No es correcto pensar que el Gobierno haya decidido archivar su proyecto de extender la pena de muerte. Hay apenas un replanteó táctico. Los ministros ahora callan, pero quienes hablarán en adelante serán las calles. Es el turno de las masas.
El Presidente García es un fiel seguidor de este tipo de lucha política: sacar a combatir a las masas y decidir el curso de la confrontación en actos masivos. Debe recordarse lo que le dijo a la periodista María Teresa Braschi en la ya célebre entrevista que ofreció al Canal 2 en su departamento de Bogotá, poco antes de su retorno al país.
En esa oportunidad, al referirse al papel de la oposición en su lucha contra el régimen de facto de Fujimori, García reveló que había privilegiado “la lucha parlamentaria”, en lugar de la lucha de las masas, en las calles.
“Si yo fuera el alcalde de Villa El Salvador, Martín Pumar, estaría encabezando marchas continuas a Palacio de Gobierno a la cabeza de reivindicaciones sociales, más agua, más energía eléctrica, más titulación; no haría una oposición sólo en el Congreso”, dijo en esa oportunidad García.
La lucha de masas es una categoría marxista utilizada para explicar la lucha de clases movilizadas en pos del poder. Es, en el fondo, una forma de lucha política expresada en movilizaciones sociales que tienen como función principal la agitación y la propaganda.
El APRA y las diversas variantes de la izquierda en nuestro país han usado este método de lucha desde sus inicios. El Presidente García sólo ha decidido ponerlo en práctica para ganar terreno en la definición por ampliar la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
La primera señal en este terreno es la marcha que hoy hará a Palacio de Gobierno la Asociación de Familiares de Víctima del Terrorismo (Afavit) para apoyar el referéndum pro pena de muerte para terroristas. Los marchantes acudirán también al Palacio de Justicia y luego al monumento El Ojo que Llora donde exigirán el retiro de los nombres de los subversivos.
Según la agencia oficial Andina, “la marcha de la Afavit también expresará su rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de los terroristas muertos en el penal Castro Castro en 1992, además de exigir un reconocimiento público”.
"Es una injusticia que aquellos que destruyeron familias enteras y dejaron miles de huérfanos, sean indemnizados. Todos los que hemos sufrido por el terrorismo debemos movilizarnos para expresar nuestro rechazo al terror y al injusto fallo de la Corte Interamericana", ha declarado Mercedes Carrasco, presidenta de Afavit.
García ha decidido colocar parlantes a las víctimas y a través de ellas enfrentar la resistencia que encuentra en el Congreso, hurgando en lo sórdido y morboso que tiene el tema, especialmente en el caso de las violaciones a menores. En esta línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, ha propuesto llevar a las víctimas al Congreso para escuchar sus “desgarradores testimonios”.
Es un método peligroso porque por un lado desprestigia a un poder del Estado, y por otro, estimula sentimientos primarios de la masa. Tal parece que el razonamiento es: perdida la batalla de la razón y los argumentos, ingresamos ahora al terreno de los sentimientos y la barbarie.
Ya lo dijo muy bien Enrique Bernales: el único antecedente que la Historia consigna un referendum para aprobar la pena de muerte fue la que convocó Poncio Pilatos. Lo que nos recuerda que las masas por numerosas o mayorías que sean y representen, se equivocan.
19 enero, 2007
16 enero, 2007
Pena de Muerte o Pena Demente
En setiembre del 2006, una alerta sobre el Perú recorrió el mundo: tres proyectos de ley presentados al Congreso proponían ampliar la pena de muerte en el país para violadores de niños. Uno de los proyectos era firmado por Unidad Nacional, otro por el Partido Aprista y un tercero era enviado por el propio Ejecutivo.
A poco de instalado el nuevo Gobierno, el país comunicaba que, en materia de derecho internacional, habíamos decidido ir contra corriente. Actualmente más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es decir, 129 países decidieron no conferir al Estado el poder de eliminar al hombre.
En materia de Derechos Humanos, el Perú retrocedía y optaba por quedar del lado de los países que mantienen la pena de muerte como castigo capital: Afganistán, Arabia Saudí, Burundi, China, Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Yemen.
Hoy, sin embargo, la alerta al mundo se ha redoblado. Es el propio Presidente de la República el impulsor de esta drástica medida, luego que el Congreso decidiera rechazar las propuestas hace una semana. Contra la opinión de todos, contra la Constitución, el jefe del Estado propone embarcar al país en un referéndum de consulta.
No están de acuerdo con la propuesta el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispo de Lima y los más destacados jurisconsultos del país. Pero nada de esto parece importarle al Presidente que arremete con todo. En una reunión con su partido político ha logrado que éste salga a apoyarlo y se juegue por la consulta ciudadana.
De esta manera, el Presidente contradice la tendencia abolicionista internacional. La pena de muerte es un castigo bárbaro. Es una forma disfrazada de la vieja ley del Talión. Tú vida por la vida que cobraste. No hay moral superior del Estado en este procedimiento. Hay ira y destrucción.
No está demostrado que la pena capital disuada al criminal. Porque si miramos con cautela el asunto, para sujetos que no tienen cura, para aquellas escorias sociales, la muerte puede ser hasta un premio. El peor castigo es el encierro de por vida.
Matar a un criminal es una respuesta simplista. Los problemas humanos son mucho más complejos. Eliminar violadores no acaba con el delito. La muerte legal, dictada por los tribunales, en cualquiera de sus formas, es una afrenta a la dignidad humana.
El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. El Perú es signatario de La convención americana.
En 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que claramente señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera absoluta a los países miembros ampliar el uso de la pena de muerte a cualquier delito que no fuera castigado con la pena capital cuando el Estado pasó a estar vinculado por la Convención.
Pero nada de esto parece importar. Retirar al Perú del ámbito de la convención dejaría desprotegidos a los peruanos de abusos contra los derechos humanos cometidos por tribunales nacionales. El propio Presidente de la República no habría podido recuperar plenamente sus derechos si no fuera por este amparo supranacional.
De prosperar la medida, el país ingresaría peligrosamente a una senda oscura de autoritarismo, con una democracia disminuida y sin plenos derechos.
A poco de instalado el nuevo Gobierno, el país comunicaba que, en materia de derecho internacional, habíamos decidido ir contra corriente. Actualmente más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es decir, 129 países decidieron no conferir al Estado el poder de eliminar al hombre.
En materia de Derechos Humanos, el Perú retrocedía y optaba por quedar del lado de los países que mantienen la pena de muerte como castigo capital: Afganistán, Arabia Saudí, Burundi, China, Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Yemen.
Hoy, sin embargo, la alerta al mundo se ha redoblado. Es el propio Presidente de la República el impulsor de esta drástica medida, luego que el Congreso decidiera rechazar las propuestas hace una semana. Contra la opinión de todos, contra la Constitución, el jefe del Estado propone embarcar al país en un referéndum de consulta.
No están de acuerdo con la propuesta el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispo de Lima y los más destacados jurisconsultos del país. Pero nada de esto parece importarle al Presidente que arremete con todo. En una reunión con su partido político ha logrado que éste salga a apoyarlo y se juegue por la consulta ciudadana.
De esta manera, el Presidente contradice la tendencia abolicionista internacional. La pena de muerte es un castigo bárbaro. Es una forma disfrazada de la vieja ley del Talión. Tú vida por la vida que cobraste. No hay moral superior del Estado en este procedimiento. Hay ira y destrucción.
No está demostrado que la pena capital disuada al criminal. Porque si miramos con cautela el asunto, para sujetos que no tienen cura, para aquellas escorias sociales, la muerte puede ser hasta un premio. El peor castigo es el encierro de por vida.
Matar a un criminal es una respuesta simplista. Los problemas humanos son mucho más complejos. Eliminar violadores no acaba con el delito. La muerte legal, dictada por los tribunales, en cualquiera de sus formas, es una afrenta a la dignidad humana.
El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. El Perú es signatario de La convención americana.
En 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que claramente señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera absoluta a los países miembros ampliar el uso de la pena de muerte a cualquier delito que no fuera castigado con la pena capital cuando el Estado pasó a estar vinculado por la Convención.
Pero nada de esto parece importar. Retirar al Perú del ámbito de la convención dejaría desprotegidos a los peruanos de abusos contra los derechos humanos cometidos por tribunales nacionales. El propio Presidente de la República no habría podido recuperar plenamente sus derechos si no fuera por este amparo supranacional.
De prosperar la medida, el país ingresaría peligrosamente a una senda oscura de autoritarismo, con una democracia disminuida y sin plenos derechos.
15 enero, 2007
El Príncipe agitado
Maquiavelo enseñó que un Príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. La razón es que “con poquísimos castigos ejemplares, será más compasivo que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan prosperar los desórdenes de los que resultan asesinatos y rapiñas”.
Es decir que para asegurar el orden y la tranquilidad de un país, un Príncipe no debe temer imponer mano dura a su régimen si con esto castiga ejemplarmente a quienes fomentan desórdenes y conspiran contra el propio régimen. La muerte de unos pocos asegura la paz de los muchos.
La recomendación de Maquiavelo, sin embargo, no rige para todos los Príncipes, ni principados, sino en especial para los nuevos, es decir, para aquellos que forman por primera vez su reino y ven amenazados su comarca, sea por vecinos codiciosos o por ciudadanos descontentos o ávidos de poder.
Situación en la que no estamos, ciertamente.
Si la amenaza de la continuidad del gobierno de la Nación no está en peligro, ¿cuál podría ser la razón de fondo del Presidente García para insistir –de manera terca y caprichosa, como ha dicho Lourdes Flores- en ampliar la pena de muerte en el Perú para terroristas y violadores de menores de edad?
Una explicación racional bastante sólida refiere que el Presidente busca colisionar con el ámbito supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar sanciones futuras que lo involucran directamente, como es el asesinato de más de 100 presos en El Frontón en 1986, durante su primer gobierno.
La sanción de la CIDH es inminente por lo que no habría otro camino que salirse de su competencia. Promover la pena de muerte sería, entonces, sólo la justificación que necesita para obtener la impunidad. En este mismo nivel de razonamiento estaría Alberto Fujimori; de ahí su apoyo y entusiasmo ante la propuesta presidencial aprista.
Otra explicación, menos racional, pero sostenida con insistencia en las últimas semanas es de orden psicológica. García está obsesionado por no descender en su popularidad y necesita enganchar con la población con propuestas efectistas -castigo máximo a los violadores y terroristas- que lo mantengan vinculado a las grandes mayorías.
En las últimos días se lo nota eufórico, adrenalínico, con mayor propensión a los tics nerviosos de entrecejas, como si una fuerza interior lo dominara y no la pudiera controlar. Mala señal para un jefe del Estado que, como decíamos a fines del año pasado (Ver artículo de Politikha: "Pena de Muerte o Discours de Mort"), debe discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Y en los momentos más difíciles, serenarse y aquietar la pasión.
Una tercera explicación es la que señala Maquiavelo. Imponerse mediante el miedo. Abogar por un modelo de orden y paz con mano dura y autoritarismo. El Príncipe asume aquí un liderazgo caudillista que lo puede llevar a confrontar y arrasar con instituciones y los demás poderes del Estado.
Entre ser amado y temido un Príncipe debía escoger lo segundo, decía Maquiavelo. Aunque advertía que buscando ser temido, no termine siendo odiado.
El problema de esta vía no es tanto que no lo quieran al Presidente, o incluso que lo odien. El problema de fondo es que su autoritarismo lo lleve a colisionar y someter las instituciones, primero, y a perpetuarse en el poder, después. Por esta razón, es justo el reclamo de exigirle al Príncipe… que se calme.
Es decir que para asegurar el orden y la tranquilidad de un país, un Príncipe no debe temer imponer mano dura a su régimen si con esto castiga ejemplarmente a quienes fomentan desórdenes y conspiran contra el propio régimen. La muerte de unos pocos asegura la paz de los muchos.
La recomendación de Maquiavelo, sin embargo, no rige para todos los Príncipes, ni principados, sino en especial para los nuevos, es decir, para aquellos que forman por primera vez su reino y ven amenazados su comarca, sea por vecinos codiciosos o por ciudadanos descontentos o ávidos de poder.
Situación en la que no estamos, ciertamente.
Si la amenaza de la continuidad del gobierno de la Nación no está en peligro, ¿cuál podría ser la razón de fondo del Presidente García para insistir –de manera terca y caprichosa, como ha dicho Lourdes Flores- en ampliar la pena de muerte en el Perú para terroristas y violadores de menores de edad?
Una explicación racional bastante sólida refiere que el Presidente busca colisionar con el ámbito supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar sanciones futuras que lo involucran directamente, como es el asesinato de más de 100 presos en El Frontón en 1986, durante su primer gobierno.
La sanción de la CIDH es inminente por lo que no habría otro camino que salirse de su competencia. Promover la pena de muerte sería, entonces, sólo la justificación que necesita para obtener la impunidad. En este mismo nivel de razonamiento estaría Alberto Fujimori; de ahí su apoyo y entusiasmo ante la propuesta presidencial aprista.
Otra explicación, menos racional, pero sostenida con insistencia en las últimas semanas es de orden psicológica. García está obsesionado por no descender en su popularidad y necesita enganchar con la población con propuestas efectistas -castigo máximo a los violadores y terroristas- que lo mantengan vinculado a las grandes mayorías.
En las últimos días se lo nota eufórico, adrenalínico, con mayor propensión a los tics nerviosos de entrecejas, como si una fuerza interior lo dominara y no la pudiera controlar. Mala señal para un jefe del Estado que, como decíamos a fines del año pasado (Ver artículo de Politikha: "Pena de Muerte o Discours de Mort"), debe discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Y en los momentos más difíciles, serenarse y aquietar la pasión.
Una tercera explicación es la que señala Maquiavelo. Imponerse mediante el miedo. Abogar por un modelo de orden y paz con mano dura y autoritarismo. El Príncipe asume aquí un liderazgo caudillista que lo puede llevar a confrontar y arrasar con instituciones y los demás poderes del Estado.
