Siete días le tomó a Luis Alva Castro convertirse en el premier de facto del régimen. Político ducho, sombreó al primer ministro, al recomendarle al Presidente García la resolución del contrato con Gildemeister, en lugar de seguir el juego de la “comisionitis”, planteada por Del Castillo.
Todo empezó con la frialdad con la que el flamante titular del Interior tomó el asunto de la sobrevaluación de los patrulleros.
El 26 de febrero, apenas juramentó, no quiso adelantar opinión sobre el tema y dijo que estudiaría la situación. A las 48 horas planteó que las compras en su sector se realizarían por comisiones externas.
García escuchó la propuesta y demostró que en momentos de presión sus decisiones no son las mejores. Se tocó de nervios. Y dispuso que en adelante todas las adquisiciones del Estado se realizaran mediante consultores externos.
En un primer momento, la experiencia en la rebaja de la cotización de los patrulleros lo entusiasmó; tanto, que felicitó a la comisión Webb mediante resolución suprema. Pero la sonrisa se le congeló cuando Alva Castro le demostró que en el futuro podría comprometerse la legalidad de la operación.
El representante de Anjo Tec lo ha dicho bien. El gobierno ha renegociado con representantes de la empresa chilena que ingresaron al Perú con visa de turistas. Del consorcio compuesto por Gildemeister, Manasa y Anjo Tec, se ha llegado a un acuerdo sólo con una de las partes.
Un juicio podría representar millonarias pérdidas al Estado. Además del costo político que aterra a García. Entonces, el Presidente puso su cerebro en reversa –una vez más- y escuchó nuevamente a Luis Alva: había que suspender el contrato. Hoy esa propuesta ha crecido hasta convocar a consultores del PNUD y del BID.
El caso de los patrulleros permitió ver a un gobierno dando muestras de desorden, de falta de manejo administrativo, y de marchas y contramarchas en la toma de decisiones.
Pero también reveló un rasgo de la personalidad del Presidente de la República que hasta ahora –al menos desde afuera- había permanecido oculto: su carácter dubitativo e influenciable.
Ya sabíamos que era voluble, de humor cambiante. Hoy sabemos que en momentos de máxima presión –como el trapecista suicida- se lanza en pos del columpio, con desesperación, sin importarle si tiene red abajo. Y ese es un problema para un Jefe de Estado.
El efecto que han tenido dos de sus recientes decisiones –nombrar comisiones externas para las compras e investigar todas las adquisiciones del Estado de los últimos 10 años- ha sido paralizar la administración pública.
Parece que el gobierno está perdiendo la brújula, ha dicho José Miguel Morales. Más que eso, ni siquiera se guía por la veleta que instalaron ellos mismos.
El Presidente reacciona por emoción. Si su verbo sigue encantando por estructurar argumentos mezcla de historia, teatro y lírica; hoy asusta por sus decisiones incongruentes, producto de la duda y la vacilación.
07 marzo, 2007
04 marzo, 2007
El shock de las improvisaciones
Al asumir el poder, García nos apantalló con marketeros capítulos mensuales que él mismo tituló. Agosto sería el mes de la austeridad; setiembre, de la descentralización y octubre el mes “del shock de las inversiones”. Pero, en realidad, agosto fue el mes contra Toledo y las ONG, setiembre fue el mes de la pena de muerte y octubre el de la pena a violadores de niños.
Mientras entretenía a la platea con estos temas, el Presidente hizo otra cosa. En setiembre pidió un primera ampliación del Presupuesto General de la República por 1,937 millones de soles. Lo insólito es que dicho monto debía ejecutarse en obras de desarrollo social hasta diciembre. Es decir, proponía gastar 465.5 millones por mes, o 15 millones de soles por día. Una locura, según los entendidos.
El contralor Matute se lo dijo en su cara en Palacio de Gobierno la primera quincena de enero de este año. El Ejecutivo había comprometido recursos apenas por 154 millones de soles; el 8% de lo solicitado. Una pobre capacidad de gestión. Pero como el Presidente es Jalisco y nunca pierde, le sopló la pluma a los gobiernos locales y regionales.
Frenético -como es-, echó mano al proceso de reforma del Estado y se las agarró contra el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). No pasaron quince días del jalón de orejas del contralor, cuando el Gobierno dispuso un nuevo crédito suplementario, esta vez, por 1,206 millones de soles para todo este año, siempre para impulsar el shock de inversiones.
Erre con erre, más plata para gastar lo que no pudieron hacer en el trimestre pasado, y cuando el Presupuesto 2007 tenía recién un mes en ejecución. Increíble. Hay que reconocer que García es honesto... con su forma de pensar. Lo ha dicho varias veces, pero no le hemos prestado la debida atención.
El Presidente no cree en el “chorreo”. No cree en esta parte de la teoría liberal del desarrollo que dice que la economía primero debe crecer en la cima –los agentes productores-, para luego, desde allí, chorrear hacia abajo a todos los sectores.
García cree en la redistribución. Para qué esperar. Hay que tomar lo que tenemos y repartir. 10 millones de soles para los sueldos atrasados de los Policías, 130 millones de ampliación de fondos para Agrobanco, ¿Banco Agrario?, ¿Banco Agropecuario?, ¿Banco del Campo?, otros milloncitos para cubrir a las AFP, y, claro, millones para comprar patrulleros para la seguridad ciudadana, medicina para los pobres, ambulancias para los mismos y así por el estilo.
La sensibilidad social de nuestro Presidente colisiona con la teoría económica, dirán algunos. La irresponsabilidad de sus impromptus, es la verdadera razón de los males, dirán otros. Lo cierto es que alguien debiera pedir las actas del Consejo de Ministros. Allí veríamos el afán persistente del Presidente García por promover el shock de inversiones apurando las compras, instando a sus ministros-secretarios a agilizar los procesos de adquisiciones del Estado, a saltarse procesos y normas, a flexibilizar el SNIP.
La doctora Mazzetti fue la primera que sucumbió al asedio. Y su ejemplo ha servido para que estallen apurados e irregulares procesos en otros sectores como Salud y Educación.
Mulder –vivo, como siempre- ha intentando zafar cuerpo y acusar a mandos medios de gobiernos anteriores. Pero su argumentación no resiste el menopr análisis. Quien gobierna es el Apra. Están en todos lados de la administración pública. Nada se hace sin su conocimiento y sin su consentimiento. Miren, sino, a quién han puesto al frente del Programa Agua para Todos.
No nos vengan a contarnos cuentos ahora. Y cuidemos, más bien, que la nueva ampliación del Presupuesto no se dilapide y que el cacareado shock de las inversiones no siga siendo el shock de las improvisaciones, ¿si o no, Alan?
Mientras entretenía a la platea con estos temas, el Presidente hizo otra cosa. En setiembre pidió un primera ampliación del Presupuesto General de la República por 1,937 millones de soles. Lo insólito es que dicho monto debía ejecutarse en obras de desarrollo social hasta diciembre. Es decir, proponía gastar 465.5 millones por mes, o 15 millones de soles por día. Una locura, según los entendidos.
El contralor Matute se lo dijo en su cara en Palacio de Gobierno la primera quincena de enero de este año. El Ejecutivo había comprometido recursos apenas por 154 millones de soles; el 8% de lo solicitado. Una pobre capacidad de gestión. Pero como el Presidente es Jalisco y nunca pierde, le sopló la pluma a los gobiernos locales y regionales.
Frenético -como es-, echó mano al proceso de reforma del Estado y se las agarró contra el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). No pasaron quince días del jalón de orejas del contralor, cuando el Gobierno dispuso un nuevo crédito suplementario, esta vez, por 1,206 millones de soles para todo este año, siempre para impulsar el shock de inversiones.
Erre con erre, más plata para gastar lo que no pudieron hacer en el trimestre pasado, y cuando el Presupuesto 2007 tenía recién un mes en ejecución. Increíble. Hay que reconocer que García es honesto... con su forma de pensar. Lo ha dicho varias veces, pero no le hemos prestado la debida atención.
El Presidente no cree en el “chorreo”. No cree en esta parte de la teoría liberal del desarrollo que dice que la economía primero debe crecer en la cima –los agentes productores-, para luego, desde allí, chorrear hacia abajo a todos los sectores.
García cree en la redistribución. Para qué esperar. Hay que tomar lo que tenemos y repartir. 10 millones de soles para los sueldos atrasados de los Policías, 130 millones de ampliación de fondos para Agrobanco, ¿Banco Agrario?, ¿Banco Agropecuario?, ¿Banco del Campo?, otros milloncitos para cubrir a las AFP, y, claro, millones para comprar patrulleros para la seguridad ciudadana, medicina para los pobres, ambulancias para los mismos y así por el estilo.
La sensibilidad social de nuestro Presidente colisiona con la teoría económica, dirán algunos. La irresponsabilidad de sus impromptus, es la verdadera razón de los males, dirán otros. Lo cierto es que alguien debiera pedir las actas del Consejo de Ministros. Allí veríamos el afán persistente del Presidente García por promover el shock de inversiones apurando las compras, instando a sus ministros-secretarios a agilizar los procesos de adquisiciones del Estado, a saltarse procesos y normas, a flexibilizar el SNIP.
La doctora Mazzetti fue la primera que sucumbió al asedio. Y su ejemplo ha servido para que estallen apurados e irregulares procesos en otros sectores como Salud y Educación.
Mulder –vivo, como siempre- ha intentando zafar cuerpo y acusar a mandos medios de gobiernos anteriores. Pero su argumentación no resiste el menopr análisis. Quien gobierna es el Apra. Están en todos lados de la administración pública. Nada se hace sin su conocimiento y sin su consentimiento. Miren, sino, a quién han puesto al frente del Programa Agua para Todos.
No nos vengan a contarnos cuentos ahora. Y cuidemos, más bien, que la nueva ampliación del Presupuesto no se dilapide y que el cacareado shock de las inversiones no siga siendo el shock de las improvisaciones, ¿si o no, Alan?
01 marzo, 2007
La hora ejemplar y el ejemplo auténtico
Al definir el origen de la sociedad, Ortega y Gasset, encontró que más allá del instinto político que encontró Aristóteles en los hombres -y que los empuja a vivir en comunidad, de forma gregaria-, las sociedades nacen de la atracción superior que ejercen unos hombres sobre otros.
Según esta teoría, la excelencia que alcanzan algunos ejemplares produce en los otros un irrefrenable impulso de adhesión, de congregación y dócil seguimiento. Es el caso de Jesús y sus fieles que, en esencia, constitiuyen la iglesia cristiana.
Pero este potencial que el hombre trae consigo –señala el filósofo español- genera a su vez un vicio que lo desvirtúa y falsifica: “frente a la auténtica ejemplaridad hay una ejemplaridad ficticia e inane”.
La diferencia entre uno y otro es sencilla. El hombre verdaderamente ejemplar, nunca se propone serlo. El falso ejemplar lo pregona a los cuatro vientos, no descansa, vive para gritarlo.
Todo esto viene cuento luego de ver el show del presidente García presentando la campaña de la puntualidad: "Cuando termine estas palabras serán las doce en la cordillera, en el altiplano andino, en las soleadas arenas del norte y en el mar de Grau… será como el poeta dijo: las doce en todos los relojes, para que todos nos pongamos desde este momento en la convicción de comenzar un nuevo Perú más grande, puntual y consagrado al deber".
El falso ejemplar carece de moral. Su meta es que se le reconozca como ejemplo “en qué y cómo es una cuestión secundaria que luego intentará resolver”.
“Lo que le atrae, lo que ambiciona, es ese efecto social de la perfección –la ejemplaridad-. No quiere, en rigor, ser nada en sí mismo. Quiere ser para los demás, en los ojos ajenos, la norma y el modelo”, afirma el filósofo.
García es este falso ejemplar. Eso explica su conducta desesperada por lograr que la gente lo tome como modelo. Sus frases y estilo lo delatan:
Rebajemos el sueldo de los que sirven al pueblo, por qué un Presidente tiene que viajar en un avión de lujo, a partir de mañana no se comprará alcohol en las dependencias públicas, aquí venimos a servir al pueblo no a servirnos de él, yo apago las luces de Palacio porque hay que ahorrar, yo uso mi carro desde hace años, el que quiera chupar que lo haga con la suya.
El verdadero ejemplo es aquel que logra un cierto grado de perfección en algunas de las cosas que hace, y entonces, sin proponérselo, resulta siendo ejemplar para otros hombres. No hay pose ni cálculo. No hay actitud frenética, ni gestos grandielocuentes.
El auténtico ejemplar no necesita pasear un ataúd parodiando al rival político, en el momento cumbre de la campaña de valores.
La agencia Andina señala que luego de su discurso, el mandatario hizo sonar una campana con la que se sincronizaron los relojes, al mediodía, dando inicio a esta importante campaña. En ese momento, se efectuó una representación escénica sobre la muerte de la impuntualidad mediante el paseo de un ataúd titulado "Q.E.P.D la hora Cabana", por la Plaza Mayor de Lima, donde se realizó la ceremonia.
El falso ejemplar buscará no sólo eso, sino que gozará viendo el espectáculo, como diciendo aquí estoy yo, comparadme, soy puntual, austero, trabajador, alegre y jugador.
Lo peor es que el impostor del ejemplo no advierte la contradicción entre lo que pregona para lograr la adhesión y el acto de ser un ejemplo auténtico, producto de una entrega sin cálculos ni pasiones. El falso ejemplar vive preocupado de mostrar su propia ejemplaridad. Vive pensando que la vida es un carnaval.
Según esta teoría, la excelencia que alcanzan algunos ejemplares produce en los otros un irrefrenable impulso de adhesión, de congregación y dócil seguimiento. Es el caso de Jesús y sus fieles que, en esencia, constitiuyen la iglesia cristiana.
Pero este potencial que el hombre trae consigo –señala el filósofo español- genera a su vez un vicio que lo desvirtúa y falsifica: “frente a la auténtica ejemplaridad hay una ejemplaridad ficticia e inane”.
La diferencia entre uno y otro es sencilla. El hombre verdaderamente ejemplar, nunca se propone serlo. El falso ejemplar lo pregona a los cuatro vientos, no descansa, vive para gritarlo.
Todo esto viene cuento luego de ver el show del presidente García presentando la campaña de la puntualidad: "Cuando termine estas palabras serán las doce en la cordillera, en el altiplano andino, en las soleadas arenas del norte y en el mar de Grau… será como el poeta dijo: las doce en todos los relojes, para que todos nos pongamos desde este momento en la convicción de comenzar un nuevo Perú más grande, puntual y consagrado al deber".
El falso ejemplar carece de moral. Su meta es que se le reconozca como ejemplo “en qué y cómo es una cuestión secundaria que luego intentará resolver”.
“Lo que le atrae, lo que ambiciona, es ese efecto social de la perfección –la ejemplaridad-. No quiere, en rigor, ser nada en sí mismo. Quiere ser para los demás, en los ojos ajenos, la norma y el modelo”, afirma el filósofo.
García es este falso ejemplar. Eso explica su conducta desesperada por lograr que la gente lo tome como modelo. Sus frases y estilo lo delatan:
Rebajemos el sueldo de los que sirven al pueblo, por qué un Presidente tiene que viajar en un avión de lujo, a partir de mañana no se comprará alcohol en las dependencias públicas, aquí venimos a servir al pueblo no a servirnos de él, yo apago las luces de Palacio porque hay que ahorrar, yo uso mi carro desde hace años, el que quiera chupar que lo haga con la suya.
El verdadero ejemplo es aquel que logra un cierto grado de perfección en algunas de las cosas que hace, y entonces, sin proponérselo, resulta siendo ejemplar para otros hombres. No hay pose ni cálculo. No hay actitud frenética, ni gestos grandielocuentes.
El auténtico ejemplar no necesita pasear un ataúd parodiando al rival político, en el momento cumbre de la campaña de valores.
La agencia Andina señala que luego de su discurso, el mandatario hizo sonar una campana con la que se sincronizaron los relojes, al mediodía, dando inicio a esta importante campaña. En ese momento, se efectuó una representación escénica sobre la muerte de la impuntualidad mediante el paseo de un ataúd titulado "Q.E.P.D la hora Cabana", por la Plaza Mayor de Lima, donde se realizó la ceremonia.
El falso ejemplar buscará no sólo eso, sino que gozará viendo el espectáculo, como diciendo aquí estoy yo, comparadme, soy puntual, austero, trabajador, alegre y jugador.
Lo peor es que el impostor del ejemplo no advierte la contradicción entre lo que pregona para lograr la adhesión y el acto de ser un ejemplo auténtico, producto de una entrega sin cálculos ni pasiones. El falso ejemplar vive preocupado de mostrar su propia ejemplaridad. Vive pensando que la vida es un carnaval.
27 febrero, 2007
Enroque aprista
La salida de Mazzetti en el Ministerio del Interior permitirá que el partido de gobierno se reacomode. El Apra ha ganado un espacio más en el Ejecutivo, tal como venían reclamando las bases en comunicados pagados en los medios de comunicación.
Esto permitirá que Mercedes Cabanillas trabaje con mayor tranquilidad su campaña a la reelección del Congreso -sin Alva Castro como pre candidato que le haga sombra-, y que Mauricio Mulder se perfile para un segundo tiempo al frente de la secretaría del partido.
Por donde se le mire, un enroque a tres bandas.
No es que los compañeros sean unos maestros de la carambola política. La disonancia entre el Presidente y el Premier en el manejo de la primera crisis política ha revelado que lo que predomina como estrategia es el humor del jefe del Estado; siempre cambiante.
Del apoyo público inicial a la Mazzetti se pasó a la jalada de alfombra y de allí al salto al vacío sin paracaídas. Al final nos quedamos con una ministra que ingresó a la política con la imagen de técnica eficaz y se va con la de ingenua política e ineficaz.
Alva Castro es al mismo tiempo una pieza de recambio harto conocida, trajinada. No representa el aire fresco que el gabinete necesita. Huele más bien a airecillo rancio, de ese que encontramos al abrir el baúl de repuestos de segundamano.
Los teléfonos abiertos de las radios así lo demostraron y no pararon de sonar con opiniones mayoritariamente en contra del nombramiento del ex mochero Luis Alva Castro.
La gente no se ha olvidado del hombre que estuvo al frente de los primeros dos años de la burbuja económica aprista. Fue durante su gestión que se dilapidaron las reservas y se incubó la hiperinflación más alta del mundo.
Este Lucho, de economía, no es que sepa mucho, la verdad. Y de seguridad ciudadana es una incógnita al cuadrado.
Falta también el descenlace que tendrá la renegociación con la empresa Gildemeister. Cada vez hay más elementos que apuntan a su lado de la mesa, lo que podría comprometer escenarios distintos a los locales.
En Chile se informa al detalle de la situación de esta empresa. Mientras, el contralor ha anunciado que revisará todos los contratos de Gildemeister con el Estado.
Es la primera misión que tendrá el flamante ministro del Interior. Seguramente esperará los resultados de la comisión Webb, pero también podría decidir por rescindir el contrato, asumir el pago de la penalidad y convocar a nueva licitación.
Lucho Alva es un nombramiento político. El Apra toma el control del ministerio que se encarga de controlar el orden interno y de nombrar a las autoridades políticas en el interior del país. El Presidente le ha pedido mano dura. Los gremios en conflicto están avisados.
