El país está notificado. Si se pone en juego el orden, la seguridad y la estabilidad democrática del Perú, “el Gobierno hará cuestión de Estado para que eso no ocurra, porque el Perú lo que necesita es orden”. Y orden –en la visión extrema del Presidente- es mano dura del Gobierno a través del cierre constitucional del Congreso, vía la censura sucesiva de dos gabinetes.
“Cuestión de Estado”, la llama el Presidente.
Estas palabras abonan el clima de intolerancia y hostilidad que desde el Estado se proyecta a la sociedad civil organizada.
Desde hace un año se despliegan cambios sistemáticos en el ordenamiento jurídico del país que buscan prever una salida a una hipotética como inviable situación de violencia social.
Se promueve que la Policía dirija sus armas contra manifestaciones sociales sin temer represalias o problemas ante la justicia.
Se autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en conflictos sociales con la sola decisión del Presidente de la República, sin aprobación del Consejo de Ministros.
Esto rompe un principio básico del presidencialismo peruano, cual es, equilibrar las decisiones del Primer Mandatario y refrendar sus acuerdos –bajo responsabilidad– mediante la aprobación y firma de los ministros de Estado.
Un país moderno y en orden no es un país que hostiliza a la sociedad civil y que endurece su relación con las organizaciones y movimientos en conflicto.
Un país democrático no es aquel que cambia las reglas de juego para concentrar el poder.
Un país que aspira a vivir en paz y tranquilidad social no es aquel que alienta medidas represivas e intolerantes.
El consenso y el diálogo no son sinónimos de debilidad o bobería. Son la esencia de la democracia. No se pueden reemplazar por la diatriba y la persecución sin cambiar la naturaleza del estado de las cosas.
Gobierno peruano
Autoritarismo
Democracia
4 comentarios:
Preparáos para la fiesta...
http://chizito-fiesta.blogspot.com/
Piden que García diga quién atenta contra democracia
CGTP, IDL y Aprodeh critican "sesgo autoritario" del Presidente de la República.
4Mekler teme que García presente proyectos "de cualquier tipo" para cerrar Parlamento.
La ambigüedad con la que el presidente Alan García se refirió a quienes -según su perspectiva- atentan contra el orden democrático en el país suscitó ayer la reacción de diversas personalidades políticas y de la sociedad civil, quienes le pidieron al mandatario que especifique quién cabe en su definición de "los que no creen en la democracia".
"Aquí hay un cargamontón preparado y urdido para eliminar el orden democrático", afirmó García en una entrevista con El Comercio, aunque luego se negó a precisar quién estaba detrás de esta maniobra desestabilizadora. Juan José Gorriti, dirigente de la CGTP, exigió al mandatario que individualice el alcance de sus acusaciones, pues de lo contrario él se estaría convirtiendo en el primer desestabilizador.
¿Quién amenaza la democracia? ¿Los que protestan porque las mineras no dan utilidades? ¿Los despedidos por formar sindicatos?", se preguntó, en diálogo con este diario, tras expresar que el Gobierno, en vez de mostrar su lado autoritario, debería preocuparse en solucionar los reclamos sociales.
Carlos Rivera, abogado del IDL, consideró grave el discurso de polarización del presidente. A su juicio, dividir el país entre quienes están a favor de la democracia y quienes no, y no identificar a quiénes pertenecen al segundo grupo, deja abierto el riesgo de que sus opositores y críticos terminen siendo incluidos en el bando de los 'malos'. "O modifica su posición política o dice quiénes están contra la democracia. Esa ambigüedad es delicada", remarcó.
MANO DURA. García también se refirió a la función de la Policía en el control del orden interno frente a las protestas sociales, y se quejó porque -según él- algunos líderes de opinión, y los que él llama "defensores de los derechos de los terroristas", obstaculizan esa labor.
Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh, calificó la postura de García como autoritaria, pues este no es capaz de entender que existen en el país sectores o instituciones que no están ni estarán de acuerdo con algunas de sus medidas. "No creo que haya autoridad que piense que los organismos defensores de DD.HH. tienen que ver con el terrorismo. Todos trabajamos por el país", remarcó. Rivera y Jugo coincidieron en indicar que una característica de la democracia es que cuando hay un exceso en el uso de la fuerza debe haber una sanción. "No creo que la autoridad se deba ejercer sin restricción. Uno de los principios de los DD.HH. es poner restricciones al abuso de autoridad. La autoridad democrática debe imponerse al orden autoritario", añadió Jugo.
