Negociaciones Perú y Chile: cuestión de estilo

Es notoria la diferencia de estilo entre las cancillerías de Perú y Chile. Mientras la primera permanece cauta, en silencio, respetando escrupulosamente la reserva diplomática del proceso que ambos países siguen en la Corte Internacional de La Haya para definir su frontera marítima, la segunda luce dicharachera, zumbante, filtrando información a la prensa.

Primero fue informar que Ecuador había sido invitado a pronunciarse en la Corte Internacional de La Haya sobre la demanda del Perú para fijar sus límites marítimos con Chile.

Luego nos enteramos que Ecuador contrató un equipo de abogados, dirigido por el estadounidense Paul Reichler, como responsable de la defensa de ese país luego de ser convocado por el tribunal internacional de La Haya.

Enseguida, la prensa chilena informó que los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Rafael Correa, se reunieron hace dos semanas para tratar sobre el litigio marítimo que planteó el Perú en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

La reunión se produjo en la Cumbre de la Unión Europea-América Latina, realizada en Madrid (España), y según “fuentes diplomáticas” de Chile, Correa habría dado “señales positivas” para las expectativas chilenas.

¿Qué dice y hace ante ello Torre Tagle? Nada. Aparentemente. Al menos, no en la prensa; a no ser esporádicos artículos aparecidos en El Comercio abordando aspectos conexos al litigio como, por ejemplo, el publicado hoy revelando que “Representación de Chile en la ONU ignora litigio en La Haya”.

Según esta nota, el 7 de mayo de 2009 el ex canciller chileno, Mariano Fernández, presentó a nombre de su gobierno un informe a Naciones Unidas sobre la plataforma continental de Chile, “en el que se incluye un mapa de la frontera marítima con el Perú basado en el paralelo”.

El Perú objetó por escrito esta posición, pero la respuesta de Chile fue insólita, pues, no mencionó para nada el litigio en curso ante La Haya.

De manera que se está configurando una situación en la que, por un lado, Chile calla en todos los idiomas su posición de demandado ante organismos internacionales, pero habla hasta por los codos a través de la prensa de su país tratando de ganar a Ecuador como aliado; mientras que Perú enmudece en medios de prensa, pero se mantiene vigilante y activo ante organismos internacionales.

Dos estilos, no sólo diferentes, sino contrapuestos; en las antípodas, como es fácil ver y entender.

Cuestionan derogatoria del D.L. 927

Ex ministros del Gobierno de Alejandro Toledo -Carlos Ferrero y Fausto Alvarado- advierten que gobierno de Alan García comete un error al derogar el D.L. 927 sin criterio técnico-jurídico y sólo como medida política para desprestigiar al gobierno de Toledo, dejando con ello indefensos a la Sociedad y al Estado. Aquí su declaración:

Nuestro rechazo al terrorismo será siempre absoluto. Sus crímenes atroces y el inmenso daño causado sólo merecen el más duro castigo.

Sin embargo esa penalidad tiene que ceñirse a la ley porque la superioridad moral de la Democracia nos obliga a proceder conforme a normas de derecho que nos garanticen vivir en una sociedad segura y ordenada.

1. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que dispuso que el Estado peruano adecúe la legislación antiterrorista de la época de Fujimori, que permitía juicios ante el fuero militar y jueces sin rostro.

Las denuncias de los involucrados fueron rechazadas por el Gobierno desconociendo la jurisdicción de la Corte y despojando a los peruanos de recurrir al fuero internacional.

2. Fundándose en lo dispuesto por la Corte Interamericana y amparados en la Constitución de 1993, cinco mil ciudadanos interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad de esa legislación que sancionaba los delitos de terrorismo.

Dicho Tribunal falló el 3 de Enero del 2003, disponiendo que el Estado peruano adecuará dicha legislación, de tal manera que no violara los convenios internacionales suscritos por anteriores gobiernos y con arreglo a la actual Constitución aprobada durante el gobierno de Fujimori, dando un plazo de 30 días para que entre en vigencia la sentencia.