Esto permitirá que Mercedes Cabanillas trabaje con mayor tranquilidad su campaña a la reelección del Congreso -sin Alva Castro como pre candidato que le haga sombra-, y que Mauricio Mulder se perfile para un segundo tiempo al frente de la secretaría del partido.
Por donde se le mire, un enroque a tres bandas.
No es que los compañeros sean unos maestros de la carambola política. La disonancia entre el Presidente y el Premier en el manejo de la primera crisis política ha revelado que lo que predomina como estrategia es el humor del jefe del Estado; siempre cambiante.
Del apoyo público inicial a la Mazzetti se pasó a la jalada de alfombra y de allí al salto al vacío sin paracaídas. Al final nos quedamos con una ministra que ingresó a la política con la imagen de técnica eficaz y se va con la de ingenua política e ineficaz.
Alva Castro es al mismo tiempo una pieza de recambio harto conocida, trajinada. No representa el aire fresco que el gabinete necesita. Huele más bien a airecillo rancio, de ese que encontramos al abrir el baúl de repuestos de segundamano.
Los teléfonos abiertos de las radios así lo demostraron y no pararon de sonar con opiniones mayoritariamente en contra del nombramiento del ex mochero Luis Alva Castro.
La gente no se ha olvidado del hombre que estuvo al frente de los primeros dos años de la burbuja económica aprista. Fue durante su gestión que se dilapidaron las reservas y se incubó la hiperinflación más alta del mundo.
Este Lucho, de economía, no es que sepa mucho, la verdad. Y de seguridad ciudadana es una incógnita al cuadrado.
Falta también el descenlace que tendrá la renegociación con la empresa Gildemeister. Cada vez hay más elementos que apuntan a su lado de la mesa, lo que podría comprometer escenarios distintos a los locales.
En Chile se informa al detalle de la situación de esta empresa. Mientras, el contralor ha anunciado que revisará todos los contratos de Gildemeister con el Estado.
Es la primera misión que tendrá el flamante ministro del Interior. Seguramente esperará los resultados de la comisión Webb, pero también podría decidir por rescindir el contrato, asumir el pago de la penalidad y convocar a nueva licitación.
Lucho Alva es un nombramiento político. El Apra toma el control del ministerio que se encarga de controlar el orden interno y de nombrar a las autoridades políticas en el interior del país. El Presidente le ha pedido mano dura. Los gremios en conflicto están avisados.
23 febrero, 2007
Negocios y política a la chilena
La Presidenta Michelle Bachellet regresó ayer jueves por la tarde a La Moneda. Interrumpió sus vacaciones, tras permanecer tres semanas en Lago Caburgua, al sur de Chile, dorándose al sol.
Algo más delgada y bronceada, ingresó rauda a su despacho. La esperaban sus ministros para abordar temas diversos, entre ellos, su principal preocupación, el sistema de transporte público en la capital chilena, inaugurado en su ausencia, que ha presentado fallas: el Transantiago.
Fue allí, quizás, donde oyó nuevamente las palabras que ya había notado destacadas en los reportes enviados a su estancia de descanso: Gildemeister. Patrulleros. Ministra del Interior. Perú. Renegociación. Contratos en regla. Millones de dólares en juego. Intereses. Renuncia. Investigación. Congreso del Perú. Humala. Campaña. Gildemeister. Apoyo. Dinero en cajas.
El factor Chile en el tema de los patrulleros sobrevalorados podría ser un elemento de consecuencias insospechadas; de política mayor que excedería el tablero local en que se desarrolla por ahora. Se trata de una empresa chilena acusada de intervenir en política interna apoyando un candidato presidencial y realizando negocios pardos con el Gobierno de turno.
El antecendente más cercano de negocios y política es la intervención de Andrónico Luksic, quien a bordo de su propia avioneta ingresó ilegalmente al país para entrevistarse en secreto con Montesinos y defender los intereses de la empresa Luchetti –al parecer- a cambio de sobornos.
Gildemeister es una familia oriunda de Bremen, Alemania, asentada en Chile desde mediados del Siglo XIX y vinculada al negocio del salitre en Iquique. A comienzos del Siglo XX cambió de giro y se especializó en importación de maquinarias y más tarde en vehículos de diverso tipo. Tiene sucursales propias en todo el país. Actualmente, dirige el negocio el empresario Ricardo Lessmann.
En el Perú, distribuye autos y camionetas Hyundai, además de vehículos Ford, Volvo y Mazda. Según información de su página web, Gildemeister cubre “todas las categorías del mercado: vehículos de pasajeros, vehículos comerciales livianos, camiones y buses”. No es poca cosa, si le sumamos la distribución de maquinarias de construcción, industriales y para la agricultura.
El hecho que el Gobierno peruano siente a la empresa chilena a renegociar un contrato 44 millones 550 mil soles por 469 camionetas con más de US$ 3 millones de dólares de sobreprecio en juego, no le hace gracia a nadie.
Por supuesto que no le hace gracia a los peruanos que esperamos precios justos. Pero tampoco a los chilenos que esperan hacer negocios sin problemas. El primer gesto ha sido acudir a la cita con el premier Del Castillo, pero evitar ir al quisquilloso Congreso.
La prensa del sur está siempre pendiente de lo que ocurre en Perú con sus inversiones. También los militares de ese país. Si no recordemos al general Izurieta sosteniendo defender los capitales chilenos “allí donde se encuentren”.
El Perú es hoy en día uno de los principales destinos de la inversión privada chilena con cifras cercanas a los 5 mil millones de dólares. Empresas como Lan, Fallabella, Ripley, Besalco, Farmacias Ahumada, Salcobrand, Sodimac, Carozzi, Casa & Ideas o la estatal Enap, han asentado raíces en nuestro país.
Es de considerar que todas ellas, lo mismo que las autoridades gubernamentales del país del sur, estén viendo la forma cómo Gildemeister ha sido sentada a la mesa de negociaciones. El gobierno peruano tendrá que mover los hilos con fineza para evitar que el tema se desplace al plano internacional.
Por el momento, Gildemeister ha negado las acusaciones de un congresista peruano que le imputa haber contribuido al financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala. Y ha acudido al llamado del Gobierno a renegociar. Pero, con seguridad, espera llegar a un acuerdo que no le haga perder los millones de dólares que ya tenía en el bolsillo.
Algo más delgada y bronceada, ingresó rauda a su despacho. La esperaban sus ministros para abordar temas diversos, entre ellos, su principal preocupación, el sistema de transporte público en la capital chilena, inaugurado en su ausencia, que ha presentado fallas: el Transantiago.
Fue allí, quizás, donde oyó nuevamente las palabras que ya había notado destacadas en los reportes enviados a su estancia de descanso: Gildemeister. Patrulleros. Ministra del Interior. Perú. Renegociación. Contratos en regla. Millones de dólares en juego. Intereses. Renuncia. Investigación. Congreso del Perú. Humala. Campaña. Gildemeister. Apoyo. Dinero en cajas.
El factor Chile en el tema de los patrulleros sobrevalorados podría ser un elemento de consecuencias insospechadas; de política mayor que excedería el tablero local en que se desarrolla por ahora. Se trata de una empresa chilena acusada de intervenir en política interna apoyando un candidato presidencial y realizando negocios pardos con el Gobierno de turno.
El antecendente más cercano de negocios y política es la intervención de Andrónico Luksic, quien a bordo de su propia avioneta ingresó ilegalmente al país para entrevistarse en secreto con Montesinos y defender los intereses de la empresa Luchetti –al parecer- a cambio de sobornos.
Gildemeister es una familia oriunda de Bremen, Alemania, asentada en Chile desde mediados del Siglo XIX y vinculada al negocio del salitre en Iquique. A comienzos del Siglo XX cambió de giro y se especializó en importación de maquinarias y más tarde en vehículos de diverso tipo. Tiene sucursales propias en todo el país. Actualmente, dirige el negocio el empresario Ricardo Lessmann.
En el Perú, distribuye autos y camionetas Hyundai, además de vehículos Ford, Volvo y Mazda. Según información de su página web, Gildemeister cubre “todas las categorías del mercado: vehículos de pasajeros, vehículos comerciales livianos, camiones y buses”. No es poca cosa, si le sumamos la distribución de maquinarias de construcción, industriales y para la agricultura.
El hecho que el Gobierno peruano siente a la empresa chilena a renegociar un contrato 44 millones 550 mil soles por 469 camionetas con más de US$ 3 millones de dólares de sobreprecio en juego, no le hace gracia a nadie.
Por supuesto que no le hace gracia a los peruanos que esperamos precios justos. Pero tampoco a los chilenos que esperan hacer negocios sin problemas. El primer gesto ha sido acudir a la cita con el premier Del Castillo, pero evitar ir al quisquilloso Congreso.
La prensa del sur está siempre pendiente de lo que ocurre en Perú con sus inversiones. También los militares de ese país. Si no recordemos al general Izurieta sosteniendo defender los capitales chilenos “allí donde se encuentren”.
El Perú es hoy en día uno de los principales destinos de la inversión privada chilena con cifras cercanas a los 5 mil millones de dólares. Empresas como Lan, Fallabella, Ripley, Besalco, Farmacias Ahumada, Salcobrand, Sodimac, Carozzi, Casa & Ideas o la estatal Enap, han asentado raíces en nuestro país.
Es de considerar que todas ellas, lo mismo que las autoridades gubernamentales del país del sur, estén viendo la forma cómo Gildemeister ha sido sentada a la mesa de negociaciones. El gobierno peruano tendrá que mover los hilos con fineza para evitar que el tema se desplace al plano internacional.
Por el momento, Gildemeister ha negado las acusaciones de un congresista peruano que le imputa haber contribuido al financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala. Y ha acudido al llamado del Gobierno a renegociar. Pero, con seguridad, espera llegar a un acuerdo que no le haga perder los millones de dólares que ya tenía en el bolsillo.
19 febrero, 2007
En defensa del avión presidencial
El diario El Comercio ha señalado con propiedad en su editorial (18/02/2007) que el Gobierno debe reevaluar la decisión de vender el avión presidencial. Pocos son seguramente los que se atreven a levantar en público una posición semejante.
Y es que a nadie le gusta defender causas estigmatizadas como ésta en la que se rebautizó la nave como el “avión parrandero”, a raíz de un incidente protagonizado por un funcionario de Cancillería pasado de copas en el viaje internacional que realizó el Presidente Toledo a España.
Pero de ahí a calificar el uso del avión como frívolo hay un cielo de diferencia.
El avión al servicio de la Presidencia de la República es una necesidad. Más aún en un país con vulnerabilidades naturales, geografía agreste y carente -a decir del ministro del sector- de un adecuado sistema de seguridad de nuestras fronteras.
Desde el punto de vista de la gestión pública, un Presidente necesita una herramienta que le permita estar presente en todo el territorio nacional, sin que dependa de las conexiones, horarios y escalas de la aviación privada local (mayoritariamente en manos de chilenos).
En un contexto globalizado como en el que nos desarrollamos, los presidentes deben viajar al exterior, sea para abrir mercados, promocionar inversiones o promover nuestros productos. Eso no es lujo, ni frivolidad; sino simplemente, competitividad.
Desde el punto de vista de la Defensa, el avión presidencial es un bien que forma parte de nuestros recursos potenciales. El Boeing 737.500 es una nave moderna, rápida que permite el desplazamiento de hombres y -eventualmente, si se reacondiciona-, pertrechos, a cualquier punto del territorio nacional.
Tiene seis horas de autonomía de vuelo. Con esa capacidad cubre el país tres veces de punta a punta, sin recargar combustible. Ninguna otra nave de nuestra fuerza aérea puede hacerlo.
Según lo afirmaron hace unas semanas el ministro de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto; nuestro país adolece de adecuados mecanismos que ofrezcan seguridad en nuestras fronteras. ¿Es lógico deshacerse de un bien que es funcional y está plenamente operativo?
El Presidente García ha dicho que es muy caro, que cuesta mucho mantenerlo. El Premier ha confesado que ni siquiera lo conoce, que sólo lo ha visto en video, pero igual lo vende. ¿Es esta la forma en que actúa un gobierno serio? ¿Por qué no se consulta primero a la Fuerza Aérea del Perú? ¿Por qué no se pregunta a expertos en Aviación Comercial, Transporte Aéreo, Defensa Militar y Defensa Civil?
Ni siquiera el procedimiento de subasta ha sido el correcto. El ministro Wagner acaba de enmendarle la plana al Premier Del Castillo y ha enviado sus observaciones al Jefe del Estado. En este tema, como en muchos de la administración aprista, existe no sólo miopía y cortoplacismo, sino mezquindad y tozudez.
Y es que a nadie le gusta defender causas estigmatizadas como ésta en la que se rebautizó la nave como el “avión parrandero”, a raíz de un incidente protagonizado por un funcionario de Cancillería pasado de copas en el viaje internacional que realizó el Presidente Toledo a España.
Pero de ahí a calificar el uso del avión como frívolo hay un cielo de diferencia.
El avión al servicio de la Presidencia de la República es una necesidad. Más aún en un país con vulnerabilidades naturales, geografía agreste y carente -a decir del ministro del sector- de un adecuado sistema de seguridad de nuestras fronteras.
Desde el punto de vista de la gestión pública, un Presidente necesita una herramienta que le permita estar presente en todo el territorio nacional, sin que dependa de las conexiones, horarios y escalas de la aviación privada local (mayoritariamente en manos de chilenos).
En un contexto globalizado como en el que nos desarrollamos, los presidentes deben viajar al exterior, sea para abrir mercados, promocionar inversiones o promover nuestros productos. Eso no es lujo, ni frivolidad; sino simplemente, competitividad.
Desde el punto de vista de la Defensa, el avión presidencial es un bien que forma parte de nuestros recursos potenciales. El Boeing 737.500 es una nave moderna, rápida que permite el desplazamiento de hombres y -eventualmente, si se reacondiciona-, pertrechos, a cualquier punto del territorio nacional.
Tiene seis horas de autonomía de vuelo. Con esa capacidad cubre el país tres veces de punta a punta, sin recargar combustible. Ninguna otra nave de nuestra fuerza aérea puede hacerlo.
Según lo afirmaron hace unas semanas el ministro de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto; nuestro país adolece de adecuados mecanismos que ofrezcan seguridad en nuestras fronteras. ¿Es lógico deshacerse de un bien que es funcional y está plenamente operativo?
El Presidente García ha dicho que es muy caro, que cuesta mucho mantenerlo. El Premier ha confesado que ni siquiera lo conoce, que sólo lo ha visto en video, pero igual lo vende. ¿Es esta la forma en que actúa un gobierno serio? ¿Por qué no se consulta primero a la Fuerza Aérea del Perú? ¿Por qué no se pregunta a expertos en Aviación Comercial, Transporte Aéreo, Defensa Militar y Defensa Civil?
Ni siquiera el procedimiento de subasta ha sido el correcto. El ministro Wagner acaba de enmendarle la plana al Premier Del Castillo y ha enviado sus observaciones al Jefe del Estado. En este tema, como en muchos de la administración aprista, existe no sólo miopía y cortoplacismo, sino mezquindad y tozudez.
17 febrero, 2007
El avión dicharachero
O bem amado Presidente tiene problemas con los números. Confunde cifras, montos, soles con dólares y ahora destinos con rutas. Y, claro, se le lengualatraba, cuando del avión presidencial se trata, pues ha dicho, muy suelto de huesos, para justificar su venta, que el “avión parrandero” realizó 79 viajes a Punta Sal. ¿Cómo llegó a esta cifra?
El número viene de la acusación preparada por el procurador Gino Ríos, quien a su vez la tomó del informe de la FAP que da cuenta del total de vuelos realizados por el Boeing 737.500 –el avión presidencial- “al norte del país”. Y ahí está el error.
Tanto el procurador Ríos, como el Presidente García, confunden el total de movimientos de las naves al servicio del Presidente de la República al norte del país, con los viajes realizados a Punta Sal. Pruebas al canto:
El 12 y 13 de marzo de 2002 el helicóptero presidencial MI-17 se movilizó a Tumbes no para ir a la playa, sino para recorrer los pueblos afectados por las lluvias. El mismo helicóptero se usó el 10 de abril de 2002 para inspeccionar los pueblos afectados de Piura y llevar ayuda. ¿Alguién ha visto al Presidente García usando el avión presidencial o cualquier nave para llegar a los pueblos damnificados de San Ramón o Chanchamayo?
Entre el 11 y 14 de abril de 2002, el Presidente Toledo estuvo en Costa Rica y Estados Unidos. Pero el procurador lo acusa porque esos días el helicóptero presidencial estuvo en Piura, Catacaos, Talara, Cap. Hoyle, La Choza y Paita. Y así fue, pero no para divertimento de nadie, sino para prestar auxilio a los damnificados.
El 24 de mayo de 2002 el MI 17 presidencial recorrió Chiclayo, Talara, Punta Sal, Talara. Pero ese día Toledo estuvo en Lima promulgando el reglamento de la Ley 25307 que reconoció a los comedores populares como organizaciones sociales de base.
El 31 de mayo de 2002 el Presidente usó el avión presidencial para trasladarse a Piura y promulgar allá la Ley de Electrificación Rural. El 14 de marzo de 2003 la nave 602 –también al servicio del Presidente- hizo el itinerario Lima, Talara, Punta Sal, Lima. Pero el Presidente cumplió actividades en el distrito de Independencia en Lima y luego se reúnió con alcaldes de Ancash en Palacio de Gobierno. Pueden verficarlo en los periódicos de archivo.
El 23 de octubre de 2003, el avión presidencial llegó a Piura tras una gira internacional a Francia, Alemania y Tailandia. Al día siguiente se entregó en Poechos el Proyecto Especial Chira-Piura.
El 3 de marzo de 2005 otra nave al servicio del Presidente –la B412 629- cubrió el itinerario Chiclayo, Tumbes, Trujillo, Piura, Chiclayo. El Presidente no estuvo a bordo. Se encontraba en Lima anunciando en Palacio de Gobierno el apoyo de la CEPAL al programa de subsidio directo.
Del 25 al 28 de octubre de 2005 el MI-8MTV 602 voló de El Valor a Piura, Paita, Piura, Trujillo y Lima. La razón fue el Noveno Consejo de Ministros Descentralizado con asistencia del gabinete en pleno. ¡Qué Punta Sal ni qué disparate alguno!.
Se ha puesto en mismo saco los viajes que el Presidente realizó a Punta Sal para descansar con los viajes que las naves al servicio del Presidente realizaron al norte del país por asuntos de trabajo. Y los ejemplos abundan, pero lo dejo ahí para no cansarlos.
En conclusión, el presidente García miente cuando afirma que el avión presidencial realizó 39 viajes a Punta Sal. No todos los viajes que realizaron las naves al servicio del Presidente al norte del país fueron para descanso del Jefe del Estado, lo cual, por supuesto, tampoco es ilegal. Hubo muchos viajes que realizaron esas naves con fines de trabajo propiamente dicho o de ayuda a poblaciones afectadas por desastres naturales.
Hoy, de un simple plumazo, y en medio de un mitin partidario en la Plaza de Armas de Trujillo, el Presidente García sometió a la masa aprista enfervorizada el destino de un bien nacional:
-“¿Qué tengo que hacer? (con el avión presidencial)"- preguntó.
