Lucanamarca, nunca más

Un 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso, cometió una de los actos más repudiables, considerado un crimen de lesa humanidad. Armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, los senderistas atacaron las poblaciones civiles de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz y Lucanamarca, en Huancasancos, Ayacucho.Sesenta y nueve campesinos, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados, sin compasión.

Hoy se cumplen 29 años de esa tragedia. Los nombres de las víctimas figuran en el informe de la Comisión de la Verdad y no deben ser olvidados jamás:

Zaragoza Allauca Evanan, Samuel Allauca Huancahuari, Senilda Allauca Huancahuari, Vilma Allauca Huancahuari, Francisco Constantino Allauca Matías, Crisóstomo Darío Allaucca Chaupin, Sócrates Allaucca Evanan, José Allaucca Huancahuari, Fortunato Allccahuamán Aguirre, Pablo Allccahuamán Rojas, Emigdio Arones Ruiz, Lucio Casavilca Chaupin, Máximo Chaumpi Quincho, Grimaldina Chaupin Allauca, Roberto Evanan Allccahuamán, Dionisio Evanan Huancahuari, Zenón Evanan Huaripáucar, Felicita Evanan Tacas, Percy Garayar Allauca, Néstor Garayar Quispe, Tiburcio Livio García Páucar, Efraín Heredia Quincho, Tiburcia Huamanculí Ñañacchua, Cipriano Huancahuari Allaucca, Rosa María Huancahuari Huamanculí, Juan de la Cruz Huancahuari Pérez, Hower Huancahuari Quichua, Cirila Huancahuari Quispe, Martina Emilia Huancahuari Quispe, Cipriano Huaripáucar Huancahuari, Constantino Huaripáucar Páucar, Valentina Huaripáucar Quincho, Ambrosio Huaripáucar Tacas, Melquíades Lavio Montes, Fausto Misaico Evanan, Santos Ñañachuari Allccahuamán, Honorata Páucar Casavilca, Espirita Páucar Chaupin, Mauricio Páucar Chaupin, Catalina Quichua Quincho, Constantino Quichua Quincho, Darío Quichua Quincho, Ausbertha Renee Quichua Quispe, Joaquín Quichua Quispe, Ricardo Quichua Quispe, Rosenda Quichua Quispe, Cecilia Quincho Páucar, Rosa María Quincho Páucar, Constanza Quispe Huamanculí, Damián Quispe Matías, David Erasmo Rimachi Casavilca, Félix Gabino Rimachi Casavilca, Pablo Rojas Ñañacchuari, Glicerio Rojas Quincho, Rubén Tacas Quincho, Juan Tacas Cárdenas, Daniel Tacas Curitomay, Félix Tacas Meza, Abdón Tacas Misaico, Adela Tacas Misaico, Donato Tacas Misaico, Haydeé Tacas Misaico, Zenilda Tacas Misaico, Edwin Tacas Quincho, Livio Tacas Quincho, Maritza Tacas Quincho, Percy Tacas Quincho, Elías Tacas Rojas y Alberto Tacas Ruiz.

Conflictos sociales: alto a la barbarie

En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.

Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.

En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.

Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.

Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.

Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.

Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?

El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.

Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.

Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.

El reto de Nadine

Nadine Heredia es una mujer diferente, de nuestra época, liberada. Le gusta andar en jeans y polos a diario, no es que le disgusten las telas más refinadas y las sesiones de fotos fashion, pero lo que realmente le fascina no es Ripley, sino acompañar a su esposo en las tareas de gobierno.

Quienes han compartido la experiencia de los Humala-Heredia en sus primeros días en Palacio de Gobierno cuentan que la pareja esperaba los despachos con los ministros como dos alumnos aplicados en su primer día de clases. Cada uno con su cuaderno, preguntaban y anotaban todo. Querían saber en detalle la administración de gobierno.

La imagen de ese momento enternecía a más de uno. "Era como si en verdad hubieran asumido que tenían un sentimiento compartido en la responsabilidad de gobernar", me dijo un ex ministro. Una pareja joven que de la noche a la mañana se encontró con el poder y quería hacer bien las cosas; por eso se preparaba y aprendía en fast motion. El que mejor capitalizó estas ansias por conocer de la pareja presidencial el Estado por dentro, fue, sin duda, el ahora ministro de Economía Luis Miguel Castilla.

Lo que preocupó, sin embargo, a los observadores fue comprobar que de las anotaciones del cuaderno se pasó luego a las órdenes cruzadas, al reparto de roles de comando de gobierno y, en algunos casos, a la representación real del ejercicio de gobernar; solicitar información, atender recomendaciones, entrevistar candidatos,enviar mensajes y dictar políticas sectoriales.

El compartimiento de roles de la pareja presidencial no está consagrada en la Constitución. El ejercicio del poder lo detentan los ministros de Estado por una razón fundamental: son responsables de los actos que realizan y firman. Tienen responsabilidad funcional, administrativa y penal.

Las decisiones que se toman en el Gobierno tienen sus reglas y leyes. Estas decisiones corresponden a los funcionarios de Estado. La primera dama, con todo el apoyo y soporte que significa según ha dicho su esposo, es un título honorario. No es un cargo de Estado. Ni siquiera formalmente tiene despacho en Palacio de Gobierno.

Por obra del gobierno anterior, la primera dama no es funcionaria pública. No tiene responsabilidad administrativa ni funcional. Pero, en la práctica, toma decisiones, usa los bienes del Estado, dispone de ellos, ejecuta presupuesto y no responde ante nadie.

No se discute su rol de mujer moderna y socia política de su pareja, co-fundadora del Partido Nacionalista. Ese es un mérito enorme y se le reconoce. Pero los peruanos elegimos a un Presidente, no a una pareja presidencial.

Tenemos una primera dama diferente, hay que reconocerlo. Violeta Correa fue siempre una mujer identificada con los pobres, pero su trabajo fue más de obras de bien social a través de las cocinas familiares. Pilar Nores tuvo que aferrarse a una ONG privada (Sembrando) para poder hacer su trabajo de promover el proyecto de cocinas mejoradas. Eliane Karp acompañó al Presidente Toledo ejerciendo su profesión de antropóloga y realizando trabajos por la inclusión social, principalmente con las comunidades indígenas.

Pero Nadine Heredia ha optado por realizar una obra de proyección social que la lleva, en algunos casos, a disputar el protagonismo de su esposo. Ella moviliza el Estado. Por más que el presidente haya dicho recientemente que quien gobierna es él, ni la propia periodista que lo entrevistó le cree en este punto. Nadine no puede ser vista como copresidenta. Eso no le hace bien en primer lugar al propio presidente Humala.

Para ejercer con transparencia el poder sólo existe un camino: asumir un cargo público y someterse a las exigencias y rigores de la ley que demanda la responsabilidad de administrar el Estado. Ese es el reto de nuestra peculiar primera dama.

La Haya define etapa oral en contencioso sobre delimitación marítima con Chile

Nota de Prensa de la Cancillería Peruana N.- 053-12

La Corte Internacional de Justicia decidió que el calendario de trabajo de las audiencias orales del caso sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile será del 3 al 14 de diciembre de 2012.

Las audiencias se iniciarán con la presentación del Agente del Estado peruano, Embajador Allan Wagner el día lunes 3 de diciembre de 2012 a las 15:00 horas (hora de La Haya) para luego continuar con las exposiciones sobre los principales aspectos de la controversia por parte de los juristas integrantes de la delegación peruana hasta el día martes 4 de diciembre. Posteriormente, luego de un día de receso, los días 6 y 7 de diciembre intervendrá la parte chilena. La segunda ronda de intervenciones se realizará con las presentaciones del Perú, el día 11 de diciembre, y Chile, el día 14 de diciembre. Las exposiciones se realizarán en los idiomas oficiales de la Corte: inglés y francés.

Esta etapa del proceso, a diferencia de la fase escrita, es de carácter público y a partir de su inicio podrán ser conocidos, además, los alegatos escritos presentados por ambos países (Memoria, Contramemoria, Réplica y Dúplica), que hasta entonces estarán sometidos a reserva.

El Perú reitera su confianza en los argumentos que sustentan su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, los cuales serán expuestos oralmente ante los magistrados que integran este alto tribunal. En su demanda y alegatos escritos el Perú ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que, ante la inexistencia de un tratado de límites, proceda a delimitar sus espacios marítimos con Chile, a partir del Punto Concordia, de conformidad con lo que establece el Derecho Internacional. Asimismo, el Perú ha pedido a la Corte que reconozca y declare sus derechos sobre el área del Dominio Marítimo peruano que se encuentra dentro de las 200 millas de la costa peruana y más allá de las 200 millas al oeste del litoral chileno.

La solución pacífica de esta controversia contribuirá al objetivo de la política exterior del Perú de consolidar América del Sur como una zona de paz e integración.
Caso relativo a la controversia marítima (Perú c. Chile)
Cronograma para las audiencias orales (Hora de La Haya, Países Bajos)

Diciembre 2012
Primera Ronda
Lunes 3 3 p.m. – 6 p.m.: Apertura de las audiencias orales (Perú)
Martes 4 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Perú)
3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Perú)
Jueves 6 3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Viernes 7 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Chile)
3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Chile)

Segunda Ronda
Martes 11 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Perú)
3 p.m. – 5 p.m.: Audiencias orales (Perú)
Viernes 14 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Chile)
3 p.m. – 5 p.m.: Audiencias orales (Chile)

Lima, 22 de marzo de 2012

Silencio oficial: Quien calla, otorga

El presidente acaba de justificar su silencio sobre el “Caso Antauro” debido a que –afirma– un jefe del Estado se ocupa no de temas familiares, sino de temas de Estado.

Se equivoca el Presidente de la República. La defensa del orden democrático y el castigo a quienes osaron quebrantarla es un tema de Estado.