Entre ser amado y temido un Príncipe debía escoger lo segundo, decía Maquiavelo. Aunque advertía que buscando ser temido, no termine siendo odiado.
El problema de esta vía no es tanto que no lo quieran al Presidente, o incluso que lo odien. El problema de fondo es que su autoritarismo lo lleve a colisionar y someter las instituciones, primero, y a perpetuarse en el poder, después. Por esta razón, es justo el reclamo de exigirle al Príncipe… que se calme.
13 enero, 2007
América Latina: ¿regreso al futuro?
Caminar hoy en día por la calles de Managua y conversar con su gente es como volver al pasado. Las categorías marxistas-leninistas para explicar el curso de la historia del país siguen vigentes. “Es la ley de lucha de contrarios; finalmente se ha impuesto una línea”, dice un parroquiano para explicar el triunfo del sandinismo.
El discurso inaugural de Daniel Ortega, anunciando la estatización del servicio de agua, la educación y la energía, así como su inclusión al proyecto del Presidente venezolano, Hugo Chávez, La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), refuerza esta sensación.
Hay expectativa por el cambio, es cierto, pero por el cambio hacia atrás. Dieciséis años de gobiernos de centro y de derecha no han logrado calar del todo en la memoria colectiva de la gente, en especial, los más pobres que se adhieren a fórmulas desesperadas impuestas desde el Estado para salir de la miseria.
La guerra es otro factor presente en las conversaciones de barrio con los nicaragüenses. Casi no hay familia que no tenga un recuerdo personal de la guerra que llevó al sandinismo al poder y de la Contra que intentó derrocarlo. Existen miles de historias de primos, tíos o hermanos que lucharon entre sí en bandos distintos. Muchas veces como una forma de sobrevivir. Tomar las armas aseguraba alimentación, vestido y una ocupación.
Chávez no llegó con las manos vacías a Managua. Llevó y regaló 25 tractores, producto de una donación que hizo conjuntamente con el gobierno de Irán. Firmó la integración de Nicaragua al ALBA, anunció la próxima inauguración de un banco venezolano en Nicaragua, y suscribió un acuerdo para construir una central de energía con petróleo subsidiado.
Los gestos populistas ganan el respaldo de la gente. Mientras tanto, la región va de tumbo en tumbo, sin mantener el timón del desarrollo y ahogándose en fórmulas que ya han probado ser un fracaso. El sector informal crece en América Latina, sin lograr dar el salto para dejar de ser exportadores de materias primas.
Los capitales van no sólo donde hay mercado, también donde existe seguridad jurídica y estabilidad política. Vista en conjunto, éste no parece ser el caso de América Latina. La responsabilidad no es sólo de los países de la región, lo es también de la miopía de los Estados Unidos que mantiene interés preferente en países del ex bloque soviético o Asia -o en la guerra contra países islámicos- y deja de lado a sus vecinos hispanoparlantes del sur.
Europa invirtió más de 22 mil millones en carreteras cuando anexó a sus vecinos del este. Estados Unidos no tiene la misma política de ayuda. Su estrategia pasa por incorporar a Latinoamérica al ALCA. Como señala Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos”, repitiendo la política de Clinton para la región, Goerge W. Bush señala para América Latina, “Trade, no aid” (Comercio, no ayuda).
Tal parece que -una vez más- nos empeñamos en ir en contra del sentido de la historia. No aprendemos de nuestros errores y no queremos ver lo que hacen regiones como China, India, el Sudeste Asiático, o Europa del Este para generar trabajo, ofrecer productos competitivos y luchar un espacio en el mercado mundial. América Latina representa apenas el 7,6% del producto bruto mundial y el 4,1% del comercio mundial. Una migaja de la torta.
De continuar con modelos que sólo buscan repartir lo que no tienen y encerrarse en fórmulas de comercio intrarregionales, en lugar de abrirse a otros bloques, estaremos condenados a seguir siendo una región mayoritariamente pobre y sin futuro. O en el mejor de los casos, una región de luces y sombras. Lo que ocurre en Nicaragua es sólo un capítulo de una historia de fracaso conocida.
El discurso inaugural de Daniel Ortega, anunciando la estatización del servicio de agua, la educación y la energía, así como su inclusión al proyecto del Presidente venezolano, Hugo Chávez, La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), refuerza esta sensación.
Hay expectativa por el cambio, es cierto, pero por el cambio hacia atrás. Dieciséis años de gobiernos de centro y de derecha no han logrado calar del todo en la memoria colectiva de la gente, en especial, los más pobres que se adhieren a fórmulas desesperadas impuestas desde el Estado para salir de la miseria.
La guerra es otro factor presente en las conversaciones de barrio con los nicaragüenses. Casi no hay familia que no tenga un recuerdo personal de la guerra que llevó al sandinismo al poder y de la Contra que intentó derrocarlo. Existen miles de historias de primos, tíos o hermanos que lucharon entre sí en bandos distintos. Muchas veces como una forma de sobrevivir. Tomar las armas aseguraba alimentación, vestido y una ocupación.
Chávez no llegó con las manos vacías a Managua. Llevó y regaló 25 tractores, producto de una donación que hizo conjuntamente con el gobierno de Irán. Firmó la integración de Nicaragua al ALBA, anunció la próxima inauguración de un banco venezolano en Nicaragua, y suscribió un acuerdo para construir una central de energía con petróleo subsidiado.
Los gestos populistas ganan el respaldo de la gente. Mientras tanto, la región va de tumbo en tumbo, sin mantener el timón del desarrollo y ahogándose en fórmulas que ya han probado ser un fracaso. El sector informal crece en América Latina, sin lograr dar el salto para dejar de ser exportadores de materias primas.
Los capitales van no sólo donde hay mercado, también donde existe seguridad jurídica y estabilidad política. Vista en conjunto, éste no parece ser el caso de América Latina. La responsabilidad no es sólo de los países de la región, lo es también de la miopía de los Estados Unidos que mantiene interés preferente en países del ex bloque soviético o Asia -o en la guerra contra países islámicos- y deja de lado a sus vecinos hispanoparlantes del sur.
Europa invirtió más de 22 mil millones en carreteras cuando anexó a sus vecinos del este. Estados Unidos no tiene la misma política de ayuda. Su estrategia pasa por incorporar a Latinoamérica al ALCA. Como señala Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos”, repitiendo la política de Clinton para la región, Goerge W. Bush señala para América Latina, “Trade, no aid” (Comercio, no ayuda).
Tal parece que -una vez más- nos empeñamos en ir en contra del sentido de la historia. No aprendemos de nuestros errores y no queremos ver lo que hacen regiones como China, India, el Sudeste Asiático, o Europa del Este para generar trabajo, ofrecer productos competitivos y luchar un espacio en el mercado mundial. América Latina representa apenas el 7,6% del producto bruto mundial y el 4,1% del comercio mundial. Una migaja de la torta.
De continuar con modelos que sólo buscan repartir lo que no tienen y encerrarse en fórmulas de comercio intrarregionales, en lugar de abrirse a otros bloques, estaremos condenados a seguir siendo una región mayoritariamente pobre y sin futuro. O en el mejor de los casos, una región de luces y sombras. Lo que ocurre en Nicaragua es sólo un capítulo de una historia de fracaso conocida.
09 enero, 2007
Daniel Ortega: el rostro del poder
En uno de sus últimos actos públicos, el saliente Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, inauguró en el centro de Managua, una pinacoteca que muestra, por primera vez en su historia, los rostros de 52 de los 77 gobernantes ha tenido este país desde 1934 hasta hoy. Como ocurre con varios países de nuestra América, Nicaragua tuvo presidentes de los que no se conocía ni siquiera sus rasgos físicos. No es el caso de Daniel Ortega, quien, después de 16 años, vuelve al poder ungido, no por las armas, sino por los votos. Ortega será el presidente número 78.
Hay esperanza entre los nicaragüenses por esta segunda oportunidad de quien fuera el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en 1979 tras una intensa insurrección armada. Una encuesta recientemente revelada por el opositor Diario La Prensa de la familia Chamorro, indica que el 60% de los nicaragüenses tiene expectativas por lo que hará Ortega esta vez.
El presidente Bolaños deja el país estabilizado políticamente, con el mercado norteamericano abierto tras el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA), y con exportaciones que se acercan a los 1,000 millones de dólares.
El mayor reto del gobierno entrante será crear más empleo y mantener la estabilidad política y jurídica que le permita atraer el interés de inversionistas extranjeros. Nicaragua es hoy por hoy un país aceptado en la comunidad financiera internacional y Ortega no puede volver a cometer los errores del pasado que dejaron a Nicaragua casi en la bancarrota.
Ni la revolución sandinista, ni el modelo de apertura iniciado por Violeta Chamorro lograron reducir la pobreza. Nicaragua es actualmente la segunda nación con mayor índice de pobreza en América Latina, después de Haití. 80% de su población vive con 2 dólares diarios, mientras que 47% lo hace con 1 dólar diario. El sueldo mínimo bordea los 65 dólares.
La sucesión democrática que ha tenido Nicaragua en los últimos años no ha hecho olvidar el entrampamiento que vivió producto de la Guerra Fría. El FSLN fue apoyado en el poder por Cuba y la Unión Soviética. Por aquellos tiempos se realizaron reformas sociales en salud y educación, se confiscaron bienes y se nacionalizaron empresas. La gente aún recuerda -y añora- la gratuidad de los servicios públicos.
Hay quienes calculan que la guerra del frente sandinista costó a Nicaragua unos 50 mil muertos. Estados Unidos respondió con un bloqueo económico, armó a los ex guardias nacionales del derrocado Somoza y generó una guerra contrarrevolucionaria que produjo otros 30 mil muertos. Resultado: el país quedó arruinado.
Los presidentes centroamericanos lograron que sandinistas y contras firmaran un acuerdo de paz -Esquípulas II-. Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones. Fue entonces que ganó Violeta Chamorro y se iniciaron 16 años de gobiernos de centroderecha. El ex comandante siguió compitiendo en 1996 y en 2001, pero perdió sucesivamente a manos de los partidos conservadores. Al quedar segundo en las elecciones generales, de acuerdo al mandato constitucional, obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.
Pero hay quienes afirman que el FSLN siguió "gobernando desde abajo", es decir, siguió siendo un bloque político que hizo valer sus votos en el Congreso y en el aparato burocrático del Estado. De manera que todo ese tiempo, Ortega se mantuvo activo en política. Hasta el pasado mes de noviembre de 2006 en que ganó con el 38% de los votos y hoy asume nuevamente la conducción de su país.
Por las calles de Managua se ven aún los paneles que usó en su campaña. Es una fotografía inmensa en primer plano, que lo muestra sonriente, con la frase “Nicaragua triunfa”. Es un latigazo a la memoria. Quizás el viejo ex comandante no quiere que los nicaragüenses olviden su rostro, como lo han hecho con otros 27 gobernantes a lo largo de su historia. Habrá que escuchar su discurso para saber si Ortega cambió y si está a tono con los nuevos tiempos.
Hay esperanza entre los nicaragüenses por esta segunda oportunidad de quien fuera el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en 1979 tras una intensa insurrección armada. Una encuesta recientemente revelada por el opositor Diario La Prensa de la familia Chamorro, indica que el 60% de los nicaragüenses tiene expectativas por lo que hará Ortega esta vez.
El presidente Bolaños deja el país estabilizado políticamente, con el mercado norteamericano abierto tras el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA), y con exportaciones que se acercan a los 1,000 millones de dólares.
El mayor reto del gobierno entrante será crear más empleo y mantener la estabilidad política y jurídica que le permita atraer el interés de inversionistas extranjeros. Nicaragua es hoy por hoy un país aceptado en la comunidad financiera internacional y Ortega no puede volver a cometer los errores del pasado que dejaron a Nicaragua casi en la bancarrota.
Ni la revolución sandinista, ni el modelo de apertura iniciado por Violeta Chamorro lograron reducir la pobreza. Nicaragua es actualmente la segunda nación con mayor índice de pobreza en América Latina, después de Haití. 80% de su población vive con 2 dólares diarios, mientras que 47% lo hace con 1 dólar diario. El sueldo mínimo bordea los 65 dólares.
La sucesión democrática que ha tenido Nicaragua en los últimos años no ha hecho olvidar el entrampamiento que vivió producto de la Guerra Fría. El FSLN fue apoyado en el poder por Cuba y la Unión Soviética. Por aquellos tiempos se realizaron reformas sociales en salud y educación, se confiscaron bienes y se nacionalizaron empresas. La gente aún recuerda -y añora- la gratuidad de los servicios públicos.
Hay quienes calculan que la guerra del frente sandinista costó a Nicaragua unos 50 mil muertos. Estados Unidos respondió con un bloqueo económico, armó a los ex guardias nacionales del derrocado Somoza y generó una guerra contrarrevolucionaria que produjo otros 30 mil muertos. Resultado: el país quedó arruinado.
Los presidentes centroamericanos lograron que sandinistas y contras firmaran un acuerdo de paz -Esquípulas II-. Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones. Fue entonces que ganó Violeta Chamorro y se iniciaron 16 años de gobiernos de centroderecha. El ex comandante siguió compitiendo en 1996 y en 2001, pero perdió sucesivamente a manos de los partidos conservadores. Al quedar segundo en las elecciones generales, de acuerdo al mandato constitucional, obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.
Pero hay quienes afirman que el FSLN siguió "gobernando desde abajo", es decir, siguió siendo un bloque político que hizo valer sus votos en el Congreso y en el aparato burocrático del Estado. De manera que todo ese tiempo, Ortega se mantuvo activo en política. Hasta el pasado mes de noviembre de 2006 en que ganó con el 38% de los votos y hoy asume nuevamente la conducción de su país.