-¡Véndelo!-, gritó en coro la muchedumbre.
Y así se hizo. El Presidente dicharachero había ejecutado un acto de estadista. Grandioso.
14 febrero, 2007
Ola de despidos públicos
El sector público debe estar alerta. El ejecutivo acaba de blandir su guadaña y ha amenazado con “evaluar”, “despedir” o “enviar a provincias”, al menos a 100 mil empleados públicos. Los argumentos esgrimidos han sido los siguientes, según el libreto interpretado por los actores del poder:
Ministro Garrido Lecca (Globo de ensayo):
- Se está evaluando enviar a algunos funcionarios públicos a provincias.
Premier Jorge del Castillo (Verdugo):
- Para hacer tortillas hay que romper los huevos.
- Dentro del proceso de reforma del Ejecutivo, el primer paso es la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y de los programas sociales.
- La planilla estatal está pesada y eso se debe, en buena medida, al gobierno toledista.
- El gobierno de Toledo hizo entrar al Estado a unas 100 mil personas por contrato de locación de servicios.
- A las personas que no se les necesite no se les renovará. Terminan su contrato y punto.
Presidente Alan García (Autócrata):
- Gobierno para 28 millones de personas, no para 5 mil burócratas, abogados, que posiblemente tendrían que perder sus empleos en algunas OPD.
No queda mucho qué debatir. El ejecutivo ha tomado la decisión de reestructurar el aparato del Estado, disfrazando reforma del Estado con despido masivo de trabajadores públicos. La razón que esgrime es deleznable. Acusa al régimen anterior de copar la administración pública con 100 mil trabajadores cuando la realidad es que el copamiento aprista en todos los niveles del aparato del Estado es abusivo.
Frente a esta realidad, sólo cabe tomar medidas urgentes como, por ejemplo, reactivar en cada Ministerio, OPD y Programa Social un listado de trabajadores, según su condición laboral y tipo de contrato.
Organizar un comité de defensa que inscriba su base en la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), sección Trabajadores Estatales. Promover, de inmediato, asesoría legal para orientar a los afiliados. Abrir una página web de orientación al trabajador estatal.
Finalmente, convocar a movilizaciones escalonadas con miras a una acción de fuerza de mayor envergadura. Se avecinan nuevos vientos para la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE). ¿Renacerá?
Ministro Garrido Lecca (Globo de ensayo):
- Se está evaluando enviar a algunos funcionarios públicos a provincias.
Premier Jorge del Castillo (Verdugo):
- Para hacer tortillas hay que romper los huevos.
- Dentro del proceso de reforma del Ejecutivo, el primer paso es la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y de los programas sociales.
- La planilla estatal está pesada y eso se debe, en buena medida, al gobierno toledista.
- El gobierno de Toledo hizo entrar al Estado a unas 100 mil personas por contrato de locación de servicios.
- A las personas que no se les necesite no se les renovará. Terminan su contrato y punto.
Presidente Alan García (Autócrata):
- Gobierno para 28 millones de personas, no para 5 mil burócratas, abogados, que posiblemente tendrían que perder sus empleos en algunas OPD.
No queda mucho qué debatir. El ejecutivo ha tomado la decisión de reestructurar el aparato del Estado, disfrazando reforma del Estado con despido masivo de trabajadores públicos. La razón que esgrime es deleznable. Acusa al régimen anterior de copar la administración pública con 100 mil trabajadores cuando la realidad es que el copamiento aprista en todos los niveles del aparato del Estado es abusivo.
Frente a esta realidad, sólo cabe tomar medidas urgentes como, por ejemplo, reactivar en cada Ministerio, OPD y Programa Social un listado de trabajadores, según su condición laboral y tipo de contrato.
Organizar un comité de defensa que inscriba su base en la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), sección Trabajadores Estatales. Promover, de inmediato, asesoría legal para orientar a los afiliados. Abrir una página web de orientación al trabajador estatal.
Finalmente, convocar a movilizaciones escalonadas con miras a una acción de fuerza de mayor envergadura. Se avecinan nuevos vientos para la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE). ¿Renacerá?
13 febrero, 2007
Escaramuzas desde el sur
La denuncia desde Chile de un pacto García – Fujimori ha desatado hasta dos interpretaciones que conviene analizar. La primera, esbozada por los jerarcas del Apra -Luis Gonzales Posada, entre otros-, señala que se trataría de un psicosocial sureño para desviar la atención ante la “férrea defensa peruana de su integridad territorial”. La segunda, de un amigo del Apra –Mirko Lauer- afirma que se trataría de un conflicto interno de la derecha chilena contra la Presidenta Bachelet a quien tratan de desgastar para recuperar el terreno perdido por cuatro periodos de gobiernos consecutivos de La Concertación.
Está muy clara la posición oficial de Chile en el Comunicado Oficial de su Cancillería del 27 de enero, tras el fallo de su tribunal constitucional: “Esta secretaría de Estado afirma que el mismo no afecta de modo alguno la definición y posición jurídica invariable de Chile respecto de los límites terrestre y marítimo con el Perú, refrendados por diversos tratados jurídicos internacionales plenamente vigentes que le dan sustentación jurídica indiscutible. Los derechos soberanos de Chile a este respecto están, por ende, plenamente resguardados”.
El gobierno peruano no ha respondido por escrito esta posición. Ni ha ratificado que el límite fronterizo con nuestro vecino del sur empieza en el punto “Concordia” en la orilla del mar. Al menos, no con la contundencia que Chile defiende el paralelo terrestre como referencia.
García envió como embajador a Chile a su hombre de confianza, Hugo Otero, y ha colocado a connotados fujimoristas de Torre Tagle, como Palma, Ponce y Valdez en puestos claves del tablero diplomático internacional.
No se deben confundir los planos. El gobierno tiene la obligación de pronunciarse con claridad respecto a la defensa de la integridad territorial. En esta tarea queremos ver también comprometidos a los voceros del régimen de turno; exigiendo coherencia en la defensa del principio de respeto a los tratados internacionales.
Otra cosa es interferir en la justicia e impedir que Fujimori sea juzgado por tribunales peruanos y responda por sus actos criminales. Ambos casos van por cuerdas separadas. Los actos políticos menudos no deben mezclarse con los asuntos de Estado. Sopesemos bien el nivel de escaramuzas que nos viene del sur.
Sobre lo primero, está demás decir que el comportamiento de la cancillería peruana no ha sido ni férreo ni contundente. Ha sido más bien una tibia disputa en los medios y no en los espacios diplomáticos regulares.
Como bien señala un comunicado del Partido Perú Posible –publicado hoy como aviso pagado en La República ante el silencio de los periódicos en su momento- “El problema de la frontera con Chile no está resuelto como ha dicho el gobierno”.
Está muy clara la posición oficial de Chile en el Comunicado Oficial de su Cancillería del 27 de enero, tras el fallo de su tribunal constitucional: “Esta secretaría de Estado afirma que el mismo no afecta de modo alguno la definición y posición jurídica invariable de Chile respecto de los límites terrestre y marítimo con el Perú, refrendados por diversos tratados jurídicos internacionales plenamente vigentes que le dan sustentación jurídica indiscutible. Los derechos soberanos de Chile a este respecto están, por ende, plenamente resguardados”.
El gobierno peruano no ha respondido por escrito esta posición. Ni ha ratificado que el límite fronterizo con nuestro vecino del sur empieza en el punto “Concordia” en la orilla del mar. Al menos, no con la contundencia que Chile defiende el paralelo terrestre como referencia.
Respecto a la hipótesis de Lauer más parece un psicosocial interpretativo para desviar el tema de fondo -la alianza apro-fujimorista-, a la que sólo califica de “coincidencias”.
García envió como embajador a Chile a su hombre de confianza, Hugo Otero, y ha colocado a connotados fujimoristas de Torre Tagle, como Palma, Ponce y Valdez en puestos claves del tablero diplomático internacional.
No es un secreto tampoco la influencia de Keiko Fujimori en los predios del Ejecutivo y las zalamerías que le reparte el propio Presidente de la República, al punto de ordenar a su ministra de la Mujer y Desarrollo Humano atenderla con deferencia. (Ver Politikha del 30 de octubre de 2006).
No se deben confundir los planos. El gobierno tiene la obligación de pronunciarse con claridad respecto a la defensa de la integridad territorial. En esta tarea queremos ver también comprometidos a los voceros del régimen de turno; exigiendo coherencia en la defensa del principio de respeto a los tratados internacionales.
Otra cosa es interferir en la justicia e impedir que Fujimori sea juzgado por tribunales peruanos y responda por sus actos criminales. Ambos casos van por cuerdas separadas. Los actos políticos menudos no deben mezclarse con los asuntos de Estado. Sopesemos bien el nivel de escaramuzas que nos viene del sur.
10 febrero, 2007
El horror perpetuo
En medio del tráfago informativo diario compuesto por informes televisados al país, anuncios en cascada desde Palacio de Gobierno y pataletas opositoras fuera de juego, en los últimos días asistimos a una serie de actos judiciales que involucran a los principales actores políticos del momento: el Presidente de la República, Alan García y a su socio, el ex Presidente de la República , Alberto Fujimori, en delitos de lesa humanidad .
1. Durante cuatro horas, a pleno sol, un grupo de peritos forenses cavaron una hilera de tumbas olvidadas del Cementerio El Angel. Con paciencia samaritana exhumaron los cadáveres de 9 alumnos y 1 profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta , asesinados la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Grupo Paramilitar Colina. Los familiares de las víctimas asistieron al acto judicial y vieron con estoicismo cómo se juntaban los despojos en cajas de cartón debidamente codificados. Quince años después, el presidente de la República de entonces, Alberto Fujimori, afronta un juicio por este caso en el que se compromete su responsabilidad.
2. El ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Jesús Sosa Saavedra, ha revelado en carta de puño y letra -acompañado de audio con su propia voz- haber participado en el operativo secreto para asesinar a los suboficiales Barrantes y Duchicela, peruano y ecuatoriano, respectivamente, acusados de espionaje en 1988. Diecinueve años después, el capitán Sosa ha revelado también que el Presidente de la República de entones, Alan García, tenía conocimiento de los hechos. Pero, la Primera Sala Antiterrorista resolvió rechazar el testimonio de Sosa como prueba instrumental. Mérito del abogado de la otra parte, el Dr. César Nakasaki, defensor del ex jefe del SIE general EP (r) Oswaldo Hanke Velasco, quien junto a sus cómplices niega los hechos. Y defensor, también, del ex Presidente Fujimori y de buena parte de oficiales y funcionarios comprometidos en actos de corrupción y delitos de lesa humanidad.
3. El Presidente Alan García –por decimonovena vez, según él mismo ha informado- ha sido sentado en el banquillo de la justicia para rendir su testimonio como testigo de la matanza contra 118 internos de Sendero Luminoso sublevados en la isla Penal El Frontón ocurrida durante su mandato, en 1986. Se busca aclarar si el Presidente de la República estuvo al mando de las operaciones –como se especula, tras confirmarse la presencia en el teatro de operaciones del ministro del Interior Agustín Mantilla- o si delegó esta responsabilidad en las Fuerzas Navales. Veintiun años después, Alan García señala que él no envió a Mantilla, contradiciendo una versión anterior de un alto jefe militar a cargo del sangriento operativo.
4. Investigaciones periodísticas dan cuenta que elementos vinculados al Comando Rodrigo Franco laboran actualmente en el Congreso de la República , bajo órdenes de representantes del Partido Aprista. El comando RF fue un grupo paramilitar surgido durante el primer gobierno del Presidente García cuyo jefe operativo –se afirma- fue el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, el mismo personaje al que se le descubrió cuentas secretas millonarias en el exterior y cuyo juicio prescribió, librándolo de revelar a quien en verdad pertenecen esos dineros mal habidos. La prensa ha descubierto que personajes vinculados a su entorno pretoriano armado, son ahora trabajadores del Congreso. Uno de los empleadores, el congresista Velásquez Quesquén, tiene en su despacho a Daniel Vílchez, hermano de la congresista Nidia Vílchez, a quien Caretas le ha recordado su pasado non sancto en Huancayo, vinculado al Comando RF, veintidos años después.
Estos casos nos recuerdan hasta qué punto estuvieron comprometidas las principales autoridades que dirigieron el país. Hasta qué punto el país fue ensangrentado desde la cúpula del poder. Hasta qué punto los peruanos vivimos la pesadilla del terror y su respuesta no menos miserable del terrorismo de Estado. Hasta qué punto, también, los peruanos nos volvimos amnésicos, para no recordar que tuvimos autoridades del más alto nivel que perpetraron el horror perpetuo. Quizás por eso que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca... y te persiguen para siempre.
1. Durante cuatro horas, a pleno sol, un grupo de peritos forenses cavaron una hilera de tumbas olvidadas del Cementerio El Angel. Con paciencia samaritana exhumaron los cadáveres de 9 alumnos y 1 profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta , asesinados la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Grupo Paramilitar Colina. Los familiares de las víctimas asistieron al acto judicial y vieron con estoicismo cómo se juntaban los despojos en cajas de cartón debidamente codificados. Quince años después, el presidente de la República de entonces, Alberto Fujimori, afronta un juicio por este caso en el que se compromete su responsabilidad.
2. El ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Jesús Sosa Saavedra, ha revelado en carta de puño y letra -acompañado de audio con su propia voz- haber participado en el operativo secreto para asesinar a los suboficiales Barrantes y Duchicela, peruano y ecuatoriano, respectivamente, acusados de espionaje en 1988. Diecinueve años después, el capitán Sosa ha revelado también que el Presidente de la República de entones, Alan García, tenía conocimiento de los hechos. Pero, la Primera Sala Antiterrorista resolvió rechazar el testimonio de Sosa como prueba instrumental. Mérito del abogado de la otra parte, el Dr. César Nakasaki, defensor del ex jefe del SIE general EP (r) Oswaldo Hanke Velasco, quien junto a sus cómplices niega los hechos. Y defensor, también, del ex Presidente Fujimori y de buena parte de oficiales y funcionarios comprometidos en actos de corrupción y delitos de lesa humanidad.
3. El Presidente Alan García –por decimonovena vez, según él mismo ha informado- ha sido sentado en el banquillo de la justicia para rendir su testimonio como testigo de la matanza contra 118 internos de Sendero Luminoso sublevados en la isla Penal El Frontón ocurrida durante su mandato, en 1986. Se busca aclarar si el Presidente de la República estuvo al mando de las operaciones –como se especula, tras confirmarse la presencia en el teatro de operaciones del ministro del Interior Agustín Mantilla- o si delegó esta responsabilidad en las Fuerzas Navales. Veintiun años después, Alan García señala que él no envió a Mantilla, contradiciendo una versión anterior de un alto jefe militar a cargo del sangriento operativo.
4. Investigaciones periodísticas dan cuenta que elementos vinculados al Comando Rodrigo Franco laboran actualmente en el Congreso de la República , bajo órdenes de representantes del Partido Aprista. El comando RF fue un grupo paramilitar surgido durante el primer gobierno del Presidente García cuyo jefe operativo –se afirma- fue el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, el mismo personaje al que se le descubrió cuentas secretas millonarias en el exterior y cuyo juicio prescribió, librándolo de revelar a quien en verdad pertenecen esos dineros mal habidos. La prensa ha descubierto que personajes vinculados a su entorno pretoriano armado, son ahora trabajadores del Congreso. Uno de los empleadores, el congresista Velásquez Quesquén, tiene en su despacho a Daniel Vílchez, hermano de la congresista Nidia Vílchez, a quien Caretas le ha recordado su pasado non sancto en Huancayo, vinculado al Comando RF, veintidos años después.
Estos casos nos recuerdan hasta qué punto estuvieron comprometidas las principales autoridades que dirigieron el país. Hasta qué punto el país fue ensangrentado desde la cúpula del poder. Hasta qué punto los peruanos vivimos la pesadilla del terror y su respuesta no menos miserable del terrorismo de Estado. Hasta qué punto, también, los peruanos nos volvimos amnésicos, para no recordar que tuvimos autoridades del más alto nivel que perpetraron el horror perpetuo. Quizás por eso que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca... y te persiguen para siempre.
08 febrero, 2007
El comandante desorientado
Peor que patear el tablero es fingir hacerlo. Esa fue la impresión que dio el comandante Humala ayer al declarar en Palacio tras asistir al llamado del Presidente García para escuchar a la oposición sus propuestas sobre reforma del Estado.
Durante todo el tiempo que duró el Consejo de Ministros, el comandante permaneció impávido –brazos cruzados, torso recto, mirada al frente-, pensando, quizás, si hizo bien o no en acudir a la cita.
Lo cierto es que –una vez más-, el comandante se equivocó.
Básicamente porque su propuesta de regresar a la Constitución del 79 no tiene consenso. Se lo dijo el propio Presidente Alan García: hacerlo sería una mala señal para los inversionistas. Y se lo repitió más tarde el Presidente del Consejo de Ministros: no hay condiciones en el Congreso para emprender una tarea de tamaña envergadura.
Ollanta Humala tiene una cuota de poder en el Congreso que no está capitalizando de manera adecuada. Maneja la Comisión de Fiscalización, pero hasta ahora no logra armar ninguna investigación seria sobre un funcionario del actual régimen que le permita equilibrar la balanza del poder.
Y no es que falte materia prima. ¿Alguién está siguiendo las concesiones sin licitación que se están realizando en Agua para Todos?, ¿Se han preocupado por los loobies que realiza el ministro de la Producción Rafael Rey en cada Consejo de Ministros?, ¿Han echado siquiera un ojito a las investigaciones de Contraloría sobre la gestión de los pasados gobiernos regionales apristas?, ¿Se han puesto a sumar el número de los arbitrariamente despedidos en el sector público?, ¿Intuyen siquiera el copamiento aprista de nuevo cuño?, ¿Tomaron nota de los patrulleros a 29 mil dólares?...
Con menos neuronas políticas el neo tránsfuga, asiduo visitante de Palacio de Gobierno, Alvaro Gutiérrez, ya logró empapelar a dos ex ministros del pasado gobierno: el ex canciller Oscar Maúrtua y el ex ministro de Transportes, José Ortiz.
Para el comandante Humala el tema de la reforma del Estado pasa por una reforma de la Constitución. No es una postura técnica, sino política-ideológica. La constitución del 93 es liberal, señala. Debemos tener una más social progresista. ¿Pensaba con seriedad que un debate así podía darse en un Consejo de Ministros?
Si al final de la conferencia dijo que él no estaba para discutir problemas técnicos de la reforma del Estado, ¿para qué fue, entonces?, ¿Para saludar “coincidencias ideológicas” con el Presidente García?. ¿No se da cuenta, acaso, que García busca arrebatarle sus banderas políticas, las mismas que lo llevaron a obtener el respaldo del Perú del Sur?
No basta hablar alto para liderar la oposición, estimado comandante. Y menos hacer desplantes sonoros ante el micro de Palacio de Gobierno.
Tome su puesto, comandante. Ejerza su papel opositor. Rearticule sus fuerzas. Replanteé su estrategia. O terminará haciendo conferencias de prensa con soliloquios intrascendentes.
__________
P.d. Sé que no es momento para golpear a la oposición, pero es mejor corregir el rumbo ahora, antes que los cantos de sirena de Palacio sigan encandilando a nuestros políticos.