Por supuesto que es un tema de Estado dar una señal clara para defender la voluntad popular emanada de las urnas.

Es un tema de Estado asegurar la continuidad democrática y no premiar con privilegios a quienes se rebelan contra ella.

Lo que el silencio presidencial está gritando es que para él, el principio de respeto al gobierno democrático es relativo.

El mutis de Palacio está diciendo que un preso condenado por el delito de rebelión puede gozar de ciertas comodidades y –a juzgar por los correos electrónicos revelados – ejercer algún tipo de influencia en el gobierno.

Como ha explicado hoy un agente del INPE al congresista Luis Iberico, estas gollerías han sido otorgadas por los directores de Piedras Gordas por el solo hecho de ser “hermano del Presidente de la República”.

Hay que decirlo claramente. El traslado de Antauro de un penal de máxima seguridad a uno ubicado dentro de un establecimiento militar es un exceso del hermano presidente avalado por el ministro de Justicia y el director del INPE.

Lo que se resiente con el Caso Antaruo es algo más que la popularidad presidencial –6puntos según Ipsos Apoyo–. Lo que se agrieta es la convicción democrática que debe exhibir el régimen. Nunca, como en este caso, quien calla otorga.

La defensa de la democracia primero

Comunicado de Alianza Parlamentaria - Perú Posible

La Bancada Alianza Parlamentaria (Perú Posible, Acción Popular, Somos Perú y Grupos Regionales), ante los graves acontecimientos ocurridos en torno al cambio de régimen penitenciario del interno Antauro Humala Tasso, y no siendo satisfactoria la presencia del ministro de Justicia y del Jefe del INPE ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, se pronuncia:

1. La democracia es la forma de gobierno y de organización del Estado que libremente elegimos los peruanos. Ser demócrata es respetar la Constitución y la ley, la separación e independencia de los Poderes, la libertad de expresión, los Derechos Humanos.

2. Todo aquel que viola esta forma de convivencia civilizada e insurge en armas contra la democracia es un traidor al sistema democrático. Este es el debate de fondo que no podemos soslayar: Antauro Humala es un golpista.

3. Rechazamos los privilegios del preso Antauro Humala no porque nos parezcan escandalosos –que lo son–, sino por principios. Creemos que es inconcebible que el sistema democrático no castigue ejemplarmente a quien atentó contra él, derramando la sangre de cuatro valerosos policías.

4. No se puede tolerar tratos preferentes para quien olvidó la más elemental regla del sistema democrático: respeto a la voluntad popular emanada de las urnas. Dirigir las armas contra la democracia es un delito grave que debe ser sancionado de manera ejemplar cumpliendo debidamente la pena establecida, sin distinciones de ningún tipo. La ley es igual para todos.

5. Exhortamos al ministro de Justicia y al jefe del INPE a asumir su responsabilidad y disponer de inmediato el traslado del interno Antauro Humala a otro penal que no sea una instalación militar.


Lima, 15 de Marzo de 2012.

Antauro, privilegios y decisiones (2)

Hay que volver a insistir sobre el fondo del asunto en el “escándalo Antauro” porque la vorágine mediática fácilmente nos extravía entre iphones, emails y celdas con espejos.

Estamos hablando no de privilegios otorgados u obtenidos con corruptela –ya de por sí escandaloso–, sino, de un gobierno que no otorga el verdadero valor a la esencia misma de la democracia y su defensa.

Este es un gobierno electo por la voluntad popular que privilegia a un preso que intentó socavar a otro gobierno democrático vía un alzamiento armado.

Antauro buscó derrocar al gobierno de Alejandro Toledo. Pasó de ser un conspirador de la democracia a un golpista fracasado, detenido, juzgado y sentenciado.

Conferirle ahora un trato privilegiado, argumentando que existen informes secretos que alertan sobre la seguridad de los padres del presidente, es una excusa que nadie cree.

Empuñar las armas contra la democracia no es un delito menor. Ni siquiera para quien delinque por primera vez. Es un delito grave, extremo, de incalculables consecuencias.

Antauro Humala era consciente que no podría derrocar al gobierno de turno. Lo que buscaba era un baño de sangre. Una respuesta represiva contundente, con decenas de muertos, que pudiera debilitar al entonces gobierno del Presidente Toledo.

No le importaba la gente que ilusamente lo acompañó. Entre sus planes estaba el entregar sus vidas a cambio de configurar una nueva situación política. Buscaba fracturar el régimen democrático.

El Presidente Toledo envío las fuerzas operativas del Estado para sofocar el levantamiento, pero, al final, usó la inteligencia y la astucia policial para convencer a Antauro de que lo mejor era rendirse y entregarse.

No hubo, pues, el esperado baño de sangre a excepción de los policías abatidos por los etnocaceristas.

La democracia no puede ser blandengue para castigar a quienes intentan subvertirla, socavarla, fracturarla o interrumpirla. El delito es mayor cuando un soldado, llamado a defender la Patria y sus valores, vuelve sus armas contra el régimen democrático.

¿Qué prima más? ¿El sentimiento fraternal ante el hermano preso por levantar las armas contra la democracia? ¿O el valor de defender la democracia como representante de ella y soberano de la voluntad popular? Presidente Ollanta Humala, estamos esperando su pronunciamiento.

Antauro, privilegios y decisiones

Que el hermano del Presidente de la República haya sido trasladado a un penal especial construido en la Escuela Militar de Chorrillos, no es una decisión que el ministro de Justicia pueda tomar sin consultarlo con el jefe del Estado.

Es una decisión que ha contado con el respaldo, sino con la iniciativa, del más alto nivel.

Pero, como el Presidente no puede ser molestado por temas como este, ni es responsable de actos respaldados por sus ministros, el Congreso debiera llamar de inmediato al ministro Juan Jiménez Mayor, para exigirle las explicaciones del caso.

No basta decir que el interno o sus familiares que lo visitan corren peligro en el Penal de Piedras Gordas, donde, dicho sea de paso, ya gozaba de ciertos privilegios.

El mensaje que se envía a la ciudadanía es no sólo que el Estado es incapaz de ofrecer garantías en penales de máxima seguridad o que existen privilegios para miembros de la familia presidencial, sino algo peor: que los delitos contra la democracia y el Estado de derecho se pagan cómodamente.

Recordemos que Antauro Humala se levantó en armas contra un gobierno democrático. Utilizando fuerzas operativas de combate asaltó una comisaría en Andahuaylas y tomó en rehenes a los policías que la integraban.

Cuatro miembros de la Policía Nacional que defendieron el asalto fueron asesinados en esta acción.
Fue una acción armada, pero no fue una acción militar.

Antauro ya no era militar en ese momento. No le corresponde por tanto una cárcel en un establecimiento militar hecha para militares que cometen delitos de función. Por último, levantarse en armas, no es un delito de función.

El actual presidente –que apoyó en un primer momento la asonada a través de una entrevista concedida a RPP–, tuvo, en su oportunidad, la inteligencia y sabiduría de condenar este hecho y diferenciarse de la locura de su hermano.

Reclamamos ahora el mismo tino, la misma inteligencia. Los delitos comunes deben pagarse en cárceles comunes, sin privilegios para nadie. Así se trate del hermano del Presidente de la República.

El poder del silencio

El silencio adquiere un valor incalculable en política. Bien administrado, es un arma poderosa. Mal usado, puede ser fatal.

Se necesita mucha disciplina para no perder la paciencia y sacar provecho del agujero negro en que a veces nos conduce la ausencia de palabras.

Si no hay exposición, no hay posibilidad de error, ni de flanco expuesto, ni de ataque.

Quizás por eso, después de la palabra, el silencio, se dice, es el segundo poder del mundo.

Habría que “escuchar” al presidente Humala para entender este aforismo transformado en su slogan de gobierno: menos palabras más acción.

Hasta el momento le viene dando resultados. Lo demuestra el 59% de aprobación que le otorga la reciente encuesta de Ipsos Apoyo.

En un ambiente con economía en automático y en perspectiva de mantener este panorama, sin hacer aspavientos en medios, Humala viene navegando sin mayores problemas en las procelosas aguas de la opinión pública.

La no aparición del presidente en medios se ha convertido en un buen negocio para el inquilino de Palacio.

En ocho meses de ejercicio del poder, Humala no ha ofrecido conferencias de prensa, sino en casos contados con los dedos de una mano.

Una lección para nuestros políticos criollos que se mueren por salir en medios sin cuidar primero lo que van a decir.

Pero que Humala no hable, no significa que esté quieto. Vía Facebook y Twitter el jefe de Estado se ha comunicado cuando el momento lo ha demandado. Una forma nueva, moderna y austera de participar del debate público.

El silencio presidencial es ya un nuevo estilo de gobierno. Desesperante para algunos. Efectivo para otros.

Los viejos aforismos españoles nos enseñan que en boca cerrada no entran moscas. Y quien calla otorga. Algo que choca contra las recomendaciones de los marketeros políticas que siempre flamean la monserga de que se debe comunicar siempre.

Hacer primero, comunicar después, es lo que enseña el ejercicio del poder. Lo contrario es colegios mayores y hospitales inaugurados sin terminar. Mucho ruido y pocas nueces.

Habría que explorar en otras latitudes para encontrarle otras cualidades al arte de enmudecer.

En la India hay uno que dice “Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio”. Y en China: “El silencio es el único amigo que jamás traiciona”.

En resumen, podemos afirmar que en política, el silencio es uno de los argumentos perfectos, porque difícilmente se puede refutar. Quizás, por eso, el presidente Humala haya aprendido a seguir el viejo consejo chino que dice. “No rompas el silencio si no es para mejorarlo”.

