No hay duda que las inversiones mineras son hoy en día la principal fuente de recursos del Estado. Pero también el principal foco de tensión de las fuerzas sociales y una gran preocupación para el Gobierno.
Intereses de grupos diversos se manifiestan en la actividad minera y sus alrededores: autoridades elegidas, líderes consuetudinarios, partidos políticos, población, Iglesia, ONGs. Todo ello amalgama un cóctel político social de gran potencia.
Defensoría del Pueblo: 76 conflictos activos en todo el país.El caso más reciente lo vemos en las provincias del Alto Piura donde la población participará este domingo en una consulta popular para expresar su opinión en torno a la continuidad o no del proyecto minero Majaz.
No hay que perderse mucho en las formalidades legales de la consulta. Se sabe que no es vinculante y que no participarán ni los organismos electorales ni la Defensoría del Pueblo. Pero no se puede impedir el contenido simbólico que tiene el proceso. La gente tiene derecho a opinar sobre lo que pasará en su territorio.
Si se respetaran los mecanismos de diálogo y consulta que reclamaban los pobladores del Alto Piura, no se hubiera llegado a la situación extrema de convocar a un acto electoral que carece de legalidad funcional, pero que es perfectamente válido que se realice. De alguna manera, el Estado y las mineras tienen que escuchar a la población.
Es cierto que las lecciones del domingo no generan derecho de veto a la actividad minera, pero pueden ayudar a la búsqueda de consenso.
Ojalá las partes hubieran leído –y aplicado- antes las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo contenidas en un excelente documento presentado hace unos días al Congreso de la República. Las recomendaciones –que aquí resumimos- son para los tres actores principales del conflicto: el Estado, la empresa y la población.
Para el Estado:
- Reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, mediante la creación de una autoridad ambiental independiente de los sectores, con peso y responsabilidad política en los temas de su competencia, con recursos técnicos y presupuestales suficientes y que lidere el proceso de descentralización de la gestión ambiental.
- Mejorar los mecanismos de participación y consulta ciudadana.
- Incrementar la efectividad en el uso del canon y sobrecanon y aplicación de las regalías.
Para las empresas:
- Cumplir escrupulosamente las obligaciones ambientales y derivadas de la normatividad, de los instrumentos ambientales autorregulación.
- Privilegiar el diálogo y la transparencia durante todo el ciclo del proyecto y darle prioridad al cumplimiento de sus compromisos con las comunidades.
Para la población y organizaciones de la sociedad civil:
- Privilegiar el diálogo y la participación responsable y transparente en los
procesos de diálogo formales e informales.
- Modificar y mejorar actitudes y conductas de la población y de los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, evitando el uso de discursos confrontacionales, posiciones maximalistas y el llamado a la violencia.
Majaz
Conflictos mineros
Defensoría del Pueblo
1 comentario:
Del Castillo va a Piura y quiere poner un aviso anónimo en Radio Cutivalú llamando a no votar en las provincias del Alto Piura. Pero, Cutivalú se negó y rechazó la publicidad oficial encubierta, demostrando que existe dignidad en parte de la prensa.
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