Durante todo el tiempo que duró el Consejo de Ministros, el comandante permaneció impávido –brazos cruzados, torso recto, mirada al frente-, pensando, quizás, si hizo bien o no en acudir a la cita.
Lo cierto es que –una vez más-, el comandante se equivocó.
Básicamente porque su propuesta de regresar a la Constitución del 79 no tiene consenso. Se lo dijo el propio Presidente Alan García: hacerlo sería una mala señal para los inversionistas. Y se lo repitió más tarde el Presidente del Consejo de Ministros: no hay condiciones en el Congreso para emprender una tarea de tamaña envergadura.
Ollanta Humala tiene una cuota de poder en el Congreso que no está capitalizando de manera adecuada. Maneja la Comisión de Fiscalización, pero hasta ahora no logra armar ninguna investigación seria sobre un funcionario del actual régimen que le permita equilibrar la balanza del poder.
Y no es que falte materia prima. ¿Alguién está siguiendo las concesiones sin licitación que se están realizando en Agua para Todos?, ¿Se han preocupado por los loobies que realiza el ministro de la Producción Rafael Rey en cada Consejo de Ministros?, ¿Han echado siquiera un ojito a las investigaciones de Contraloría sobre la gestión de los pasados gobiernos regionales apristas?, ¿Se han puesto a sumar el número de los arbitrariamente despedidos en el sector público?, ¿Intuyen siquiera el copamiento aprista de nuevo cuño?, ¿Tomaron nota de los patrulleros a 29 mil dólares?...
Con menos neuronas políticas el neo tránsfuga, asiduo visitante de Palacio de Gobierno, Alvaro Gutiérrez, ya logró empapelar a dos ex ministros del pasado gobierno: el ex canciller Oscar Maúrtua y el ex ministro de Transportes, José Ortiz.
Para el comandante Humala el tema de la reforma del Estado pasa por una reforma de la Constitución. No es una postura técnica, sino política-ideológica. La constitución del 93 es liberal, señala. Debemos tener una más social progresista. ¿Pensaba con seriedad que un debate así podía darse en un Consejo de Ministros?
Si al final de la conferencia dijo que él no estaba para discutir problemas técnicos de la reforma del Estado, ¿para qué fue, entonces?, ¿Para saludar “coincidencias ideológicas” con el Presidente García?. ¿No se da cuenta, acaso, que García busca arrebatarle sus banderas políticas, las mismas que lo llevaron a obtener el respaldo del Perú del Sur?
No basta hablar alto para liderar la oposición, estimado comandante. Y menos hacer desplantes sonoros ante el micro de Palacio de Gobierno.
Tome su puesto, comandante. Ejerza su papel opositor. Rearticule sus fuerzas. Replanteé su estrategia. O terminará haciendo conferencias de prensa con soliloquios intrascendentes.
__________
P.d. Sé que no es momento para golpear a la oposición, pero es mejor corregir el rumbo ahora, antes que los cantos de sirena de Palacio sigan encandilando a nuestros políticos.
06 febrero, 2007
Divide y reinarás
El Presidente Alan García conoce bien al autor de “El Príncipe”. Tanto, que una de sus obras de política-ficción sobre el periodo de Fujimori-Montesinos, la llamó “El Mundo de Maquiavelo”.
Si bien en el prólogo advierte que su libro evoca “las intrigas, las pasiones y las manipulaciones que han dado a la política una imagen siniestra”, precisa que recoge la acepción vulgar que ha tenido el pensamiento del ilustre florentino.
Como buen conocedor de Maquiavelo, sabe, seguramente, que una de los consejos del fundador de la Ciencia Política moderna fue dividir a los adversarios para conservar el poder.
Este es quizás el consejo que mayormente han seguido, siguen y seguirán ejecutando los políticos, en especial, los gobernantes.
Y el inquilino de la Casa de Pizarro lo ha puesto en vigencia al llamar selectivamente a la oposición a participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y presentar propuestas sobre la reforma del Estado.
La convocatoria a Palacio es para algunos políticos un canto de sirena que difícilmente pueden resistir.
García los llama en público, como antes llamó a los presidentes regionales y a los alcaldes; y la oposición, que empezaba a coincidir en algunos puntos (rechazo a la pena de muerte, por ejemplo), se diluye en un mar de indefiniciones.
Humala irá a la sesión, siempre que se aborde el retorno de la Constitución del 79. Lourdes Flores enviará a dos técnicos. Toledo no ha sido invitado. Castañeda no ha respondido.
Genial jugada, maestro. Divide y reinarás.
Las cámaras de televisión ingresarán un momento a la sesión. Humala hará un berrinche y probablemente pateará la mesa si no ponen en agenda su tema. Perderá más de lo que ya ha perdido. Será un fantasma andando. El resto no cuenta.
García interpreta con habilidad a Maquiavelo. Es un alumno disciplinado de sus enseñanzas.
Sólo le falta completar un aspecto que él encontró en Fujimori y que le llama la atención en su novela de política ficción: el maquiavelismo –concluye- “se expresa con descaro y prepotencia cuando el poder es ejercido dictatorialmente y obliga a los ciudadanos por temor o por interés, a la aceptación de groseras manipulaciones y actos de fuerza”.
Lo que no dice es cómo se llama al gobierno que, sin caer en el autoritarismo, ejerce igualmente el poder, manipulando groseramente a la opinión pública, con descaro y prepotencia.
Si bien en el prólogo advierte que su libro evoca “las intrigas, las pasiones y las manipulaciones que han dado a la política una imagen siniestra”, precisa que recoge la acepción vulgar que ha tenido el pensamiento del ilustre florentino.
Como buen conocedor de Maquiavelo, sabe, seguramente, que una de los consejos del fundador de la Ciencia Política moderna fue dividir a los adversarios para conservar el poder.
Este es quizás el consejo que mayormente han seguido, siguen y seguirán ejecutando los políticos, en especial, los gobernantes.
Y el inquilino de la Casa de Pizarro lo ha puesto en vigencia al llamar selectivamente a la oposición a participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y presentar propuestas sobre la reforma del Estado.
La convocatoria a Palacio es para algunos políticos un canto de sirena que difícilmente pueden resistir.
García los llama en público, como antes llamó a los presidentes regionales y a los alcaldes; y la oposición, que empezaba a coincidir en algunos puntos (rechazo a la pena de muerte, por ejemplo), se diluye en un mar de indefiniciones.
Humala irá a la sesión, siempre que se aborde el retorno de la Constitución del 79. Lourdes Flores enviará a dos técnicos. Toledo no ha sido invitado. Castañeda no ha respondido.
Genial jugada, maestro. Divide y reinarás.
Las cámaras de televisión ingresarán un momento a la sesión. Humala hará un berrinche y probablemente pateará la mesa si no ponen en agenda su tema. Perderá más de lo que ya ha perdido. Será un fantasma andando. El resto no cuenta.
García interpreta con habilidad a Maquiavelo. Es un alumno disciplinado de sus enseñanzas.
Sólo le falta completar un aspecto que él encontró en Fujimori y que le llama la atención en su novela de política ficción: el maquiavelismo –concluye- “se expresa con descaro y prepotencia cuando el poder es ejercido dictatorialmente y obliga a los ciudadanos por temor o por interés, a la aceptación de groseras manipulaciones y actos de fuerza”.
Lo que no dice es cómo se llama al gobierno que, sin caer en el autoritarismo, ejerce igualmente el poder, manipulando groseramente a la opinión pública, con descaro y prepotencia.
03 febrero, 2007
Guerra Asimétrica
Si leemos con atención las declaraciones del ministro de Defensa Allan Wagner -apenas días después del entredicho con Chile por la definición territorial de nuestra frontera-, deberíamos subrayar las siguientes palabras: “guerra asimétrica”, “maniobra externa”, “guerra psicológica”, “diplomacia”.
Desde la década del setenta no se hablaba más en los institutos castrenses de “hipótesis de guerra externa” o “hipótesis de invasión de país fronterizo”. El concepto de “guerra asimétrica” era utilizado en los institutos castrenses nacionales para estudiar y definir conflictos modernos entre dos entidades diferentes entre sí.
De manera que si un ministro de Defensa se expresa públicamente en esos términos es porque algún cambio en la mentalidad en las Fuerzas Armadas peruanas revelará. Pero, ¿qué es realmente guerra asimétrica, qué reglas tiene y cómo se aplica?
Es necesario remontarnos un poco en la historia. Guerra asimétrica ha existido y existirá siempre. Simbólicamente una de las que mejor se recuerda es quizás la que protagonizaron David y Goliat: lucha desproporcionada por la diferencia física de los combatientes, pero también por el modo y los instrumentos de combate de ambos.
Guerra asimétrica implica,pues, escenario, reglas, medios y acaso fines, distintos a los de la guerra convencional entre bandos igualmente armados o proporcionales entre sí.
Clausewitz demostró la falacia sostenida por muchos que pensaban que para asegurar la victoria en una lucha bastaba únicamente la superioridad numérica “en un determinado momento, en determinados puntos”. Federico El Grande derrotó en Leuthen a 80 mil austríacos con 30 mil hombres. Y en Rossbach a 50 mil aliados con 25 mil.
Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia ya que en los casi 3 mil años que tenemos de civilización, la humanidad sólo ha disfrutado unos doscientos años de paz absoluta. Pero es en el Siglo XXI –con los ataques del 11-S y la invasión a Irak- donde el concepto de guerra asimétrica adquiere mayor notoriedad y se enfoca desde las acciones de oponentes en inferioridad de condiciones respecto a su enemigo.
La principal característica de este tipo de guerra es que obliga a utilizar todo tipo de medios, especialmente, los considerados fuera de la tradición militar, es decir, métodos no convencionales, como la guerra de guerrillas, la guerra sucia o incluso el terrorismo de Estado.
Es una guerra donde el débil golpea al fuerte de manera rápida y variada; que combina acciones políticas y militares, utiliza a la población civil, y crea maniobras psicológicas que buscan doblegar la voluntad del enemigo.
De manera gráfica, guerra asimétrica no es una pelea de box entre dos pesos medianos o pesados –entre sí- con reglas que respetar. Es más bien como si un peso mosca peleara con un peso pesado: el mosca puede morderle la oreja, patearlo debajo de la cintura y meterle el codo al ojo si fuera necesario para doblegar a su contrincante.
Es un tipo de guerra a la que no le alcanzan consideraciones éticas, debido a la fuerza abrumadora del enemigo.
Siguiendo con el ejemplo deportivo, guerra asimétrica no es boxeo; es Vale todo. Y así tienen ahora que pensar ahora nuestras Fuerzas Armadas –respecto a hipótesis de conflicto o guerra-, según ha dicho muy claro el ministro de Defensa y según no le ha gustado que lo diga, al Presidente de la República.
Desde la década del setenta no se hablaba más en los institutos castrenses de “hipótesis de guerra externa” o “hipótesis de invasión de país fronterizo”. El concepto de “guerra asimétrica” era utilizado en los institutos castrenses nacionales para estudiar y definir conflictos modernos entre dos entidades diferentes entre sí.
De manera que si un ministro de Defensa se expresa públicamente en esos términos es porque algún cambio en la mentalidad en las Fuerzas Armadas peruanas revelará. Pero, ¿qué es realmente guerra asimétrica, qué reglas tiene y cómo se aplica?
Es necesario remontarnos un poco en la historia. Guerra asimétrica ha existido y existirá siempre. Simbólicamente una de las que mejor se recuerda es quizás la que protagonizaron David y Goliat: lucha desproporcionada por la diferencia física de los combatientes, pero también por el modo y los instrumentos de combate de ambos.
Guerra asimétrica implica,pues, escenario, reglas, medios y acaso fines, distintos a los de la guerra convencional entre bandos igualmente armados o proporcionales entre sí.
Clausewitz demostró la falacia sostenida por muchos que pensaban que para asegurar la victoria en una lucha bastaba únicamente la superioridad numérica “en un determinado momento, en determinados puntos”. Federico El Grande derrotó en Leuthen a 80 mil austríacos con 30 mil hombres. Y en Rossbach a 50 mil aliados con 25 mil.
Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia ya que en los casi 3 mil años que tenemos de civilización, la humanidad sólo ha disfrutado unos doscientos años de paz absoluta. Pero es en el Siglo XXI –con los ataques del 11-S y la invasión a Irak- donde el concepto de guerra asimétrica adquiere mayor notoriedad y se enfoca desde las acciones de oponentes en inferioridad de condiciones respecto a su enemigo.
La principal característica de este tipo de guerra es que obliga a utilizar todo tipo de medios, especialmente, los considerados fuera de la tradición militar, es decir, métodos no convencionales, como la guerra de guerrillas, la guerra sucia o incluso el terrorismo de Estado.
Es una guerra donde el débil golpea al fuerte de manera rápida y variada; que combina acciones políticas y militares, utiliza a la población civil, y crea maniobras psicológicas que buscan doblegar la voluntad del enemigo.
De manera gráfica, guerra asimétrica no es una pelea de box entre dos pesos medianos o pesados –entre sí- con reglas que respetar. Es más bien como si un peso mosca peleara con un peso pesado: el mosca puede morderle la oreja, patearlo debajo de la cintura y meterle el codo al ojo si fuera necesario para doblegar a su contrincante.
Es un tipo de guerra a la que no le alcanzan consideraciones éticas, debido a la fuerza abrumadora del enemigo.
Siguiendo con el ejemplo deportivo, guerra asimétrica no es boxeo; es Vale todo. Y así tienen ahora que pensar ahora nuestras Fuerzas Armadas –respecto a hipótesis de conflicto o guerra-, según ha dicho muy claro el ministro de Defensa y según no le ha gustado que lo diga, al Presidente de la República.
01 febrero, 2007
El mundo al revés
Hace unos días se presentó -con gran pompa- la exportación del primer lote de paltas “del Programa Sierra Exportadora”. En efecto, la televisión mostraba el primer cargamento del verde fruto despedido entre aplausos por el jefe del programa del atracadero del Callao. Una puesta en escena. La palta necesita por lo menos cuatro años para madurar y estar lista para la exportación. Imposible que “Sierra Exportadora” pudiera rendir frutos en sólo seis meses de creado.
Leí luego que, por fin, tras 186 años de vida republicana, las prefecturas y subprefecturas han sido liquidadas, en cumplimiento de una promesa electoral. La verdad es que sólo han trasladado sus funciones a los gobernadores y tenientes gobernadores virreinales, y se necesitará contratar a por lo menos 900 jóvenes en todo el país para asumir esta nueva tarea. Por fin tendrá el partido de Gobierno una red de militantes en función política, pagados por el Estado.
Desde Singapur se califica al Perú como “el milagro latinoamericano” por sus seis años consecutivos de crecimiento económico, inflación controlada y buen clima para atraer inversiones. Leyó bien, estimado lector, seis años consecutivos de crecimiento y manejo responsable del déficit fiscal y las cuentas públicas; seis años, no seis meses.
El ministro Rafael Rey insiste en asumir su papel de escudero político del régimen atacando impunemente cada vez que puede al ex Presidente Toledo. Mientras tanto, los armadores pesqueros tienen que recordarle, en un aviso a toda página (Gestión, Pág. 7), su manejo “poco transparente” del portafolio, en las Cuotas de Pesca Transferibles –CIP- que maneja a su antojo beneficiando a 15 empresas que administran 325 embarcaciones, lo que perjudica a la gran mayoría de pescadores agrupados en 605 empresas que manejan 813 embarcaciones.
El Presidente García invita al buenote de Gastón a Palacio a preparar platillos en base al cuy y la anchoveta. Se retrasa una hora en empezar la ceremonia, pero nadie le dice nada. Ni una alusión en los medios. Luego invita a los peruanos a consumir más estas carnes, pero cuando uno va a los mercados no encuentra anchoveta y el cuy cuesta 15 soles la unidad, imposible para las clases populares.
Finalmente, renuncia la jefa del INPE entre quejas de haber sido atacada por la ministra del Interior y no haber sido defendida por la ministra de su sector. Además de denunciar corrupción en las cárceles a cargo de la Policía Nacional. El detonante fue un motín de presos en Castro Castro el pasado fin de semana que terminó con dos muertos. ¿A cargo de quién estaba ese penal? ¿de personal del INPE?. No, de la Policía Nacional. La jefa del INPE acusa a estas cárceles de ingobernabilidad y falta de autoridad. Se enfrenta a la ministra del sector, pero no encuentra respaldo y termina renunciando.
Dos cosas: o la política sigue siendo el arte del engaño o aquí todos estamos equivocados y prevalece el mundo al revés. O al vesre.
Leí luego que, por fin, tras 186 años de vida republicana, las prefecturas y subprefecturas han sido liquidadas, en cumplimiento de una promesa electoral. La verdad es que sólo han trasladado sus funciones a los gobernadores y tenientes gobernadores virreinales, y se necesitará contratar a por lo menos 900 jóvenes en todo el país para asumir esta nueva tarea. Por fin tendrá el partido de Gobierno una red de militantes en función política, pagados por el Estado.
Desde Singapur se califica al Perú como “el milagro latinoamericano” por sus seis años consecutivos de crecimiento económico, inflación controlada y buen clima para atraer inversiones. Leyó bien, estimado lector, seis años consecutivos de crecimiento y manejo responsable del déficit fiscal y las cuentas públicas; seis años, no seis meses.
El ministro Rafael Rey insiste en asumir su papel de escudero político del régimen atacando impunemente cada vez que puede al ex Presidente Toledo. Mientras tanto, los armadores pesqueros tienen que recordarle, en un aviso a toda página (Gestión, Pág. 7), su manejo “poco transparente” del portafolio, en las Cuotas de Pesca Transferibles –CIP- que maneja a su antojo beneficiando a 15 empresas que administran 325 embarcaciones, lo que perjudica a la gran mayoría de pescadores agrupados en 605 empresas que manejan 813 embarcaciones.
El Presidente García invita al buenote de Gastón a Palacio a preparar platillos en base al cuy y la anchoveta. Se retrasa una hora en empezar la ceremonia, pero nadie le dice nada. Ni una alusión en los medios. Luego invita a los peruanos a consumir más estas carnes, pero cuando uno va a los mercados no encuentra anchoveta y el cuy cuesta 15 soles la unidad, imposible para las clases populares.
Finalmente, renuncia la jefa del INPE entre quejas de haber sido atacada por la ministra del Interior y no haber sido defendida por la ministra de su sector. Además de denunciar corrupción en las cárceles a cargo de la Policía Nacional. El detonante fue un motín de presos en Castro Castro el pasado fin de semana que terminó con dos muertos. ¿A cargo de quién estaba ese penal? ¿de personal del INPE?. No, de la Policía Nacional. La jefa del INPE acusa a estas cárceles de ingobernabilidad y falta de autoridad. Se enfrenta a la ministra del sector, pero no encuentra respaldo y termina renunciando.
Dos cosas: o la política sigue siendo el arte del engaño o aquí todos estamos equivocados y prevalece el mundo al revés. O al vesre.
29 enero, 2007
Pepitas de Libertad
Los blogs son la expresión más reciente de la libertad de expresión. Si bien nacieron en Estados Unidos, como un medio para expresar emociones personales –y en gran medida lo siguen siendo-, en nuestro país hay un gran variedad de ellos que surgen como respuesta a la necesidad de expresar lo que los mass media no se atreven.