Un nueva mirada a la gestión del Agua

Ahora que La Marcha del Agua llegó a Lima y terminó con dos propuestas legislativas –prohibir la minería en las cabeceras de cuenca, prohibir la modalidad extractiva de tajo abierto y prohibir el uso de cianuro– es recomendable echar un vistazo a una propuesta diferente ubicada en la zona alta de la Cuenca de Lurín.

Con esfuerzo, inteligencia y trabajo comunal, los pobladores de San Andrés de Tupicocha han logrado construir en las alturas de Lurín, a más de 3 mil msnm, ocho reservorios que, en conjunto, almacenan 1 millón de metros cúbicos de agua… Para que tengan una idea de lo que esto significa, las cuatro lagunas del Proyecto Conga en Cajamarca representan en total 1 millón 400 mil metros cúbicos de agua.


SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA
San Andrés de Tupicocha es un distrito rural ubicado sobre los 3,500 msnm, en la parte alta de la Cuenca de Lurín, a tres horas de Lima, capital del Perú. Es uno de los 10 distritos que forman esta cuenca.

Tupicocha fue fundado el 31 de diciembre de 1943, pero los primeros asentamientos humanos datan de tiempos prehispánicos. Actualmente, su población, cercana a los 2,500 habitantes, es principalmente agrícola y ganadera.

El principal problema de esta zona altoandina es la escasez de agua. Aquí llueve tres meses al año, entre enero y marzo, y no hay río que abastezca a las diez comunidades, parcialidades o “ayllus” ubicados en diversos pisos altitudinales. El resto del año es seco.

Desde hace unos años, con una visión de desarrollo orientada a mejorar la capacidad productiva de su población, la Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha, viene impulsando un programa de manejo racional del agua con fines productivo-económicos y ecológicos.

En Tupicocha convive lo ancestral y lo contemporáneo; herederos de una cultura milenaria, sus pobladores mantienen vivos los ritos prehispánicos, costumbres y modos de organización cultural, al tiempo que realizan grandes esfuerzos por introducir técnicas modernas de producción y mercadeo.

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL AGUA
Un ejemplo de ello es el Plan Integral de Gestión del Recurso Hídrico que consiste en mejorar las capacidades de la población para almacenar el agua, “sembrándola” en las partes altas mediante surcos o acuíferos ancestrales, represándola mediante la construcción de reservorios y mejorando el sistema de riego para uso racional y eficiente del recurso hídrico.

El Plan Integral de Gestión del Recurso Hídrico tiene cuatro componentes:

1. Las Amunas
Es una tecnología ancestral prehispánica basada en el trabajo comunitario que realizan anualmente grupo de familias y que consiste en infiltrar o “sembrar” agua de lluvia en el subsuelo, alimentando de esta manera la napa freática.

2. Construcción de Represas
Aprovechando las condiciones geomorfológicas del terreno se busca depresiones o “vasos” naturales para construir en ellos reservorios o represas de mediana y gran capacidad. Dependiendo de la calidad del suelo, en algunas de estas construcciones, se utiliza también geo-membranas para impermeabilizar el terreno.

3. Riego Tecnificado
Que consiste en capacitar a los agricultores de la zona para introducir las técnicas de riego por goteo y por aspersión, dependiendo de los cultivos, principalmente para los productos de panllevar, bajo la lógica de quien controla el agua, controla el mercado.

4. Forestación de Terrenos eriazos
El propósito es asegurar el buen uso de los suelos, implementando plantaciones forestales nativas, adecuadas a las condiciones climáticas y topográficas del lugar, con la finalidad de favorecer el ensanchamiento del acuífero y la esponja hídrica.

UN MILLÓN DE M3 DE AGUA ALMACENADA
A la fecha en Tupicocha se han construido 8 reservorios de agua, que en conjunto suman alrededor de 1 millón de metros cúbicos de agua almacenada, lo que les permite irrigar 300 hectáreas nuevas de tierra y tener hasta dos campañas agrícolas anuales. Las represesas construidas son las siguientes:

Represas - Capacidad/ M3
Ururi: 500,000
Cantajueyqui: 170,000
Yanisiri I: 50,000
Yanisiri II: 43,000
Hueccho: 30,000
Pato Negro: 18,000
Huanchicara: 10,000
Cancasica: 50,000

Todos estos reservorios sirven para acumular las aguas de lluvia y escorrentías no permanentes, con fines económico-productivos y ecológicos.

Almacenar el agua de esta manera para usarla en los períodos de escasez, permite no sólo regar pequeñas parcelas familiares, sino, ganar nuevos terrenos cultivables y rentabilizar el campo con mejores productos para el mercado. Es pasar del autoconsumo al agro moderno y sostenible.

CONTROLAR EL AGUA ES CONTROLAR EL MERCADO
Los beneficios de manejar de manera integral el recurso hídrico son múltiples. Por un lado, se utiliza eficientemente el agua; y por el otro, se logra mejores cosechas, mejores productos y, por lo tanto, mejores ingresos para las familias.

La población puede planificar cuándo y qué sembrar para posicionar mejor su producto. De esta manera, los cultivos se programan para cosecharse en épocas de escasez con la finalidad de obtener mejores precios en el mercado.

Actualmente, los productos que tienen mejores ventajas competitivas en la zona son: la manzana, el membrillo, la papa, las yerbas aromáticas, la alfalfa y la arveja. Así como también la crianza de animales de pastoreo y animales menores.

Tener un sistema regulado del agua permite a los agricultores dosificar y planificar su uso en el momento oportuno. Manejar el agua permite controlar la salida del producto al mercado.

Con el asesoramiento técnico del proyecto “Desarrollo Territorial y Generación de Empleo en la Cuenca de Lurín” del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), se viene capacitando a las comunidades de la Cuenca para formar cadenas productivas que les permita atender de manera ordenada y sostenida la demanda del mercado.

RESPUESTA A LA NATURALEZA Y AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Municipalidad de Tupicocha ha logrado articular una visión integral del manejo del agua y del desarrollo territorial de la cuenca.

Esta política de manejo integral del agua es también una buena respuesta al cambio climático, en un contexto en el que, cada vez, el agua es más escasa, sobre todo por la desglaciación de nuestras cordilleras y la alteración del clima y del periodo de lluvias.

La población, predominantemente campesina, diseminada en pequeñas comunidades, ubicadas en diferentes pisos altitudinales, dentro de una economía y asentamiento vertical, se ha adaptado y ha vencido la difícil orografía andina.

Hoy Tupicocha busca el mejoramiento económico familiar a través de experiencias exitosas en el campo y en la transformación de sus productos.

El agua se convierte así en el inicio de un ciclo mayor que impacta directamente sobre la calidad de vida de la población.

El Perú es -lo sabemos-, uno de los tres países más vulnerables al desequilibrio medioambiental y al cambio climático, lo que nos sugiere cambiar rápidamente la forma en que vemos, manejamos y usamos el agua.

En medio del impacto climático y la afectación de los patrones de lluvia, urge un manejo integral del recurso hídrico.

No basta la queja y el reclamo. Es hora de replicar las buenas experiencias que existen en el país en el manejo integral del agua. Aquicito nomás, a tres horas de Lima, tenemos una que puede dar pie a lo que sería un Programa Nacional de Construcción de Reservorios en las Cabeceras de Cuenca… ¿Qué esperamos para dar el siguiente paso?

Lucanamarca, Holocausto peruano

El pueblo judío conmemora los 27 de enero de cada año el Holocausto vivido a manos de los nazis en los campos de concentración, no por patología necrológica, sino para mantener vivo el recuerdo del horror al que puede llegar el hombre.

Horror de la guerra; que desnuda su condición animal.

Los peruanos hemos pasado nuestro propio holocausto. El 3 de abril de 1983, en Lucanamarca, Huancasanccos, Ayacucho, vivimos en carne propia ese horror.

Ese día, Sendero Luminoso, perpetró una de las matanzas contra la población civil indefensa más crueles que se tenga memoria.

Hombres, ancianos, mujeres embarazadas y niños fueron ultimados a machetazos, cuchillo, arma de fuego y piedra. Los testimonios recogidos por la CVR indican que la población estuvo en un absoluto estado de indefensión.

Este hecho, considerado un crimen de lesa humanidad, fue aprobado y planificado por el Comité Central de Sendero y reconocido por Abimael Guzmán en la denominada “Entrevista del Siglo” y ante los comisionados que lo entrevistaron en la cárcel.

Es decir, fue un hecho de sangre hecho con plena conciencia. Genocidio puro y salvaje. Necesitamos recordar a las nuevas generaciones lo que fue este capítulo negro de la historia reciente del Perú. No para celebrarlo, sino para honrar a los caídos, velarlos, y recordar su memoria y existencia.

Recordar el dolor producido no para generar pena. Sino para tener presente que nunca más los peruanos debemos enfrentarnos a los peruanos.

Ese es el espíritu de proponer la fecha del 3 de abril. El 27 de enero de 1945 el Ejército soviétivo liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau (Polonia), pero el pueblo judío recuerda el horror que vivió en esas fábricas de la muerte. A nadie se le ocurre en Israel cambiar esta fecha por la de la caída y muerte de Adolfo Hitler.

El Yad Vashem, en Tel Aviv, que recuerda el exterminio nazi, es un homenaje a las víctimas que recrea la forma inhumana en que familias enteras pasaron sus últimos días en las mazmorras de Aushwitz.

La muerte ha estado presente en la escena contemporánea del hombre. Sólo entre 1914 y 1991 –el Siglo Corto en la definición del historiador Erick Hobsbawn– hubo 205 millones de muertos. Y la cifra aumenta día a día.

La violencia nos recuerda de lo que estamos hechos. Debemos recordarlo siempre para no ser dominados por ella.

Por esta razón proponemos incorporar al calendario cívico democrático una fecha que recuerde el horror del hombre contra el hombre.

