Chehade y la mano negra

La advertencia del procurador Omar Chehade en el sentido de que una mano negra, escabrosa, pudiera contaminar la transparencia del acuerdo de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile que debe pronunciarse sobre la extradición del Alberto Fujimori, activó el nervio central del gobierno, delatándolo, una vez más.

En lugar de respaldar al procurador, las principales autoridades del gobierno –premier, ministra de Justicia y jefe de procuradores- criticaron las declaraciones del defensor del Estado peruano. En tanto que el fujimorismo, a través del congresista Alejandro Aguinaga, lo tildó prácticamente de insano mental.

El efecto de las declaraciones de Chehade ha sido revelador y confirman el nulo interés del gobierno en la extradición de Fujimori. Esta vez, ya no sólo se pone de costado, sino abiertamente en contra, abusando de la estrategia del silencio entendida como una “postura oficial para no politizar el caso”.

En un reciente artículo de Buen Gobierno, la ex parlamentaria Anel Townsend señala que la tal politización no existe, por el contrario, el Art. 118, inciso primero, de la Constitución Política del Perú, obliga al Presidente de la República a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.

Y el Perú es signatario de tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y las convenciones contra la violación de los derechos humanos. El presidente de la República, invocando esta prerrogativa, tiene el deber de pronunciarse a favor de los intereses del Estado, violados por Alberto Fujimori.

Se prueba así que no existe la tan cacareada politización invocada por el gobierno. Si el presidente García se pronuncia públicamente a favor de la extradición estaría más bien cumpliendo el encargo constitucional de defender los convenios internacionales que el Perú tiene firmados y que condenan los delitos de lesa humanidad.

El ex procurador José Ugaz también ha llamado la atención sobre este silencio cómplice en las más altas esferas peruanas sobre el caso Fujimori: “No quieren contaminar políticamente el caso, lo cual es ilógico porque la extradición es política en sí misma. El Estado Peruano es el reclamante, la víctima de los delitos”.

La propia Bachelet entendió el contenido político que significaba tener a Fujimori en su país cuando, ante el requerimiento del gobierno peruano de entonces, exigió -siendo aún candidata-, que fuera detenido. Hoy, como presidenta, es cierto, se muestra mucho más neutra frente a decisiones del Poder Judicial chileno.

Pero ni el sentido de justicia, ni la defensa de los derechos humanos, es algo que se pierda con el cargo.

¿Cometió un error Chehade al hablar de una mano negra e indisponerse con los jueces supremos de Chile? Según el jurista Jorge Avendaño, hoy en El Comercio, sí. “(…) la primera regla que debe observar un abogado defensor es no pelearse con los jueces que van a resolver su caso”.

Puede ser. Pero se entiende la desesperación del procurador. Los argumentos jurídicos están sobre la mesa. Y conforme se acerca la decisión final de la suprema chilena, siente que los argumentos políticos son los que terminarán pesando en la decisión.

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