3. En el caso concreto de los beneficios penitenciarios el Tribunal Constitucional advierte que el Estado no puede establecer beneficios a unos y prohibirlos a otros, dado que significa violar el principio de igualdad señalado en la Constitución, pero que el Estado sí puede graduar tales beneficios según la gravedad del delito. Es decir la violación era por no legislar y regular la materia de manera general, pero no por dejar de concederlos, dado que ello es potestad del Estado que por razones especial y graves, como el caso de terrorismo, puede negarlos (el juez) sin violar la constitución ni los derechos de los condenados por este delito.

4. Si no se expedía una norma legal que otorgara y regulara los beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo, estos demandarían la inaplicabilidad de la norma que los prohibía para sus casos. En tal situación podrían haberse acogido a los demás casos para no terroristas, que estaban legislados en el Código de Procedimientos Penales y el Código de Ejecución Penal que se aplican supletoriamente. Según estos, podrían haber obtenido el beneficio de libertad condicional con solo un tercio de la pena y computársele dos días de trabajo o educación por uno de redención.

5. Esto significaba que todos los terroristas obtenían legalmente la libertad, dado que todos habían cumplido un tercio de la pena. Sin embargo no excarcelarlos también nos ponía fuera de la legalidad. El camino fue regular los beneficios penitenciarios de tal manera que las exigencias fueran mucho mayores: libertad condicional a las tres cuartas partes de la condena y siete por uno como redención de pena. Todo ello supeditado a que se cumplieran una serie de requisitos y además a la voluntad del juez para concederlos.

6. Quiere decir entonces que el Decreto Legislativo 927 no otorgó de manera automática beneficios penitenciarios a terroristas, sino que los condicionaba a la voluntad del Estado, evitando que al negarlos de plano el Estado incurriera en violación de los derechos humanos.

7. Al derogar el D.L 927 sin ningún criterio técnico jurídico, y de manera irresponsable, con la sola intención de conseguir réditos políticos y desprestigiar al gobierno del Dr. Alejandro Toledo, el Gobierno actual ha dejado indefensa a la sociedad y al Estado. En efecto al otorgarlos para todos los demás delincuentes(secuestradores, violadores, extorsionadores, etc) , violan innecesariamente el principio de igualdad y el principio de redención de pena. Además abren para los terroristas la posibilidad de solicitar la inaplicabilidad de la prohibición y por tanto acceder a los beneficios existentes para los demás delincuentes que son menos rigurosos que los establecidos en el Decreto Legislativo 927.

8. El D.L 927 ha estado vigente durante casi 7 años, plazo por demás suficiente para que los detractores de hoy lo hubieran derogado o por lo menos modificado si no estaban de acuerdo. La norma además fue propuesta por una Comisión especial integrada por congresistas, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, FFAA y 3 reconocido juristas. Finalmente el Congreso luego de su publicación no la observó.

CONCLUSION
9. Durante el Gobierno de Toledo se expide el Decreto Legislativo 927 como resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional y para resolver fallas de la legislación dada durante el gobierno de Fujimori.

10. El Decreto Legislativo 927 otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas para resolver el problema planteado por la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto al principio de igualdad y eliminar el peligro de que estos accedan a los beneficios comunes que eran 1/3 de la condena y 2 x 1 de redención; estableciendo en cambio 3/4 de la condena y 7 x 1 de redención. También se estableció la posibilidad de negarlos en caso que el Estado lo estimara conveniente, sin que ello implicara violar derechos constitucionales.

11. Se reitera que la decisión final para hacer valer los beneficios penitenciarios y excarcelar es únicamente del Juez que primeramente debe estudiar el informe del INPE que es indicativo más no obligatorio. No son por tanto el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo quienes toman la decisión. Es facultad exclusiva del juez, y este puede perfectamente negarla si lo estima pertinente, principalmente si a su personal criterio discrecional el condenado no está listo para reinsertarse en la sociedad o si la sociedad no esta en circunstancias de aceptarlo.

12. Finalmente es pertinente dejar constancia que el actual Ministro de Justicia Dr. Víctor García Toma ha declarado en La Republica de hoy que “no piensa” que el Gobierno ( de Toledo) se equivocó.

Lima, 30 de Mayo del 2010.

