Santa Anita: no basta cumplir la ley

Lo que viene ocurriendo con los invasores del terreno de Santa Anita, propiedad de la Municipalidad de Lima, destinado para la construcción de un moderno mercado para toda la ciudad, es un típico caso de la insuficiencia de la ley para solucionar un problema social. Nadie duda que la ley debe cumplirse. El problema es a qué costo.

Diez mil comerciantes informales se apropiaron de un espacio público, instalaron allí su centro de trabajo, llevaron a sus familias, y -tras largo proceso- la justicia les dice que tienen que desocuparlo. Como se niegan a acatar la voz de la autoridad, es muy posible que ésta convoque a la fuerza pública. En respuesta, los comerciantes se han atrincherado en el terreno con sus hijos, colocándolos como escudos humanos.

Las consecuencias de un desalojo violento serían catastróficas. Todos temen que haya heridos, tal vez muertos. La ley debe acatarse, es cierto. Pero los comerciantes ilegales se resisten. No les importa ni sus vidas, ni la de sus hijos.

Ya se han pronunciado las más altas autoridades, empezando por el alcalde metropolitano, Luis Castañeda; el Congreso, la Defensoría del Pueblo, y hasta el Presidente de la República. Y nada. No hay visos de solución.

El derecho de todos no puede ser vulnerado por unos pocos. El terreno legalmente le pertenece a la ciudad. Lima necesita a gritos un mercado moderno, limpio, ordenado. Los invasores tienen que salir. Pero el uso de la fuerza por la fuerza, no parece ser lo más aconsejable.

Los comerciantes ilegales necesitan una alternativa. Como cualquier persona tienen derecho al trabajo. Y si no pueden obtenerlo ofreciendo sus servicios a terceros, tienen derecho a generárselo ellos mismos. El casi 80% de trabajo informal que existe en el país es una respuesta al desempleo. Pero también para esto existe la ley.

Si el desalojo termina en desastre, no habrá fallado sólo el alcalde; habrá fallado el sistema. La responsabilidad política seguramente la asumirá Castañeda, pero la responsabilidad social será de todos. De todos quienes pudieron hacer algo y no lo hicieron.

La Defensoría del Pueblo dispuso una defensora adjunta para que trate el tema. El presidente de la República ha hecho una invocación para que los comerciantes se retiren pacíficamente. No es suficiente. Se debe plantear una salida conversada que contenga dos conceptos: reubicación y reinstalación.

La reubicación implica el estudio para trasladar los negocios a otros puntos de venta de las tres Limas existentes: Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro. La reinstalación es analizar la posibilidad de que parte de esos mismos comerciantes se formalicen y participen dentro del nuevo mercado a construirse.

Lo que está faltando es un mediador que no tenga como argumento sólo el cumplimiento de la ley. Ese camino sólo nos conduciría a un desenlace violento, triste quizás, de consecuencias políticas funestas para los principales actores actualmente en danza.

Hay que hacer un esfuerzo para mirar más allá de la ley y reencontrar su esencia, el espíritu de la norma, que es la búsqueda del bienestar de todos.

Mercado Santa Anita + Comercio informal
Luis Castañeda + Municipalidad de Lima
Beatriz Merino + Defensoría del Pueblo