Un ejemplo de ello es lo que –simbólicamente- ocurrió el día en que el Presidente García comunicó al mundo que tenía seis hijos y no cinco como pensábamos todos los peruanos. Los guantes de seda que se pusieron los medios planos para tratar el tema originó que los lectores usaran medios alternativos para conocer a fondo el asunto.
Los blogs, en este sentido, se convirtieron en referente para un grupo numeroso de gente que buscaba información adecuada y un nivel de crítica que revelara –en este caso, al inquilino de Palacio- que no podía mentir tan alegremente, sin que por lo menos le llamáramos la atención.
Los blogs airean la prensa monocorde, paralizada por el poder de turno. Es el caso de pepitaspuntocom, atacada injustamente el domingo en un artículo de la prensa plana. No se puede comparar lo que hizo el mafioso Faisal y su inmundicia contra la prensa opositora con la frescura y atrevimiento de pepitaspuntocom.
El proyecto Faisal era alimentado por el Servicio de Inteligencia Nacional del delincuente Vladimiro Montesinos como parte de un plan de sometimiento de los medios de comunicación. Pepitas nace para responder, desde la tribuna ciudadana y democrática, en un contexto de parálisis y falta de reflejos de la prensa nacional.
Faisal era un proyecto concebido desde del Estado represor; Pepitas se crea desde la sociedad civil. Uno representa la libertad de prensa coaccionada; el otro es libertad de expresión ciudadana.
Desde aquí hacemos un llamado a los cibernautas para cuidar este espacio ancho y libre, y no permitir que ni hoy ni mañana se ciernan amenazas sobre blogs anónimos, sí, pero responsables. El ciberespacio es libre. Las ideas también.
Un ejemplo de ello es lo que –simbólicamente- ocurrió el día en que el Presidente García comunicó al mundo que tenía seis hijos y no cinco como pensábamos todos los peruanos. Los guantes de seda que se pusieron los medios planos para tratar el tema originó que los lectores usaran medios alternativos para conocer a fondo el asunto.
Los blogs, en este sentido, se convirtieron en referente para un grupo numeroso de gente que buscaba información adecuada y un nivel de crítica que revelara –en este caso, al inquilino de Palacio- que no podía mentir tan alegremente, sin que por lo menos le llamáramos la atención.
Los blogs airean la prensa monocorde, paralizada por el poder de turno. Es el caso de pepitaspuntocom, atacada injustamente el domingo en un artículo de la prensa plana. No se puede comparar lo que hizo el mafioso Faisal y su inmundicia contra la prensa opositora con la frescura y atrevimiento de pepitaspuntocom.
El proyecto Faisal era alimentado por el Servicio de Inteligencia Nacional del delincuente Vladimiro Montesinos como parte de un plan de sometimiento de los medios de comunicación. Pepitas nace para responder, desde la tribuna ciudadana y democrática, en un contexto de parálisis y falta de reflejos de la prensa nacional.
Faisal era un proyecto concebido desde del Estado represor; Pepitas se crea desde la sociedad civil. Uno representa la libertad de prensa coaccionada; el otro es libertad de expresión ciudadana.
Desde aquí hacemos un llamado a los cibernautas para cuidar este espacio ancho y libre, y no permitir que ni hoy ni mañana se ciernan amenazas sobre blogs anónimos, sí, pero responsables. El ciberespacio es libre. Las ideas también.
Balance: 180 días de Show Politic
Desde la primera semana en que el Gobierno permitió el ingreso de cámaras de televisión a los ambientes de Palacio para mostrar “las oficinas de Eliane Karp” se definió la principal característica del segundo debut de García en el poder: el show politic.
No es un arma nueva en política. Es la vieja propaganda difundida a través de nuevas herramientas. Es la política en la era mediática o la mediatización de la política o, para decirlo en palabras de Giovanni Sartori, la expresión política en la era del homo videns.
García ha avanzado en esta segunda etapa de la palabra hablada –homo sapiens- al culto de la imagen –homo videns- convirtiendo la política en un ejercicio emotivo, menos racional, provocado por el uso de imágenes y gestos que tienen a los medios de comunicación como protagonistas.
Estamos en el gobierno no de la real politic, sino del show politic, donde la imagen prevalece a la obra. Antes de qué hacer, primero es qué decir. Los reporteros ingresan al Consejo de Ministros no para ser testigos del debate de la agenda pública, sino para testimoniar al Presidente en acción, ridiculizando a sus ministros; verlo mandar, imponiendo autoridad.
El otro componente que aparece nítido en estos primeros seis meses de gestión es el voluntarismo y la emotividad presidencial. El Presidente luce como un ser que lucha contra sí mismo y contra las sombras del pasado. Sabe que necesita reivindicarse ante la Historia y pretende demostrarnos que es austero, disciplinado, trabajador y que cumple lo que dice. Pero lo traiciona su sobreactuación.
Su obstinación por ampliar la pena de muerte, su actitud persecutoria contra el ex Presidente Toledo, su intemperancia ante críticas de la prensa, su agitación constante de la masa, sus permanentes impromptus; todo ello, lo devuelve peligrosamente, a su propio pasado.
El cóctel que forman estos ingredientes se complica cuando se busca dividir a la opinión pública con propuestas populistas y se arrincona a instituciones democráticamente elegidas, como ocurrió con el Congreso en el caso de la pena de muerte, y con los gobiernos regionales, en el caso del nimio gasto público ejecutado y la posterior absorción del CND.
La democracia peligra cuando transforma al líder en caudillo. No hay peor alimento para el autócrata de espíritu que la masa insuflada por poses populistas. El ego ciego y henchido, con seguridad llevará al líder a confundir orden con autoritarismo, elocuencia con sentencia, intuición con certeza transformando al hombre en profeta. Más aún si hay una cámara de televisión de por medio.
Pan y circo recomendaron los romanos. No ha cambiado mucho el arte de la política. Economía y show mediático es la fórmula actual de los primeros seis meses del gobierno aprista. Pan y Medios en otras palabras.
No es un arma nueva en política. Es la vieja propaganda difundida a través de nuevas herramientas. Es la política en la era mediática o la mediatización de la política o, para decirlo en palabras de Giovanni Sartori, la expresión política en la era del homo videns.
García ha avanzado en esta segunda etapa de la palabra hablada –homo sapiens- al culto de la imagen –homo videns- convirtiendo la política en un ejercicio emotivo, menos racional, provocado por el uso de imágenes y gestos que tienen a los medios de comunicación como protagonistas.
Estamos en el gobierno no de la real politic, sino del show politic, donde la imagen prevalece a la obra. Antes de qué hacer, primero es qué decir. Los reporteros ingresan al Consejo de Ministros no para ser testigos del debate de la agenda pública, sino para testimoniar al Presidente en acción, ridiculizando a sus ministros; verlo mandar, imponiendo autoridad.
El otro componente que aparece nítido en estos primeros seis meses de gestión es el voluntarismo y la emotividad presidencial. El Presidente luce como un ser que lucha contra sí mismo y contra las sombras del pasado. Sabe que necesita reivindicarse ante la Historia y pretende demostrarnos que es austero, disciplinado, trabajador y que cumple lo que dice. Pero lo traiciona su sobreactuación.
Su obstinación por ampliar la pena de muerte, su actitud persecutoria contra el ex Presidente Toledo, su intemperancia ante críticas de la prensa, su agitación constante de la masa, sus permanentes impromptus; todo ello, lo devuelve peligrosamente, a su propio pasado.
El cóctel que forman estos ingredientes se complica cuando se busca dividir a la opinión pública con propuestas populistas y se arrincona a instituciones democráticamente elegidas, como ocurrió con el Congreso en el caso de la pena de muerte, y con los gobiernos regionales, en el caso del nimio gasto público ejecutado y la posterior absorción del CND.
La democracia peligra cuando transforma al líder en caudillo. No hay peor alimento para el autócrata de espíritu que la masa insuflada por poses populistas. El ego ciego y henchido, con seguridad llevará al líder a confundir orden con autoritarismo, elocuencia con sentencia, intuición con certeza transformando al hombre en profeta. Más aún si hay una cámara de televisión de por medio.
Pan y circo recomendaron los romanos. No ha cambiado mucho el arte de la política. Economía y show mediático es la fórmula actual de los primeros seis meses del gobierno aprista. Pan y Medios en otras palabras.
27 enero, 2007
Allanarse no es alanarse
El debate en torno al fallo de la CIDH ha introducido en el lenguaje político una palabra que ha sido distorsionada en su definición original: allanarse.
Esgrimida por el oficialismo suena a “echarse”, “rebajarse”, “condenarse”, en lugar de su acepción jurídica más simple que es “aceptar” o “reconocer”, “convenir”.
En los hechos del Caso Castro Castro el Estado peruano se allanó parcialmente, es decir, reconoció el asesinato extrajudicial de un grupo de internos rendidos.
El allanamiento es un recurso usado por los gobiernos democráticos para tropelías cometidas, por lo general, por gobiernos autoritarios.
En América Latina, en las últimas dos décadas, se han producido 21 allanamientos por casos de violaciones de derechos humanos.
Existen tres tipos de allanamiento: 1) De Hecho, cuando se acepta el suceso, 2) De Derecho, cuando se precisan los artículos vulnerados de la Convención Americana y 3) De Reparaciones, en base al principio universal de que toda responsabilidad del Estado que produce daño genera reparación.
En el caso Castro Castro, el Estado peruano se allanó de Hecho, pero no de Derecho ni en las Reparaciones. Por eso se dice que se “allanó parcialmente”.
El congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén –autor de la acusación constitucional contra el ex Presidente Alejandro Toledo por este caso-, no entiende esta precisión de la palabra allanamiento.
Él cree que allanarse es “echarse”. Confunde allanar con su definición gramatical de “aplanar”, “alisar”, “rebajar”. Por eso afirma en su denuncia que el Presidente Toledo “no defendió como debía los intereses del Estado” y que se apresuró al allanarse “al no haber agotado la jurisdicción interna”.
El recurso de excepción de la jurisdicción interna corresponde a la primera fase del proceso, en la Comisión de Derechos Humanos, antes que la denuncia pase al órgano jurisdiccional. Esa fase se agotó durante el régimen de Fujimori.
De modo que si hay un responsable de no haber utilizado el recurso de excepción de no agotamiento de la jurisdicción interna es el socio de Velásquez Quesquén, Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
La denuncia contra Toledo no es jurídica ni constitucional; es eminentemente política. Se trata de liquidar a quien se considera enemigo del régimen de turno. No importa que en el caso Castro Castro se haya actuado como corresponde a un Estado democrático, que protege los derechos humanos y acata responsablemente las sentencias de los órganos supranacionales.
Velásquez Quesquén, Aurelio Pastor y Nidia Vílchez deben dejar de buscar chivos expiatorios que sirvan de pretexto para salir de la jurisdicción interamericana, ampliar la pena de muerte en el país y librarse de las sombras del pasado que acosan desde las tumbas y las fosas comunes. Lo que estos parlamentarios apristas deben diferenciar y recordar es que “allanarse” no es “alanarse”.
Esgrimida por el oficialismo suena a “echarse”, “rebajarse”, “condenarse”, en lugar de su acepción jurídica más simple que es “aceptar” o “reconocer”, “convenir”.
En los hechos del Caso Castro Castro el Estado peruano se allanó parcialmente, es decir, reconoció el asesinato extrajudicial de un grupo de internos rendidos.
El allanamiento es un recurso usado por los gobiernos democráticos para tropelías cometidas, por lo general, por gobiernos autoritarios.
En América Latina, en las últimas dos décadas, se han producido 21 allanamientos por casos de violaciones de derechos humanos.
Existen tres tipos de allanamiento: 1) De Hecho, cuando se acepta el suceso, 2) De Derecho, cuando se precisan los artículos vulnerados de la Convención Americana y 3) De Reparaciones, en base al principio universal de que toda responsabilidad del Estado que produce daño genera reparación.
En el caso Castro Castro, el Estado peruano se allanó de Hecho, pero no de Derecho ni en las Reparaciones. Por eso se dice que se “allanó parcialmente”.
El congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén –autor de la acusación constitucional contra el ex Presidente Alejandro Toledo por este caso-, no entiende esta precisión de la palabra allanamiento.
Él cree que allanarse es “echarse”. Confunde allanar con su definición gramatical de “aplanar”, “alisar”, “rebajar”. Por eso afirma en su denuncia que el Presidente Toledo “no defendió como debía los intereses del Estado” y que se apresuró al allanarse “al no haber agotado la jurisdicción interna”.
El recurso de excepción de la jurisdicción interna corresponde a la primera fase del proceso, en la Comisión de Derechos Humanos, antes que la denuncia pase al órgano jurisdiccional. Esa fase se agotó durante el régimen de Fujimori.
De modo que si hay un responsable de no haber utilizado el recurso de excepción de no agotamiento de la jurisdicción interna es el socio de Velásquez Quesquén, Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
La denuncia contra Toledo no es jurídica ni constitucional; es eminentemente política. Se trata de liquidar a quien se considera enemigo del régimen de turno. No importa que en el caso Castro Castro se haya actuado como corresponde a un Estado democrático, que protege los derechos humanos y acata responsablemente las sentencias de los órganos supranacionales.
Velásquez Quesquén, Aurelio Pastor y Nidia Vílchez deben dejar de buscar chivos expiatorios que sirvan de pretexto para salir de la jurisdicción interamericana, ampliar la pena de muerte en el país y librarse de las sombras del pasado que acosan desde las tumbas y las fosas comunes. Lo que estos parlamentarios apristas deben diferenciar y recordar es que “allanarse” no es “alanarse”.
24 enero, 2007
Fallo CIDH: explicación ausente II
El 25 de noviembre de 2006 la CIDH dictó sentencia respecto al denominado caso Castro Castro, luego que el Estado peruano reconociera el asesinato extra judicial de 41 presos integrantes de Sendero Luminoso en mayo de 1992. El contenido de este fallo se conoce de manera parcial y tergiversada, en especial, el capítulo concerniente a las reparaciones individuales que la CIDH recomienda para los deudos de las víctimas (Ver Politikha, 4 de enero de 2007).
Lo que pocos conocen es que tres días después, el 28 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana se pronunció sobre el Caso La Cantuta. En este fallo, la CIDH establece que los asesinatos, desapariciones y torturas que la Corte Suprema de Justicia del Perú imputa al Grupo Colina y al ex Presidente Alberto Fujimori son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes y que no prescriben jamás.
Esta explicación sigue ausente de parte de los voceros del Gobierno. Ni el canciller García Belaúnde, ni la Ministra de Justicia, María Zavala, ni el Presidente de la República se han referido al caso, o han dado cuenta a la Nación sobre el contenido de este fallo que sería decisivo el en proceso de extradición que se sigue en Chile a Fujimori.
El Gobierno no sólo oculta la sentencia del crimen de La Cantuta, sino que manipula la sentencia Castro Castro. Ese es el quid del asunto. Usando a la prensa corifea hace escarnio sobre las reparaciones civiles y el homenaje a los asesinados (lo que, en efecto, puede ser discutible), pero no se refiere al reconocimiento que hace el Estado de que un grupo de internos fue asesinado cuando ya se habían rendido.
El primer deber de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, aún cuando éstos hayan decidido sublevarse en armas contra el Estado. La vida se respeta hasta en combate. Por eso el reconocer que hubo asesinato en Castro Castro no es una falla del Estado ni sus representantes. Es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales para que los ciudadanos no vean violados sus derechos con impunidad.
Sancionar a los responsables de la muerte de internos rendidos es proteger –mañana más tarde- el derecho a la vida que tenemos todos los peruanos. Lo dice el artículo primero de la Constitución: el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana.
Tampoco se ha dicho toda la verdad respecto a “los fallos procesales” en que habría incurrido el pasado Gobierno en este tema. Se quiere incluso acusar constitucionalmente al Presidente de la República “por no haber defendido correctamente los intereses del Estado” e inhabilitarlo políticamente.
La denuncia de la matanza de Caso Castro Castro se presentó el 18 de mayo de 1992. El 12 de junio de ese mismo año, la Comisión abrió el caso y transmitió la denuncia al Gobierno del Ex Presidente Fujimori. Le dio un plazo para responder de 90 días. Dentro de este plazo, se debió presentar el recurso de no agotamiento de la jurisdicción interna, pero no se hizo. El 11 de setiembre de 1992, Fujimori envió respuesta, negando los hechos.
La Comisión recibió entonces una nueva denuncia. Fujimori tenía nuevamente 90 días para responder, pero no lo hizo. Simplemente, no respondió. La Comisión acumuló los dos casos y el 5 de marzo de 2001 (nueve años después) aprobó su informe de admisibilidad del caso.
En dicho informe, la Comisión señala: "El Estado, por su parte, no ha efectuado excepción alguna relacionada con el requisito de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna”. En este punto la Corte Interamericana ha señalado que “la excepción de no agotamiento de los recursos internos para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de los mismos”.
Es decir, que en base al procedimiento no esgrimido por Fujimori en la fase inicial del proceso, la Comisión admitió el caso y dio por agotados los recursos de la jurisdicción interna, por renuncia tácita del Estado representado… por Fujimori. Es por esta falla del procedimiento de defensa legal del Estado que ahora se le quiere acusar constitucionalmente al Presidente Alejandro Toledo.
Esta es la explicación que se le reclama al Presidente García. No hacerlo sería faltar a sus deberes de función, entre ellos, el inciso 9 del Art. 118 de la Constitución: cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Pero, sobre todo, sería faltar a la verdad.
Lo que pocos conocen es que tres días después, el 28 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana se pronunció sobre el Caso La Cantuta. En este fallo, la CIDH establece que los asesinatos, desapariciones y torturas que la Corte Suprema de Justicia del Perú imputa al Grupo Colina y al ex Presidente Alberto Fujimori son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes y que no prescriben jamás.
Esta explicación sigue ausente de parte de los voceros del Gobierno. Ni el canciller García Belaúnde, ni la Ministra de Justicia, María Zavala, ni el Presidente de la República se han referido al caso, o han dado cuenta a la Nación sobre el contenido de este fallo que sería decisivo el en proceso de extradición que se sigue en Chile a Fujimori.
El Gobierno no sólo oculta la sentencia del crimen de La Cantuta, sino que manipula la sentencia Castro Castro. Ese es el quid del asunto. Usando a la prensa corifea hace escarnio sobre las reparaciones civiles y el homenaje a los asesinados (lo que, en efecto, puede ser discutible), pero no se refiere al reconocimiento que hace el Estado de que un grupo de internos fue asesinado cuando ya se habían rendido.
El primer deber de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, aún cuando éstos hayan decidido sublevarse en armas contra el Estado. La vida se respeta hasta en combate. Por eso el reconocer que hubo asesinato en Castro Castro no es una falla del Estado ni sus representantes. Es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales para que los ciudadanos no vean violados sus derechos con impunidad.
Sancionar a los responsables de la muerte de internos rendidos es proteger –mañana más tarde- el derecho a la vida que tenemos todos los peruanos. Lo dice el artículo primero de la Constitución: el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana.
Tampoco se ha dicho toda la verdad respecto a “los fallos procesales” en que habría incurrido el pasado Gobierno en este tema. Se quiere incluso acusar constitucionalmente al Presidente de la República “por no haber defendido correctamente los intereses del Estado” e inhabilitarlo políticamente.