La Berenson y la larga marcha judicial

El debate en torno al Decreto Legislativo 927 es no sólo complejo, sino integral e involucra, más que la decisión de un gobierno, la participación del Estado en su conjunto, expresado en sus tres poderes. Veamos:

En Enero del 2003, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la legislación antiterrorista. La sentencia (Exp. No. 010-2002-AI/TC) anuló los juicios seguidos al amparo de esa legislación y otorgó un plazo perentorio para que el congreso remplazara esta legislación.

Ante esta situación, el gobierno tenía dos caminos: o acataba el fallo y rehacía la legislación antiterrorista; o desacataba la sentencia y defenestraba a los miembros del Tribunal Constitucional. Decidió, como sabemos, el camino democrático de acatar y hacer cumplir los fallos jurisdiccionales de los organismos que administran justicia.

El ex ministro de Justicia, Fausto Alvarado, recuerda que existía el riesgo de que se produzca la excarcelación de los terroristas o su declaración de presos de conciencia si esto no sucedía, “por lo que el Congreso de la República mediante la Ley 27913 otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, para que en un plazo de 30 días, legislara sobre toda la materia”.

Esta ley establecía que el Poder Ejecutivo crearía una comisión encargada de elaborar las propuestas correspondientes, a la cual se integrarían dos congresistas. Mediante Resolución Suprema 01-2003-JUS del 10 de enero del 2003, publicada al día siguiente, se conformó esta comisión, que quedó integrada por los Ministros de Justicia, Defensa e Interior, los dos representante de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, un representante del Presidente de la Corte Suprema, un representante de la Fiscal de la Nación y tres juristas (Javier de Belaúnde, Jorge Villegas Ratti y César San Martín).

De esta Comisión nació el Decreto Legislativo 927 sobre los beneficios penitenciarios. El dispositivo fue sometido al posterior control parlamentario, y quedó plenamente vigente. La sentencia del Tribunal Constitucional –recordemos- establecía que todo régimen penitenciario “debe tener una regulación que permita motivar la resocialización del interno”.

En el caso de Lori Berenson, su sentencia de cadena perpetua fue anulada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el año 2000, durante el Gobierno de Fujimori. Juzgada nuevamente por el Poder Judicial -con plenas garantías en el proceso-, se le condenó a 20 años de prisión. La Berenson enjuició al Estado peruano por este fallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; y luego esta ante la Corte Interamericana.

“A pesar de las presiones de toda índole que desplegó la defensa de esta ciudadana norteamericana, el Estado Peruano ganó el proceso y quedó firme la sentencia impuesta por un tribunal nacional, declarando que en el Perú si existía una legislación compatible con dichos convenios en materia de derechos humanos”, afirma el ex ministro Alvarado, quien reitera que de no haberse actuado como se hizo “era muy probable que esta persona y muchas otras que su hubieran acogido posteriormente, hubieran obtenido su impunidad y libertad”.

Una cosa muy diferente a lo que sucede hoy con la excarcelación de la Berenson que es el acatamiento de una decisión judicial por cumplimiento de una condena otorgada por un tribunal civil con garantía procesal y en pleno Estado de Derecho. Algo que, por supuesto, los fujimoristas, no entienden ni diferencian.

El hermano de Toledo se defiende

Si el Congreso no fuera la olla de grillos que es; si por un instante hubiera dejado de ser el foso de hienas que es; donde no importa la verdad, sino, la cacería política, habría escuchado a Luis Toledo Manrique, el hermano del Presidente Alejandro Toledo, defenderse más o menos así frente a las acusaciones que se le hacen:

"Señores Congresistas de la República:

Tengan ustedes muy buenos días.

Acudo a este Parlamento de la República en virtud de la invitación cursada por esta comisión, con el ánimo de aclarar el procedimiento administrativo seguido por mi persona, durante largos años, con la finalidad de que se adjudique un terreno eriazo de 45 hectáreas en la zona de Lurín, Lima, con la finalidad de mejorarlo y hacerlo producir en base a mi esfuerzo y trabajo.

Mi historia no es diferente a la de miles de familias pobres del Perú que no tienen tierras ni propiedades y se valen de acciones directas para tomar posesión de un terreno eriazo donde labrarse un futuro.

Con esta idea de trabajar la tierra, volverla productiva y criar animales para subsistencia y comercialización, en 1985 tomé posesión de un terreno eriazo en la zona de Lurín, Lima. No para negocio ni reventa, ni tráfico de tierras; sino para vivir de mi trabajo y del usufructo de la tierra como reconocen las leyes del Perú.