Aushwitz, Lucanamarca, Accomarca –el terror del Estado–, son esos puntos en la historia que debemos tener presente no para golpearnos el pecho y llorar, sino para gritarles a las nuevas generaciones que tienen la obligación de no repetir la historia y ser mejores que sus antecesores.


-----------------------------------------------------------

POST DATA.- ¿Por qué tanta intolerancia?

El fujimorismo se ha pronunciado contra el proyecto multipartidario impulsado por Perú Posible para declarar el 3 de abril de cada como Día Nacional contra el Terrorismo. Ha criticado duramente a Alejandro Toledo al tiempo que propone cambiar la fecha contra el terrorismo al 12 de setiembre –día de la caída de Abimael Guzmán.

Por sus destemplanzas, insolencias y falta de respeto hacia el ex presidente Toledo, el fujimorismo sólo ha revelado su faceta autoritaria, intolerante y obtusa que todos conocíamos. En lugar de dar muestras de unidad ante el enemigo común –el terrorismo–, pretende que los consideremos hegemónicos en la lucha contra el terrorismo, cuando la verdad es que son sus principales dirigentes y administradores del Estado quienes están presos en las cárceles por delitos de lesa humanidad, crímenes de estado y corrupción.

Esa es una verdad que sólo el cinismo, la desfachatez y la impudicia política, es capaz de nublar.

Somos lo que comemos, Ivan

“Soy un pésimo anfitrión: no conozco restaurantes, huariques ni chiringuitos donde preparan el mejor cebiche o el ají de gallina con la receta de la abuela (mi abuela, por cierto, no cocinaba)… Mis restaurantes favoritos son de los de pasta y creo, honestamente, que la comida peruana es indigesta y poco saludable. Casi sin excepción se trata de un petardo de carbohidratos al cubo…” (Ivan Thays, escritor/Vano Oficio)

No debe extrañar que alguien que no conoce huariques con lo mejor de la comida peruana, pero, sobre todo, alguien que no tuvo una abuela que le cocine, hable así –como Ivan Thays– de sus gustos o disgustos culinarios.

La cocina es el refugio de la familia. Fue así desde la cueva. El grupo humano se reunía alrededor del fuego para cocer los alimentos y compartirlos.

La cocina por eso es punto de encuentro. Es un espacio íntimo, familiar.

Quien no ha tenido una cocina bulliciosa en casa puede que sea un ser más huraño y desaprensivo.

La cocina tiene también la personalidad de quien la regenta. La más placentera, la más cálida, es la cocina de la abuela.

Sea de leña, a gas o eléctrica, el fogón de la abuela aviva siempre los apetitos más profundos, aquellos que anidan en nuestros primeros años.

La cocina, por eso, está asociada a nuestros recuerdos.

A los momentos felices que pasamos de niños, hurgando en las ollas después de jugar un partido de fútbol o al regresar de la piscina con un hambre de tiburón.

La cocina nos devuelve a la infancia, cuando los aromas del horno nos dibujaban un pastel en la cabeza y esperábamos con ansias verlo salir para pellizcarlo antes que se enfríe.

La cocina, la buena cocina de casa, digo, -qué otra puede ser- nos remonta a los primeros momentos de la vida.

Si alguien tuvo una abuela que no cocinaba, ¿qué recuerdos felices puede almacenar asociados al placer de comer?

Porque el éxito en la comida de un restaurante, al menos de los huariques o points, como se les dice ahora, no está en vender nuevos sabores, sino en recuperar y ofrecer aquellos que conocíamos cuando niños, cuando todo era felicidad.

Un buen restaurante es aquel en el que encontramos un plato de nuestra infancia que nos haya hecho felices en ese momento; que nos evoque la sazón de nuestra madre o la mano de la abuela.

Comer bien es comer como en casa. Es un viaje al pasado en el que de una cucharada recuperamos la felicidad extraviada. Como le ocurrió al fruncido crítico gastronómico al probar el plato emblemático de Ratatouille.

Comer es un Dejau Vu a la infancia. Si no se tiene esas sensaciones de pequeño, difícilmente se podrá apreciar el sabor de un buen plato preparado por la abuela. Será como comer un calamar seco y no mojado en su tinta, asentado con un buen tinto. Porque, en definitiva, somos lo que comemos.

Conga: teatro de operaciones

Se expone el presidente Humala al comparar la protesta social de Cajamarca con el régimen genocida polpotino de la Kampuchea Democrática.

“No podemos aceptar un régimen polpotiano donde un Gobierno regional X pone restricciones a la libertad de trabajo, de tránsito. Solo faltaría que nombren a su mando político y logístico y creen ahí una república popular en una democracia”, le dijo el presidente al diario ABC de España.

De inmediato, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, replicó: “Es una comparación extrema. Mis manos no están manchadas de sangre, y tampoco mi partido ni el movimiento con el que he llegado a la presidencia regional. Yo no estoy ni he sido procesado por desapariciones forzadas ni por violaciones de derechos humanos”.

Lo preocupante es la lógica militar que emana del pensamiento presidencial que, en el fondo, es el argumento de una derecha que no entiende el reclamo social, que confunde marxismo con terrorismo o que simplemente cree que en el informe de la verdad hubo mucha “teatralización”.

Considerar el conflicto social como teatro de operaciones militar es configurar un escenario de impredecibles consecuencias. Es sacarlo de la lógica de la negociación para encaminarlo a uno de resolución por la fuerza.

Conga es un problema que debe resolverse con imaginación, persuasión, inversión y negociación. Una salida negociada es mil veces mejor que una solución violenta.

Por supuesto que nadie niega el derecho del Estado al uso de la fuerza pública. Pero una cosa es que las circunstancias nos lleven a ese punto –de no retorno- y otra es que construyamos ese escenario con declaraciones que sólo avivan la contradicción en lugar de apaciguarla.

Como bien dice hoy Pedraglio “Al Gobierno le han vendido una hipótesis equivocada y se la está comprando sin medir costos: si Conga no va, se detendrán todos los proyectos extractivos que están a la espera. Esto acarrea el peligro de que el autoritarismo gane terreno y se recentralice el poder, lo cual, en lugar de ayudar a superar el entrampamiento, lo terminará convirtiendo en insalvable, sobre todo si se acaba por imponer el proyecto a la fuerza”.

¿Será que los 2 millones de dólares diarios que a diario pierde el proyecto Conga - según los empresarios- empiezan a crispar los nervios del gobierno? La forma cómo se resuelva este tema nos dirá si las puertas del tiempo de Ares se han abierto.

Caso Chehade: ruidos y nueces

¿Se exagera cuando se dice que el Congreso ha blindado la corrupción al rechazar por 13 votos a 12 el informe de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales contra el congresista y renunciante segundo vicepresidente Omar Chehade? Veamos:

Por haber organizado una cena con generales de la Policía Nacional para supuestamente favorecer intereses de terceros vinculados al desalojo de la Ex Cooperativa Azucarera Andahuasi, a Chehade se le investigó en dos instancias del Congreso: la Comisión de Ética y la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

En la primera se le sancionó con la pena máxima de 120 días de suspensión. En la segunda, se configuraron cuatro delitos, pero, al final, sólo se mantuvo uno: Patrocinio ilegal. En el camino se cayeron cohecho, colusión ilegal y tráfico de influencias.

Si bien lo que se investiga en la Comisión de Ética es de naturaleza distinta a lo que se investiga en al Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales; el acusado y el caso analizado es el mismo.

En la Comisión de Ética se juzga la conducta del congresista. En la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales se analizan los hechos y sobre todo se verifican y juzgan pruebas o indicios.

En una se juzgan conductas y en la otra se configuran y analizan delitos. Una es de carácter ético, moral y la otra es de naturaleza más jurídica. Pero ambas tienen una raíz política, esencia del foro representativo. Y como tal, sujeto a pasiones.

Chehade ha sido sancionado políticamente. Sea que lo presionaron o sea que quiso amenguar su castigo, renunció a la vicepresidencia y eso lo perseguirá a lo largo de su carrera política.

Un aspecto clave de la investigación es que no se pudo probar que haya existido por parte del denunciado, la solicitud de desalojo en Andahuasi. No lo dijo así taxativa y directamente. El tema se habló; pero no hubo orden expresa. Así lo señalan las declaraciones de los tres generales involucrados en el caso: Salazar, Gamarra y el propio General Arteta.

Por el contrario, los tres generales en declaraciones tanto a nivel parlamentario (Comisión de Fiscalización, Comisión de Ética y Sub. Comisión de Acusaciones Constitucionales), como en sus declaraciones a los medios periodísticos coinciden en el sentido, de que en ningún momento el Congresista Chehade solicitó apoyo para el desalojo de Andahuasi.

Se buscaba, además, desaforarlo e inhabilitarlo políticamente por cinco años por infracción constitucional al Artículo 38. El aspecto más débil de la denuncia.

Este artículo, de carácter genérico, descriptivo, declarativo, no está considerado como precepto pasible de ser vulnerado, tal como lo señala la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03593-2006-AA/TT, F.J.8 (caso Luz Salgado), en la cual el referido órgano de control constitucional ha señalado un “listado” de casos en lo que es posible advertir una vulneración del texto constitucional, como son los artículos 92º y 126º.

En conclusión, una figura de patrocinio ilegal forzada y una débil acusación por infracción constitucional. Estos son hechos, no pareceres. Son realidades, no criterios de conciencia. Los delitos tienen que configurarse. No es lo que a uno le parece, sino el análisis objetivo de los hechos. ¿Por qué entonces la grita mediática si son pocas las nueces?

El pragmatismo autoritario

Los conversos de última hora –esos que ayer espoloneaban a Ollanta Humala y hoy lo aplauden–, celebran, después de escuchar al Premier en el Congreso, lo que coinciden en llamar un estilo pragmático de gobernar, o simplemente pragmatismo.

