Tratado de Paz y Amistad de 1904 como apostaba el gobierno boliviano.

El 26 de diciembre, 13 días después del seminario en La Paz en el que participó Rodríguez Cuadros, el titular de la Diremar viajó a Buenos Aires para reunirse por primera vez con los abogados internacionales que se harían cargo de la demanda. El más importante de ellos, el jurista español Antonio Ramiro Brotòns, era un viejo conocido de la Cancillería peruana: fue uno de los abogados extranjeros que entrevistaron antes con motivo de la demanda marítima contra Chile, aunque finalmente no lo contrataron.

Las otras gestiones

El seminario en La Paz no fue el primer escenario en que Rodríguez Cuadros impulsó la idea de que el gobierno de Morales demandara a Chile en La Haya. Durante su activa misión como embajador de Perú en Bolivia, durante 2010 y parte de 2011, el diplomático "difundió mucho el tema en conversaciones con autoridades de distinto nivel, en foros y declaraciones. No estoy diciendo que él indujo directamente al gobierno, pero no me cabe duda de que a través de una acción diplomática persistente, él fue mostrando un panorama favorable a esta idea", recalca Murillo.
Rodríguez Cuadros llegó a La Paz en enero de 2010, cuando la relación entre los presidentes Morales y García estaba completamente deteriorada.

Cercano por entonces a Humala, el embajador logró restablecer rápidamente los lazos con Palacio Quemado. Desde el primer día de su gestión se volcó a convencer a las autoridades bolivianas de que la demanda marítima presentada por Perú en contra de Chile no era un obstáculo para que Bolivia retornara al mar y que, por el contrario, abría un camino que podía servirles.

Supo, con éxito, además, alentar a los sectores más duros del MAS, el movimiento político del Presidente Morales, y de las Fuerzas Armadas bolivianas, en su propuesta de trasladar el comercio boliviano que sale por los puertos chilenos hacia Perú.

En una hábil jugada diplomática, Rodríguez Cuadros propuso relanzar el enclave marítimo boliviano en el puerto de Ilo, que acordaron en 1992 los gobiernos de Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora. Como el enclave nunca funcionó, debido a sus altos costos operativos, la idea era ampliar los beneficios de zona franca e industrial, el acceso al puerto e, incluso, instalar una sede de la base naval de Bolivia para la instrucción de los marinos bolivianos.

La propuesta sirvió para que los presidentes García y Morales sellaran un inesperado abrazo de amistad frente al mar, en el puerto de Ilo. Hasta ahora, el Congreso peruano se ha negado a tramitar el acuerdo de Ilo y según analistas políticos limeños es muy improbable que se apruebe, debido a la reticencia de las Fuerzas Armadas peruanas y de los grupos nacionalistas, dos sectores sensibles para el actual presidente peruano.

Pese a eso, en La Paz aún ven a Rodríguez Cuadros como el hombre que reencauzó la relación con Perú. Por el contrario, en Santiago su figura genera inquietud. No sólo porque un equipo jurídico boliviano aún estudia demandar a Chile ante tribunales internacionales. En Cancillería no conocen qué otras jugadas ha realizado el ex canciller y están a la espera de que Morales muestre sus cartas en la próxima Asamblea General de la OEA, que se realizará en junio próximo en la ciudad de Cochabamba.


---------------------------------------------------------------

Pronunciamiento del Emb. Manuel Rodríguez Cuadros con relación al artículo publicado en el diario "LA TERCERA" de Chile

El diario "La Tercera" de Chile publicó el sábado pasado el siguiente artículo: http://diario.latercera.com/2012/03/31/01/contenido/reportajes/25-105106-9-chilebolivia-la-ultima-jugada-de-peru-en-la-paz.shtml

Este articulo ha motivado el pronunciamiento del embajador Manuel Rodríguez Cuadros que transmitimos a continuación:

Que un articulista del diario La Tercera pretenda que mis análisis jurídicos estén sujetos a la aprobación o desaprobación de gobiernos extranjeros está fuera de contexto. Es inaudito e inaceptable. Rechazo totalmente esta indebida pretensión.