Doce años después, mediante escrito de fecha 25 de Mayo de 1997, mi persona solicitó a la Unidad Agraria de Lima la visación de planos y Memoria Descriptiva de la Parcela Apu ubicada en Lomas de Pucara – Lurín, a 10 km del mar, conforme obra en el Expediente Administrativo.

En dicho escrito señalé que me dedicaba a la crianza de cuyes, conejos, codorniz y actividades agrícolas como el cultivo de tuna y árboles frutales. Actualmente tengo sembrado alfalfa y crío ganado vacuno para comercializar su leche.

Señores Congresistas:

En el año 1997, presenté mi solicitud dirigida al Director de la Unidad Agraria , solicitando se realice la respectiva Inspección Ocular al terreno que habitaba y trabajaba, la misma que se realizó el 13 de Julio 1998, aproximadamente.

Habiendo iniciado dicha gestión y después de dos años de trámite administrativo, se expidió la Resolución Ministerial N.- 513-99-AG de fecha 20 de Julio de 1999, firmada por el entonces Ministro de Agricultura Ing. Belisario de las Casas Piedras.

Esa resolución, Señores Congresistas –repito: de 1999–, resuelve se adjudique dichas hectáreas a mí favor, disponiéndose se otorgue el contrato de compra venta correspondiente.

Posteriormente, en el año 2000 por R.M. N 091-2000-AG de fecha 18 de Febrero del 2000, se deja sin efecto la R.M. N 513-99-AG que me beneficiaba, por una superposición de 5 hectáreas del terreno que se me adjudicó con una concesión minera colindante.

En el 2001 por R.M. N.- 0770-2001-AG de fecha 24 de Julio del 2001, firmada por el entonces Ministro de Agricultura Ing. Carlos Amat y León, se restablece la vigencia de la R.M. N.- 0513-99-AG de fecha 20 de Julio de 1999, que me adjudicó las hectáreas a mi favor.

Es todo cuanto tengo que declarar a esta comisión y con el mayor agrado me encuentro aquí presente en compañía de mi abogado para responder a las preguntas que consideren pertinentes.

Muchas gracias."

Asalto a Cofopri

La historia del organismo de formalización de la propiedad informal (Cofopri), es una historia de Western. Está signada no sólo con el uso y abuso del poder, sino con su asalto a plena luz del día.

Cofopri fue creado en 1996 por Fujimori, como parte de una estrategia elaborada por Hernando de Soto para otorgar a los pobres un instrumento jurídico que le permitiera el reconocimiento del Estado a su inversión predial.

En el Perú, los pobres construyen ellos mismos sus viviendas; y de hecho tienen todos sus ahorros invertidos en ese esfuerzo, pero carecen de títulos de propiedad sobre el terreno.

Fujimori no solo autorizó el diseño de un mecanismo efectivo para poner en valor el activo de los pobres, sino que, engolosinado con el poder, repartía personalmente los títulos de propiedad, dentro de una estrategia más bien clientelista que justiciera.

Los alcaldes, encargados por ley de la planificación urbana, fueron, simplemente, dejados de lado.

Toledo terminó con esta visión presidencialista, autoritaria, del poder y liquidó el Ministerio de la Presidencia, pasando con Cofopri al Ministerio de Justicia, desde donde se formó un equipo que más tarde sería elogiado por el Banco Mundial.

El proceso de titulación seguía al amparo del Poder Ejecutivo, pero la entrega de títulos a la población la hacía directamente los gobiernos locales. El Presidente de la República expresamente estaba impedido de esta función.

En ese momento Cofopri contaba con un directorio y un coordinador nacional que dependía del ministro. Por otro lado, el Programa Especial de Titulación (PETT) se mantenía separado de Cofopri y pertenecía al Sector Agricultura; encargado por tanto del sector rural.

La llegada del gobierno aprista significó un cambio profundo en la administración de Cofopri y en su mecanismo de funcionamiento.

Para empezar, el gobierno de Alan García trasladó Cofopri del Ministerio de Justicia al Ministerio de Vivienda y Construcción -según D.S. 019-2006-Vivienda-, dirigido por entonces por su amigo Hernán Garrido Lecca.