Saludan esa manera cortante de decir y hacer las cosas; de establecer el orden a punta de decreto; de acelerar los plazos antes que tomarse un tiempo para escuchar; de imponer antes que dialogar, persuadir y convencer.

En suma, festejan el viejo estilo de golpear la mesa y quedarse con la última palabra.

Lo que ignoran estas sahumadoras de nuevo cuño es que tarde o temprano ese mismo poder pragmático puede terminar siendo su yugo.

Cuando lo que se privilegia es el resultado al método, el fin a los medios, se corre el riesgo de no ver los procesos que devienen en consecuencias.

No cabe duda que la Operación Chavín de Huantar fue un operativo de rescate exitoso, modelo en el mundo en acciones antiterroristas, que enorgullece a nuestras Fuerzas Armadas.

Pero ese fin exitoso profesionalmente no debe cegarnos al punto de avalar el asesinato extrajudicial de terroristas rendidos a manos de un escuadrón de la muerte conocido como “Los Gallinazos”.

Felicitar a unos y condenar a los otros no nos hace débiles como Estado. Por el contrario, siendo la persona humana el fin supremo del Estado, lo hace digno de tal definición.

Igualmente, en el caso de Cajamarca, convocar al diálogo y dejar de lado a fuerzas sociales discrepantes de la posición oficial, con el argumento de que no han sido electas por sufragio, es un error.

La representación de esas organizaciones no está en las urnas; sino en la capacidad que tienen en un sector de la población. Lo correcto es que dichas fuerzas participen dentro de las conversaciones y ganarles en esos espacios, antes que expectorarlas y empujarlas hacia posiciones y salidas extra-legales.

El pragmatismo puede ser una manera de abordar los problemas con sentido común, pero sin tolerancia y espíritu democráticos, se corre el riesgo de que se convierta en una forma autoritaria de ejercer el poder.

El pragmatismo llevó en los noventa a un chinito a ganar con un plan A y gobernar con un plan B. Ese mismo pragmatismo cerró el Congreso y terminó con la institucionalidad democrática.

En aras de ese leal saber y entender, se concentró los programas asistenciales en un todopoderoso Ministerio de la Presidencia. Y producto de ese pragmatismo maquiavélico, torvo, se utilizó una caja negra para operativos encubiertos.

Nada más antidemocrático que el pragmático que toma sus decisiones sin consultar o que puede incluso escuchar a todos y no hacer caso a alguien.

Y cuando eso ocurra, los áulicos de turno, como de costumbre también, tendrán que cambiar de bufones a plañideras.

El arte de negociar

La negociación es un acto de voluntad. Se requiere voluntad política de las partes. Si no existe este ánimo, cualquier intento se convierte en diálogo de sordos. Se necesita, además, paciencia; escuchar a todos. (1)

En el gobierno del Presidente Toledo se aprendió, con mucha dificultad, a manejar los conflictos. Al comienzo -igual que ahora-, los movimientos sociales, los frentes de defensa, pretendieron colocar al gobierno contra la pared. Pero, poco a poco se fue aprendiendo.

No está mal que participen los frentes de defensa, como ahora se pretende. Se les sataniza de manera incendiaria, arrinconándolos, poniéndolos casi al margen de la ley, cuando de lo que se trata es de ganarlos y sentarlos en la mesa.

La representación legal, en efecto, recae en las autoridades electas en sufragio popular. Pero la representación política no es sólo eso. Las organizaciones sociales también cuentan; si se quiere una paz duradera, claro.

La experiencia del gobierno 2001-2006 indica que se debe sectorizar los conflictos. Es decir, cada sector debe manejar, encarar y resolver, de manera adelantada, su conflicto.

En la Presidencia del Consejo de Ministros se instaló un Comité de Análisis que se reunía todos los lunes a primera hora. En este comité participaban los ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Economía y Finanzas, Proinversión e Inteligencia de la PNP. Si era necesario se invitaba a DIGESA y ANA.

Se pasaba revista a todos los conflictos, potenciales y latentes. Se repartían tareas. Y se atendían antes que estallen. Luego, en el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, se creó la Dirección General de Acción Social, oficina dedicada íntegramente a monitorear y operativizar la solución a los conflictos.

Esta Dirección tenía presupuesto y operaba bajo el lema: “Primero la gente, después la mina”.

Se realizaban también intercambio de experiencias. Los líderes de las comunidades de un proyecto –en especial lideresas mujeres– viajaban a un lugar del país o del extranjero para que vieran directamente los beneficios que trae la minería. Esa experiencia los marcaba.

Con la aprobación de la empresa inversionista se creó un Fondo Fideicomiso Social para adelantar obras de contenido social en las comunidades de la zona de influencia minera. Se construían escuelas, carreteras, postas médicas. Los jóvenes agricultores se preparaban para realizar trabajos técnicos.

La participación de la Iglesia fue muy importante como mediadora. El padre Gastón Garatea ayudó mucho por la credibilidad que tenía ante la población.

Desde el punto de vista de la comunicación, se realizaban campañas en medios de la zona –principalmente radios– para sensibilizar a la opinión pública.
Por supuesto, los operadores políticos tenían que realizar su trabajo y allanar el camino antes de que el conflicto estallara. Nunca se envió al primer Ministro a dialogar a la zona de conflicto, pero sí se convocaba a las dirigencias a venir a Lima a sentarse con el Presidente del Consejo de Ministros a cerrar un acuerdo ya negociado por los operadores y los ministros con ayuda de la Iglesia.

De todos los problemas que surgen en todo proceso de negociación dos son los principales: prepotencia e impaciencia. No se puede llegar a un lugar y pretender llegar a acuerdos en base al temor y sin escuchar a todos.



--------------------------------------

(1) Información en base a una conversación con el el ministro de energía y Minas, Glodomiro Sánchez, conductor exitoso del proceso de negociación del proyecto minero Las Bambas.

Chile lanzó satélite espía

(Aeronoticias).- Chile podrá “mirar” todo lo que se mueva en sus países vecinos a partir de ayer gracias a un satélite de construcción francesa denominado Fasat-Charlie lanzado desde un lugar de la Guyana Francesa, tras tres intentos anteriores que terminaron en sendos fracasos.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa Andrés Allamand, el mismo que en días anteriores pronosticó que el próximo año serán difíciles las relaciones con el Perú, probablemente por el fallo que dará el alto Tribunal de Justicia de La Haya respecto al diferendo marítimo que su país tiene con el Perú.

El satélite espía chileno le ha costado a su gobierno 72 millones de dólares, tiene una órbita de 620 kilómetros, su paso por territorio chileno se produce cada 5 días y cada 37 días por otros lugares del mundo, siendo su vida útil de 5 años a partir del 2012, según se informó.

Al respecto, el comandante en jefe de la fuerza aérea chilena (FACH), Jorge Rojas, reveló que este satélite "es un paso cuántico en materia tecnológica y permitirá a Chile catapultarse en la carrera espacial", agregando que este satélite ya no corresponde a la etapa experimental si no operacional , identificado como SSOT (Sistema Satelital de Observación de la Tierra).

Chile intentó varias veces para llegar a este éxito. Antes fueron en 1995 y 1998, para lo cual envió a Francia un equipo humano para recibir instrucción, compuesto por ingenieros de la FACH, que ahora podrán continuar su trabajo desde la base aérea de El Bosque.

El sombrío pronóstico del FMI

Washington (El Comercio.pe/ AP. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó que los prospectos de la economía global son muy sombríos por el momento y que requerirá una acción coordinada de todos los países para resolver la crisis de deuda en Europa.

Lagarde dijo que los problemas no van a ser resueltos por Europa sola. Añadió que todos los países deben colaborar, con la ayuda del Fondo, para lidiar con los desafíos creados por el severo endeudamiento de algunos países europeos.

DEPRESIÓN DE 1930
Incluso su pronóstico fue más allá y advirtió que si no se lidia con esos problemas de forma activa, la economía global pudiera enfrentar las mismas amenazas que llevaron al mundo a la gran depresión de la década de 1930.

La funcionara del FMI indicó que si la comunidad internacional no coopera existe el riesgo de que la economía global entre en una etapa de “retracción, aumento de proteccionismo y aislamiento”.

“Esta es exactamente la descripción de lo sucedido en los años 30 y lo que siguió no es algo que estamos esperando”, agregó Lagarde.

Los comentarios de la directora del FMI se produjeron en una conferencia en el Departamento de Estado, en Washington.

Política-ficción en cinco actos

Acto I
El presidente, aborda el helicóptero de la Policía Nacional y parte con rumbo sur. Quiere observar in situ la movilización de la población de cañete enfurecida por la construcción de un penal en su zona. Lo acompaña su ministro del Interior, su ex instructor militar, retirado y empresario exitoso. El presidente quiere resultados; muy en el fondo tiene intenciones de dialogar y hacer entrar en razón a los dirigentes.

Acto II
El helicóptero se acerca al escenario y da varias vueltas sobre el teatro de operaciones. El ministro del Interior explica la situación. Hace observaciones de movimientos, disciplina táctica, repliegue de fuerzas, ataques y movidas estudiadas, circundantes, escalonadas. “No, aquí no hay una movilización espontánea de pobladores; lo que hay es un despliegue táctico de organizaciones radicales, un operativo estudiado con fines desestabilizadores”, concluye. El presidente escucha anodado.

Acto III
El helicóptero aterriza en un punto de la carretera. El presidente quiere salir, pero el ministro se lo impide. Informes de Inteligencia, dice, alertan que no existen condiciones objetivas de seguridad para el presidente. Los informes recomiendan no exponer al jefe de Estado. El ministro le pide que se quede. Baja él. Camina raudo. La corbata ventea con las hélices del helicóptero. Los medios lo abordan. Ordena, dispone, manda. Luego regresa al helicóptero. Todo en orden, presidente.