La denuncia de la matanza de Caso Castro Castro se presentó el 18 de mayo de 1992. El 12 de junio de ese mismo año, la Comisión abrió el caso y transmitió la denuncia al Gobierno del Ex Presidente Fujimori. Le dio un plazo para responder de 90 días. Dentro de este plazo, se debió presentar el recurso de no agotamiento de la jurisdicción interna, pero no se hizo. El 11 de setiembre de 1992, Fujimori envió respuesta, negando los hechos.
La Comisión recibió entonces una nueva denuncia. Fujimori tenía nuevamente 90 días para responder, pero no lo hizo. Simplemente, no respondió. La Comisión acumuló los dos casos y el 5 de marzo de 2001 (nueve años después) aprobó su informe de admisibilidad del caso.
En dicho informe, la Comisión señala: "El Estado, por su parte, no ha efectuado excepción alguna relacionada con el requisito de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna”. En este punto la Corte Interamericana ha señalado que “la excepción de no agotamiento de los recursos internos para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de los mismos”.
Es decir, que en base al procedimiento no esgrimido por Fujimori en la fase inicial del proceso, la Comisión admitió el caso y dio por agotados los recursos de la jurisdicción interna, por renuncia tácita del Estado representado… por Fujimori. Es por esta falla del procedimiento de defensa legal del Estado que ahora se le quiere acusar constitucionalmente al Presidente Alejandro Toledo.
Esta es la explicación que se le reclama al Presidente García. No hacerlo sería faltar a sus deberes de función, entre ellos, el inciso 9 del Art. 118 de la Constitución: cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Pero, sobre todo, sería faltar a la verdad.
21 enero, 2007
La Portátil de la Muerte
Si existiera una auténtica oposición -inteligente, ágil, articulada-, la “Portátil de la Muerte ” que se concentró en Palacio de Gobierno debiera merecer la investigación del Congreso por mal uso de recursos estatales.
Lo que se vio el viernes por la tarde en el patio principal de Palacio fue un escándalo. Señoras pobres, empleadas temporalmente en el programa estatal “A Trabajar Urbano”, fueron llevadas en masa con la promesa de que les renovarían su contrato laboral un mes más. El noticiero de Canal 4 tiene el testimonio grabado.
Una delegación del alcalde de Bellavista, Callao, del Movimiento “Chim Pum Callao”, de Alexander Kouri Boumachar, también se hizo presente no sólo con banderolas, sino con ómnibus contratados por el municipio.
La congresista del Apra, Nidia Vílchez, de Huancayo –convertida en la portavoz del Presidente García en su lucha personal por la extensión de la necrofilia legal– también movilizó un grupo de gente desde su terruño.
El alcalde aprista de Breña, se sumó igualmente a la “movilización espontánea” convocada desde hace una semana a través de comunicados pagados por la Afavit y por un autodenominado Comité de Defensa de Nuevo Chimbote, que no es otro que un grupo de apristas promovidos por el alcalde de ese distrito.
La marcha unió a fujimoristas, apristas y kouristas adiestrados por el vicepresidente Giampietri, encargado de organizar el trabajo psicológico a través de los mensajes uniformes de las banderolas.
Sobre un reclamo auténtico de justicia, producto del dolor de familiares que perdieron a sus hijos y esposos a manos de un sanguinario grupo genocida, se montó un aparato portátil que pidió el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
El presidente Alan García coronó esta luctuosa marcha exacerbando los ánimos de la población, distanciándola de los congresistas y confrontándolas con ellos. En el colmo de su paroxismo, se colgó en el pecho la foto de dos víctimas de la violencia terrorista.
Habló de la justicia de Dios y del sufrimiento de Cristo y dijo que el hijo de Dios redimirá su sufrimiento cuando se castigue con la máxima sanción a los culpables, tal como el pueblo exige. Demagogia pura salida de las catacumbas políticas.
Nada, pues, calma al Príncipe. Enceguecido por la pasión, suelta ahora a las masas para que arremetan en las calles a su clase dirigente. Ya no le importa, ni cuida, los detalles. Usa el aparato del Estado para sus fines.
Los clarines de la parca empiezan a sonar.
La Portátil de la Muerte –el título le corresponde a Rosa María Palacios– está en marcha. Entre los gritos de ¡muerte a los terroristas! y ¡No a la corte interamericana!, también se oyen los herrumbrosos quejidos de cadenas oxidadas… arrastrándose.
Lo que se vio el viernes por la tarde en el patio principal de Palacio fue un escándalo. Señoras pobres, empleadas temporalmente en el programa estatal “A Trabajar Urbano”, fueron llevadas en masa con la promesa de que les renovarían su contrato laboral un mes más. El noticiero de Canal 4 tiene el testimonio grabado.
Una delegación del alcalde de Bellavista, Callao, del Movimiento “Chim Pum Callao”, de Alexander Kouri Boumachar, también se hizo presente no sólo con banderolas, sino con ómnibus contratados por el municipio.
La congresista del Apra, Nidia Vílchez, de Huancayo –convertida en la portavoz del Presidente García en su lucha personal por la extensión de la necrofilia legal– también movilizó un grupo de gente desde su terruño.
El alcalde aprista de Breña, se sumó igualmente a la “movilización espontánea” convocada desde hace una semana a través de comunicados pagados por la Afavit y por un autodenominado Comité de Defensa de Nuevo Chimbote, que no es otro que un grupo de apristas promovidos por el alcalde de ese distrito.
La marcha unió a fujimoristas, apristas y kouristas adiestrados por el vicepresidente Giampietri, encargado de organizar el trabajo psicológico a través de los mensajes uniformes de las banderolas.
Sobre un reclamo auténtico de justicia, producto del dolor de familiares que perdieron a sus hijos y esposos a manos de un sanguinario grupo genocida, se montó un aparato portátil que pidió el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
El presidente Alan García coronó esta luctuosa marcha exacerbando los ánimos de la población, distanciándola de los congresistas y confrontándolas con ellos. En el colmo de su paroxismo, se colgó en el pecho la foto de dos víctimas de la violencia terrorista.
Habló de la justicia de Dios y del sufrimiento de Cristo y dijo que el hijo de Dios redimirá su sufrimiento cuando se castigue con la máxima sanción a los culpables, tal como el pueblo exige. Demagogia pura salida de las catacumbas políticas.
Nada, pues, calma al Príncipe. Enceguecido por la pasión, suelta ahora a las masas para que arremetan en las calles a su clase dirigente. Ya no le importa, ni cuida, los detalles. Usa el aparato del Estado para sus fines.
Los clarines de la parca empiezan a sonar.
La Portátil de la Muerte –el título le corresponde a Rosa María Palacios– está en marcha. Entre los gritos de ¡muerte a los terroristas! y ¡No a la corte interamericana!, también se oyen los herrumbrosos quejidos de cadenas oxidadas… arrastrándose.
19 enero, 2007
García y la Lucha de Masas
No es correcto pensar que el Gobierno haya decidido archivar su proyecto de extender la pena de muerte. Hay apenas un replanteó táctico. Los ministros ahora callan, pero quienes hablarán en adelante serán las calles. Es el turno de las masas.
El Presidente García es un fiel seguidor de este tipo de lucha política: sacar a combatir a las masas y decidir el curso de la confrontación en actos masivos. Debe recordarse lo que le dijo a la periodista María Teresa Braschi en la ya célebre entrevista que ofreció al Canal 2 en su departamento de Bogotá, poco antes de su retorno al país.
En esa oportunidad, al referirse al papel de la oposición en su lucha contra el régimen de facto de Fujimori, García reveló que había privilegiado “la lucha parlamentaria”, en lugar de la lucha de las masas, en las calles.
“Si yo fuera el alcalde de Villa El Salvador, Martín Pumar, estaría encabezando marchas continuas a Palacio de Gobierno a la cabeza de reivindicaciones sociales, más agua, más energía eléctrica, más titulación; no haría una oposición sólo en el Congreso”, dijo en esa oportunidad García.
La lucha de masas es una categoría marxista utilizada para explicar la lucha de clases movilizadas en pos del poder. Es, en el fondo, una forma de lucha política expresada en movilizaciones sociales que tienen como función principal la agitación y la propaganda.
El APRA y las diversas variantes de la izquierda en nuestro país han usado este método de lucha desde sus inicios. El Presidente García sólo ha decidido ponerlo en práctica para ganar terreno en la definición por ampliar la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
La primera señal en este terreno es la marcha que hoy hará a Palacio de Gobierno la Asociación de Familiares de Víctima del Terrorismo (Afavit) para apoyar el referéndum pro pena de muerte para terroristas. Los marchantes acudirán también al Palacio de Justicia y luego al monumento El Ojo que Llora donde exigirán el retiro de los nombres de los subversivos.
Según la agencia oficial Andina, “la marcha de la Afavit también expresará su rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de los terroristas muertos en el penal Castro Castro en 1992, además de exigir un reconocimiento público”.
"Es una injusticia que aquellos que destruyeron familias enteras y dejaron miles de huérfanos, sean indemnizados. Todos los que hemos sufrido por el terrorismo debemos movilizarnos para expresar nuestro rechazo al terror y al injusto fallo de la Corte Interamericana", ha declarado Mercedes Carrasco, presidenta de Afavit.
García ha decidido colocar parlantes a las víctimas y a través de ellas enfrentar la resistencia que encuentra en el Congreso, hurgando en lo sórdido y morboso que tiene el tema, especialmente en el caso de las violaciones a menores. En esta línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, ha propuesto llevar a las víctimas al Congreso para escuchar sus “desgarradores testimonios”.
Es un método peligroso porque por un lado desprestigia a un poder del Estado, y por otro, estimula sentimientos primarios de la masa. Tal parece que el razonamiento es: perdida la batalla de la razón y los argumentos, ingresamos ahora al terreno de los sentimientos y la barbarie.
Ya lo dijo muy bien Enrique Bernales: el único antecedente que la Historia consigna un referendum para aprobar la pena de muerte fue la que convocó Poncio Pilatos. Lo que nos recuerda que las masas por numerosas o mayorías que sean y representen, se equivocan.
El Presidente García es un fiel seguidor de este tipo de lucha política: sacar a combatir a las masas y decidir el curso de la confrontación en actos masivos. Debe recordarse lo que le dijo a la periodista María Teresa Braschi en la ya célebre entrevista que ofreció al Canal 2 en su departamento de Bogotá, poco antes de su retorno al país.
En esa oportunidad, al referirse al papel de la oposición en su lucha contra el régimen de facto de Fujimori, García reveló que había privilegiado “la lucha parlamentaria”, en lugar de la lucha de las masas, en las calles.
“Si yo fuera el alcalde de Villa El Salvador, Martín Pumar, estaría encabezando marchas continuas a Palacio de Gobierno a la cabeza de reivindicaciones sociales, más agua, más energía eléctrica, más titulación; no haría una oposición sólo en el Congreso”, dijo en esa oportunidad García.
La lucha de masas es una categoría marxista utilizada para explicar la lucha de clases movilizadas en pos del poder. Es, en el fondo, una forma de lucha política expresada en movilizaciones sociales que tienen como función principal la agitación y la propaganda.
El APRA y las diversas variantes de la izquierda en nuestro país han usado este método de lucha desde sus inicios. El Presidente García sólo ha decidido ponerlo en práctica para ganar terreno en la definición por ampliar la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
La primera señal en este terreno es la marcha que hoy hará a Palacio de Gobierno la Asociación de Familiares de Víctima del Terrorismo (Afavit) para apoyar el referéndum pro pena de muerte para terroristas. Los marchantes acudirán también al Palacio de Justicia y luego al monumento El Ojo que Llora donde exigirán el retiro de los nombres de los subversivos.
Según la agencia oficial Andina, “la marcha de la Afavit también expresará su rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de los terroristas muertos en el penal Castro Castro en 1992, además de exigir un reconocimiento público”.
"Es una injusticia que aquellos que destruyeron familias enteras y dejaron miles de huérfanos, sean indemnizados. Todos los que hemos sufrido por el terrorismo debemos movilizarnos para expresar nuestro rechazo al terror y al injusto fallo de la Corte Interamericana", ha declarado Mercedes Carrasco, presidenta de Afavit.
García ha decidido colocar parlantes a las víctimas y a través de ellas enfrentar la resistencia que encuentra en el Congreso, hurgando en lo sórdido y morboso que tiene el tema, especialmente en el caso de las violaciones a menores. En esta línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, ha propuesto llevar a las víctimas al Congreso para escuchar sus “desgarradores testimonios”.
Es un método peligroso porque por un lado desprestigia a un poder del Estado, y por otro, estimula sentimientos primarios de la masa. Tal parece que el razonamiento es: perdida la batalla de la razón y los argumentos, ingresamos ahora al terreno de los sentimientos y la barbarie.
Ya lo dijo muy bien Enrique Bernales: el único antecedente que la Historia consigna un referendum para aprobar la pena de muerte fue la que convocó Poncio Pilatos. Lo que nos recuerda que las masas por numerosas o mayorías que sean y representen, se equivocan.
16 enero, 2007
Pena de Muerte o Pena Demente
En setiembre del 2006, una alerta sobre el Perú recorrió el mundo: tres proyectos de ley presentados al Congreso proponían ampliar la pena de muerte en el país para violadores de niños. Uno de los proyectos era firmado por Unidad Nacional, otro por el Partido Aprista y un tercero era enviado por el propio Ejecutivo.
A poco de instalado el nuevo Gobierno, el país comunicaba que, en materia de derecho internacional, habíamos decidido ir contra corriente. Actualmente más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es decir, 129 países decidieron no conferir al Estado el poder de eliminar al hombre.
En materia de Derechos Humanos, el Perú retrocedía y optaba por quedar del lado de los países que mantienen la pena de muerte como castigo capital: Afganistán, Arabia Saudí, Burundi, China, Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Yemen.
Hoy, sin embargo, la alerta al mundo se ha redoblado. Es el propio Presidente de la República el impulsor de esta drástica medida, luego que el Congreso decidiera rechazar las propuestas hace una semana. Contra la opinión de todos, contra la Constitución, el jefe del Estado propone embarcar al país en un referéndum de consulta.
No están de acuerdo con la propuesta el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispo de Lima y los más destacados jurisconsultos del país. Pero nada de esto parece importarle al Presidente que arremete con todo. En una reunión con su partido político ha logrado que éste salga a apoyarlo y se juegue por la consulta ciudadana.
De esta manera, el Presidente contradice la tendencia abolicionista internacional. La pena de muerte es un castigo bárbaro. Es una forma disfrazada de la vieja ley del Talión. Tú vida por la vida que cobraste. No hay moral superior del Estado en este procedimiento. Hay ira y destrucción.
No está demostrado que la pena capital disuada al criminal. Porque si miramos con cautela el asunto, para sujetos que no tienen cura, para aquellas escorias sociales, la muerte puede ser hasta un premio. El peor castigo es el encierro de por vida.
Matar a un criminal es una respuesta simplista. Los problemas humanos son mucho más complejos. Eliminar violadores no acaba con el delito. La muerte legal, dictada por los tribunales, en cualquiera de sus formas, es una afrenta a la dignidad humana.
El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. El Perú es signatario de La convención americana.
En 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que claramente señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera absoluta a los países miembros ampliar el uso de la pena de muerte a cualquier delito que no fuera castigado con la pena capital cuando el Estado pasó a estar vinculado por la Convención.
Pero nada de esto parece importar. Retirar al Perú del ámbito de la convención dejaría desprotegidos a los peruanos de abusos contra los derechos humanos cometidos por tribunales nacionales. El propio Presidente de la República no habría podido recuperar plenamente sus derechos si no fuera por este amparo supranacional.
De prosperar la medida, el país ingresaría peligrosamente a una senda oscura de autoritarismo, con una democracia disminuida y sin plenos derechos.
A poco de instalado el nuevo Gobierno, el país comunicaba que, en materia de derecho internacional, habíamos decidido ir contra corriente. Actualmente más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es decir, 129 países decidieron no conferir al Estado el poder de eliminar al hombre.
En materia de Derechos Humanos, el Perú retrocedía y optaba por quedar del lado de los países que mantienen la pena de muerte como castigo capital: Afganistán, Arabia Saudí, Burundi, China, Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Yemen.
Hoy, sin embargo, la alerta al mundo se ha redoblado. Es el propio Presidente de la República el impulsor de esta drástica medida, luego que el Congreso decidiera rechazar las propuestas hace una semana. Contra la opinión de todos, contra la Constitución, el jefe del Estado propone embarcar al país en un referéndum de consulta.
No están de acuerdo con la propuesta el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispo de Lima y los más destacados jurisconsultos del país. Pero nada de esto parece importarle al Presidente que arremete con todo. En una reunión con su partido político ha logrado que éste salga a apoyarlo y se juegue por la consulta ciudadana.
De esta manera, el Presidente contradice la tendencia abolicionista internacional. La pena de muerte es un castigo bárbaro. Es una forma disfrazada de la vieja ley del Talión. Tú vida por la vida que cobraste. No hay moral superior del Estado en este procedimiento. Hay ira y destrucción.
No está demostrado que la pena capital disuada al criminal. Porque si miramos con cautela el asunto, para sujetos que no tienen cura, para aquellas escorias sociales, la muerte puede ser hasta un premio. El peor castigo es el encierro de por vida.
Matar a un criminal es una respuesta simplista. Los problemas humanos son mucho más complejos. Eliminar violadores no acaba con el delito. La muerte legal, dictada por los tribunales, en cualquiera de sus formas, es una afrenta a la dignidad humana.
El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. El Perú es signatario de La convención americana.
En 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que claramente señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera absoluta a los países miembros ampliar el uso de la pena de muerte a cualquier delito que no fuera castigado con la pena capital cuando el Estado pasó a estar vinculado por la Convención.
Pero nada de esto parece importar. Retirar al Perú del ámbito de la convención dejaría desprotegidos a los peruanos de abusos contra los derechos humanos cometidos por tribunales nacionales. El propio Presidente de la República no habría podido recuperar plenamente sus derechos si no fuera por este amparo supranacional.
De prosperar la medida, el país ingresaría peligrosamente a una senda oscura de autoritarismo, con una democracia disminuida y sin plenos derechos.
15 enero, 2007
El Príncipe agitado
Maquiavelo enseñó que un Príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. La razón es que “con poquísimos castigos ejemplares, será más compasivo que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan prosperar los desórdenes de los que resultan asesinatos y rapiñas”.
Es decir que para asegurar el orden y la tranquilidad de un país, un Príncipe no debe temer imponer mano dura a su régimen si con esto castiga ejemplarmente a quienes fomentan desórdenes y conspiran contra el propio régimen. La muerte de unos pocos asegura la paz de los muchos.
La recomendación de Maquiavelo, sin embargo, no rige para todos los Príncipes, ni principados, sino en especial para los nuevos, es decir, para aquellos que forman por primera vez su reino y ven amenazados su comarca, sea por vecinos codiciosos o por ciudadanos descontentos o ávidos de poder.
Situación en la que no estamos, ciertamente.
Si la amenaza de la continuidad del gobierno de la Nación no está en peligro, ¿cuál podría ser la razón de fondo del Presidente García para insistir –de manera terca y caprichosa, como ha dicho Lourdes Flores- en ampliar la pena de muerte en el Perú para terroristas y violadores de menores de edad?