Por las calles de Managua se ven aún los paneles que usó en su campaña. Es una fotografía inmensa en primer plano, que lo muestra sonriente, con la frase “Nicaragua triunfa”. Es un latigazo a la memoria. Quizás el viejo ex comandante no quiere que los nicaragüenses olviden su rostro, como lo han hecho con otros 27 gobernantes a lo largo de su historia. Habrá que escuchar su discurso para saber si Ortega cambió y si está a tono con los nuevos tiempos.
06 enero, 2007
El ojo que llora
Más que un “Ojo que llora”, los peruanos debemos erigir un monumento al “Corazón que sangra”, para recordar el dolor producido por décadas de violencia y guerra interna que originó más de 30 mil muertos. Y que nunca debemos olvidar.
Todos los pueblos que han pasado etapas dolorosas de guerras internas o externas erigen estos monumentos a la memoria de los caídos. No es en honor a las víctimas agresoras, sino en recuerdo de los civiles, por lo general, atrapados entre dos fuegos.
En Israel, pueblo que sufrió el exterminio nazi, existe no un monumento, sino un Museo del Holocausto, todo un complejo arquitectónico, el Yad Vashem, que recuerda esta etapa oscura de la historia de la humanidad.
A la inauguración del Yad Vashem, en noviembre del 2005, acudieron representantes oficiales de más de 40 países, incluido el secretario general de Naciones Unidas de entonces, Kofi Annan. La estructura tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y 180 metros de largo.
Está construido de tal manera que al final del recorrido –la mayor parte de él, bajo tierra- uno sale hacia una colina abierta desde donde se divisa Jerusalén en señal de libertad y esperanza, todo lo contrario a lo que significó el cautiverio y exterminio nazi.
A nadie se le ocurre señalar que es una apología a los verdugos de los campos de concentración. Uno no puede evitar sobrecogerse ante los recuerdos, fotos, ropa y utensilios del diario vivir de miles de hombres, mujeres y niños israelíes que alguna vez estuvieron vivos.
El momento más sobrecogedor es cuando se atraviesa una pirámide por el centro, casi en penumbras, con espejos colgados y un juego de velas que simbolizan el alma de los niños, víctimas inocentes de la guerra. Justo antes de salir a la colina de Jerusalén.
La violencia, la muerte, ha marcado el siglo XX. La humanidad ha sufrido la pérdida de millones de seres humanos debidos a guerras, levantamientos, sublevaciones o revoluciones.
El historiador Erick Hobsbawn usó esta visión para dividir el Siglo XX en dos: el Siglo XX corto: 1914 a 1991, y el Siglo XX largo: 1789 a 1914. Sólo en los últimos años que nos ha tocado vivir –desde la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético- hubo al menos 205 millones de muertos productos de guerras internas, externas y globales.
Hannah Arendt reflexionó acerca de esto y señaló el carácter no político de los horrores a los que puede llegar el hombre cuando suprime la política, es decir, la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo. Fue ella también la que por primera vez llamó “Crímenes de humanidad” a los crímenes del nazismo.
La violencia ciega y absurda debemos tenerla siempre presente para no volver a caer en ella. Por eso, indigna lo que una parte de la prensa viene haciendo al trastocar el verdadero sentido del monumento de la artista Lika Mutal, erigido en homenaje de los peruanos que faltan, que no están, que desaparecieron por efecto de la guerra interna.
No es un monumento a los terroristas, por Dios. Hay 32 mil piedras, que forman once círculos concéntricos, de las cuales, alrededor de 27 mil tienen nombres y apellidos de conciudadanos muertos o desaparecidos. De peruanos que algún día estuvieron vivos.
Cuánta razón tuvo el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz,Elie Wiesel, al reinagurar el Museo del Holocausto de Israel y decir: “No intentamos contar la historia para que la gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contar la historia para que el mundo sea mejor, para que aprenda y recuerde”. Con ese mismo espíritu debemos ver "El ojo que llora" y recordar que mientras haya muertes humanas injustas, absurdas, atroces, siempre habrá corazones que sangran.
Todos los pueblos que han pasado etapas dolorosas de guerras internas o externas erigen estos monumentos a la memoria de los caídos. No es en honor a las víctimas agresoras, sino en recuerdo de los civiles, por lo general, atrapados entre dos fuegos.
En Israel, pueblo que sufrió el exterminio nazi, existe no un monumento, sino un Museo del Holocausto, todo un complejo arquitectónico, el Yad Vashem, que recuerda esta etapa oscura de la historia de la humanidad.
A la inauguración del Yad Vashem, en noviembre del 2005, acudieron representantes oficiales de más de 40 países, incluido el secretario general de Naciones Unidas de entonces, Kofi Annan. La estructura tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y 180 metros de largo.
Está construido de tal manera que al final del recorrido –la mayor parte de él, bajo tierra- uno sale hacia una colina abierta desde donde se divisa Jerusalén en señal de libertad y esperanza, todo lo contrario a lo que significó el cautiverio y exterminio nazi.
A nadie se le ocurre señalar que es una apología a los verdugos de los campos de concentración. Uno no puede evitar sobrecogerse ante los recuerdos, fotos, ropa y utensilios del diario vivir de miles de hombres, mujeres y niños israelíes que alguna vez estuvieron vivos.
El momento más sobrecogedor es cuando se atraviesa una pirámide por el centro, casi en penumbras, con espejos colgados y un juego de velas que simbolizan el alma de los niños, víctimas inocentes de la guerra. Justo antes de salir a la colina de Jerusalén.
La violencia, la muerte, ha marcado el siglo XX. La humanidad ha sufrido la pérdida de millones de seres humanos debidos a guerras, levantamientos, sublevaciones o revoluciones.
El historiador Erick Hobsbawn usó esta visión para dividir el Siglo XX en dos: el Siglo XX corto: 1914 a 1991, y el Siglo XX largo: 1789 a 1914. Sólo en los últimos años que nos ha tocado vivir –desde la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético- hubo al menos 205 millones de muertos productos de guerras internas, externas y globales.
Hannah Arendt reflexionó acerca de esto y señaló el carácter no político de los horrores a los que puede llegar el hombre cuando suprime la política, es decir, la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo. Fue ella también la que por primera vez llamó “Crímenes de humanidad” a los crímenes del nazismo.
La violencia ciega y absurda debemos tenerla siempre presente para no volver a caer en ella. Por eso, indigna lo que una parte de la prensa viene haciendo al trastocar el verdadero sentido del monumento de la artista Lika Mutal, erigido en homenaje de los peruanos que faltan, que no están, que desaparecieron por efecto de la guerra interna.
No es un monumento a los terroristas, por Dios. Hay 32 mil piedras, que forman once círculos concéntricos, de las cuales, alrededor de 27 mil tienen nombres y apellidos de conciudadanos muertos o desaparecidos. De peruanos que algún día estuvieron vivos.
Cuánta razón tuvo el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz,Elie Wiesel, al reinagurar el Museo del Holocausto de Israel y decir: “No intentamos contar la historia para que la gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contar la historia para que el mundo sea mejor, para que aprenda y recuerde”. Con ese mismo espíritu debemos ver "El ojo que llora" y recordar que mientras haya muertes humanas injustas, absurdas, atroces, siempre habrá corazones que sangran.
04 enero, 2007
Fallo CIDH: explicación ausente
Lo que ocurrió los primeros días de mayo de 1992 con los senderistas sublevados en el Penal Miguel Castro Castro fue una ejecución. No fue un enfrentamiento solamente. O el debelamiento a sangre y fuego de un motín. Allí no hubo fuerza represiva del Estado contra un grupo insurgente como piensa, cree y defiende Rafael Rey. Hubo asesinato a sangre fría de presos rendidos.
Este es el fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sanción a un Estado que extralimitó el uso legal de la fuerza. La pena por haber violado el más elemental de los derechos humanos; el derecho a la vida. No se pretende borrar, por cierto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Este grupo ha sido sancionado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios de la historia; genocida y antipatriótico. Pero eso no borra los errores cometidos por el Estado en su lucha contra el mal. Hacerlo sería avalar el pensamiento Pinochet que en su carta póstuma admitió que "Los conflictos graves siempre son y serán fuente de abusos y exageraciones".
En el penal Castro Castro se ejecutó una operación planificada por la cúpula militar en el poder presidida por Alberto Fujimori Fujimori. El objetivo fue liquidar –aprovechando el motín– a la cúpula senderista. Y así se hizo. 41 senderistas, rendidos, fueron acribillados. Así lo corroboran las investigaciones policiales, judiciales, los testigos y la Comisión de la Verdad.
Esta es la explicación que el Presidente Alan García le debe al país, como bien ha señalado el valiente ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres. El país necesita conocer la verdad, para poder enterrar su pasado.
Con la ventaja moral de quien entregó al país un documento que revela una de las tragedias sociales más dolorosas de la historia peruana, el ex comisionado reclama al Jefe del Estado no ponerse de perfil en este tema, ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia.
"No está bien que el primer mandatario se ponga de perfil frente a un hecho que corresponde a la historia del Perú (el asesinato extrajudicial de dirigentes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro), en el que hay responsabilidad demostrada del Estado peruano y concretamente del señor Fujimori. Eso tiene que ser explicado. El país merece saber qué pasó", ha señalado Salomón Lerner.
García no la explica, no la puede contar, porque tiene un pacto con Fujimori. Un pacto de impunidad. El pacto está sellado con sangre; sangre derramada por ambos gobiernos en acciones similares. Uno tiene su frontón todavía humeante y demolido; destruido por un comando de la Marina al mando del ahora primer vicepresidente de la República (cuya sentencia está pendiente de resolución, precisamente en la CIDH). Al otro lo persiguen, por ahora, 41 senderistas arrodillados y rematados. Y aún hay más.
Ambos utilizan la misma maniobra táctica: denostar la CIDH a través de sus pregoneros, y cuestionar las indemnizaciones planteadas con el objetivo de desacatar el fallo primero y salirse de la Corte después. Así no habrá instancia alguna que los siga molestando.
El fallo de la CIDH es un argumento que podría favorecer la extradición de Fujimori. Y el gobierno lo sabe. La justicia chilena debe escuchar el razonamiento de Lerner: "(…) la respuesta del Estado fue asimétrica. Fujimori aprovechó que los senderistas se resistían al traslado para eliminar selectivamente a sus principales líderes. Fue un crimen de lesa humanidad, se mató conscientemente a determinadas personas". "Aunque no lo quiera admitir, Fujimori tiene la responsabilidad política. De eso no hay duda".
El debate en torno a las indemnizaciones y al “Monumento al Ojo que llora” es un ruido interesado. La atención debe centrarse en si el Estado instrumentó, como parte de su política represora, el asesinato de presos rendidos. Si la respuesta es sí, entonces, el Jefe del Estado debe asumir su papel ante la historia y contarle a la Nación lo sucedido. Y acatar el fallo. No hacerlo es guardar un silencio cómplice ante el país, la verdad y la historia.
Este es el fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sanción a un Estado que extralimitó el uso legal de la fuerza. La pena por haber violado el más elemental de los derechos humanos; el derecho a la vida. No se pretende borrar, por cierto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Este grupo ha sido sancionado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios de la historia; genocida y antipatriótico. Pero eso no borra los errores cometidos por el Estado en su lucha contra el mal. Hacerlo sería avalar el pensamiento Pinochet que en su carta póstuma admitió que "Los conflictos graves siempre son y serán fuente de abusos y exageraciones".
En el penal Castro Castro se ejecutó una operación planificada por la cúpula militar en el poder presidida por Alberto Fujimori Fujimori. El objetivo fue liquidar –aprovechando el motín– a la cúpula senderista. Y así se hizo. 41 senderistas, rendidos, fueron acribillados. Así lo corroboran las investigaciones policiales, judiciales, los testigos y la Comisión de la Verdad.
Esta es la explicación que el Presidente Alan García le debe al país, como bien ha señalado el valiente ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres. El país necesita conocer la verdad, para poder enterrar su pasado.
Con la ventaja moral de quien entregó al país un documento que revela una de las tragedias sociales más dolorosas de la historia peruana, el ex comisionado reclama al Jefe del Estado no ponerse de perfil en este tema, ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia.
"No está bien que el primer mandatario se ponga de perfil frente a un hecho que corresponde a la historia del Perú (el asesinato extrajudicial de dirigentes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro), en el que hay responsabilidad demostrada del Estado peruano y concretamente del señor Fujimori. Eso tiene que ser explicado. El país merece saber qué pasó", ha señalado Salomón Lerner.
García no la explica, no la puede contar, porque tiene un pacto con Fujimori. Un pacto de impunidad. El pacto está sellado con sangre; sangre derramada por ambos gobiernos en acciones similares. Uno tiene su frontón todavía humeante y demolido; destruido por un comando de la Marina al mando del ahora primer vicepresidente de la República (cuya sentencia está pendiente de resolución, precisamente en la CIDH). Al otro lo persiguen, por ahora, 41 senderistas arrodillados y rematados. Y aún hay más.
Ambos utilizan la misma maniobra táctica: denostar la CIDH a través de sus pregoneros, y cuestionar las indemnizaciones planteadas con el objetivo de desacatar el fallo primero y salirse de la Corte después. Así no habrá instancia alguna que los siga molestando.
El fallo de la CIDH es un argumento que podría favorecer la extradición de Fujimori. Y el gobierno lo sabe. La justicia chilena debe escuchar el razonamiento de Lerner: "(…) la respuesta del Estado fue asimétrica. Fujimori aprovechó que los senderistas se resistían al traslado para eliminar selectivamente a sus principales líderes. Fue un crimen de lesa humanidad, se mató conscientemente a determinadas personas". "Aunque no lo quiera admitir, Fujimori tiene la responsabilidad política. De eso no hay duda".
El debate en torno a las indemnizaciones y al “Monumento al Ojo que llora” es un ruido interesado. La atención debe centrarse en si el Estado instrumentó, como parte de su política represora, el asesinato de presos rendidos. Si la respuesta es sí, entonces, el Jefe del Estado debe asumir su papel ante la historia y contarle a la Nación lo sucedido. Y acatar el fallo. No hacerlo es guardar un silencio cómplice ante el país, la verdad y la historia.