Acto IV
Esa noche se desata una descarga contra los manifestantes. La masa se desarticula. Corren en estampida. Las balas silban. Una de ellas se aloja en un poblador. La primera víctima. Al día siguiente. Las protestas ceden. Los pobladores firman un acuerdo. El gobierno ya no construirá el penal. Los familiares lloran a su muerto. La protesta termina.

Acto V
El ministro del Interior acompaña al Presidente del Consejo de Ministros a Cajamarca. El premier pretende seguir dialogando. El ministro no. El premier da un ultimátum. El ministro tiene un Plan B. Ha dejado listo un dispositivo legal disponiendo Estado de emergencia. El premier se entera por la televisión. El ministro envía un informe a Economía solicitando acciones contra el gobierno regional y gobiernos locales de Cajamarca. A la par detiene a dirigentes cajamarquinos en Lima. El MEF congela las cuentas de Cajamarca. El premier reúne en Lima a los alcaldes cajamarquinos afectados. Descongela las cuentas. Demasiadas contradicciones.

Epílogo
El premier se va. El ministro se convierte en premier.

El viraje del Gobierno

En la carta de renuncia de Salomón Lerner Ghitis el ex premier señala el cumplimiento de una primera etapa y el inicio de “una nueva” que requiere “ajustes en la conducción general del gobierno”. ¿A qué se refería Salomón? ¿Qué etapa cerraba tras cinco meses de gestión y sobre todo a qué otra etapa se refería?

La clave está en el curso de los acontecimientos que tomó el conflicto minero en Cajamarca. Mientras Salomón Lerner abogaba por una salida dialogada, el ala dura del gobierno –Villafuerte, Valdés– impuso el estado de emergencia, sin que Lerner lo supiera.

A ello se sumaría el arresto de los dirigentes cajamarquinos y el congelamiento de cuentas del gobierno regional de Cajamarca que Lerner descongeló de inmediato, cuando ya su suerte estaba echada.

Días antes de tomar su decisión el propio Lerner se quejaba ante un amigo: “No estoy cómodo. Siento que el Presidente empieza a ser cercado por un sector militar que tiene otra forma de pensar y de actuar; que no entiende que los procesos de diálogo para alcanzar el consenso son procesos largos pero permanentes, mientras que las soluciones de fuerza pueden a la larga ser efímeras”.

En palabras de Lerner lo que había era un realineamiento del gobierno, un viraje que lo sacaba del eje centrista, concertador, que le imprimió al comienzo de su gestión, para colocarlo en uno más corrido a la centroderecha, de soluciones pragmáticas, más radicales.

El nuevo hombre fuerte, el primer ministro Oscar Valdés controlará los ministerios de la fuerza. El ministerio de Defensa estará a cargo de quien fuera su viceministro del Interior, Luis Alberto Otárola; y el ministerio del Interior será dirigido por su ex jefe de gabinete, Daniel Lozada.

No se puede quejar el presidente del Consejo de Ministros: tendrá control de mando directo en los ministerios que tendrán que encarar la solución de más de 250 conflictos sociales larvados que están a punto de brotar.

El tiempo dirá si la percepción de un endurecimiento del régimen es correcta o si es una mala lectura política de los hechos. ¿Se equivocó Salomón? Un dato puede ayudar a despejar esta incógnita: Salomón Lerner viene participando en diversos gobiernos en el Perú... !desde la década del setenta!

Renuncia Premier Salomon Lerner Ghitis

Lima, 10 de Diciembre de 2011

Apreciado señor Presidente:

Me dirijo a usted con el propósito de saludarlo y al mismo tiempo agradecerle la confianza brindada al designarme como presidente del Consejo de ministros, cargo que he desempeñado desde el 28 de julio de 2011.

Conforme lo hemos conversado personalmente, considero que el Gobierno ha desarrollado acciones que han implicado el cumplimiento de una primera etapa, caracterizada por la generación de confianza a los agentes económicos, sectores productivos y la sociedad en general. En esta etapa se han reafirmado los ejes de la administración de su gobierno, referidos al crecimiento con inclusión social en democracia, igualdad de derechos y oportunidades para todos, concertación económica y social en el ámbito nacional, regional y local y el reencuentro histórico con el Perú rural, los que fueron ampliamente desarrollados en los Lineamientos de Política expuestos ante el Congreso de la República el 25 de agosto de 2011 y que constituye el norte de la acción gubernamental de cambio en democracia.

En estos cinco meses de gestión, hemos trabajado arduamente impulsando acciones vinculadas a las diez políticas públicas contenidas en los mencionados lineamientos de política, y que resumen, señor Presidente, el consenso ciudadano por el que han votado los peruanos y que tienen como propósito el desarrollo de nuestro Perú con el que usted está tan comprometido, tal como día a día lo comprobamos quienes trabajamos con usted y como lo percibe la propia ciudadanía.

En este marco, nuestra línea directiva ha sido el diálogo y la búsqueda de consenso evitando la confrontación entre peruanos y que reafirma nuestra vida y vocación democrática.

Tal como se lo he expuesto, el inicio de una nueva etapa de trabajo gubernamental requiere de ajustes en la conducción general del gobierno, así como de la estrategia de la acción gubernamental y de la ejecución de una agenda que responda a los lineamientos programáticos del gobierno.

Con el único propósito de que usted quede en total libertad para realizar los ajustes mencionados, presento a usted mi renuncia irrevocable al cargo del Presidente del Consejo de Ministros.

Con el respeto y aprecio de siempre, reitero a usted mi agradecimiento por la oportunidad de haber servido a mi país desde el cargo de presidente del Consejo de Ministros que tuvo usted a bien conferirme.

Atentamente,

Salomón Lerner Ghitis.

Ministro de Defensa de Chile otea escenario 2012 post Haya

El ministro de Defensa del gobierno de Chile, Andrés Allamand, afirma en La Tercera que en su país existe preocupación en el terreno de las relaciones con Perú y Bolivia debido a la fase oral en que ingresará el 2012 la demanda peruana ante La Haya. “El país que no sea favorecido por La Haya enfrentará un escenario interno complicado”, señala Allamand, aunque termina admitiendo que “El compromiso de cumplir el fallo y de mantener después la política de integración son buenos elementos de contención para cualquier escenario”.

¿Por qué le preocupa la relación con los países fronterizos el próximo año?

Será compleja la relación con nuestros vecinos. Los expertos señalan que el inicio de la fase oral de la disputa limítrofe que se está viendo en La Haya podría alentar expresiones nacionalistas en Perú. Paralelamente, es previsible que haya problemas en Bolivia, si es que el gobierno de ese país materializa su anunciado propósito de denunciar el tratado limítrofe de 1904. Aunque el plazo fatal definido en la Constitución boliviana para interponer esta acción vence el 2013, también se establece una tramitación en la Asamblea Nacional de este punto en forma previa. De esta forma, es posible que, al margen de lo que suceda en Perú, en el caso de Bolivia tengamos dos frentes de conflicto: la eventual denuncia del Tratado de 1904 y el intento por aprovechar la próxima Asamblea General de la OEA, que se realizará en Cochabamba a mediados del próximo año para presentar su demanda marítima. En consecuencia, el panorama vecinal es complejo. Quiero resaltar, en todo caso, que la relación con Argentina está en su mejor momento histórico.

¿Será el año más difícil para el gobierno de Piñera?

No sé si el más difícil. Pero sí complejo. A veces, las complejidades surgen de imprevistos que pueden generar consecuencias de importancia. Lo que hace la diferencia esta vez es que se trata de un horizonte previsible. Eso significa que podemos y tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar. La tarea principal es mantener una capacidad de fuerza disuasiva muy preparada.

Habitualmente, los países se unen internamente frente a las amenazas externas. ¿Un escenario vecinal hostil puede beneficiar al gobierno?

En ese contexto, esa reacción yo la aprecio de otra manera: Chile tiene una sólida posición nacional sobre temas de relaciones exteriores y defensa. Son temas cruzados por muy amplios consensos internos. Lo que me preocupa es cómo se utilicen en Perú y Bolivia estas diferencias con Chile. Nosotros estamos siguiendo con gran atención lo que ocurre en esos países, porque la regla que nunca falla es: a inestabilidad interna en Bolivia o Perú, aumento de la agresividad en contra de Chile. Es preocupante que en la etapa inicial de su mandato el Presidente Humala ya haya tenido que decretar estado de emergencia en Cajamarca, donde había tenido una muy alta votación.

¿Por qué?

Que haya tenido que tomar esa medida nos da cuenta que existe una turbulencia mayor, que la veo en el siguiente eje: el Presidente Humala planteó en su campaña un discurso de revisión del modelo de desarrollo peruano. Hoy, aparece impulsando una política de inversiones para su país, en consecuencia, ahí puede haber un embrión de quienes quieran utilizar esto como un elemento de crítica permanente hacia Humala. Creo que existe el germen de una crítica de corte político en contra del Presidente. A Chile lo que más le interesa es la estabilidad política y económica de los vecinos, por eso es que nos preocupan estos acontecimientos.

¿Cómo visualiza el escenario post La Haya?

El país que no sea favorecido por La Haya enfrentará un escenario interno complicado, pero en eso consiste la responsabilidad de ambos países, que es lograr, independiente del resultado, que se acate el fallo y ambos países podamos dar vuelta la página. El compromiso de cumplir el fallo y de mantener después la política de integración son buenos elementos de contención para cualquier escenario. Chile tiene la capacidad para respetar y hacer respetar los tratados internacionales.

¿Cómo abordar los problemas que se enfrentan con Bolivia?