Una explicación racional bastante sólida refiere que el Presidente busca colisionar con el ámbito supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar sanciones futuras que lo involucran directamente, como es el asesinato de más de 100 presos en El Frontón en 1986, durante su primer gobierno.
La sanción de la CIDH es inminente por lo que no habría otro camino que salirse de su competencia. Promover la pena de muerte sería, entonces, sólo la justificación que necesita para obtener la impunidad. En este mismo nivel de razonamiento estaría Alberto Fujimori; de ahí su apoyo y entusiasmo ante la propuesta presidencial aprista.
Otra explicación, menos racional, pero sostenida con insistencia en las últimas semanas es de orden psicológica. García está obsesionado por no descender en su popularidad y necesita enganchar con la población con propuestas efectistas -castigo máximo a los violadores y terroristas- que lo mantengan vinculado a las grandes mayorías.
En las últimos días se lo nota eufórico, adrenalínico, con mayor propensión a los tics nerviosos de entrecejas, como si una fuerza interior lo dominara y no la pudiera controlar. Mala señal para un jefe del Estado que, como decíamos a fines del año pasado (Ver artículo de Politikha: "Pena de Muerte o Discours de Mort"), debe discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Y en los momentos más difíciles, serenarse y aquietar la pasión.
Una tercera explicación es la que señala Maquiavelo. Imponerse mediante el miedo. Abogar por un modelo de orden y paz con mano dura y autoritarismo. El Príncipe asume aquí un liderazgo caudillista que lo puede llevar a confrontar y arrasar con instituciones y los demás poderes del Estado.
Entre ser amado y temido un Príncipe debía escoger lo segundo, decía Maquiavelo. Aunque advertía que buscando ser temido, no termine siendo odiado.
El problema de esta vía no es tanto que no lo quieran al Presidente, o incluso que lo odien. El problema de fondo es que su autoritarismo lo lleve a colisionar y someter las instituciones, primero, y a perpetuarse en el poder, después. Por esta razón, es justo el reclamo de exigirle al Príncipe… que se calme.
Es decir que para asegurar el orden y la tranquilidad de un país, un Príncipe no debe temer imponer mano dura a su régimen si con esto castiga ejemplarmente a quienes fomentan desórdenes y conspiran contra el propio régimen. La muerte de unos pocos asegura la paz de los muchos.
La recomendación de Maquiavelo, sin embargo, no rige para todos los Príncipes, ni principados, sino en especial para los nuevos, es decir, para aquellos que forman por primera vez su reino y ven amenazados su comarca, sea por vecinos codiciosos o por ciudadanos descontentos o ávidos de poder.
Situación en la que no estamos, ciertamente.
Si la amenaza de la continuidad del gobierno de la Nación no está en peligro, ¿cuál podría ser la razón de fondo del Presidente García para insistir –de manera terca y caprichosa, como ha dicho Lourdes Flores- en ampliar la pena de muerte en el Perú para terroristas y violadores de menores de edad?
Una explicación racional bastante sólida refiere que el Presidente busca colisionar con el ámbito supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar sanciones futuras que lo involucran directamente, como es el asesinato de más de 100 presos en El Frontón en 1986, durante su primer gobierno.
La sanción de la CIDH es inminente por lo que no habría otro camino que salirse de su competencia. Promover la pena de muerte sería, entonces, sólo la justificación que necesita para obtener la impunidad. En este mismo nivel de razonamiento estaría Alberto Fujimori; de ahí su apoyo y entusiasmo ante la propuesta presidencial aprista.
Otra explicación, menos racional, pero sostenida con insistencia en las últimas semanas es de orden psicológica. García está obsesionado por no descender en su popularidad y necesita enganchar con la población con propuestas efectistas -castigo máximo a los violadores y terroristas- que lo mantengan vinculado a las grandes mayorías.
En las últimos días se lo nota eufórico, adrenalínico, con mayor propensión a los tics nerviosos de entrecejas, como si una fuerza interior lo dominara y no la pudiera controlar. Mala señal para un jefe del Estado que, como decíamos a fines del año pasado (Ver artículo de Politikha: "Pena de Muerte o Discours de Mort"), debe discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Y en los momentos más difíciles, serenarse y aquietar la pasión.
Una tercera explicación es la que señala Maquiavelo. Imponerse mediante el miedo. Abogar por un modelo de orden y paz con mano dura y autoritarismo. El Príncipe asume aquí un liderazgo caudillista que lo puede llevar a confrontar y arrasar con instituciones y los demás poderes del Estado.
Entre ser amado y temido un Príncipe debía escoger lo segundo, decía Maquiavelo. Aunque advertía que buscando ser temido, no termine siendo odiado.
El problema de esta vía no es tanto que no lo quieran al Presidente, o incluso que lo odien. El problema de fondo es que su autoritarismo lo lleve a colisionar y someter las instituciones, primero, y a perpetuarse en el poder, después. Por esta razón, es justo el reclamo de exigirle al Príncipe… que se calme.
13 enero, 2007
América Latina: ¿regreso al futuro?
Caminar hoy en día por la calles de Managua y conversar con su gente es como volver al pasado. Las categorías marxistas-leninistas para explicar el curso de la historia del país siguen vigentes. “Es la ley de lucha de contrarios; finalmente se ha impuesto una línea”, dice un parroquiano para explicar el triunfo del sandinismo.
El discurso inaugural de Daniel Ortega, anunciando la estatización del servicio de agua, la educación y la energía, así como su inclusión al proyecto del Presidente venezolano, Hugo Chávez, La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), refuerza esta sensación.
Hay expectativa por el cambio, es cierto, pero por el cambio hacia atrás. Dieciséis años de gobiernos de centro y de derecha no han logrado calar del todo en la memoria colectiva de la gente, en especial, los más pobres que se adhieren a fórmulas desesperadas impuestas desde el Estado para salir de la miseria.
La guerra es otro factor presente en las conversaciones de barrio con los nicaragüenses. Casi no hay familia que no tenga un recuerdo personal de la guerra que llevó al sandinismo al poder y de la Contra que intentó derrocarlo. Existen miles de historias de primos, tíos o hermanos que lucharon entre sí en bandos distintos. Muchas veces como una forma de sobrevivir. Tomar las armas aseguraba alimentación, vestido y una ocupación.
Chávez no llegó con las manos vacías a Managua. Llevó y regaló 25 tractores, producto de una donación que hizo conjuntamente con el gobierno de Irán. Firmó la integración de Nicaragua al ALBA, anunció la próxima inauguración de un banco venezolano en Nicaragua, y suscribió un acuerdo para construir una central de energía con petróleo subsidiado.
Los gestos populistas ganan el respaldo de la gente. Mientras tanto, la región va de tumbo en tumbo, sin mantener el timón del desarrollo y ahogándose en fórmulas que ya han probado ser un fracaso. El sector informal crece en América Latina, sin lograr dar el salto para dejar de ser exportadores de materias primas.
Los capitales van no sólo donde hay mercado, también donde existe seguridad jurídica y estabilidad política. Vista en conjunto, éste no parece ser el caso de América Latina. La responsabilidad no es sólo de los países de la región, lo es también de la miopía de los Estados Unidos que mantiene interés preferente en países del ex bloque soviético o Asia -o en la guerra contra países islámicos- y deja de lado a sus vecinos hispanoparlantes del sur.
Europa invirtió más de 22 mil millones en carreteras cuando anexó a sus vecinos del este. Estados Unidos no tiene la misma política de ayuda. Su estrategia pasa por incorporar a Latinoamérica al ALCA. Como señala Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos”, repitiendo la política de Clinton para la región, Goerge W. Bush señala para América Latina, “Trade, no aid” (Comercio, no ayuda).
Tal parece que -una vez más- nos empeñamos en ir en contra del sentido de la historia. No aprendemos de nuestros errores y no queremos ver lo que hacen regiones como China, India, el Sudeste Asiático, o Europa del Este para generar trabajo, ofrecer productos competitivos y luchar un espacio en el mercado mundial. América Latina representa apenas el 7,6% del producto bruto mundial y el 4,1% del comercio mundial. Una migaja de la torta.
De continuar con modelos que sólo buscan repartir lo que no tienen y encerrarse en fórmulas de comercio intrarregionales, en lugar de abrirse a otros bloques, estaremos condenados a seguir siendo una región mayoritariamente pobre y sin futuro. O en el mejor de los casos, una región de luces y sombras. Lo que ocurre en Nicaragua es sólo un capítulo de una historia de fracaso conocida.
El discurso inaugural de Daniel Ortega, anunciando la estatización del servicio de agua, la educación y la energía, así como su inclusión al proyecto del Presidente venezolano, Hugo Chávez, La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), refuerza esta sensación.
Hay expectativa por el cambio, es cierto, pero por el cambio hacia atrás. Dieciséis años de gobiernos de centro y de derecha no han logrado calar del todo en la memoria colectiva de la gente, en especial, los más pobres que se adhieren a fórmulas desesperadas impuestas desde el Estado para salir de la miseria.
La guerra es otro factor presente en las conversaciones de barrio con los nicaragüenses. Casi no hay familia que no tenga un recuerdo personal de la guerra que llevó al sandinismo al poder y de la Contra que intentó derrocarlo. Existen miles de historias de primos, tíos o hermanos que lucharon entre sí en bandos distintos. Muchas veces como una forma de sobrevivir. Tomar las armas aseguraba alimentación, vestido y una ocupación.
Chávez no llegó con las manos vacías a Managua. Llevó y regaló 25 tractores, producto de una donación que hizo conjuntamente con el gobierno de Irán. Firmó la integración de Nicaragua al ALBA, anunció la próxima inauguración de un banco venezolano en Nicaragua, y suscribió un acuerdo para construir una central de energía con petróleo subsidiado.
Los gestos populistas ganan el respaldo de la gente. Mientras tanto, la región va de tumbo en tumbo, sin mantener el timón del desarrollo y ahogándose en fórmulas que ya han probado ser un fracaso. El sector informal crece en América Latina, sin lograr dar el salto para dejar de ser exportadores de materias primas.
Los capitales van no sólo donde hay mercado, también donde existe seguridad jurídica y estabilidad política. Vista en conjunto, éste no parece ser el caso de América Latina. La responsabilidad no es sólo de los países de la región, lo es también de la miopía de los Estados Unidos que mantiene interés preferente en países del ex bloque soviético o Asia -o en la guerra contra países islámicos- y deja de lado a sus vecinos hispanoparlantes del sur.
Europa invirtió más de 22 mil millones en carreteras cuando anexó a sus vecinos del este. Estados Unidos no tiene la misma política de ayuda. Su estrategia pasa por incorporar a Latinoamérica al ALCA. Como señala Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos”, repitiendo la política de Clinton para la región, Goerge W. Bush señala para América Latina, “Trade, no aid” (Comercio, no ayuda).
Tal parece que -una vez más- nos empeñamos en ir en contra del sentido de la historia. No aprendemos de nuestros errores y no queremos ver lo que hacen regiones como China, India, el Sudeste Asiático, o Europa del Este para generar trabajo, ofrecer productos competitivos y luchar un espacio en el mercado mundial. América Latina representa apenas el 7,6% del producto bruto mundial y el 4,1% del comercio mundial. Una migaja de la torta.
De continuar con modelos que sólo buscan repartir lo que no tienen y encerrarse en fórmulas de comercio intrarregionales, en lugar de abrirse a otros bloques, estaremos condenados a seguir siendo una región mayoritariamente pobre y sin futuro. O en el mejor de los casos, una región de luces y sombras. Lo que ocurre en Nicaragua es sólo un capítulo de una historia de fracaso conocida.
09 enero, 2007
Daniel Ortega: el rostro del poder
En uno de sus últimos actos públicos, el saliente Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, inauguró en el centro de Managua, una pinacoteca que muestra, por primera vez en su historia, los rostros de 52 de los 77 gobernantes ha tenido este país desde 1934 hasta hoy. Como ocurre con varios países de nuestra América, Nicaragua tuvo presidentes de los que no se conocía ni siquiera sus rasgos físicos. No es el caso de Daniel Ortega, quien, después de 16 años, vuelve al poder ungido, no por las armas, sino por los votos. Ortega será el presidente número 78.
Hay esperanza entre los nicaragüenses por esta segunda oportunidad de quien fuera el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en 1979 tras una intensa insurrección armada. Una encuesta recientemente revelada por el opositor Diario La Prensa de la familia Chamorro, indica que el 60% de los nicaragüenses tiene expectativas por lo que hará Ortega esta vez.
El presidente Bolaños deja el país estabilizado políticamente, con el mercado norteamericano abierto tras el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA), y con exportaciones que se acercan a los 1,000 millones de dólares.
El mayor reto del gobierno entrante será crear más empleo y mantener la estabilidad política y jurídica que le permita atraer el interés de inversionistas extranjeros. Nicaragua es hoy por hoy un país aceptado en la comunidad financiera internacional y Ortega no puede volver a cometer los errores del pasado que dejaron a Nicaragua casi en la bancarrota.
Ni la revolución sandinista, ni el modelo de apertura iniciado por Violeta Chamorro lograron reducir la pobreza. Nicaragua es actualmente la segunda nación con mayor índice de pobreza en América Latina, después de Haití. 80% de su población vive con 2 dólares diarios, mientras que 47% lo hace con 1 dólar diario. El sueldo mínimo bordea los 65 dólares.
La sucesión democrática que ha tenido Nicaragua en los últimos años no ha hecho olvidar el entrampamiento que vivió producto de la Guerra Fría. El FSLN fue apoyado en el poder por Cuba y la Unión Soviética. Por aquellos tiempos se realizaron reformas sociales en salud y educación, se confiscaron bienes y se nacionalizaron empresas. La gente aún recuerda -y añora- la gratuidad de los servicios públicos.
Hay quienes calculan que la guerra del frente sandinista costó a Nicaragua unos 50 mil muertos. Estados Unidos respondió con un bloqueo económico, armó a los ex guardias nacionales del derrocado Somoza y generó una guerra contrarrevolucionaria que produjo otros 30 mil muertos. Resultado: el país quedó arruinado.
Los presidentes centroamericanos lograron que sandinistas y contras firmaran un acuerdo de paz -Esquípulas II-. Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones. Fue entonces que ganó Violeta Chamorro y se iniciaron 16 años de gobiernos de centroderecha. El ex comandante siguió compitiendo en 1996 y en 2001, pero perdió sucesivamente a manos de los partidos conservadores. Al quedar segundo en las elecciones generales, de acuerdo al mandato constitucional, obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.
Pero hay quienes afirman que el FSLN siguió "gobernando desde abajo", es decir, siguió siendo un bloque político que hizo valer sus votos en el Congreso y en el aparato burocrático del Estado. De manera que todo ese tiempo, Ortega se mantuvo activo en política. Hasta el pasado mes de noviembre de 2006 en que ganó con el 38% de los votos y hoy asume nuevamente la conducción de su país.
Por las calles de Managua se ven aún los paneles que usó en su campaña. Es una fotografía inmensa en primer plano, que lo muestra sonriente, con la frase “Nicaragua triunfa”. Es un latigazo a la memoria. Quizás el viejo ex comandante no quiere que los nicaragüenses olviden su rostro, como lo han hecho con otros 27 gobernantes a lo largo de su historia. Habrá que escuchar su discurso para saber si Ortega cambió y si está a tono con los nuevos tiempos.
Hay esperanza entre los nicaragüenses por esta segunda oportunidad de quien fuera el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en 1979 tras una intensa insurrección armada. Una encuesta recientemente revelada por el opositor Diario La Prensa de la familia Chamorro, indica que el 60% de los nicaragüenses tiene expectativas por lo que hará Ortega esta vez.
El presidente Bolaños deja el país estabilizado políticamente, con el mercado norteamericano abierto tras el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA), y con exportaciones que se acercan a los 1,000 millones de dólares.
El mayor reto del gobierno entrante será crear más empleo y mantener la estabilidad política y jurídica que le permita atraer el interés de inversionistas extranjeros. Nicaragua es hoy por hoy un país aceptado en la comunidad financiera internacional y Ortega no puede volver a cometer los errores del pasado que dejaron a Nicaragua casi en la bancarrota.
Ni la revolución sandinista, ni el modelo de apertura iniciado por Violeta Chamorro lograron reducir la pobreza. Nicaragua es actualmente la segunda nación con mayor índice de pobreza en América Latina, después de Haití. 80% de su población vive con 2 dólares diarios, mientras que 47% lo hace con 1 dólar diario. El sueldo mínimo bordea los 65 dólares.
La sucesión democrática que ha tenido Nicaragua en los últimos años no ha hecho olvidar el entrampamiento que vivió producto de la Guerra Fría. El FSLN fue apoyado en el poder por Cuba y la Unión Soviética. Por aquellos tiempos se realizaron reformas sociales en salud y educación, se confiscaron bienes y se nacionalizaron empresas. La gente aún recuerda -y añora- la gratuidad de los servicios públicos.
Hay quienes calculan que la guerra del frente sandinista costó a Nicaragua unos 50 mil muertos. Estados Unidos respondió con un bloqueo económico, armó a los ex guardias nacionales del derrocado Somoza y generó una guerra contrarrevolucionaria que produjo otros 30 mil muertos. Resultado: el país quedó arruinado.
Los presidentes centroamericanos lograron que sandinistas y contras firmaran un acuerdo de paz -Esquípulas II-. Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones. Fue entonces que ganó Violeta Chamorro y se iniciaron 16 años de gobiernos de centroderecha. El ex comandante siguió compitiendo en 1996 y en 2001, pero perdió sucesivamente a manos de los partidos conservadores. Al quedar segundo en las elecciones generales, de acuerdo al mandato constitucional, obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.
Pero hay quienes afirman que el FSLN siguió "gobernando desde abajo", es decir, siguió siendo un bloque político que hizo valer sus votos en el Congreso y en el aparato burocrático del Estado. De manera que todo ese tiempo, Ortega se mantuvo activo en política. Hasta el pasado mes de noviembre de 2006 en que ganó con el 38% de los votos y hoy asume nuevamente la conducción de su país.
Por las calles de Managua se ven aún los paneles que usó en su campaña. Es una fotografía inmensa en primer plano, que lo muestra sonriente, con la frase “Nicaragua triunfa”. Es un latigazo a la memoria. Quizás el viejo ex comandante no quiere que los nicaragüenses olviden su rostro, como lo han hecho con otros 27 gobernantes a lo largo de su historia. Habrá que escuchar su discurso para saber si Ortega cambió y si está a tono con los nuevos tiempos.
06 enero, 2007
El ojo que llora
Más que un “Ojo que llora”, los peruanos debemos erigir un monumento al “Corazón que sangra”, para recordar el dolor producido por décadas de violencia y guerra interna que originó más de 30 mil muertos. Y que nunca debemos olvidar.
Todos los pueblos que han pasado etapas dolorosas de guerras internas o externas erigen estos monumentos a la memoria de los caídos. No es en honor a las víctimas agresoras, sino en recuerdo de los civiles, por lo general, atrapados entre dos fuegos.
En Israel, pueblo que sufrió el exterminio nazi, existe no un monumento, sino un Museo del Holocausto, todo un complejo arquitectónico, el Yad Vashem, que recuerda esta etapa oscura de la historia de la humanidad.