01 enero, 2007
Política y Economía el 2007
La Política
Palacio de Gobierno seguirá siendo la cocina de los fogonazos políticos del próximo año. El Presidente Alan García, sin atender las recomendaciones de sus colaboradores –sabemos que García no tiene, ni admite, asesores-, seguirá apareciendo en televisión mañana, tarde y noche, haciendo del verbo su mejor arma.
El debate de la ampliación de la pena de muerte, animará el Congreso los primeros días de enero. Pero la discusión más rica estará en los extramuros del Congreso, en la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación y los organismos democráticos internacionales.
Las regiones iniciarán proceso de articulación, más como mecanismo de negociación frente al poder central que como proyecto político descentralista. El proceso será gradual. Primero se unirán por macroregiones, tal como lo ha anunciado Yehude Simon, que articulará a los presidentes del norte. El Presidente de Arequipa, Juan Manuel Guillén, podría liderar a sus colegas del sur y Vladimiro Huaroc -si moderniza su discurso de izquierda académica-, podría hacer lo propio con sus pares del centro. Alex Kouri y Federico Salas buscarán bloquear esta iniciativa, buscando ser la pieza de recambio el 2011.
Los conflictos regionales dejarán el estado de latencia y se manifestarán con crudeza y realismo. El resto de asociaciones gremiales, sindicales, laborales lucharán por conservar su reducido espacio de poder manifestándose en paros y huelgas. El primer encontronazo del Ejecutivo con los profesores, dependerá del número de despedidos que genere el examen de evaluación.
La Economía
Primeros signos de preocupación del manejo doméstico en medio de un escenario internacional sin mayores amenazas. El primer campanazo fue la condonación de deudas del Banco de Materiales. Le siguió luego el fallido intento de gravar con impuesto a la renta los ahorros del público y ahora tenemos la liberación sectorial de aranceles.
Todos reconocen que el presente gobierno está cosechando lo dejado por el gobierno anterior, fruto del manejo responsable de la caja fiscal y de una adecuada política de promoción de las exportaciones. Producto de ese ahorro nacional hoy se puede pagar la deuda social a jubilados, policías y fuerzas armadas.
Fruto del esfuerzo de todos los peruanos, ahora el Estado puede continuar la política de inversiones en proyectos de gran impacto social como agua y desagüe, carreteras y aumentar los recursos de “Juntos”, el programa de subsidio directo a los más pobres.
Pero pensar que las reservas tengan un techo de 20 mil millones de dólares –llegado el cual deben gastarse- o creer que la política monetaria depende del Ministerio de Economía y no del Banco Central de Reserva, además de considerar que desde el Gobierno se puede orientar el desarrollo económico, son señales de un pasado que considerábamos superado.
Ningún gobierno heredó jamás una situación económica en crecimiento y una situación política estable como la que recibió este Gobierno. Las transiciones democráticas en el Perú fueron siempre periodos de crisis económicas y desesperanza política.
El mejor capital que por ahora tienen los peruanos es el optimismo. Pero al mismo tiempo al ser un indicador más psicológico que tangible, es frágil y puede trocar en decepción o pesimismo si no se cumplen las expectativas previstas. Es responsabilidad de todos mantenernos vigilantes y cuidar que nada afecte este momento especial que atravesamos como país. Feliz año 2007.
Palacio de Gobierno seguirá siendo la cocina de los fogonazos políticos del próximo año. El Presidente Alan García, sin atender las recomendaciones de sus colaboradores –sabemos que García no tiene, ni admite, asesores-, seguirá apareciendo en televisión mañana, tarde y noche, haciendo del verbo su mejor arma.
El debate de la ampliación de la pena de muerte, animará el Congreso los primeros días de enero. Pero la discusión más rica estará en los extramuros del Congreso, en la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación y los organismos democráticos internacionales.
Las regiones iniciarán proceso de articulación, más como mecanismo de negociación frente al poder central que como proyecto político descentralista. El proceso será gradual. Primero se unirán por macroregiones, tal como lo ha anunciado Yehude Simon, que articulará a los presidentes del norte. El Presidente de Arequipa, Juan Manuel Guillén, podría liderar a sus colegas del sur y Vladimiro Huaroc -si moderniza su discurso de izquierda académica-, podría hacer lo propio con sus pares del centro. Alex Kouri y Federico Salas buscarán bloquear esta iniciativa, buscando ser la pieza de recambio el 2011.
Los conflictos regionales dejarán el estado de latencia y se manifestarán con crudeza y realismo. El resto de asociaciones gremiales, sindicales, laborales lucharán por conservar su reducido espacio de poder manifestándose en paros y huelgas. El primer encontronazo del Ejecutivo con los profesores, dependerá del número de despedidos que genere el examen de evaluación.
La Economía
Primeros signos de preocupación del manejo doméstico en medio de un escenario internacional sin mayores amenazas. El primer campanazo fue la condonación de deudas del Banco de Materiales. Le siguió luego el fallido intento de gravar con impuesto a la renta los ahorros del público y ahora tenemos la liberación sectorial de aranceles.
Todos reconocen que el presente gobierno está cosechando lo dejado por el gobierno anterior, fruto del manejo responsable de la caja fiscal y de una adecuada política de promoción de las exportaciones. Producto de ese ahorro nacional hoy se puede pagar la deuda social a jubilados, policías y fuerzas armadas.
Fruto del esfuerzo de todos los peruanos, ahora el Estado puede continuar la política de inversiones en proyectos de gran impacto social como agua y desagüe, carreteras y aumentar los recursos de “Juntos”, el programa de subsidio directo a los más pobres.
Pero pensar que las reservas tengan un techo de 20 mil millones de dólares –llegado el cual deben gastarse- o creer que la política monetaria depende del Ministerio de Economía y no del Banco Central de Reserva, además de considerar que desde el Gobierno se puede orientar el desarrollo económico, son señales de un pasado que considerábamos superado.
Ningún gobierno heredó jamás una situación económica en crecimiento y una situación política estable como la que recibió este Gobierno. Las transiciones democráticas en el Perú fueron siempre periodos de crisis económicas y desesperanza política.
El mejor capital que por ahora tienen los peruanos es el optimismo. Pero al mismo tiempo al ser un indicador más psicológico que tangible, es frágil y puede trocar en decepción o pesimismo si no se cumplen las expectativas previstas. Es responsabilidad de todos mantenernos vigilantes y cuidar que nada afecte este momento especial que atravesamos como país. Feliz año 2007.
28 diciembre, 2006
La fábrica de denuncias
La fábrica de denuncias existe. Lo ha probado ayer el ministro de la Producción , Rafael Rey al acudir raudo a Palacio de Gobierno a recabar copias de facturas y boletas y salir a denunciar la compra de lentes y perfumes.
Rey se entrevistó con el gerente general de la fábrica de denuncias, el mismísimo Presidente de la República , quien le entregó un estudio pormenorizado de los gastos de su antecesor en Palacio de Gobierno.
¿Alguien se ha preguntado quien realizó ese trabajo?, ¿habrá sido parte de un informe de auditoría interna?, ¿o algún informe preliminar de Contraloría? Nada de eso. Es el resultado de un grupo de trabajo que desde hace cinco meses trabaja para García en Palacio y cobra honorarios por recibo.
El ministro Rey presentó documentación interna de Palacio que ha sido manipulada por esta gente, ajena al sistema nacional de control. Ese fajo de facturas llegó luego a medios de comunicación amigos como Frecuencia Latina.
Desde el patio central de la fábrica, Rey hizo su trabajo y reveló la compra de perfumes, lentes para sol y cigarrillos para Chantal. Luego, se paseó por todos los medios a repetir lo mismo.
Triste papel el del presente Gobierno. Encausar a su antecesor por la compra de perfumes, anteojos y cigarrillos, es rebajar el nivel de la política a un punto jamás antes visto.
Pero la respuesta del Gobierno no sólo se limitó a utilizar a su rabona política, Rafael Rey, para salir a defenderlo. Rey cumplió en exceso su tarea y se encargó de colocar a sus protegidos -Carmen Burga y Peter Menacho- en Radioprogramas del Perú, los testigos del caso de las firmas falsas que recibieron dinero y celulares de su ONG.
Respecto a las cifras concretas del gasto de Palacio, lo que sostiene el Gobierno es un chiste. Junta presupuestos de otros sectores y los suma. Así, carga en la cuenta de Toledo los gastos del combustible del avión presidencial (que pertenecen al sector Defensa), los gastos de la Secretaría de Comunicaciones (que están en el pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros), los gastos por viáticos (que los asume el sector que viaja), y hasta el gasto de un documental del ministerio de Industria. Es decir, junta papas con camotes.
No pues, señor García, así no se maneja la contabilidad del Estado. Eso no es serio. Es una chambonada que sólo busca enlodar personas.
El resultado ha sido un primer jalón de orejas para el Gobierno de parte de los empresarios, en este caso, José Miguel Morales, Presidente de la Confiep , quien expresó su fastidio por el grado de intolerancia que percibe en contra del Presidente Toledo.
Fastidio que empiezan a sentir otros sectores de la población y señal de que no todos han perdido la sensatez.
Rey se entrevistó con el gerente general de la fábrica de denuncias, el mismísimo Presidente de la República , quien le entregó un estudio pormenorizado de los gastos de su antecesor en Palacio de Gobierno.
¿Alguien se ha preguntado quien realizó ese trabajo?, ¿habrá sido parte de un informe de auditoría interna?, ¿o algún informe preliminar de Contraloría? Nada de eso. Es el resultado de un grupo de trabajo que desde hace cinco meses trabaja para García en Palacio y cobra honorarios por recibo.
El ministro Rey presentó documentación interna de Palacio que ha sido manipulada por esta gente, ajena al sistema nacional de control. Ese fajo de facturas llegó luego a medios de comunicación amigos como Frecuencia Latina.
Desde el patio central de la fábrica, Rey hizo su trabajo y reveló la compra de perfumes, lentes para sol y cigarrillos para Chantal. Luego, se paseó por todos los medios a repetir lo mismo.
Triste papel el del presente Gobierno. Encausar a su antecesor por la compra de perfumes, anteojos y cigarrillos, es rebajar el nivel de la política a un punto jamás antes visto.
Pero la respuesta del Gobierno no sólo se limitó a utilizar a su rabona política, Rafael Rey, para salir a defenderlo. Rey cumplió en exceso su tarea y se encargó de colocar a sus protegidos -Carmen Burga y Peter Menacho- en Radioprogramas del Perú, los testigos del caso de las firmas falsas que recibieron dinero y celulares de su ONG.
Respecto a las cifras concretas del gasto de Palacio, lo que sostiene el Gobierno es un chiste. Junta presupuestos de otros sectores y los suma. Así, carga en la cuenta de Toledo los gastos del combustible del avión presidencial (que pertenecen al sector Defensa), los gastos de la Secretaría de Comunicaciones (que están en el pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros), los gastos por viáticos (que los asume el sector que viaja), y hasta el gasto de un documental del ministerio de Industria. Es decir, junta papas con camotes.
No pues, señor García, así no se maneja la contabilidad del Estado. Eso no es serio. Es una chambonada que sólo busca enlodar personas.
El resultado ha sido un primer jalón de orejas para el Gobierno de parte de los empresarios, en este caso, José Miguel Morales, Presidente de la Confiep , quien expresó su fastidio por el grado de intolerancia que percibe en contra del Presidente Toledo.
Fastidio que empiezan a sentir otros sectores de la población y señal de que no todos han perdido la sensatez.
26 diciembre, 2006
Gastos, trastos y oropel
El Presidente ha vuelto a derrapar el cargo. Lo degrada cada vez que se aleja del justo medio y acusa sin pruebas por afán protagónico. Esta vez las ha vuelto a emprender contra su sucesor, Alejandro Toledo, acusándolo de despilfarro en los gastos de Palacio.
Ya lo hizo antes, el 30 de agosto de este año, cuando justificó la contratación de un procurador -amigo suyo- para investigar los supuestos gastos superfluos del gobierno anterior.
No contento con eso, García también contrató un equipo de fotocopiadores y los puso a trabajar en el piso ocho del Edificio Pizarro hurgando facturas. Luego las distribuyó a la prensa. (Ver post del 5 de diciembre).
Ahora vuelve a la carga y señala que en Palacio se gastaron 340 millones de soles en cinco años. "Eso a mí me parece un crimen, que no se hayan robado (el dinero) es una cosa, pero que los han gastado con una largueza casi delictual si es un problema", declaró a la prensa tras salir de la misa de Navidad.
La cifra de 340 millones de soles en gasto es espantosa y distorsionada por donde se la mire. Lo que se gastó en el despacho presidencial del 2001 al 2006 fue 187 millones 834 mil 036 nuevos soles. Es decir, 152 millones de soles menos de lo que ha malinformado el Presidente.
García tiene un problema serio con el manejo de las cifras y las infla y manipula con descaro. ¿Será por eso que quiere manejar el Instituto Nacional de Estadística (INEI) para que nadie fiscalice los indicadores de gestión de su gobierno?
La única largueza en este juego parece ser la lengua presidencial que no la puede contener en medio de un proceso de investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación que ha tenido que hacerle ver al señor Presidente que no se puede iniciar juicio a nadie con simples recortes de periódicos que a su vez son simples reproducciones de fotocopias que le alcanzan sus esbirros de Palacio.
Hoy en Palacio los gastos han disminuido, pero no los consumos. Sucede que existen generosos donantes que se encargan de aliviar las cuentas de las atenciones palaciegas, sin comprometer el presupuesto asignado al despacho presidencial.
Se sabe que muchas de las atenciones en licores, almuerzos y finos bocadillos de la familia y amigos del Presidente son solventados por el bolsillo del diligente secretario general. Lo que nadie sabe es con dineros de quién se pagan esos gastos.