La Cancillería ha sido muy efectiva en hacer ver a la comunidad internacional que entre ambos países hay temas bilaterales, por lo que no corresponde elevarlos a organismos internacionales. Chile tiene que seguir explicando su posición y el que el Presidente Piñera haya asumido la presidencia del Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) es una oportunidad para reafirmar nuestra política internacional.

Hace algunos meses, un grupo de militares bolivianos traspasó la frontera chilena y luego fueron condecorados por el Presidente Morales, lo que produjo un impasse entre ambos países. ¿Qué lecciones se sacaron de ese incidente?

La actuación de los carabineros chilenos fue impecable. En los próximos años deberíamos mirar con especial atención episodios como éste, que pueden generar problemas complejos. A esto apuntan los esfuerzos que estamos haciendo junto al Ministerio del Interior en lo que es el fortalecimiento de nuestras fronteras. No me voy a pronunciar sobre la condecoración del Presidente Morales al grupo de militares que tuvo una actuación irregular en circunstancias que no están todavía aclaradas. Uno no sabe si se trató de un accidente o de algo premeditado. Lo que tenemos que hacer es estar atentos ante eventos de esa naturaleza y hemos vuelto a revisar nuestros protocolos frente a irregularidades como ésa.

El sentido del Estado de emergencia en Cajamarca

Mediante resolución suprema, el gobierno ha autorizado a las FF.AA. intervenir en Cajamarca en resguardo de establecimientos públicos y privados, servicios de agua, luz, aeropuertos, vías de acceso en las provincias de Cajamarca, Celedín, Hualgayoc y Contumazá.

¿Significa esto que Humala ha militarizado los conflictos sociales?

No, necesariamente. La declaratoria de emergencia es una medida constitucional excepcional que el gobierno ha decidido usar ante el fracaso del diálogo entre representantes del gobierno y dirigentes locales.

El dispositivo señala que la actuación de las FFAA constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y no releva la activa participación de ésta. Es decir, no le entrega a las FF.AA. el comando político-militar.

La militarización de los conflictos sociales es la represión a sangre y fuego de las protestas con la consecuente baja de civiles a manos de los militares. “El país no soportaría otro baguazo”, dijo con razón el ex presidente Alejandro Toledo.

El artículo 137° de la Constitución establece que, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia.

En estas condiciones, el Estado reestablece el orden y la tranquilidad públicas, necesarios para que se desarrollen con cierta normalidad las actividades de los ciudadanos.

Esperamos que la población de Cajamarca asuma esta medida con cautela y precaución, retome el diálogo y arribe a una solución definitiva a sus reclamos.

Sólo en condiciones de paz social, es posible estudiar la viabilidad del proyecto minero Conga que tiene un cuestionado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el gobierno anterior.

El país necesita la inversión privada, pero no a costa de impactar negativamente de manera irreversible en el medioambiente. Corresponde, en consecuencia, revisar el EIA y hacer nuevos estudios.

Por otro lado, el gobierno tiene la obligación de garantizar la vida, restablecer los servicios básicos y hacer respetar la propiedad pública y privada.

El Estado de Emergencia genera, de todos modos, una situación de tensión que requiere un alto sentido de responsabilidad de parte tanto de las fuerzas del gobierno como de los agitadores sociales para que no se desborden las pasiones.

Por el bien del país, nadie espera que hablen las balas.

120 días de gobierno nacionalista: Balance Inicial

En estos primeros 120 días de gobierno, Perú Posible considera necesario realizar un análisis de la situación del país a manera de balance preliminar de las principales acciones y decisiones del gobierno del Presidente Ollanta Humala.

Lo hacemos con el compromiso que tienen los partidos políticos de participar en el debate nacional con responsabilidad y civismo. Y con una perspectiva de crítica constructiva.

El Perú está inserto en una economía mundial que sufrirá un periodo de crisis en diversos puntos del planeta, como lo estamos viendo en Grecia, Portugal y España.
El escenario económico puede complicarse más si es que China reduce su ritmo de crecimiento y contagia a Estados Unidos en su caída.

Ningún país puede sentirse inmune a los efectos de una crisis económica internacional.

El gobierno debe tomar debida nota de esta realidad cuyos factores exógenos no controla y tomar medidas urgentes como la elaboración de un Plan Anticrisis.

Señales positivas que reconocemos

En estos primeros 120 días de gobierno destacamos el cumplimiento de algunas de las promesas de campaña del presidente Humala: la Ley de Consulta Previa, Ley sobre Regalías e Impuestos al sector minero, aumento del salario mínimo y creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, Pensión 65 y SAMU.

El cumplimiento de estos ofrecimientos electorales es positivo e imprescindible para mantener la confianza de la población.

La aprobación del Presupuesto General de la República en más de 95 mil 500 millones de soles, es también una señal de que el país avanza. En un quinquenio, el país ha duplicado su Presupuesto. Corresponde ahora impulsar la equidad.

Ser eficientes en el gasto público pasa por tener claridad en los objetivos a lograr, en establecer indicadores de base claros para medir resultados y saber si estamos avanzando o no en el cumplimiento de esos objetivos.

Ser eficaces en la inversión social pasa también, por supuesto, por contar con los cuadros técnicos y profesionales que soporten dicha acción gubernamental. Y esto es algo que aún no vemos con la urgencia que tienen los pueblos en que les llegue los beneficios del crecimiento.

No militarizar los conflictos sociales

La decisión presidencial de llevar adelante el proyecto minero Conga y la suspensión de las actividades por la empresa minera, ha generado la primera crisis política social en la presente administración, cuyo resultado definirá el rumbo del gobierno.

La tensión social que se vive es muy grave. Cajamarca está prácticamente paralizada, generando un daño económico a la región. Es imprescindible que el Ejecutivo, la empresa y las comunidades encuentren una salida razonada.

Esta salida, lo hemos dicho con claridad, pasa por establecer una política de diálogo y no de respuesta violenta que repita la reacción indolente del gobierno anterior a los conflictos sociales.

El Perú no soportaría más “baguazos”.

Por esta razón hemos señalado que no se puede militarizar los conflictos sociales.
Las consecuencias de una respuesta militar-policial en general a los conflictos sociales o medioambientales serían funestas para el país.

El verdadero dilema: Vida y oro

La posición agua y oro expresada por el presidente Humala, siendo correcta, resulta insuficiente para explicar la dimensión del problema de la minería y el medioambiente.

Lo que se define en Conga no es sólo el agua y el oro. Agua es vida. Por lo tanto, el conflicto real es entre la vida y el oro.

El Estudio de Impacto Ambiental debe ser revisado y ampliado teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio del Ambiente.

El país necesita generar más ingresos, producto de la inversión privada, pero no a costa de deteriorar de manera irreversible el medioambiente.

Ningún conflicto socio-ambiental puede llegar a tener la dimensión del caso Conga; ni en Cajamarca ni en ninguna región del Perú.

El conflicto entre agua y minería no es nuevo.

Hoy, con el cambio climático y la reducción de las lluvias en las zonas alto altoandinas, éste cobra un cariz más dramático.

Por ello, urge tener alternativas viables para prevenir que ocurran más conflictos socio-ambientales.

Las alternativas deben visibilizar los beneficios de la inversión privada para las comunidades y actores locales, crear confianza entre la población y los proyectos para reducir su aprovechamiento político por agentes externos y facilitar las inversiones tan necesarias para el desarrollo del país.

Una alternativa viable económica, financiera y técnicamente, que proponemos es desarrollar un Programa Nacional de Construcción de Reservorios de Agua en las cabeceras de cuenca.

Los costos de inversión de estos reservorios y del sistema de riego tecnificado para un uso eficiente del agua no superan los 10 mil soles por hectárea.

Y pueden ser financiados con recursos municipales, recursos del canon regional, fondos de las empresas mineras y el FONIPREL, en un esquema que premie la asociación público-privado.

El impacto en prevención de conflictos sociales por el agua sería muy grande, máxime si las empresas mineras y de energía, como parte de su responsabilidad social y antes de la consulta para la licencia social y el inicio de la fase exploratoria, formulan y ejecutan este tipo de trabajo con los municipios distritales y las comunidades, dentro de la futura área de influencia directa del nuevo proyecto.

Otra de las cosas que se pueden hacer es crear un Fondo Fideicomiso para cada uno de los futuros proyectos mineros y/o energéticos manejados por un directorio compuesto por el gobierno nacional, regional, municipal y las comunidades, para que inviertan en infraestructura, salud, educación en las zonas de influencia del proyecto.

No nos ahoguemos en el falso dilema de oro y agua. Hay salidas. Lo que se necesita es voluntad política para llevarlas adelante.

Pugnas y sombras en las altas esferas

Adicionalmente, en poco más de tres meses de gobierno, observamos una fractura de confianza al interior del equipo de asesores presidenciales.

Lo preocupante no es eso, sino, la denuncia sobre interceptaciones telefónicas, hackeo de correos electrónicos y seguimiento, que ha hecho una de las líneas en pugna.

Dichas actividades son censurables desde todo punto de vista y no se condicen con un régimen democrático que respeta la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo por mandato expreso de la ley.

Por el bien de la salud democrática del país esta denuncia debe investigarse y esclarecerse.

De otro lado, la denuncia contra el segundo vicepresidente por supuestos delitos de tráfico de influencias, impacta negativamente al gobierno y le resta credibilidad en la lucha contra la corrupción.

Sobre este último tema es necesario establecer un pacto político contra la corrupción en el que participen el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto . Una manera de empezar a hacerlo es aprobar la Ley de Imprescriptibilidad de la corrupción, actualmente en debate en el Congreso.

Sobre la política de Inclusión Social

Las políticas sociales del nuevo gobierno enfatizan la búsqueda de la inclusión social como la vía para la reducción de la pobreza; cuando en realidad, el enfoque debiera ser al revés: es la reducción de la pobreza uno de los mecanismos para lograr la inclusión social.