Posteriormente el Decreto Supremo-025-2007-Vivienda, modificó su estructura interna y aprobó su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Cofopri se conviertió en Organismo Público Descentralizado con director ejecutivo, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; pero se le eliminó su directorio, compuesto por profesionales y técnicos encargados de garantizar la transparencia en la formalización de la propiedad informal.

Por otro lado, el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT), encargado de titular los predios rurales, fue absorbido por COFOPRI, fusionando ambos organismos, según DS 005-2007-Vivienda, publicado el 21 de febrero del 2007.

Así, el 28 de junio de 2008, por Decreto Legislativo 1089, Cofopri asumió de manera temporal y excepcional la titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, concentrando todo el poder en el director ejecutivo de la institución. Asimismo, se declaró de “interés nacional” la titulación rural por un periodo de cuatro años, contados a partir del día siguiente de su publicación.

Pero, quizás, el cambio más importante es la Ley 28923, del 8 de diciembre de 2007 que creó el régimen temporal extraordinario en formalización y titulación de predios urbanos, por un periodo de tres años. Luego se prorrogó por dos años adicionales, lo que significa que dicho régimen termina en diciembre de 2012.

A ello habría que sumarle el Decreto Legislativo 1089 del 27 de junio de 2008 que en el marco de las facultades legislativas entregadas por el Congreso al Ejecutivo para adecuar la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, estableció igualmente el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.

La concentración del poder en el director ejecutivo permitió que éste nombrara directamente -y a sola firma- a todos los directores regionales de Cofopri (todos del partido Aprista, dependientes orgánica y partidariamente de Omar Quesada).

La creación de regímenes especiales “temporales” tanto para la titulación de predios urbanos como rurales, buscó simplemente la eliminación de mecanismos de control institucionales que permitieran lucrar, como hemos visto, con la venta de terrenos en distintos puntos del país.

Un plan que ha terminando estallando, producto de las vendettas internas entre los propios compañeros.

Jóvenes firman acuerdo multipartidario

A LA OPINIÓN PUBLICA

En vista de los últimos acontecimientos que ensombrecen el accionar político de nuestro país, los jóvenes representantes de los partidos políticos democráticos, de las universidades y de la sociedad civil nos pronunciamos en defensa de la democracia y el fortalecimiento de los valores que siempre dignifiquen a nuestra sociedad, es así que expresamos al país lo siguiente:

Primero.- REAFIRMAMOS que la fortaleza de la democracia en nuestro país, recae sobre instituciones fuertes y organizadas, sobre todo en partidos políticos consolidados y con actividad partidaria real en cada jurisdicción, siendo los partidos, los interlocutores entre el ciudadano y el servidor público quien lo representa.

Segundo- Los y las jóvenes, nos encontramos trabajando arduamente desde nuestras organizaciones y fuera de ellas para PROMOVER el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones públicas, para que de esta manera nuestro país siga creciendo, es por ello que nos SORPRENDE que de la noche a la mañana, se produzcan acciones que atentan contra este esfuerzo, minando así la esperanza de muchos jóvenes que esperamos un país con más valores y mejores conductas en la política peruana.

Tercero.- RECHAZAMOS TAJANTEMENTE todo acto que dañe la dignidad de la juventud peruana, un ejemplo nefasto por demás es la “prestación” de la inscripción del partido CAMBIO RADICAL, una organización invisible, sin bases organizadas, sin democracia interna, sin liderazgos ni propuestas al país, sin posibilidad de ser fiscalizado, que hoy se OFRECE improvisadamente como vehículo a candidaturas caudillistas y cuestionadas en su quehacer público.

Cuarto.- EXHORTAMOS a los medios de comunicación y demás organizaciones civiles, a sumar esfuerzos y pronunciarnos en defensa del fortalecimiento de los VALORES que siempre deben regir los destinos de nuestro país, por el bienestar y consolidación de nuestra democracia que tanto nos costó recuperar.


Lima, 18 de Mayo del 2010.

“Los jóvenes no permitiremos que se nos robe la esperanza de vivir en un país con ética y valores, por ello rechazamos todo acto que atente la oportunidad de los peruanos de seguir apostando por un sistema plenamente democrático con bases legítimamente representadas. Basta ya de improvisaciones que debilitan lo ya logrado en democracia”.