Esa es la diferencia fundamental entre los gastos del anterior gobierno y la manera cómo se manejó el presupuesto del despacho presidencial desde siempre. Nadie encontró, por supuesto, archivos contables de lo gastado por Fujimori o García cuando estuvieron en el poder.
Toledo creó el pliego presupuestal para el despacho presidencial; monto que a partir del 2002 se presenta anualmente al Congreso, se discute y aprueba. La ejecución del mismo se publica en una página web bajo el concepto de transparencia informativa.
¿Quién paga ahora las comilonas palaciegas? Nadie lo sabe, nadie pregunta y nadie investiga tampoco. ¿Quién dona al despacho productos diversos para las atenciones oficiales que siempre existen? ¿Quién está enjuagando estos trastos? Sería bueno conocerlo.
Como el cobre necesita un baño ácido para refulgir, García requiere primero echar barro a su antecesor acusándolo de despilfarro y boato para luego él bruñir su imagen de prudencia y austeridad. Lo que no calcula es que todos empiezan a darse cuenta que ese brillo es sólo de oropel.
Ya lo hizo antes, el 30 de agosto de este año, cuando justificó la contratación de un procurador -amigo suyo- para investigar los supuestos gastos superfluos del gobierno anterior.
No contento con eso, García también contrató un equipo de fotocopiadores y los puso a trabajar en el piso ocho del Edificio Pizarro hurgando facturas. Luego las distribuyó a la prensa. (Ver post del 5 de diciembre).
Ahora vuelve a la carga y señala que en Palacio se gastaron 340 millones de soles en cinco años. "Eso a mí me parece un crimen, que no se hayan robado (el dinero) es una cosa, pero que los han gastado con una largueza casi delictual si es un problema", declaró a la prensa tras salir de la misa de Navidad.
La cifra de 340 millones de soles en gasto es espantosa y distorsionada por donde se la mire. Lo que se gastó en el despacho presidencial del 2001 al 2006 fue 187 millones 834 mil 036 nuevos soles. Es decir, 152 millones de soles menos de lo que ha malinformado el Presidente.
García tiene un problema serio con el manejo de las cifras y las infla y manipula con descaro. ¿Será por eso que quiere manejar el Instituto Nacional de Estadística (INEI) para que nadie fiscalice los indicadores de gestión de su gobierno?
La única largueza en este juego parece ser la lengua presidencial que no la puede contener en medio de un proceso de investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación que ha tenido que hacerle ver al señor Presidente que no se puede iniciar juicio a nadie con simples recortes de periódicos que a su vez son simples reproducciones de fotocopias que le alcanzan sus esbirros de Palacio.
Hoy en Palacio los gastos han disminuido, pero no los consumos. Sucede que existen generosos donantes que se encargan de aliviar las cuentas de las atenciones palaciegas, sin comprometer el presupuesto asignado al despacho presidencial.
Se sabe que muchas de las atenciones en licores, almuerzos y finos bocadillos de la familia y amigos del Presidente son solventados por el bolsillo del diligente secretario general. Lo que nadie sabe es con dineros de quién se pagan esos gastos.
Esa es la diferencia fundamental entre los gastos del anterior gobierno y la manera cómo se manejó el presupuesto del despacho presidencial desde siempre. Nadie encontró, por supuesto, archivos contables de lo gastado por Fujimori o García cuando estuvieron en el poder.
Toledo creó el pliego presupuestal para el despacho presidencial; monto que a partir del 2002 se presenta anualmente al Congreso, se discute y aprueba. La ejecución del mismo se publica en una página web bajo el concepto de transparencia informativa.
¿Quién paga ahora las comilonas palaciegas? Nadie lo sabe, nadie pregunta y nadie investiga tampoco. ¿Quién dona al despacho productos diversos para las atenciones oficiales que siempre existen? ¿Quién está enjuagando estos trastos? Sería bueno conocerlo.
Como el cobre necesita un baño ácido para refulgir, García requiere primero echar barro a su antecesor acusándolo de despilfarro y boato para luego él bruñir su imagen de prudencia y austeridad. Lo que no calcula es que todos empiezan a darse cuenta que ese brillo es sólo de oropel.
24 diciembre, 2006
VRAE: ensalada de coca
Fernando Rospigliosi, especialista en temas de defensa, narcotráfico y terrorismo, maneja la teoría que la emboscada de Machente fue un golpe del narcotráfico a un operativo exitoso realizado por la policía antidrogas semanas atrás. Para responder la estrategia represiva del Estado, los narcos contrataron a su brazo armado, Sendero Luminoso y emboscaron la patrulla para decir: aléjense de nuestras tierras. No los queremos aquí.
Otro analista, Jaime Antezana, sostiene que la emboscada fue más bien en respuesta a la presencia de los ministros de Defensa e Interior que estuvieron en esas tierras apenas dos semanas antes del atentado. En esa oportunidad, las autoridades anunciaron acciones conjuntas de las fuerzas armadas y policiales, mayor presupuesto para el sector y la conformación de la región policial del VRAE. Es decir, mayor presencia del Estado en esa zona.
Un tercer observador político, Santiago Pedraglio, afirma que es necesario que las autoridades definan cuál de las fuerzas es la más activa para poder delinear qué tipo de estrategia diseñar, qué fuerzas se requieren y qué papel se le debe asignar a las Fuerzas Armadas y Policiales.
En lo que no hay duda es en la importancia que ha ganado el eje del Valle del Río Apurímac – Ene (VRAE) en el mapa de la droga en el Perú, al punto que hay quienes piensan que en poco tiempo esta zona desplazará al Alto Huallaga en la producción de hojas de coca.
Según las conservadoras cifras de Devida la producción de cultivos de coca en el país es 48,200 hectáreas. De éstas, el 65,4% están en el Alto Huallaga, Monzón y en el VRAE.
En su informe oficial, "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", Devida reconoce que el narcotráfico en el Perú ha pasado de productor y exportador de PBC a ser productor y exportador de cocaína, sin necesitar a intermediarios colombianos o mexicanos.
El narcotráfico inyecta además unos 380 millones de dólares netos a la economía nacional, producto de la sobre producción de hoja de coca que excede en once veces la demanda legal. Aunque hay quienes piensan que esta cifra se debe multiplicar por cuatro.
Para atender el mercado tradicional y medicinal se necesitan unas 9 mil toneladas de hoja de coca, pero se producen 106 mil toneladas de hoja de coca. Un fuerte impacto que es responsable de un tercio de las tierras deforestadas en el país. Demasiado como para pensar en usarlas en ensaladas como propuso recientemente el Presidente Alan García, ¿verdad?
Otro analista, Jaime Antezana, sostiene que la emboscada fue más bien en respuesta a la presencia de los ministros de Defensa e Interior que estuvieron en esas tierras apenas dos semanas antes del atentado. En esa oportunidad, las autoridades anunciaron acciones conjuntas de las fuerzas armadas y policiales, mayor presupuesto para el sector y la conformación de la región policial del VRAE. Es decir, mayor presencia del Estado en esa zona.
Un tercer observador político, Santiago Pedraglio, afirma que es necesario que las autoridades definan cuál de las fuerzas es la más activa para poder delinear qué tipo de estrategia diseñar, qué fuerzas se requieren y qué papel se le debe asignar a las Fuerzas Armadas y Policiales.
En lo que no hay duda es en la importancia que ha ganado el eje del Valle del Río Apurímac – Ene (VRAE) en el mapa de la droga en el Perú, al punto que hay quienes piensan que en poco tiempo esta zona desplazará al Alto Huallaga en la producción de hojas de coca.
Según las conservadoras cifras de Devida la producción de cultivos de coca en el país es 48,200 hectáreas. De éstas, el 65,4% están en el Alto Huallaga, Monzón y en el VRAE.
En su informe oficial, "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", Devida reconoce que el narcotráfico en el Perú ha pasado de productor y exportador de PBC a ser productor y exportador de cocaína, sin necesitar a intermediarios colombianos o mexicanos.
El narcotráfico inyecta además unos 380 millones de dólares netos a la economía nacional, producto de la sobre producción de hoja de coca que excede en once veces la demanda legal. Aunque hay quienes piensan que esta cifra se debe multiplicar por cuatro.
Para atender el mercado tradicional y medicinal se necesitan unas 9 mil toneladas de hoja de coca, pero se producen 106 mil toneladas de hoja de coca. Un fuerte impacto que es responsable de un tercio de las tierras deforestadas en el país. Demasiado como para pensar en usarlas en ensaladas como propuso recientemente el Presidente Alan García, ¿verdad?
23 diciembre, 2006
Pena de Muerte o Discours de Mort
La emboscada a la camioneta policial fue feroz; en el peor estilo senderista. La ministra del Interior, Pilar Mazzeti, ha revelado detalles del atentado. Agazapados en los matorrales, los atacantes aguardaron a sus víctimas durante horas. Cuando los tuvieron en la mira les dispararon sin tregua. 148 tiros de fusiles de guerra. Los policías no tuvieron opción de repeler el ataque. Luego de acribillarlos, los homicidas se acercaron y los remataron.
Fue un acto de crueldad suma que ha llevado –del verbo incontenible del Presidente de la República-, ha reabrir el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte para terroristas. Luego de un acto de extrema violencia como el descrito, es lógico que la pasión se desborde.
Pero la diferencia entre el gobernante y los gobernados debe ser, precisamente, discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Serenarse en los momentos más difíciles y aquietar la pasión para pensar como conductor y no como un simple mortal que clama venganza.
¿Puede el Estado responder a la violencia extrema con la misma arma? ¿Cómo enfrentar un acto calificado de vesánico y demoníaco por el propio Jefe del Estado, sin caer en la lista de países bárbaros?
Algunos lectores han equivocado mi interpretación sobre el uso legítimo de la violencia con la decisión de aplicar –y eventualmente ampliar- la pena de muerte.
“El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje”, señalé en mi post anterior.
Me refería a las leyes de la guerra. No a la aplicación de la pena capital. En el combate armado hablan las armas. En la vida civil rige la ley. En la convivencia democrática la ley y la justicia. En el campo de batalla, los soldados tienen el deber de protegernos con el uso de sus armas. Si Sendero dispara a matar, las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el legítimo derecho de eliminarlos de la misma manera.
La pena de muerte implica salirnos del amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 10 de enero del próximo año, el Congreso pondrá en agenda este tema. Se discutirá la propuesta enviada por el Ejecutivo el pasado 11 de noviembre. El debate excederá el foro legislativo. Es necesario que así sea para asegurar que la decisión que se adopte sin apasionamientos, ni odios.
La emboscada senderista ha caído como anillo al dedo al discours de mort del Presidente García. Pero, cuidado, pena de muerte en combate es una cosa y pena de muerte por venganza o cálculo político, es otra totalmente distinta.
Fue un acto de crueldad suma que ha llevado –del verbo incontenible del Presidente de la República-, ha reabrir el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte para terroristas. Luego de un acto de extrema violencia como el descrito, es lógico que la pasión se desborde.
Pero la diferencia entre el gobernante y los gobernados debe ser, precisamente, discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Serenarse en los momentos más difíciles y aquietar la pasión para pensar como conductor y no como un simple mortal que clama venganza.
¿Puede el Estado responder a la violencia extrema con la misma arma? ¿Cómo enfrentar un acto calificado de vesánico y demoníaco por el propio Jefe del Estado, sin caer en la lista de países bárbaros?
Algunos lectores han equivocado mi interpretación sobre el uso legítimo de la violencia con la decisión de aplicar –y eventualmente ampliar- la pena de muerte.
“El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje”, señalé en mi post anterior.
Me refería a las leyes de la guerra. No a la aplicación de la pena capital. En el combate armado hablan las armas. En la vida civil rige la ley. En la convivencia democrática la ley y la justicia. En el campo de batalla, los soldados tienen el deber de protegernos con el uso de sus armas. Si Sendero dispara a matar, las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el legítimo derecho de eliminarlos de la misma manera.
La pena de muerte implica salirnos del amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 10 de enero del próximo año, el Congreso pondrá en agenda este tema. Se discutirá la propuesta enviada por el Ejecutivo el pasado 11 de noviembre. El debate excederá el foro legislativo. Es necesario que así sea para asegurar que la decisión que se adopte sin apasionamientos, ni odios.
La emboscada senderista ha caído como anillo al dedo al discours de mort del Presidente García. Pero, cuidado, pena de muerte en combate es una cosa y pena de muerte por venganza o cálculo político, es otra totalmente distinta.
18 diciembre, 2006
El oscuro Sendero
Sendero ataca nuevamente. Una camioneta de la Policía Antidrogas fue emboscada y acribillida en el camino. Ocho muertos. Los peritos contaron más de 100 orificios de bala en el auto siniestrado. Es una demostración de fuerza de un grupo que política y militarmente fue derrotado, pero que todavía mantiene un grupo de hombres armados deambulando por la selva.
Estos hombres atacan no para conquistar el poder como ilusoriamente pensaron sus fundadores a inicios de los ochenta, sino para proteger una zona económica que vive gracias al narcotráfico. Son mercenarios a sueldo de los cocaleros y carteles.
Hace unas semanas, este grupo reapareció en televisión. A diferencia del pasado en que sus combatientes se mimetizaban con los campesinos, lucieron uniformes con logotipos impresos en el pecho que decían “PCP, Ejercito Guerrillero Popular”. Una pantomima, un show para la televisión. En ese reportaje mostraron armas de guerra modernas, algunas de largo alcance.
El hecho que se disfracen de guerrilleros y que ofrezcan conferencias de prensa para la televisión no quiere decir que no se les tome en serio. El ataque de ayer en La Mar, Ayacucho , así lo demuestra. La emboscada al grupo policial antidrogas y a trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca, Enaco, indica quienes son ahora sus principales objetivos militares. Es una guerra contra el poder del narcotráfico.
El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje.