En diciembre del 2010 fui invitado en mi calidad de Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales a un seminario sobre “Opciones para la salida al Mar de Bolivia”, organizado por la Dirección de Reivindicación Marítima. En mi exposición, académica, recordé que Bolivia y Chile en las notas diplomáticas que intercambiaron el 1 y el 20 de junio, de 1950, se comprometieron a “una negociación destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”. Señalé que ese intercambio de notas constituye un tratado internacional y que las obligaciones en él contenidas son exigibles. Y que ellos, junto a otras opciones, abre la posibilidad de encontrar una solución al problema de la salida al mar de Bolivia, utilizando los métodos de solución pacífica de las controversias que ofrece el derecho internacional.

Reitero mis opiniones y me ratifico en ellas. Las considero amistosas con ambos gobiernos, constructivas y plenamente coincidentes con la voluntad regional, expresada en la Resolución de la Organización de Estados Americanos de 1979, votada a favor por el Perú y la totalidad de los países miembros que no forman parte de la controversia. Esta resolución dispone “Recomendar a los estados (Bolivia y Chile) que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrán considerar (…) la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.”

Creo que la salida al mar soberana de Bolivia es un compromiso jurídico establecido y una legítima aspiración no sólo de Bolivia sino de toda la región y de muchos sectores en Chile, tal como lo expresó la OEA. Mi pensamiento es que este camino es una opción de paz y de amistad, de responsabilidad y solidaridad con los Estados y los pueblos de Bolivia y Chile.

Manuel Rodríguez Cuadros
Lima, 2 de abril de 2012.

Lucanamarca, nunca más

Un 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso, cometió una de los actos más repudiables, considerado un crimen de lesa humanidad. Armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, los senderistas atacaron las poblaciones civiles de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz y Lucanamarca, en Huancasancos, Ayacucho.Sesenta y nueve campesinos, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados, sin compasión.

Hoy se cumplen 29 años de esa tragedia. Los nombres de las víctimas figuran en el informe de la Comisión de la Verdad y no deben ser olvidados jamás:

Zaragoza Allauca Evanan, Samuel Allauca Huancahuari, Senilda Allauca Huancahuari, Vilma Allauca Huancahuari, Francisco Constantino Allauca Matías, Crisóstomo Darío Allaucca Chaupin, Sócrates Allaucca Evanan, José Allaucca Huancahuari, Fortunato Allccahuamán Aguirre, Pablo Allccahuamán Rojas, Emigdio Arones Ruiz, Lucio Casavilca Chaupin, Máximo Chaumpi Quincho, Grimaldina Chaupin Allauca, Roberto Evanan Allccahuamán, Dionisio Evanan Huancahuari, Zenón Evanan Huaripáucar, Felicita Evanan Tacas, Percy Garayar Allauca, Néstor Garayar Quispe, Tiburcio Livio García Páucar, Efraín Heredia Quincho, Tiburcia Huamanculí Ñañacchua, Cipriano Huancahuari Allaucca, Rosa María Huancahuari Huamanculí, Juan de la Cruz Huancahuari Pérez, Hower Huancahuari Quichua, Cirila Huancahuari Quispe, Martina Emilia Huancahuari Quispe, Cipriano Huaripáucar Huancahuari, Constantino Huaripáucar Páucar, Valentina Huaripáucar Quincho, Ambrosio Huaripáucar Tacas, Melquíades Lavio Montes, Fausto Misaico Evanan, Santos Ñañachuari Allccahuamán, Honorata Páucar Casavilca, Espirita Páucar Chaupin, Mauricio Páucar Chaupin, Catalina Quichua Quincho, Constantino Quichua Quincho, Darío Quichua Quincho, Ausbertha Renee Quichua Quispe, Joaquín Quichua Quispe, Ricardo Quichua Quispe, Rosenda Quichua Quispe, Cecilia Quincho Páucar, Rosa María Quincho Páucar, Constanza Quispe Huamanculí, Damián Quispe Matías, David Erasmo Rimachi Casavilca, Félix Gabino Rimachi Casavilca, Pablo Rojas Ñañacchuari, Glicerio Rojas Quincho, Rubén Tacas Quincho, Juan Tacas Cárdenas, Daniel Tacas Curitomay, Félix Tacas Meza, Abdón Tacas Misaico, Adela Tacas Misaico, Donato Tacas Misaico, Haydeé Tacas Misaico, Zenilda Tacas Misaico, Edwin Tacas Quincho, Livio Tacas Quincho, Maritza Tacas Quincho, Percy Tacas Quincho, Elías Tacas Rojas y Alberto Tacas Ruiz.

Conflictos sociales: alto a la barbarie

En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.

Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.

En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.

Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.

Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.

Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.

Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?

El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.

Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.

Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.