Perú Posible rechaza acusaciones

PERÚ POSIBLE RECHAZA ACUSACIONES DEL PARTIDO APRISTA SOBRE
IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A LUIS TOLEDO

Perú Posible denuncia la acción desesperada del Partido Aprista que -una vez más- enfila sus baterías contra familiares del presidente Toledo y calumnia descaradamente con la finalidad de distraer a la opinión pública de las graves acusaciones de corrupción que envuelven al gobierno del Sr. Alan García Pérez.

Según la denuncia de los falsos moralizadores, Luis Toledo, hermano del presidente Alejandro Toledo, adquirió irregularmente la propiedad de un predio de 45 hectáreas ubicado en el distrito de Lurín.

La acusación es falsa, burda y malintencionada. Busca confundir los hechos para lavar la cara a los principales dirigentes del partido de gobierno, acusados de ilícitos penales que, con seguridad, se ventilarán en el próximo gobierno.

1. LOS HECHOS

El Sr. Luis Toledo tomó posesión física de dichos terrenos en 1985, durante el primer gobierno del Presidente Alan García.

DOCE años después, en 1997, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se presentó una solicitud de adjudicación del terreno dirigida a la Unidad Agraria Departamental Lima Callao del Ministerio de Agricultura para que se le reconociera, conforme a ley, la posesión de dicho predio.

En 1999, después de dos años de trámite administrativo, el Ministerio de Agricultura expide una Resolución Ministerial incorporando los terrenos eriazos a dominio del Estado, gestionando su inscripción en los Registros Públicos y adjudicando dichas hectáreas a favor del señor Luis Toledo Manrique.

El año 2000, se deja sin efecto dicha resolución por existir superposición sobre 5 hectáreas, detectadas por los Registros Públicos.

Finalmente, el año 2001 Por R.M. Nº 0770-2001-AG de fecha 24 de Julio del 2001, durante el gobierno del Presidente Valentín Paniagua, el Ministro de Agricultura Ing. Belisario de las Casas Piedras, establece la vigencia de la R.M. Nº 0513-99-AG de fecha 20 de Julio de 1999, que adjudicó las 45 Hectáreas a favor de Luis Toledo Manrique.

2. LOS MOTIVOS

El Apra pretende confundir sus “faenones” en Cofopri con trámites de adjudicación de terrenos seguidos en el tiempo, de acuerdo a ley.

Rechazamos la burda maniobra del partido aprista y llamamos a la opinión pública a no dejarse sorprender con denuncias mediáticas que buscan desenfocar la atención de los graves hechos de corrupción que paralizan al gobierno.

Hoy la corrupción es el principal problema del gobierno que percibe la mayoría de ciudadanos. Este nivel de corrupción es generalizado y alcanza hasta la cúpula principal del poder; todo lo cual deberá ser investigado y sancionado en su oportunidad.

Rechazamos la propuesta presidencial de descentralizar el Cofopri. La motivación para ello sería dispersar la información y acervo documentario con la finalidad de que no se investiguen nuevos casos de corrupción. En este tema, por el contrario, demandamos fortalecer este organismo técnico y autónomo y dotarlo de mayor presupuesto con la finalidad de ofrecer garantía jurídica al mercado de formalización de la propiedad.



Lima, 18 de Mayo de 2010.

Gas de Camisea… ¿cómo sea?

Es difícil ver el tema del gas sin la anteojera política. Y más complicado aún, despojar del debate público la fuerte carga de distorsión ideológica que conlleva.

Es muy rentable para ciertos políticos levantar hoy banderas nacionalistas y decir “el gas no se vende”, “el gas debe servir para el desarrollo interno”.

Claro que el gas debe servir para el desarrollo local. Pero lo que callan estos grupos es que no tendríamos hoy molécula alguna de gas si no se hubiera considerado la venta al exterior de una parte de las reservas.

El gasoducto de Las Malvinas hasta Lurín demandó una inversión de alrededor un mil millones de dólares. Y costó el doble levantar la planta de licuefacción de Melchorita.

¿Podía el Estado peruano asumir ese riesgo? Por supuesto que no. Y tampoco un grupo privado solo. Por eso tuvo que intervenir un consorcio internacional para hacerse cargo de tamaña inversión.