Sendero nació a inicios de los ochenta y usó la lucha armada como vía para fundar lo que llamo la “Nueva República”. Ese proyecto político fue derrotado en el campo y en la ciudad, cuando las comunidades se revelaron contra él y cuando las Fuerzas Armadas entendieron –y aplicaron- una de las leyes de guerra: ganarse a la población.
Fue una guerra dolorosa, con errores, excesos y con muertos inocentes, por cierto. De alguna u otra manera, todos hemos pagado sus consecuencias. Por eso mismo, no podemos permitir que resurja el terror como método de lucha.
Si antes Sendero emboscaba patrullas y remataba a sus víctimas con pedradas inmensas en la cabeza, hoy no se ahorra las balas para matar. Sendero podrá haber cambiado de táctica –ya no ataca poblados indiscriminadamente, ni causa apagones-, pero, en esencia, sigue siendo la misma maquinaria de guerra; disminuida numéricamente -se calcula unos 300 combatientes-, aunque mejor armada.
Más de 60 mil víctimas del terrorismo no dejan lugar a dudas. Los remanentes de Sendero Luminoso deben ser sofocados. El Estado no debe permitir -nunca más-, que retorne el oscuro sendero de la muerte.
Estos hombres atacan no para conquistar el poder como ilusoriamente pensaron sus fundadores a inicios de los ochenta, sino para proteger una zona económica que vive gracias al narcotráfico. Son mercenarios a sueldo de los cocaleros y carteles.
Hace unas semanas, este grupo reapareció en televisión. A diferencia del pasado en que sus combatientes se mimetizaban con los campesinos, lucieron uniformes con logotipos impresos en el pecho que decían “PCP, Ejercito Guerrillero Popular”. Una pantomima, un show para la televisión. En ese reportaje mostraron armas de guerra modernas, algunas de largo alcance.
El hecho que se disfracen de guerrilleros y que ofrezcan conferencias de prensa para la televisión no quiere decir que no se les tome en serio. El ataque de ayer en La Mar, Ayacucho , así lo demuestra. La emboscada al grupo policial antidrogas y a trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca, Enaco, indica quienes son ahora sus principales objetivos militares. Es una guerra contra el poder del narcotráfico.
El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje.
Sendero nació a inicios de los ochenta y usó la lucha armada como vía para fundar lo que llamo la “Nueva República”. Ese proyecto político fue derrotado en el campo y en la ciudad, cuando las comunidades se revelaron contra él y cuando las Fuerzas Armadas entendieron –y aplicaron- una de las leyes de guerra: ganarse a la población.
Fue una guerra dolorosa, con errores, excesos y con muertos inocentes, por cierto. De alguna u otra manera, todos hemos pagado sus consecuencias. Por eso mismo, no podemos permitir que resurja el terror como método de lucha.
Si antes Sendero emboscaba patrullas y remataba a sus víctimas con pedradas inmensas en la cabeza, hoy no se ahorra las balas para matar. Sendero podrá haber cambiado de táctica –ya no ataca poblados indiscriminadamente, ni causa apagones-, pero, en esencia, sigue siendo la misma maquinaria de guerra; disminuida numéricamente -se calcula unos 300 combatientes-, aunque mejor armada.
Más de 60 mil víctimas del terrorismo no dejan lugar a dudas. Los remanentes de Sendero Luminoso deben ser sofocados. El Estado no debe permitir -nunca más-, que retorne el oscuro sendero de la muerte.
16 diciembre, 2006
Escenarios y conflictos
En una disertación en ESAN (*), un empresario minero, un economista y un analista de inversión concuerdan en su apreciación sobre lo que nos espera el 2007: seguirá el crecimiento, siempre que no se alteren factores de comportamiento en China y Estados Unidos. En caso contrario, afirman, “habrá una desaceleración y una posible recesión en la economía mundial”. A partir de estas dos premisas desarrollan dos escenarios probables, uno optimista y otro pesimista.
En el escenario optimista, China continuará creciendo a un ritmo de 10% anual y necesitará nuestras materias primas. El precio de los minerales seguirá subiendo cumpliendo un ciclo expansivo pocas veces visto. Estados Unidos, enfrentará su déficit fiscal, el dólar se recuperará frente al Euro, al Yen y al Yuan y el petróleo mantendrá su precio de alrededor de 60 dólares el barril. En el Perú, mantendremos el ritmo exportador, firmaremos el TLC con los Estados Unidos y la política no alterará las reglas de juego tanto en inversión como en asuntos tributarios.
En el escenario pesimista, China cae producto de una escasez de materias primas en el mundo, los minerales vuelven a sus niveles de precios bajos, Estados Unidos recalienta su economía y entra a un enfriamiento brusco que lo lleva a la recesión, el dólar sigue cayendo y el barril de petróleo se dispara. En el Perú, no firmamos el TLC, no alcanzamos el grado de inversión previsto, se endurece la legislación laboral, se alteran las reglas de juego y se ahuyenta el capital de inversión.
En ambos escenarios -concuerdan el empresario, el economista y el analista-, lo que ocurra con los conflictos sociales, alrededor de proyectos mineros, será clave.
El minero recuerda que su empresa desarrolla proyectos en el Perú hace más de medio siglo y jamás encontró tanta resistencia de las comunidades campesinas como hoy en día. En la época de terrorismo –revela- sus colegas tenían claro que frente a la amenaza terrorista había dos salidas: o armaban un ejército mercenario para defender sus capitales e inversiones, o se aliaban a las comunidades campesinas.
Luego, confiesa que de cinco proyectos que tienen en ejecución, los cinco están hoy paralizados por conflictos con poblaciones altoandinas. Lo que sucede-explica- es que el Estado ha sido ineficaz para invertir el dinero de las regalías en las comunidades donde reside el mineral. “Todo se lo lleva la caja central y no queda nada o muy poco para las poblaciones”.
Esas comunidades son las más pobres entre las pobres del país. Viven por encima de los 3,500 metros, sus hijos nacen con desnutrición crónica y carecen de servicios adecuados de salud, nutrición o educación; en su gran mayoría son quechuablantes. Este ejército de excluidos no siente los beneficios del Estado, ni de la mina.
Contra lo que pudiera pensarse, el conflicto que estalla en estas zonas no es sólo por diferencias o reclamos a la empresa minera. La Defensoría del Pueblo ha identificado también controversias por linderos, tierras, agua y límites territoriales. Es decir, luchan por su supervivencia. Por lo más elemental que tiene el ser humano para vivir: tierra y agua.
No basta pues con aplicar métodos que mejoren los canales de comunicación entre las mineras y las poblaciones, dentro de lo que hoy se llama política de responsabilidad social de las empresas. Es eso y mucho más. Hay un problema de dignidad, de ciudadanía, de calidad de vida, de justicia.
En tierras agrestes como esas, donde además del mineral, muy pocas cosas pueden crecer y cultivarse para ocupar un lugar en este mundo ancho y ajeno, es necesario que el Estado rediseñe su política de inversiones públicas. Las comunidades campesinas no pueden ver más pasar el oro o el cobre, sin que les deje nada.
Si el Estado es ineficiente, habrá que buscar otro mecanismo. La empresa, la región, el gobierno local y la propia comunidad tienen que participar en un modelo que vigile el uso adecuado de fondos; no para construir monumentos o palacios municipales, sino obras de infraestructura, postas de salud, colegios, centros de producción. Si no lo hacemos, las regiones se movilizarán y harán sentir su voz. No importará en qué escenario se mueva el mundo; prevalecerá el conflicto.
(*) Forum: "La Economía Peruana Rumbo al 2007", 14 de diembre de 2006, Asociación de Egresados de ESAN.
En el escenario optimista, China continuará creciendo a un ritmo de 10% anual y necesitará nuestras materias primas. El precio de los minerales seguirá subiendo cumpliendo un ciclo expansivo pocas veces visto. Estados Unidos, enfrentará su déficit fiscal, el dólar se recuperará frente al Euro, al Yen y al Yuan y el petróleo mantendrá su precio de alrededor de 60 dólares el barril. En el Perú, mantendremos el ritmo exportador, firmaremos el TLC con los Estados Unidos y la política no alterará las reglas de juego tanto en inversión como en asuntos tributarios.
En el escenario pesimista, China cae producto de una escasez de materias primas en el mundo, los minerales vuelven a sus niveles de precios bajos, Estados Unidos recalienta su economía y entra a un enfriamiento brusco que lo lleva a la recesión, el dólar sigue cayendo y el barril de petróleo se dispara. En el Perú, no firmamos el TLC, no alcanzamos el grado de inversión previsto, se endurece la legislación laboral, se alteran las reglas de juego y se ahuyenta el capital de inversión.
En ambos escenarios -concuerdan el empresario, el economista y el analista-, lo que ocurra con los conflictos sociales, alrededor de proyectos mineros, será clave.
El minero recuerda que su empresa desarrolla proyectos en el Perú hace más de medio siglo y jamás encontró tanta resistencia de las comunidades campesinas como hoy en día. En la época de terrorismo –revela- sus colegas tenían claro que frente a la amenaza terrorista había dos salidas: o armaban un ejército mercenario para defender sus capitales e inversiones, o se aliaban a las comunidades campesinas.
Luego, confiesa que de cinco proyectos que tienen en ejecución, los cinco están hoy paralizados por conflictos con poblaciones altoandinas. Lo que sucede-explica- es que el Estado ha sido ineficaz para invertir el dinero de las regalías en las comunidades donde reside el mineral. “Todo se lo lleva la caja central y no queda nada o muy poco para las poblaciones”.
Esas comunidades son las más pobres entre las pobres del país. Viven por encima de los 3,500 metros, sus hijos nacen con desnutrición crónica y carecen de servicios adecuados de salud, nutrición o educación; en su gran mayoría son quechuablantes. Este ejército de excluidos no siente los beneficios del Estado, ni de la mina.
Contra lo que pudiera pensarse, el conflicto que estalla en estas zonas no es sólo por diferencias o reclamos a la empresa minera. La Defensoría del Pueblo ha identificado también controversias por linderos, tierras, agua y límites territoriales. Es decir, luchan por su supervivencia. Por lo más elemental que tiene el ser humano para vivir: tierra y agua.
No basta pues con aplicar métodos que mejoren los canales de comunicación entre las mineras y las poblaciones, dentro de lo que hoy se llama política de responsabilidad social de las empresas. Es eso y mucho más. Hay un problema de dignidad, de ciudadanía, de calidad de vida, de justicia.
En tierras agrestes como esas, donde además del mineral, muy pocas cosas pueden crecer y cultivarse para ocupar un lugar en este mundo ancho y ajeno, es necesario que el Estado rediseñe su política de inversiones públicas. Las comunidades campesinas no pueden ver más pasar el oro o el cobre, sin que les deje nada.
Si el Estado es ineficiente, habrá que buscar otro mecanismo. La empresa, la región, el gobierno local y la propia comunidad tienen que participar en un modelo que vigile el uso adecuado de fondos; no para construir monumentos o palacios municipales, sino obras de infraestructura, postas de salud, colegios, centros de producción. Si no lo hacemos, las regiones se movilizarán y harán sentir su voz. No importará en qué escenario se mueva el mundo; prevalecerá el conflicto.
(*) Forum: "La Economía Peruana Rumbo al 2007", 14 de diembre de 2006, Asociación de Egresados de ESAN.
13 diciembre, 2006
La huella herida
La muerte del dictador Augusto Pinochet ha desatado pasiones en Chile. Un hombre, mezclado entre la muchedumbre, aguardó durante horas la cola que hizo la gente para despedir al general. Cuando llegó al féretro, en nombre de su abuelo, lanzó un escupitajo feroz sobre el ataúd.
Era Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa Sofia, en Buenos Aires, en 1974. El muchacho fue rescatado por la policía de los fanáticos pinochetistas que casi lo linchan.
Otra mujer cogió un palo y arremetió contra las lunas de una empresa constructora que había dado día libre a sus obreros para asistir a la Plaza Italia , lugar de reunión de los chilenos que celebraron la muerte de quien consideran el general homicida. Los carabineros la detuvieron, pero la soltaron al poco tiempo, según dijeron, porque no representaba un peligro para la sociedad.
El pueblo chileno ha quedado dividido y probablemente confundido. 17 años de dictadura ordenó el país y el Estado, sentó las bases de un cambio económico y reorientó la sociedad. Pero lo que no pudo hacer el régimen fue cerrar heridas. Físicas y morales.
El poder ilegítimo genera fuerza ilegítima. Lo observó Ortega y Gasset cuando describió la diferencia entre el bolchevismo y el fascismo. “El gobierno soviético usa la violencia para asegurar su derecho, pero no hace de aquella un derecho”. El fascismo, en cambio, no se preocupa de de dar fundamento jurídico a su poder. La legitimidad es la fuerza consagrada por un principio. “El fascismo gobierna con la fuerza de sus camisas (negras) -las 30 mil camisas de fuerza-”.
Pinochet utilizó la fuerza ilegítima para gobernar. Impuso autoridad sobre la base de estados de emergencia y de sitio; actuó con sobresaltos y emboscadas, con nocturnidad. Contra esa fuerza, se alzaron miles de chilenos –algunos resistieron dentro de su país, otros tuvieron que irse por diversas partes del mundo. El servicio secreto, la DINA , fue el aceite del régimen.
Las fuerzas opositoras tuvieron que unirse para derrotar al enemigo. Nació así la Concertación , modelo de resistencia y convivencia democrática con un solo objetivo: recuperar la libertad y la democracia y demostrar que sí se puede gobernar con alternancia de grupos organizados.
Pinochet núcleo a sus fuerzas armadas, pero dividió a su pueblo. Reacomodó estructuras económicas, pero desacomodó estructuras sociales. Los gritos a favor y en contra frente a su tumba son el fiel reflejo de su legado. Pinochet se ha ido, pero ha dejado profundas heridas abiertas entre los chilenos. El tiempo se encargará de cerrarlas. Aunque la huella quedará.