Este último enfoque coincide con el que establece la Agenda Social para la Democracia, elaborada por el Foro de ex presidentes de América Latina.

Una diferencia sustantiva que encontramos entre la Agenda Social y las políticas sociales del nuevo gobierno, es que el primero no se reduce a políticas sectoriales focalizadas (Desarrollo e Inclusión social) o universales (Salud o Educación), sino que es un enfoque transversal que se aplica en todas las políticas públicas.

El enfoque sectorial de la inclusión social es una limitación que hubiera podido corregirse si el Gobierno hubiera convocado al Acuerdo Nacional.

Si se quiere reducir realmente la pobreza y lograr la inclusión, se tienen que priorizar acciones concertadas y articuladas de todos los programas focalizados.

El enfoque sectorial del MIDIS puede perder de vista que la pobreza no es una realidad sectorial, sino multisectorial, multinivel y sobre todo territorial.

Proponemos ampliar el enfoque de la inclusión social al conjunto de las políticas públicas (económicas, tributarias, productivas, ambientales y sociales) como lo señala la Agenda Social para la Democracia.

El tema de inclusión va más allá de reducir la pobreza.

Creemos que es importante sostener la creatividad productiva de las personas de menores recursos que, sin estar calificados como pobres, no pueden producir por no tener acceso a la capacitación, a las tecnologías productivas, el financiamiento o los mercados.

Resulta de la mayor importancia definir un nuevo programa de apoyo a las microempresas y a las pequeñas empresas.

El Banco de la Esperanza destinado a proporcionar pequeños créditos supervisados a los emprendedores es, en ese sentido, una alternativa viable para la inclusión productiva.

Tareas pendientes

Quizás la más importante promesa que aún no se ha iniciado es la definición del plan de competitividad del país y la promoción de la inversión directa de capital que aporta tecnologías, empleo y mayor valor agregado.

Se sigue pensando en que Pro Inversión venda lo poco que queda en el Estado y promocione proyectos de infraestructura sin haber aún modificado los términos en que estas inversiones debieran realizarse para mejorar su impacto.

Es por ello importante armar el paquete de políticas necesarias para promover la inversión directa de capital con tecnología que hoy busca mejores plazas donde invertir. En ese sentido, debiera redefinirse la tarea de Pro Inversión para cumplir esta tarea.

La relación con los gobiernos regionales y locales es un problema pendiente.
Se mantienen los problemas de la convocatoria y rol del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Está pendiente qué hacer con la conducción del proceso de descentralización, la integración de regiones, la ley de ordenamiento territorial o la transferencia de recursos del canon ahora amenazados con disminuir por efectos de la ley de impuestos a la minería que permite cargar a los gastos de la empresa algunos impuestos.

Problemas en el horizonte cercano

Temas relacionados a las políticas macroeconómicas anticrisis y de estimulo a la inversión con mayor valor agregado, las medidas anticorrupción, el cambio de los contratos-ley para la minería y energía, el acuerdo energético con Brasil (herencia del gobierno anterior) la inclusión y la Reforma Constitucional pueden generar fuerte discusión y afectar las actuales alianzas dentro del Congreso.

La batalla por aspectos tales como la Consulta Previa y la inversión mediante un Plan de Desarrollo para la Amazonía no ha concluido, recién empiezan y hoy se da al nivel de la reglamentación de esta norma que ya está atrasada en su aplicación.

Puno, por ejemplo, tiene más de 40 solicitudes de consulta previa aún antes de aplicarse la ley.

La puesta en marcha de la revolución educativa y el rol del sector privado en ella, los cambios a los contratos público-privado así como todo el problema medio ambiental, la generación de un acuerdo nacional sobre reglas claras para el procesamiento transparente de la aprobación de los proyectos mineros y de la definición de minería responsable son temas muy importantes que aún no se han definido.

Lucha contra la corrupción

Pero ningún vigor alcanzará a conseguir los objetivos propuestos si es que distraemos esfuerzos y se dilapidan los recursos. Por eso es necesaria una lucha frontal contra la corrupción.

La corrupción es incompatible con cualquier sistema político porque a través de ella se subvierte las reglas del juego político con el objeto de obtener un beneficio no permitido.

En el contexto de la administración pública, provoca impotencia y frustración dado que la práctica corrupta permitida o no sancionada tiende a generalizarse, destrozando un sistema que debe ser eficaz para todos, en un mecanismo que beneficia solo a unos pocos, generando políticas cuantiosas de control, desviando recursos que deberían ser destinados al desarrollo de la sociedad hacia políticas de control y enfrentamiento de la corrupción.

Si las prácticas corruptas forman un sistema, la forma de atacarlas también deben ser a través de una análisis sistémico y no de forma aislada, para que no sea insuficiente a la larga una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero del Estado que bien podría ser utilizado en políticas de desarrollo.

Por esta razón presentaremos a través de nuestra bancada una iniciativa legislativa que crea la Autoridad Nacional contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.

Se trata de una estrategia interinstitucional, coordinada, con una política de prevención y de acción, en la cual participe y se involucre al Estado en forma conjunta con la sociedad que legitime el Estado y devuelva la confianza de los ciudadanos en el juego democrático.

Lo hacemos con el ánimo de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, la confianza ciudadana en el sistema democrático, la confianza ciudadana en la política y la confianza ciudadana en sus líderes.

Tapia y los métodos oscuros que nadie quiere

La definición del Presidente Humala en pro del proyecto Conga ha cobrado su primera víctima: el asesor presidencial Calor Tapia.

En este mismo espacio decíamos hace unos días que “Al definirse en pro del proyecto minero, Humala debe resolver la manera de enfrentar a sus críticos de dentro y de fuera”.

Y añadíamos: “Para nadie es un secreto que el sector más resistente a la posibilidad de que ingresos capitales privados es la izquierda radical; la misma que acompañó a Humala y se cobijó como proyecto político en La Gran Transformación”.

Tapia simboliza la derrota del sector izquierdista que llevó a Ollanta Humala al poder. Y su sorpresiva renuncia representa también un realineamiento de las fuerzas internas.

Pero lo más grave, no es que se desgaje una facción de poder. Al fin y al cabo esto ocurre de manera permanente dentro y fuera de los círculos de poder.

En toda organización se constituyen grupos de interés o influencia o, como decía Duverger de los partidos políticos, se forman “comunidades de intereses”.

Lo preocupante de la denuncia de Tapia es la existencia de mecanismos que creíamos superados en democracia: seguimiento, chuponeo, intereses extranjeros enquistados en Palacio de Gobierno y uso político de los servicios de inteligencia.

No se puede aceptar que métodos antidemocráticos se usen contra quienes se consideran rivales dentro de un círculo de poder.

Indicaría que no habríamos aprendido la lección de los noventa cuando los servicios de inteligencia se usaron como brazo político del gobierno con el ánimo de perpetuarse en el poder.

La Presidencia del Consejo de Ministros ha señalado que no es práctica de este ente del Estado realizar este tipo de seguimientos.

Pero, la denuncia de Tapia es concreta: hackeo de sus correos electrónicos, seguimiento de sus actividades, interceptaciones telefónicas y campaña de intriga dentro de los círculos de poder de parte de un grupo de asesores presidenciales:

Luis Favre, brasileño, experto en marketing electoral, asesor de campaña electoral que asume ahora tareas de asesoramiento en políticas de gobierno; Adrián Villafuerte, general retirado del Ejército, considerado el factótum de los cambios en el Ejército y Policía General; y Víctor Gómez Rodríguez, jefe de la DINI, ex jefe de seguridad de empresas mineras.

El Presidente Humala no puede ser víctima de la intriga profesional.

Gobernar en democracia no es sólo hacerlo respetando los poderes del Estado, sino respetar las instituciones. En especial, aquellas que velan por la seguridad interna y externa.

“Es preferible advertir, para después no lamentar”, ha dicho Tapia. Ese camino ya lo conocemos. Y por la salud democrática del país, no queremos volver a transitarlo.

Chile: no quieren fallo favorable a Perú

Chile siempre se ha preciado de ser la Suiza de la región. Un país con instituciones que funcionan, un sistema de partidos, una economía estable y una vigorosa democracia. Sin embargo, a juzgar por los resultados de una reciente encuesta, esta no es más que una percepción hechiza. 73% de encuestados ha revelado que no acataría el fallo de La Haya, si es que éste resulta desfavorable. Así como lo lee, estimado e incrédulo lector. Una gran mayoría contraviene un eventual fallo de un órgano supranacional al que dos Estados civilizados acuden para dirimir una controversia jurídica. ¿En qué quedamos? ¿Nos guiamos por la razón o por la fuerza? Su escudo reconoce ambos caminos, pero tal parece que Chile prefiere el segundo. (Nota del Autor)

(Associated Press) La mayoría de chilenos rechaza la idea ceder territorio marítimo a Bolivia y a Perú, incluso si la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de la demanda peruana, según la encuesta Nacional Bicentenario-2011.

El sondeo, realizado por la Universidad Católica de Chile y la firma Adimark, revela que el 73% de encuestados no vería con buenos ojos una sentencia favorable para el Perú y solo el 22% aceptaría esta hipotética decisión.

El inicio de la fase oral del contencioso limítrofe con Chile ante la Corte de La Haya esta previsto para el próximo año. El 11 de julio último, la demanda finalizó su etapa escrita con la presentación de la dúplica (respuesta) chilena.

El estudio se realizó a 2,005 adultos en sus hogares, entre el 20 de junio y el 29 de julio, con un margen de error de 2,2%. Los resultados fueron difundidos hoy solo por el diario chileno El Mercurio.

Fuente: Diario Perú 21
23 de Noviembre de 2011