¿Iban a venir por nada esos capitales? ¿Podrían el mercado de Cusco y Puno respaldar una inversión de esta envergadura? Probablemente ni en cien años. Es la verdad.

Por eso es que se privilegió el mercado de Lima como la primera etapa de venta del gas y allí están los resultados: empresas de energía eléctrica que cambiaron petróleo por gas, fábricas de vidrio, cementeras, siderúrgicas, gasocentros, taxis, buses que hicieron lo mismo.

Es la paradoja de los recursos naturales. Enterrados no sirven de nada. Y cuando se les extrae, transporta y comercializa –y se transformen en recursos económicos–, por lo general, la zona de origen no disfruta de su beneficio.

Como señala bien el editorial de hoy de El Comercio ¿cómo es posible que niños de Puno mueran de frío, “estando tan cerca de los yacimientos gasíferos que podrían generar fuentes de calefacción”?

El desarrollo generado por la explotación de recursos naturales debe ser para todos. No sólo para las empresas, sino para los todos ciudadanos, especialmente para aquellos lugares donde se encuentra el bien.

Es complicado, sin embargo, admitir que el desarrollo no llega a todos al mismo tiempo. De esta argumentación se valen los que critican el tratamiento que se ha dado al gas de Camisea para levantar sus banderas políticas.

Camisea es obra de cuatro gobiernos. Fujimori que inició la licitación internacional para sacar el gas de la tierra (luego que García I fracasara en su negociación con la Shell), Paniagua que firmó el primer contrato de explotación, Toledo que posibilitó atraes capitales y concretar el proyecto, fijando una parte para la exportación y García II que finalmente exportará el gas y dará inicio a la industria Petroquímica.

¿Ponen en riesgo los contratos de exportación el consumo nacional del gas que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo? De ninguna manera. En primer lugar, nadie pudo prever el crecimiento sostenido de casi 7 por ciento en el periodo 2002-2007. En segundo lugar, de mantenerse este ritmo, y demandar más gas, existen las cláusulas para determinar su emergencia y reorientar su consumo hacia el mercado local. Lo hizo Rusia cuando una ola de frío azoló su país y restringió el suministro a Europa, y lo hizo Argentina cuando cortó los ductos de gas a Chile. El Estado es soberano de sus recursos y ante cualquier situación de emergencia puede ejercer plenamente este derecho.

Toledo asciende en las encuestas

Lima, 13 may (EFE).- El ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) ha ascendido al tercer lugar en la intención de voto para los comicios presidenciales de 2011, tras el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda, y la congresista Keiko Fujimori, según una encuesta nacional difundida hoy en Lima.

El estudio, realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), señala que Toledo desplazó a la cuarta posición al líder nacionalista Ollanta Humala.

Castañeda se mantiene en el primer lugar de las preferencias, con un 24,2% de popularidad, seguido por Keiko Fujimori (hija del ex presidente Alberto Fujimori) con 19,8%, y Toledo, con 13,3 %.

Ollanta Humala se ubica en la cuarta posición, con 11,5%, y en quinta posición aparece el escritor Jaime Bayly, con 5%.

Les siguen el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski con 1,7%, y el candidato del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), aún por designar, con 1,5%.

"(Toledo) viene avanzando progresivamente, al punto que en esta encuesta ya se ubica en el tercer lugar, desplazando a Ollanta Humala. Aquí la gran diferencia se marca básicamente en lo que es el avance de Toledo en provincias, en el interior del país", explicó el gerente general de CPI, Manuel Saavedra, a la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

Toledo subió de 8,2% en las preferencias del sondeo elaborado por CPI en marzo pasado, a 13,3% este mes, mientras que Humala descendió de 12,8% a 11,5%, en el mismo periodo.

La encuesta de CPI también reveló que el 60,2% de los entrevistados rechaza la gestión del presidente peruano, Alan García, principalmente por la corrupción en su entorno, la inflación y el alza de precios de combustible, y la falta de generación de empleo.

El sondeo se realizó entre el 3 y el 11 de mayo, con un margen de error de ±2,7% y un nivel de confianza de 95,5%, según la ficha técnica elaborada por la compañía.