Era Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa Sofia, en Buenos Aires, en 1974. El muchacho fue rescatado por la policía de los fanáticos pinochetistas que casi lo linchan.
Otra mujer cogió un palo y arremetió contra las lunas de una empresa constructora que había dado día libre a sus obreros para asistir a la Plaza Italia , lugar de reunión de los chilenos que celebraron la muerte de quien consideran el general homicida. Los carabineros la detuvieron, pero la soltaron al poco tiempo, según dijeron, porque no representaba un peligro para la sociedad.
El pueblo chileno ha quedado dividido y probablemente confundido. 17 años de dictadura ordenó el país y el Estado, sentó las bases de un cambio económico y reorientó la sociedad. Pero lo que no pudo hacer el régimen fue cerrar heridas. Físicas y morales.
El poder ilegítimo genera fuerza ilegítima. Lo observó Ortega y Gasset cuando describió la diferencia entre el bolchevismo y el fascismo. “El gobierno soviético usa la violencia para asegurar su derecho, pero no hace de aquella un derecho”. El fascismo, en cambio, no se preocupa de de dar fundamento jurídico a su poder. La legitimidad es la fuerza consagrada por un principio. “El fascismo gobierna con la fuerza de sus camisas (negras) -las 30 mil camisas de fuerza-”.
Pinochet utilizó la fuerza ilegítima para gobernar. Impuso autoridad sobre la base de estados de emergencia y de sitio; actuó con sobresaltos y emboscadas, con nocturnidad. Contra esa fuerza, se alzaron miles de chilenos –algunos resistieron dentro de su país, otros tuvieron que irse por diversas partes del mundo. El servicio secreto, la DINA , fue el aceite del régimen.
Las fuerzas opositoras tuvieron que unirse para derrotar al enemigo. Nació así la Concertación , modelo de resistencia y convivencia democrática con un solo objetivo: recuperar la libertad y la democracia y demostrar que sí se puede gobernar con alternancia de grupos organizados.
Pinochet núcleo a sus fuerzas armadas, pero dividió a su pueblo. Reacomodó estructuras económicas, pero desacomodó estructuras sociales. Los gritos a favor y en contra frente a su tumba son el fiel reflejo de su legado. Pinochet se ha ido, pero ha dejado profundas heridas abiertas entre los chilenos. El tiempo se encargará de cerrarlas. Aunque la huella quedará.
11 diciembre, 2006
El viejo saurio ha muerto
A los 91 años, de un paro cardíaco y sin admitir culpa por la muerte de más de 3 mil chilenos, murió el dictador de Chile, Augusto Pinochet. Su historia política está unida a la traición. A los dieciocho días de haber sido nombrado comandante general del Ejército, encabezó un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.
Pinochet gobernó con mano dura y se quedó 17 años en el Poder. Tras su salida, en 1990, manejó el ejército durante otros ocho años. Enrumbó a Chile por la senda económica que hoy todos gozan, pero a costa de violentar los derechos ciudadanos.
Un informe secreto de la embajada norteamericana en Chile revelado recién hace unos meses trazó un perfil psicológico de Pinochet tras el golpe de Estado: “Es un producto de las barracas y los cuarteles, es duro, directo. No fuma, y bebe con moderación. Habla algo de francés y poco inglés. Tiene sentido del humor”.
Desde el punto de vista de la guerra fría, Pinochet fue ahijado de Estados Unidos. Nixon se felicitó del golpe dado por el generalísimo contra el gobierno socialista de la Unidad Popular. Pinochet se sentía orgulloso de haber sido -según acostumbraba a decir- el primero en derrotar a los comunistas antes de la caída del muro.
Con su muerte se va cerrando el capítulo más largo de las dictaduras latinoamericanas que tuvo como protagonistas a Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Banzer en Bolivia, Velasco en Perú y Videla en Argentina.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón reinvindicó al mundo civilizado al detenerlo en Londres por cargos de terrorismo, tortura y genocidio. Salió libre a los 500 días, pero de ahí en adelante la justicia chilena se dio valor y le retiró su inmunidad vitalicia.
Fue dueño de un cinismo a prueba de balas. Cuando se descubrieron las primeras fosas comunes, una periodista le preguntó:
- Se han encontrado dos muertos en una tumba, general.
- Habrá sido por economía, pu- respondió Pinochet con una mueca de sonrisa en los labios.
Según el informe Rettig de 1991, su gobierno generó 3.197 víctimas, de las que 1.192 son detenidos desaparecidos. Muchas de esas víctimas se produjeron los primeros días del asalto a la moneda cuando el Estadio Nacional de Santiago se convirtió en un campo de concentración
Apenas hace una semana, su esposa María Lucía Hiriart Rodríguez –mujer de temple y coraza aún más dura- leyó un pronunciamiento en el que el general Pinochet admitía su responsabilidad política en los luctuosos sucesos que generó su mandato. Jamás admitió responsabilidad penal.
Pinochet se fue sin que la justicia se pronuncie. El juicio tendrá que seguir, sobre todo después de conocerse que a las violaciones de derechos humanos se suma la inmensa fortuna adquirida por el general y su gente producto de un proceso de corrupción incubado desde el poder. Porque en esto último, el longevo general no fue distinto a otros especimenes de pelaje similar que han demostrado -en diverso tiempo y lugar- que dictadura y corrupción van siempre de la mano.
Pinochet gobernó con mano dura y se quedó 17 años en el Poder. Tras su salida, en 1990, manejó el ejército durante otros ocho años. Enrumbó a Chile por la senda económica que hoy todos gozan, pero a costa de violentar los derechos ciudadanos.
Un informe secreto de la embajada norteamericana en Chile revelado recién hace unos meses trazó un perfil psicológico de Pinochet tras el golpe de Estado: “Es un producto de las barracas y los cuarteles, es duro, directo. No fuma, y bebe con moderación. Habla algo de francés y poco inglés. Tiene sentido del humor”.
Desde el punto de vista de la guerra fría, Pinochet fue ahijado de Estados Unidos. Nixon se felicitó del golpe dado por el generalísimo contra el gobierno socialista de la Unidad Popular. Pinochet se sentía orgulloso de haber sido -según acostumbraba a decir- el primero en derrotar a los comunistas antes de la caída del muro.
Con su muerte se va cerrando el capítulo más largo de las dictaduras latinoamericanas que tuvo como protagonistas a Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Banzer en Bolivia, Velasco en Perú y Videla en Argentina.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón reinvindicó al mundo civilizado al detenerlo en Londres por cargos de terrorismo, tortura y genocidio. Salió libre a los 500 días, pero de ahí en adelante la justicia chilena se dio valor y le retiró su inmunidad vitalicia.
Fue dueño de un cinismo a prueba de balas. Cuando se descubrieron las primeras fosas comunes, una periodista le preguntó:
- Se han encontrado dos muertos en una tumba, general.
- Habrá sido por economía, pu- respondió Pinochet con una mueca de sonrisa en los labios.
Según el informe Rettig de 1991, su gobierno generó 3.197 víctimas, de las que 1.192 son detenidos desaparecidos. Muchas de esas víctimas se produjeron los primeros días del asalto a la moneda cuando el Estadio Nacional de Santiago se convirtió en un campo de concentración
Apenas hace una semana, su esposa María Lucía Hiriart Rodríguez –mujer de temple y coraza aún más dura- leyó un pronunciamiento en el que el general Pinochet admitía su responsabilidad política en los luctuosos sucesos que generó su mandato. Jamás admitió responsabilidad penal.
Pinochet se fue sin que la justicia se pronuncie. El juicio tendrá que seguir, sobre todo después de conocerse que a las violaciones de derechos humanos se suma la inmensa fortuna adquirida por el general y su gente producto de un proceso de corrupción incubado desde el poder. Porque en esto último, el longevo general no fue distinto a otros especimenes de pelaje similar que han demostrado -en diverso tiempo y lugar- que dictadura y corrupción van siempre de la mano.
08 diciembre, 2006
El valor de la palabra
En economía el valor del dinero cambia con el tiempo. Dependiendo de cómo evolucione la administración de bienes y servicios, éste puede aumentar o disminuir. En política, el valor de la palabra tiene un comportamiento similar. El tiempo puede ayudar a mejorar o disminuir su valor. En ambos procesos, el factor clave es: confianza.
Y la confianza, tanto en economía como en política, es resultado de factores psicológicos, es decir, que los fantasmas del pasado pueden agitarse en cualquier momento, alterando su curva de comportamiento.
Es lo que pasó ayer con el fallido anuncio del ministro de Economía, Luis Carranza, que en todos los idiomas anunció el intento de castigar el interés bancario de ahorristas que tuvieran más de 7 mil soles. Tuvo que salir el Primer Ministro y el propio Presidente a desmentir tamaño despropósito.
Pero el problema sigue latente. ¿Podemos confiar en la palabra de un hombre que antaño prometió no tocar el dinero de los ahorristas y cuando llegó al poder congeló los depósitos en dólares y estatizó la banca? ¿Qué ha pasado con el valor de la palabra del Presidente Alan García en estos últimos años?
Es evidente que García recuperó el valor de su palabra; de lo contrario, no estaría donde está hoy sentado. Pero que no crea que la confianza es un factor permanente e inmutable. Todo lo contrario, es fluctuante y escurridiza.
García no tuvo reparos en autoflagelarse en público para desterrar cualquier fantasma interventor en el ahorro de la gente. Lo grave es que su ministro de economía no ha descartado del todo su política de cobrar renta sea al 1% de los ahorristas o a las operaciones bursátiles o a las transacciones de los fondos privados de pensiones.
El Presidente de la República recibió en esta segunda elección un pagaré de confianza a plazo fijo, no un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Si el ministro de economía quiere cambiar esta forma de compromiso de pago debe irse a su casa.
Porque lo que ha evidenciado este caso, no es una cuestión de falta habilidad política –que es obvio que el ministro no la tiene-, sino de política de gestión, de administración de la hacienda pública. El gobierno está buscando hacer caja a costa del dinero de los privados.
Suficiente castigo tenemos los ahorristas con el reducido interés bancario que se paga por los depósitos, en contraposición al altísimo costo del dinero que tiene el préstamo, como para soportar que el Estado quiera meter las manos con uñas y todo.
Finalmente, el Presidente García debe tener siempre presente que el valor del dinero puede recuperarse con sacrificio y doble trabajo, mientras que el valor de la palabra se mantiene o aumenta con el tiempo en tanto se la honre.
Y la confianza, tanto en economía como en política, es resultado de factores psicológicos, es decir, que los fantasmas del pasado pueden agitarse en cualquier momento, alterando su curva de comportamiento.
Es lo que pasó ayer con el fallido anuncio del ministro de Economía, Luis Carranza, que en todos los idiomas anunció el intento de castigar el interés bancario de ahorristas que tuvieran más de 7 mil soles. Tuvo que salir el Primer Ministro y el propio Presidente a desmentir tamaño despropósito.
Pero el problema sigue latente. ¿Podemos confiar en la palabra de un hombre que antaño prometió no tocar el dinero de los ahorristas y cuando llegó al poder congeló los depósitos en dólares y estatizó la banca? ¿Qué ha pasado con el valor de la palabra del Presidente Alan García en estos últimos años?
Es evidente que García recuperó el valor de su palabra; de lo contrario, no estaría donde está hoy sentado. Pero que no crea que la confianza es un factor permanente e inmutable. Todo lo contrario, es fluctuante y escurridiza.
García no tuvo reparos en autoflagelarse en público para desterrar cualquier fantasma interventor en el ahorro de la gente. Lo grave es que su ministro de economía no ha descartado del todo su política de cobrar renta sea al 1% de los ahorristas o a las operaciones bursátiles o a las transacciones de los fondos privados de pensiones.
El Presidente de la República recibió en esta segunda elección un pagaré de confianza a plazo fijo, no un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Si el ministro de economía quiere cambiar esta forma de compromiso de pago debe irse a su casa.
Porque lo que ha evidenciado este caso, no es una cuestión de falta habilidad política –que es obvio que el ministro no la tiene-, sino de política de gestión, de administración de la hacienda pública. El gobierno está buscando hacer caja a costa del dinero de los privados.
Suficiente castigo tenemos los ahorristas con el reducido interés bancario que se paga por los depósitos, en contraposición al altísimo costo del dinero que tiene el préstamo, como para soportar que el Estado quiera meter las manos con uñas y todo.
Finalmente, el Presidente García debe tener siempre presente que el valor del dinero puede recuperarse con sacrificio y doble trabajo, mientras que el valor de la palabra se mantiene o aumenta con el tiempo en tanto se la honre.
07 diciembre, 2006
Noche de sables
La noche que Toledo llegó a Palacio a conversar con García el ambiente estaba movido. Los edecanes, más nerviosos que nunca, mantenían en ambientes separados a dos hombres que el Presidente consultaba alternadamente.
Uno era el ministro de Defensa, Allan Wagner, quien llevaba en un fólder la carta que días antes cursó al general Reinoso pidiendo explicaciones sobre el aumento de combustible en el Ejército y la relación detallada de la línea de mando.
La hora de Reinoso había llegado y se discutía la manera en que se nombraría a su sucesor. Wagner -general sin uniforme, como todo diplomático de carrera-, abogaba por mantener la institucionalidad y promover un cambio siguiendo la línea de mando.
El otro personaje, de cejas pobladas y mirada torva, susurraba al oído del Presidente otro modelo de sucesión; uno generacional que colocara al partido de gobierno al mando del Ejército. Este personaje, de reminiscencias árabe-palestinas, actuaba como un ministro de Defensa en la sombra; con una daga curva en la mano.
Finalmente, el Presidente tomó su decisión. Asumió su papel de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de un sablazo descabezó el alto mando. No fue una sorpresa. Era parte de su plan.