A la inauguración del Yad Vashem, en noviembre del 2005, acudieron representantes oficiales de más de 40 países, incluido el secretario general de Naciones Unidas de entonces, Kofi Annan. La estructura tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y 180 metros de largo.
Está construido de tal manera que al final del recorrido –la mayor parte de él, bajo tierra- uno sale hacia una colina abierta desde donde se divisa Jerusalén en señal de libertad y esperanza, todo lo contrario a lo que significó el cautiverio y exterminio nazi.
A nadie se le ocurre señalar que es una apología a los verdugos de los campos de concentración. Uno no puede evitar sobrecogerse ante los recuerdos, fotos, ropa y utensilios del diario vivir de miles de hombres, mujeres y niños israelíes que alguna vez estuvieron vivos.
El momento más sobrecogedor es cuando se atraviesa una pirámide por el centro, casi en penumbras, con espejos colgados y un juego de velas que simbolizan el alma de los niños, víctimas inocentes de la guerra. Justo antes de salir a la colina de Jerusalén.
La violencia, la muerte, ha marcado el siglo XX. La humanidad ha sufrido la pérdida de millones de seres humanos debidos a guerras, levantamientos, sublevaciones o revoluciones.
El historiador Erick Hobsbawn usó esta visión para dividir el Siglo XX en dos: el Siglo XX corto: 1914 a 1991, y el Siglo XX largo: 1789 a 1914. Sólo en los últimos años que nos ha tocado vivir –desde la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético- hubo al menos 205 millones de muertos productos de guerras internas, externas y globales.
Hannah Arendt reflexionó acerca de esto y señaló el carácter no político de los horrores a los que puede llegar el hombre cuando suprime la política, es decir, la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo. Fue ella también la que por primera vez llamó “Crímenes de humanidad” a los crímenes del nazismo.
La violencia ciega y absurda debemos tenerla siempre presente para no volver a caer en ella. Por eso, indigna lo que una parte de la prensa viene haciendo al trastocar el verdadero sentido del monumento de la artista Lika Mutal, erigido en homenaje de los peruanos que faltan, que no están, que desaparecieron por efecto de la guerra interna.
No es un monumento a los terroristas, por Dios. Hay 32 mil piedras, que forman once círculos concéntricos, de las cuales, alrededor de 27 mil tienen nombres y apellidos de conciudadanos muertos o desaparecidos. De peruanos que algún día estuvieron vivos.
Cuánta razón tuvo el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz,Elie Wiesel, al reinagurar el Museo del Holocausto de Israel y decir: “No intentamos contar la historia para que la gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contar la historia para que el mundo sea mejor, para que aprenda y recuerde”. Con ese mismo espíritu debemos ver "El ojo que llora" y recordar que mientras haya muertes humanas injustas, absurdas, atroces, siempre habrá corazones que sangran.
Todos los pueblos que han pasado etapas dolorosas de guerras internas o externas erigen estos monumentos a la memoria de los caídos. No es en honor a las víctimas agresoras, sino en recuerdo de los civiles, por lo general, atrapados entre dos fuegos.
En Israel, pueblo que sufrió el exterminio nazi, existe no un monumento, sino un Museo del Holocausto, todo un complejo arquitectónico, el Yad Vashem, que recuerda esta etapa oscura de la historia de la humanidad.
A la inauguración del Yad Vashem, en noviembre del 2005, acudieron representantes oficiales de más de 40 países, incluido el secretario general de Naciones Unidas de entonces, Kofi Annan. La estructura tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y 180 metros de largo.
Está construido de tal manera que al final del recorrido –la mayor parte de él, bajo tierra- uno sale hacia una colina abierta desde donde se divisa Jerusalén en señal de libertad y esperanza, todo lo contrario a lo que significó el cautiverio y exterminio nazi.
A nadie se le ocurre señalar que es una apología a los verdugos de los campos de concentración. Uno no puede evitar sobrecogerse ante los recuerdos, fotos, ropa y utensilios del diario vivir de miles de hombres, mujeres y niños israelíes que alguna vez estuvieron vivos.
El momento más sobrecogedor es cuando se atraviesa una pirámide por el centro, casi en penumbras, con espejos colgados y un juego de velas que simbolizan el alma de los niños, víctimas inocentes de la guerra. Justo antes de salir a la colina de Jerusalén.
La violencia, la muerte, ha marcado el siglo XX. La humanidad ha sufrido la pérdida de millones de seres humanos debidos a guerras, levantamientos, sublevaciones o revoluciones.
El historiador Erick Hobsbawn usó esta visión para dividir el Siglo XX en dos: el Siglo XX corto: 1914 a 1991, y el Siglo XX largo: 1789 a 1914. Sólo en los últimos años que nos ha tocado vivir –desde la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético- hubo al menos 205 millones de muertos productos de guerras internas, externas y globales.
Hannah Arendt reflexionó acerca de esto y señaló el carácter no político de los horrores a los que puede llegar el hombre cuando suprime la política, es decir, la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo. Fue ella también la que por primera vez llamó “Crímenes de humanidad” a los crímenes del nazismo.
La violencia ciega y absurda debemos tenerla siempre presente para no volver a caer en ella. Por eso, indigna lo que una parte de la prensa viene haciendo al trastocar el verdadero sentido del monumento de la artista Lika Mutal, erigido en homenaje de los peruanos que faltan, que no están, que desaparecieron por efecto de la guerra interna.
No es un monumento a los terroristas, por Dios. Hay 32 mil piedras, que forman once círculos concéntricos, de las cuales, alrededor de 27 mil tienen nombres y apellidos de conciudadanos muertos o desaparecidos. De peruanos que algún día estuvieron vivos.
Cuánta razón tuvo el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz,Elie Wiesel, al reinagurar el Museo del Holocausto de Israel y decir: “No intentamos contar la historia para que la gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contar la historia para que el mundo sea mejor, para que aprenda y recuerde”. Con ese mismo espíritu debemos ver "El ojo que llora" y recordar que mientras haya muertes humanas injustas, absurdas, atroces, siempre habrá corazones que sangran.
04 enero, 2007
Fallo CIDH: explicación ausente
Lo que ocurrió los primeros días de mayo de 1992 con los senderistas sublevados en el Penal Miguel Castro Castro fue una ejecución. No fue un enfrentamiento solamente. O el debelamiento a sangre y fuego de un motín. Allí no hubo fuerza represiva del Estado contra un grupo insurgente como piensa, cree y defiende Rafael Rey. Hubo asesinato a sangre fría de presos rendidos.
Este es el fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sanción a un Estado que extralimitó el uso legal de la fuerza. La pena por haber violado el más elemental de los derechos humanos; el derecho a la vida. No se pretende borrar, por cierto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Este grupo ha sido sancionado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios de la historia; genocida y antipatriótico. Pero eso no borra los errores cometidos por el Estado en su lucha contra el mal. Hacerlo sería avalar el pensamiento Pinochet que en su carta póstuma admitió que "Los conflictos graves siempre son y serán fuente de abusos y exageraciones".
En el penal Castro Castro se ejecutó una operación planificada por la cúpula militar en el poder presidida por Alberto Fujimori Fujimori. El objetivo fue liquidar –aprovechando el motín– a la cúpula senderista. Y así se hizo. 41 senderistas, rendidos, fueron acribillados. Así lo corroboran las investigaciones policiales, judiciales, los testigos y la Comisión de la Verdad.
Esta es la explicación que el Presidente Alan García le debe al país, como bien ha señalado el valiente ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres. El país necesita conocer la verdad, para poder enterrar su pasado.
Con la ventaja moral de quien entregó al país un documento que revela una de las tragedias sociales más dolorosas de la historia peruana, el ex comisionado reclama al Jefe del Estado no ponerse de perfil en este tema, ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia.
"No está bien que el primer mandatario se ponga de perfil frente a un hecho que corresponde a la historia del Perú (el asesinato extrajudicial de dirigentes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro), en el que hay responsabilidad demostrada del Estado peruano y concretamente del señor Fujimori. Eso tiene que ser explicado. El país merece saber qué pasó", ha señalado Salomón Lerner.
García no la explica, no la puede contar, porque tiene un pacto con Fujimori. Un pacto de impunidad. El pacto está sellado con sangre; sangre derramada por ambos gobiernos en acciones similares. Uno tiene su frontón todavía humeante y demolido; destruido por un comando de la Marina al mando del ahora primer vicepresidente de la República (cuya sentencia está pendiente de resolución, precisamente en la CIDH). Al otro lo persiguen, por ahora, 41 senderistas arrodillados y rematados. Y aún hay más.
Ambos utilizan la misma maniobra táctica: denostar la CIDH a través de sus pregoneros, y cuestionar las indemnizaciones planteadas con el objetivo de desacatar el fallo primero y salirse de la Corte después. Así no habrá instancia alguna que los siga molestando.
El fallo de la CIDH es un argumento que podría favorecer la extradición de Fujimori. Y el gobierno lo sabe. La justicia chilena debe escuchar el razonamiento de Lerner: "(…) la respuesta del Estado fue asimétrica. Fujimori aprovechó que los senderistas se resistían al traslado para eliminar selectivamente a sus principales líderes. Fue un crimen de lesa humanidad, se mató conscientemente a determinadas personas". "Aunque no lo quiera admitir, Fujimori tiene la responsabilidad política. De eso no hay duda".
El debate en torno a las indemnizaciones y al “Monumento al Ojo que llora” es un ruido interesado. La atención debe centrarse en si el Estado instrumentó, como parte de su política represora, el asesinato de presos rendidos. Si la respuesta es sí, entonces, el Jefe del Estado debe asumir su papel ante la historia y contarle a la Nación lo sucedido. Y acatar el fallo. No hacerlo es guardar un silencio cómplice ante el país, la verdad y la historia.
Este es el fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sanción a un Estado que extralimitó el uso legal de la fuerza. La pena por haber violado el más elemental de los derechos humanos; el derecho a la vida. No se pretende borrar, por cierto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Este grupo ha sido sancionado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios de la historia; genocida y antipatriótico. Pero eso no borra los errores cometidos por el Estado en su lucha contra el mal. Hacerlo sería avalar el pensamiento Pinochet que en su carta póstuma admitió que "Los conflictos graves siempre son y serán fuente de abusos y exageraciones".
En el penal Castro Castro se ejecutó una operación planificada por la cúpula militar en el poder presidida por Alberto Fujimori Fujimori. El objetivo fue liquidar –aprovechando el motín– a la cúpula senderista. Y así se hizo. 41 senderistas, rendidos, fueron acribillados. Así lo corroboran las investigaciones policiales, judiciales, los testigos y la Comisión de la Verdad.
Esta es la explicación que el Presidente Alan García le debe al país, como bien ha señalado el valiente ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres. El país necesita conocer la verdad, para poder enterrar su pasado.
Con la ventaja moral de quien entregó al país un documento que revela una de las tragedias sociales más dolorosas de la historia peruana, el ex comisionado reclama al Jefe del Estado no ponerse de perfil en este tema, ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia.
"No está bien que el primer mandatario se ponga de perfil frente a un hecho que corresponde a la historia del Perú (el asesinato extrajudicial de dirigentes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro), en el que hay responsabilidad demostrada del Estado peruano y concretamente del señor Fujimori. Eso tiene que ser explicado. El país merece saber qué pasó", ha señalado Salomón Lerner.
García no la explica, no la puede contar, porque tiene un pacto con Fujimori. Un pacto de impunidad. El pacto está sellado con sangre; sangre derramada por ambos gobiernos en acciones similares. Uno tiene su frontón todavía humeante y demolido; destruido por un comando de la Marina al mando del ahora primer vicepresidente de la República (cuya sentencia está pendiente de resolución, precisamente en la CIDH). Al otro lo persiguen, por ahora, 41 senderistas arrodillados y rematados. Y aún hay más.
Ambos utilizan la misma maniobra táctica: denostar la CIDH a través de sus pregoneros, y cuestionar las indemnizaciones planteadas con el objetivo de desacatar el fallo primero y salirse de la Corte después. Así no habrá instancia alguna que los siga molestando.
El fallo de la CIDH es un argumento que podría favorecer la extradición de Fujimori. Y el gobierno lo sabe. La justicia chilena debe escuchar el razonamiento de Lerner: "(…) la respuesta del Estado fue asimétrica. Fujimori aprovechó que los senderistas se resistían al traslado para eliminar selectivamente a sus principales líderes. Fue un crimen de lesa humanidad, se mató conscientemente a determinadas personas". "Aunque no lo quiera admitir, Fujimori tiene la responsabilidad política. De eso no hay duda".
El debate en torno a las indemnizaciones y al “Monumento al Ojo que llora” es un ruido interesado. La atención debe centrarse en si el Estado instrumentó, como parte de su política represora, el asesinato de presos rendidos. Si la respuesta es sí, entonces, el Jefe del Estado debe asumir su papel ante la historia y contarle a la Nación lo sucedido. Y acatar el fallo. No hacerlo es guardar un silencio cómplice ante el país, la verdad y la historia.
01 enero, 2007
Política y Economía el 2007
La Política
Palacio de Gobierno seguirá siendo la cocina de los fogonazos políticos del próximo año. El Presidente Alan García, sin atender las recomendaciones de sus colaboradores –sabemos que García no tiene, ni admite, asesores-, seguirá apareciendo en televisión mañana, tarde y noche, haciendo del verbo su mejor arma.
El debate de la ampliación de la pena de muerte, animará el Congreso los primeros días de enero. Pero la discusión más rica estará en los extramuros del Congreso, en la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación y los organismos democráticos internacionales.
Las regiones iniciarán proceso de articulación, más como mecanismo de negociación frente al poder central que como proyecto político descentralista. El proceso será gradual. Primero se unirán por macroregiones, tal como lo ha anunciado Yehude Simon, que articulará a los presidentes del norte. El Presidente de Arequipa, Juan Manuel Guillén, podría liderar a sus colegas del sur y Vladimiro Huaroc -si moderniza su discurso de izquierda académica-, podría hacer lo propio con sus pares del centro. Alex Kouri y Federico Salas buscarán bloquear esta iniciativa, buscando ser la pieza de recambio el 2011.
Los conflictos regionales dejarán el estado de latencia y se manifestarán con crudeza y realismo. El resto de asociaciones gremiales, sindicales, laborales lucharán por conservar su reducido espacio de poder manifestándose en paros y huelgas. El primer encontronazo del Ejecutivo con los profesores, dependerá del número de despedidos que genere el examen de evaluación.
La Economía
Primeros signos de preocupación del manejo doméstico en medio de un escenario internacional sin mayores amenazas. El primer campanazo fue la condonación de deudas del Banco de Materiales. Le siguió luego el fallido intento de gravar con impuesto a la renta los ahorros del público y ahora tenemos la liberación sectorial de aranceles.
Todos reconocen que el presente gobierno está cosechando lo dejado por el gobierno anterior, fruto del manejo responsable de la caja fiscal y de una adecuada política de promoción de las exportaciones. Producto de ese ahorro nacional hoy se puede pagar la deuda social a jubilados, policías y fuerzas armadas.
Fruto del esfuerzo de todos los peruanos, ahora el Estado puede continuar la política de inversiones en proyectos de gran impacto social como agua y desagüe, carreteras y aumentar los recursos de “Juntos”, el programa de subsidio directo a los más pobres.
Pero pensar que las reservas tengan un techo de 20 mil millones de dólares –llegado el cual deben gastarse- o creer que la política monetaria depende del Ministerio de Economía y no del Banco Central de Reserva, además de considerar que desde el Gobierno se puede orientar el desarrollo económico, son señales de un pasado que considerábamos superado.
Ningún gobierno heredó jamás una situación económica en crecimiento y una situación política estable como la que recibió este Gobierno. Las transiciones democráticas en el Perú fueron siempre periodos de crisis económicas y desesperanza política.
El mejor capital que por ahora tienen los peruanos es el optimismo. Pero al mismo tiempo al ser un indicador más psicológico que tangible, es frágil y puede trocar en decepción o pesimismo si no se cumplen las expectativas previstas. Es responsabilidad de todos mantenernos vigilantes y cuidar que nada afecte este momento especial que atravesamos como país. Feliz año 2007.
Palacio de Gobierno seguirá siendo la cocina de los fogonazos políticos del próximo año. El Presidente Alan García, sin atender las recomendaciones de sus colaboradores –sabemos que García no tiene, ni admite, asesores-, seguirá apareciendo en televisión mañana, tarde y noche, haciendo del verbo su mejor arma.
El debate de la ampliación de la pena de muerte, animará el Congreso los primeros días de enero. Pero la discusión más rica estará en los extramuros del Congreso, en la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación y los organismos democráticos internacionales.
Las regiones iniciarán proceso de articulación, más como mecanismo de negociación frente al poder central que como proyecto político descentralista. El proceso será gradual. Primero se unirán por macroregiones, tal como lo ha anunciado Yehude Simon, que articulará a los presidentes del norte. El Presidente de Arequipa, Juan Manuel Guillén, podría liderar a sus colegas del sur y Vladimiro Huaroc -si moderniza su discurso de izquierda académica-, podría hacer lo propio con sus pares del centro. Alex Kouri y Federico Salas buscarán bloquear esta iniciativa, buscando ser la pieza de recambio el 2011.
Los conflictos regionales dejarán el estado de latencia y se manifestarán con crudeza y realismo. El resto de asociaciones gremiales, sindicales, laborales lucharán por conservar su reducido espacio de poder manifestándose en paros y huelgas. El primer encontronazo del Ejecutivo con los profesores, dependerá del número de despedidos que genere el examen de evaluación.
La Economía
Primeros signos de preocupación del manejo doméstico en medio de un escenario internacional sin mayores amenazas. El primer campanazo fue la condonación de deudas del Banco de Materiales. Le siguió luego el fallido intento de gravar con impuesto a la renta los ahorros del público y ahora tenemos la liberación sectorial de aranceles.
Todos reconocen que el presente gobierno está cosechando lo dejado por el gobierno anterior, fruto del manejo responsable de la caja fiscal y de una adecuada política de promoción de las exportaciones. Producto de ese ahorro nacional hoy se puede pagar la deuda social a jubilados, policías y fuerzas armadas.
Fruto del esfuerzo de todos los peruanos, ahora el Estado puede continuar la política de inversiones en proyectos de gran impacto social como agua y desagüe, carreteras y aumentar los recursos de “Juntos”, el programa de subsidio directo a los más pobres.
Pero pensar que las reservas tengan un techo de 20 mil millones de dólares –llegado el cual deben gastarse- o creer que la política monetaria depende del Ministerio de Economía y no del Banco Central de Reserva, además de considerar que desde el Gobierno se puede orientar el desarrollo económico, son señales de un pasado que considerábamos superado.
Ningún gobierno heredó jamás una situación económica en crecimiento y una situación política estable como la que recibió este Gobierno. Las transiciones democráticas en el Perú fueron siempre periodos de crisis económicas y desesperanza política.
El mejor capital que por ahora tienen los peruanos es el optimismo. Pero al mismo tiempo al ser un indicador más psicológico que tangible, es frágil y puede trocar en decepción o pesimismo si no se cumplen las expectativas previstas. Es responsabilidad de todos mantenernos vigilantes y cuidar que nada afecte este momento especial que atravesamos como país. Feliz año 2007.
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