Rebelión en la granja

La resistencia de Omar Quesada a dejar la secretaría general del Apra sólo tiene dos explicaciones posibles: O Alan García la fomenta, como parte de un acuerdo bajo la mesa que en el fondo lo único que buscaba era desplazar y hundir a Jorge Del Castillo; o Quesada y un sector mayoritario del CEN aprista han decidido enfrentar al propio Presidente de la República y desconocer su pedido de remoción de la máxima dirigencia del PAP.

No hay término medio, a no ser que Omar Quesada sea un remedo de Aurelio Pastor.

La primera de las hipótesis indica que el miércoles de la semana pasada Quesada se reunió con Alan García en Palacio de Gobierno y habría llegado al acuerdo que todos vemos. Se va Jorge y se queda Omar.

La segunda sería una auténtica sorpresa y evidenciaría una fractura mayúscula en la cúpula del poder. El Apra, como la mayoría de partidos políticos, es una federación de facciones. Grupos o camarillas de poder que viven en una relación de competencia y acercamiento con el presidente del partido.

En términos absolutos, todos son alanistas, pero, llegado el caso, algunos son más amigos de Alan que del partido.

Y Alan sabe estrimular esta dependencia. El 5 de febrero de 2010 reunió a las principales cabezas de su camarilla en el gobierno y los condecoró con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Oficial. Entre ellos, por supuesto, estaba el director de Cofopri, Omar Quesada.

Resulta pues altamente improbable que Quesada, los cuarentones y compañía se rebelen al poder. No tienen la fuerza, ni las agallas para hacerlo. Y tampoco es que García sea un hombre de fidelidades al cien por ciento.

Si esto es así, ¿estamos ante un Alan García retorcido y maquiavélico, capaz de negociar con Quesada su permanencia en la dirección del partido aún después de las irregularidades punibles destapadas en Cofopri?

¿O sólo estamos ante un Omar Quesada caradura que se aferra al cargo sin que le roce responsabilidad alguna en las escandalosas denuncias que hunden a Cofopri a nivel nacional? ¿Quién nombra entonces a los directores regionales de Cofopri? ¿No son acaso secretarios departamentales del Partido Aprista? ¿No los propone acaso el director de Cofopri?

Sea cual fuere el caso, si el presidente no quiere desplomarse en las encuestas deberá tragarse el sapo, y tendrá que sacar a Quesada de la secretaría general del partido. Lo que es más improbable que haga es retirar la medalla impuesta al ex director de Cofopri.

Para eso, además de autoridad de jefe de Estado, se necesita decencia.

Licencia a la carta

La licencia temporal de Jorge Del Castillo a la Secretaría General del Partido Aprista tiene los visos de un acuerdo en el que el Presidente García –una vez más–, juega para las tribunas.

Del Castillo baja al llano por un tiempo máximo de 45 días, según los estatutos de su partido; tiempo suficiente para calmar las aguas y regresar a su puesto de comando.

García puede demostrar al público que sigue manejando el partido y que su voluntad moralizadora es legítima y se impone aún en la alta dirigencia de la Casa del Pueblo.

Si Del Castillo pensó en algún momento resistirse, rebelarse, decir hasta aquí nomás y recordar y hacer pesar su fidelidad al defender a Alan en su hora más oscura, habrá sido sus cinco segundos de debilidad.

Lo cierto es que ha dado un paso atrás y se ha tragado el sapo de perder momentáneamente y nominalmente la dirección del partido para enfrentar las acusaciones en su contra.

De paso, ha dejado en out side a Omar Quesada que ha pregonado a quien lo quiera escuchar que no renunciará a su cargo partidario. Pamplinas. Quesada está fuera.

La actitud de Del Castillo no es parte del martirologio, esa convicción budista, que ha identificado a los apristas desde las catacumbas.

No. Del Castillo no tiene ese espíritu de hombre resignado a subir al patíbulo.

En su decisión de asumir las órdenes de Alan García tiene que haber algo más grande; algo que merezca redactar una carta en la que le entrega a García momentáneamente su cabeza.

Estamos ante una puesta en escena. García le pide a Jorge que renuncie. Jorge lo complace con una licencia. Y todos felices. Eso, claro, a cambio de que la fiscalía no encuentre nada y en menos de lo que canta un gallo todo vuelve a ser como antes.