Lo adelantamos en esta columna el 22 de octubre cuando dijimos que detrás de la batalla entre los generales Hoyos de Vinatea y Reinoso estaba el poder:
“No olvidemos esta premisa de fondo: García quiere el control del Ejército. Y si para ello tiene que destruir el Estado Mayor en pleno conflicto, lo hará. Ni Hoyos, ni Reinoso se ajustan a sus planes. Cuando ambos se hayan desgastado en esta guerra de guerrillas, el hombre bifronte que ocupa el sillón de Pizarro, les cortará la cabeza a ambos. Entonces, sólo entonces, habrá subordinado al resto”.
Wagner se alineó de inmediato, sin chistar, y anunció el “cambio generacional” que significó dejar de lado a la promoción 1974 del Ejército para colocar a la de 1975 encabezada por el General Edwin Donayre, un hombre conocido por sus altos conceptos académicos en el arte de la guerra.
La medida fue tan inesperada que el General Francisco Vargas Baca no alcanzó a ponerse el uniforme de gala y acudió a Palacio en jean y casaca.
Al final, dejaron sólo a Reinoso. El general que se enfrentó a su colega de armas, Hoyos de Vinatea, se retiró sin pena ni gloria, llorando y acusando que su salida fue motivada por intereses políticos. Calificó, además, los cambios y promociones en el alto mando del Ejército de "ilegales e inconstitucionales", hechos “por personajes ajenos a la institución”.
El viceministro de Defensa, Fabián Novack, conversó entonces con su jefa de prensa, Jacqueline Fowks, y armaron el muñeco para CARETAS en el que Wagner, mismo Rambo, queda como un comando suicida que se la jugó por el cambio generacional.
Lo cierto en esta movida de piezas es que el Presidente García pudo cumplir su plan. Ya tiene el control del Ejército… ahora viene la siguiente jugada: la toma del Poder Judicial.
Uno era el ministro de Defensa, Allan Wagner, quien llevaba en un fólder la carta que días antes cursó al general Reinoso pidiendo explicaciones sobre el aumento de combustible en el Ejército y la relación detallada de la línea de mando.
La hora de Reinoso había llegado y se discutía la manera en que se nombraría a su sucesor. Wagner -general sin uniforme, como todo diplomático de carrera-, abogaba por mantener la institucionalidad y promover un cambio siguiendo la línea de mando.
El otro personaje, de cejas pobladas y mirada torva, susurraba al oído del Presidente otro modelo de sucesión; uno generacional que colocara al partido de gobierno al mando del Ejército. Este personaje, de reminiscencias árabe-palestinas, actuaba como un ministro de Defensa en la sombra; con una daga curva en la mano.
Finalmente, el Presidente tomó su decisión. Asumió su papel de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de un sablazo descabezó el alto mando. No fue una sorpresa. Era parte de su plan.
Lo adelantamos en esta columna el 22 de octubre cuando dijimos que detrás de la batalla entre los generales Hoyos de Vinatea y Reinoso estaba el poder:
“No olvidemos esta premisa de fondo: García quiere el control del Ejército. Y si para ello tiene que destruir el Estado Mayor en pleno conflicto, lo hará. Ni Hoyos, ni Reinoso se ajustan a sus planes. Cuando ambos se hayan desgastado en esta guerra de guerrillas, el hombre bifronte que ocupa el sillón de Pizarro, les cortará la cabeza a ambos. Entonces, sólo entonces, habrá subordinado al resto”.
Wagner se alineó de inmediato, sin chistar, y anunció el “cambio generacional” que significó dejar de lado a la promoción 1974 del Ejército para colocar a la de 1975 encabezada por el General Edwin Donayre, un hombre conocido por sus altos conceptos académicos en el arte de la guerra.
La medida fue tan inesperada que el General Francisco Vargas Baca no alcanzó a ponerse el uniforme de gala y acudió a Palacio en jean y casaca.
Al final, dejaron sólo a Reinoso. El general que se enfrentó a su colega de armas, Hoyos de Vinatea, se retiró sin pena ni gloria, llorando y acusando que su salida fue motivada por intereses políticos. Calificó, además, los cambios y promociones en el alto mando del Ejército de "ilegales e inconstitucionales", hechos “por personajes ajenos a la institución”.
El viceministro de Defensa, Fabián Novack, conversó entonces con su jefa de prensa, Jacqueline Fowks, y armaron el muñeco para CARETAS en el que Wagner, mismo Rambo, queda como un comando suicida que se la jugó por el cambio generacional.
Lo cierto en esta movida de piezas es que el Presidente García pudo cumplir su plan. Ya tiene el control del Ejército… ahora viene la siguiente jugada: la toma del Poder Judicial.
05 diciembre, 2006
Toledo: Veni, vidi, vicci
En palabras de Augusto Alvarez Rodrich, la faena de Toledo en estos últimos cuatro días en el Perú, fue exitosa, al punto que -en términos taurinos-, cortó dos orejas y un rabo. Fue a la CADE , donde cosechó aplausos, se presentó al Congreso y se paseó, y fue a Palacio de Gobierno a torear nada menos que al toro más bravo, el mismísimo Alan García.
Por unos días, el ex Presidente captó la atención pública y dejó sentada la impresión que su olfato político se mantiene activo.
Sus seguidores anunciaron a través de avisos en los medios el inicio de una maquinaria de persecución política, expresada en la sorpresiva citación de la comisión investigadora del Congreso y en el despropósito del procurador Gino Ríos de solicitar el impedimento de salida del país del ex Presidente.
Aunque los principales voceros del Ejecutivo han negado que exista tal persecución, nadie puede negar que el mecanismo de denunciar al Presidente y su entorno proviene del Palacio de Gobierno como lo han señalado los periodistas César Hildebrandt y Rosa María Palacios.
El sistema de acusación es sencillo: Palacio de Gobierno contrata personas que no pertenecen al Sistema Nacional de Control, las ubica en el piso ocho del Edificio Pizarro y les permite manipular y fotocopiar documentos reservados.
Estos documentos son llevados al Secretario General de Palacio, Luis Nava, quien a su vez se los entrega al Presidente Alan García para su selección y aprobación. Luego, el Secretario de Prensa, José Chirito, los mete en un sobre y los distribuye a los medios de comunicación.
Gino Ríos recorta las denuncias periodísticas y elabora un cuadernillo que eleva al Ministerio Público. Así se judicializa al gobierno anterior por diversos actos.
La fiscal de la Nación , Adelaida Bolívar, ya ha aclarado el asunto y ha señalado con claridad que no puede abrir denuncia por simples fotocopias de periódicos. Es por esta razón que ni siquiera se ha iniciado la etapa de investigación preliminar, como mal informan los periódicos.
Hay pues un interés malsano incubado desde Palacio de Gobierno de desprestigiar la imagen del Presidente Toledo. Si a ello se suma la impertinencia mostrada por congresistas de pretender responsabilizar al ex Jefe del Estado por acciones que -si las hubiera- alcanzan a los respectivos ministros del sector y a sus respectivos funcionarios, entonces, se puede afirmar que si esto no configura el cargo de persecución política, por lo menos, si hay un animus jodendus del carajo.
Contra ese ánimo proveniente del poder es que se ha levantado Toledo estos días. Y así como Julio César resumió en tres palabras su conquista de Medio Oriente a través de guerras relámpago, Toledo puede afirmar tras su paseo por estas tierras: Veni, vidi, vicci: Vine, vi y vencí.
Por unos días, el ex Presidente captó la atención pública y dejó sentada la impresión que su olfato político se mantiene activo.
Sus seguidores anunciaron a través de avisos en los medios el inicio de una maquinaria de persecución política, expresada en la sorpresiva citación de la comisión investigadora del Congreso y en el despropósito del procurador Gino Ríos de solicitar el impedimento de salida del país del ex Presidente.
Aunque los principales voceros del Ejecutivo han negado que exista tal persecución, nadie puede negar que el mecanismo de denunciar al Presidente y su entorno proviene del Palacio de Gobierno como lo han señalado los periodistas César Hildebrandt y Rosa María Palacios.
El sistema de acusación es sencillo: Palacio de Gobierno contrata personas que no pertenecen al Sistema Nacional de Control, las ubica en el piso ocho del Edificio Pizarro y les permite manipular y fotocopiar documentos reservados.
Estos documentos son llevados al Secretario General de Palacio, Luis Nava, quien a su vez se los entrega al Presidente Alan García para su selección y aprobación. Luego, el Secretario de Prensa, José Chirito, los mete en un sobre y los distribuye a los medios de comunicación.
Gino Ríos recorta las denuncias periodísticas y elabora un cuadernillo que eleva al Ministerio Público. Así se judicializa al gobierno anterior por diversos actos.
La fiscal de la Nación , Adelaida Bolívar, ya ha aclarado el asunto y ha señalado con claridad que no puede abrir denuncia por simples fotocopias de periódicos. Es por esta razón que ni siquiera se ha iniciado la etapa de investigación preliminar, como mal informan los periódicos.
Hay pues un interés malsano incubado desde Palacio de Gobierno de desprestigiar la imagen del Presidente Toledo. Si a ello se suma la impertinencia mostrada por congresistas de pretender responsabilizar al ex Jefe del Estado por acciones que -si las hubiera- alcanzan a los respectivos ministros del sector y a sus respectivos funcionarios, entonces, se puede afirmar que si esto no configura el cargo de persecución política, por lo menos, si hay un animus jodendus del carajo.
Contra ese ánimo proveniente del poder es que se ha levantado Toledo estos días. Y así como Julio César resumió en tres palabras su conquista de Medio Oriente a través de guerras relámpago, Toledo puede afirmar tras su paseo por estas tierras: Veni, vidi, vicci: Vine, vi y vencí.
01 diciembre, 2006
El Capital Cobarde
¿Cómo explicar coherentemente que los empresarios peruanos tengan tres veces más confianza en un hombre que cuando gobernó dejó la economía en ruinas y otro que la dejó en crecimiento como pocas veces en la historia?
Según una encuesta de la Universidad de Lima hecha a 212 presidentes de directorio, Alan García alcanza un 92% de aprobación en este sector, mientras que Alejandro Toledo, en su mejor momento, llegó a 30%.
¿Cómo explicar esta conducta empresarial que no diferencia entre lo que se hizo y lo que se promete se hará?
Hay una respuesta que puede ayudar: el miedo.
Los empresarios peruanos tienen pánico que se repita la historia del Presidente que paralizó el país, produjo la más espantosa hiperinflación y se comió las reservas internacionales.
Frente a la imagen diabólica del nacionalista Ollanta Humala, Alan García aparecía como “el mal menor”. Fue así que el candidato del Apra empezó a ganarse al empresariado. Cuando los empresarios aprueban en más del 90% su gestión al frente del gobierno no lo están comparando con Toledo, sino con el propio García, él del periodo 85-90.
Otra respuesta posible es: la hipocresía.
Los empresarios viven del poder, les encanta lambisquearlo. No hay que olvidar que García para gobernar en su primer periodo se rodeó de los “12 apóstoles”. Los mismos que después apoyaron a Fujimori y renegaron de García, miraron de soslayo al Toledo de los Cuatro Suyos y renegaron del Chino, aceptaron al cholo Toledo presidente y rechazaron a Humala y ahora nuevamente aplauden a García.
Así es nuestra clase empresarial: se acomoda al poder de turno. No tiene bandera. Es hipócrita, políticamente hablando.
Ya lo dice la teoría económica: no hay nada más cobarde que el capital. Y quienes lo detentan se comportan igual. El miedo a perder su poder económico los paraliza y la hipocresía por acercarse al poder para mantener su estatus los anima.
La expectativa que los empresarios muestran con el presente gobierno hay que leerla como la tranquilidad que sienten de que el Presiente García haya cambiado respecto al mozalbete que asumió el poder hace veinte años.
Según ellos las primeras acciones de gobierno de García demostrarían que ha madurado. “Dejémoslo gobernar; no lo molestemos, porque éste es capaz de cualquier locura”, parecen afirmar. Lo que los empresarios no saben es que en política envejecer no necesariamente significa madurar.
Según una encuesta de la Universidad de Lima hecha a 212 presidentes de directorio, Alan García alcanza un 92% de aprobación en este sector, mientras que Alejandro Toledo, en su mejor momento, llegó a 30%.
¿Cómo explicar esta conducta empresarial que no diferencia entre lo que se hizo y lo que se promete se hará?
Hay una respuesta que puede ayudar: el miedo.
Los empresarios peruanos tienen pánico que se repita la historia del Presidente que paralizó el país, produjo la más espantosa hiperinflación y se comió las reservas internacionales.
Frente a la imagen diabólica del nacionalista Ollanta Humala, Alan García aparecía como “el mal menor”. Fue así que el candidato del Apra empezó a ganarse al empresariado. Cuando los empresarios aprueban en más del 90% su gestión al frente del gobierno no lo están comparando con Toledo, sino con el propio García, él del periodo 85-90.
Otra respuesta posible es: la hipocresía.
Los empresarios viven del poder, les encanta lambisquearlo. No hay que olvidar que García para gobernar en su primer periodo se rodeó de los “12 apóstoles”. Los mismos que después apoyaron a Fujimori y renegaron de García, miraron de soslayo al Toledo de los Cuatro Suyos y renegaron del Chino, aceptaron al cholo Toledo presidente y rechazaron a Humala y ahora nuevamente aplauden a García.
Así es nuestra clase empresarial: se acomoda al poder de turno. No tiene bandera. Es hipócrita, políticamente hablando.
Ya lo dice la teoría económica: no hay nada más cobarde que el capital. Y quienes lo detentan se comportan igual. El miedo a perder su poder económico los paraliza y la hipocresía por acercarse al poder para mantener su estatus los anima.
La expectativa que los empresarios muestran con el presente gobierno hay que leerla como la tranquilidad que sienten de que el Presiente García haya cambiado respecto al mozalbete que asumió el poder hace veinte años.
Según ellos las primeras acciones de gobierno de García demostrarían que ha madurado. “Dejémoslo gobernar; no lo molestemos, porque éste es capaz de cualquier locura”, parecen afirmar. Lo que los empresarios no saben es que en política envejecer no necesariamente significa madurar.
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