AMENAZA DE CIERRE. Por su parte, el congresista Isaac Mekler rechazó la alusión del mandatario a su líder, Ollanta Humala, y a la bancada nacionalista, a quienes, sin mencionarlos, vinculó con el 'Andahuaylazo' y los acusó de no creer en la democracia. "Estamos cansados de ese tema. Él no tiene derecho a vincularnos con esa asonada. Nosotros estamos participando con limpieza en el ámbito democrático. Está muy mal, muy desorientado", indicó. Mekler también advirtió una amenaza de cierre del Congreso en lo expresado por García, quien reiteró que no tendría problemas en sacrificar dos gabinetes con la finalidad de disolver, por la vía constitucional, un Parlamento que gasta mucho tiempo "entre la propuesta y la definición". "Podría enviar cualquier tipo de proyectos, diez barbaridades, para pedir (un voto de) confianza, pero en el Congreso no se trata de apoyar cualquier cosa. Está buscando un argumento jurídico para cerrarlo porque está perdiendo mayoría. ¿Esa es la propuesta de un estadista? Qué miedo", expresó.
Piden que García diga quién atenta contra democracia
CGTP, IDL y Aprodeh critican "sesgo autoritario" del Presidente de la República.
4Mekler teme que García presente proyectos "de cualquier tipo" para cerrar Parlamento.
La ambigüedad con la que el presidente Alan García se refirió a quienes -según su perspectiva- atentan contra el orden democrático en el país suscitó ayer la reacción de diversas personalidades políticas y de la sociedad civil, quienes le pidieron al mandatario que especifique quién cabe en su definición de "los que no creen en la democracia".
"Aquí hay un cargamontón preparado y urdido para eliminar el orden democrático", afirmó García en una entrevista con El Comercio, aunque luego se negó a precisar quién estaba detrás de esta maniobra desestabilizadora. Juan José Gorriti, dirigente de la CGTP, exigió al mandatario que individualice el alcance de sus acusaciones, pues de lo contrario él se estaría convirtiendo en el primer desestabilizador.
¿Quién amenaza la democracia? ¿Los que protestan porque las mineras no dan utilidades? ¿Los despedidos por formar sindicatos?", se preguntó, en diálogo con este diario, tras expresar que el Gobierno, en vez de mostrar su lado autoritario, debería preocuparse en solucionar los reclamos sociales.
Carlos Rivera, abogado del IDL, consideró grave el discurso de polarización del presidente. A su juicio, dividir el país entre quienes están a favor de la democracia y quienes no, y no identificar a quiénes pertenecen al segundo grupo, deja abierto el riesgo de que sus opositores y críticos terminen siendo incluidos en el bando de los 'malos'. "O modifica su posición política o dice quiénes están contra la democracia. Esa ambigüedad es delicada", remarcó.
MANO DURA. García también se refirió a la función de la Policía en el control del orden interno frente a las protestas sociales, y se quejó porque -según él- algunos líderes de opinión, y los que él llama "defensores de los derechos de los terroristas", obstaculizan esa labor.
Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh, calificó la postura de García como autoritaria, pues este no es capaz de entender que existen en el país sectores o instituciones que no están ni estarán de acuerdo con algunas de sus medidas. "No creo que haya autoridad que piense que los organismos defensores de DD.HH. tienen que ver con el terrorismo. Todos trabajamos por el país", remarcó. Rivera y Jugo coincidieron en indicar que una característica de la democracia es que cuando hay un exceso en el uso de la fuerza debe haber una sanción. "No creo que la autoridad se deba ejercer sin restricción. Uno de los principios de los DD.HH. es poner restricciones al abuso de autoridad. La autoridad democrática debe imponerse al orden autoritario", añadió Jugo.
AMENAZA DE CIERRE. Por su parte, el congresista Isaac Mekler rechazó la alusión del mandatario a su líder, Ollanta Humala, y a la bancada nacionalista, a quienes, sin mencionarlos, vinculó con el 'Andahuaylazo' y los acusó de no creer en la democracia. "Estamos cansados de ese tema. Él no tiene derecho a vincularnos con esa asonada. Nosotros estamos participando con limpieza en el ámbito democrático. Está muy mal, muy desorientado", indicó. Mekler también advirtió una amenaza de cierre del Congreso en lo expresado por García, quien reiteró que no tendría problemas en sacrificar dos gabinetes con la finalidad de disolver, por la vía constitucional, un Parlamento que gasta mucho tiempo "entre la propuesta y la definición". "Podría enviar cualquier tipo de proyectos, diez barbaridades, para pedir (un voto de) confianza, pero en el Congreso no se trata de apoyar cualquier cosa. Está buscando un argumento jurídico para cerrarlo porque está perdiendo mayoría. ¿Esa es la propuesta de un estadista? Qué miedo", expresó.
Urgente: Saúl Peña tienes un paciente en la Plaza de Armas.
Ups!
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