Felipillo político

La sucesión democrática se dio, sin sobresalto ni dramatismo; en medio de un ambiente más bien de pasmosa normalidad, como corresponde a un país de desconcertadas gentes.

Aún así, en medio del marasmo político en que nos desenvolvemos, no debe perderse de vista que aquí hubo una bien montada maquinaria conspirativa, delictiva, rampante, para expectorar al presidente del poder.

La estrategia para sacar de palacio al presidente fue producto de esa parte oscura que se encuentra en el ADN humano y que denota nuestro escalón más bajo en la pirámide biológica: la traición.

No en vano Dante en La Divina Comedia la califica como el peor pecado de los hombres y condena a los traidores al noveno círculo, el último espacio del infierno, junto a Lucifer, Judas Iscariote, Bruto y Casio.

El traidor se alimenta del engaño, la zalamería, la sobonería y hasta de la falsa estupidez, para generar la confianza en la víctima y hacerlo creer que es el zorro cuando en realidad es un cándido conejo, sacrificado por la desleal y cobarde conducta delatora del traidor.

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani –el mismo que mintió sobre sus estudios primarios, despidió a su secretaria embarazada y tiene cuentas no pagadas con el Estado– ha pasado a formar parte de esa lista negra, oprobiosa,  de la traición política, cuyas raíces las podemos encontrar en el taimado Felipillo que traicionó a su pueblo para convertirse en vasallo y servil de los colonizadores.

Este neo Felipillo político buscó a sus víctimas. A todas. Una por una. Preparó los instrumentos para grabar y filmar las conversaciones. Rodeó a sus presas, las engatusó y las hizo caer. Ofreció su voto a cambio de granjerías, obras para su pueblo, cuando en realidad solo buscaba emboscar a sus víctimas.

Y lo consiguió. Llegó al parecer hasta al mismísimo Presidente de la República, un hombre desesperado por conseguir votos que hizo mal todo y que, sin embargo, no hizo ni más ni menos de lo que cualquier gobernante hubiera hecho en su lugar: ofrecer el oro y el moro para conservar la cabeza.

¿Actuó solo? ¿Se le ocurrió a él montar este operativo? ¿O hay alguien detrás que maquinó, planificó y ejecutó este protervo plan de infiltrar a un topo para implosionar desde dentro el gobierno?

Si se levantara el secreto de las comunicaciones del congresista y se ordenaran las llamadas, contactos y mensajes, podría probarse la hipótesis de que el susodicho fue solo el instrumento. El brazo ejecutor. El operador. El arma de la traición. Y que el cerebro, con toda seguridad, no está en su cabeza.

Juicio político

Una vez más el país vive en vilo, en la más completa incertidumbre, zozobra y agonía política, ante la inminencia de vacar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral permanente.

Las sucesivas versiones del primer mandatario, sus millonarias cuentas desordenadas y reveladas —aunque no del todo esclarecidas—, su renuencia a no diferenciar lo público de lo privado y la sombra que bordea el conflicto de intereses-, no abonan en su favor.

Pero, ¿es el presidente un incapacitado moral permanente? El Congreso tiene que demostrarlo. No es el presidente el que tiene que demostrar su inocencia. Es el Congreso el que debe probar lo contrario.

La incapacidad moral permanente “declarada por el Congreso” es una de las causales que la Constitución prevé (Art. 113) para expulsar al jefe de Estado del poder. Pero, para ejercer este mandato, el Congreso debe estar a la altura de merecerlo. Debe ser éticamente superior a quien va a sancionar.

Hoy el Congreso puede tener los votos, pero, por lo que vemos a diario, no tiene la capacidad moral para declarar incapaz moral al Presidente Kuczynski. Tiene la ley, pero no la legitimidad moral para sancionar al jefe del Estado.

Si estuviéramos en Estados Unidos, el presidente debería afrontar un proceso de impeachment, sin dudas. Lo acusaría la Cámara de Representantes; el presidente se defendería en el Senado. Aquí la Comisión Lava Jato ni siquiera ha emitido su informe final. Recién la semana pasada lo escuchó.

¿Mintió el presidente Kuczynski en sus sucesivas declaraciones oficiales sobre sus ingresos, tratos con Odebrecht o asesorías vía terceros? ¿Se favoreció Kuczynski durante el tiempo que fue funcionario público con tratos privados de los que sacó ventaja?

¿O solo estamos ante un eximio asesor financiero que negoció con la empresa privada, que dejó de hacerlo cuando asumió responsabilidades públicas y le entregó sus empresas a un tercero, construyó una muralla china, mientras su socio siguió tratando con esas mismas empresas privadas, para terminar ganando dividendos sobre los que no realizó trabajo extra alguno?

He ahí el quid del asunto. ¿Quién debiera probar si hubo delito o no? ¿Este Congreso o la Justicia? 

Parafraseando al gran estadista francés del siglo pasado, Charles De Gaulle, quien sentenciara que la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos; la justicia es un asunto más serio aún para dejarla solo en manos de los políticos. 

Justicia en manos de jueces, puede que tarde. Pero justicia en manos de políticos, no es justicia. Es un juicio político.

Check and (Des)balances

El curso de colisión entre los poderes del Estado es inevitable. Nuevamente una moción de vacancia contra el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, será debatida y votada en pocas semanas.

No importa si hay nuevas causales o si las pruebas de incapacidad moral permanente contra el presidente son incuestionables. La oposición mayoritaria del Congreso tiene los votos para presentar la moción de vacancia y ahora corren las apuestas por ver si tiene los votos para terminar de echar al presidente.

La pieza que faltaba para llegar a la última batalla premunido de todas las defensas era quitarle al presidente el poder –remoto, pero poder al fin y al cabo– que tenía de cerrar el Congreso ante dos gabinetes censurados consecutivamente.

Para quitarse esta espada de Damocles sobre sus cabezas, los congresistas, aprobaron esta semana una interpretación auténtica de los artículos 133 y 134 de la Constitución.

Estos artículos señalan que la facultad presidencial de disolución del Congreso de la República procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales de Gabinete, sea porque el premier plantea cuestión de confianza sobre su gabinete y no se la dan, o lo censuran o renuncia.

Pero ahora resulta que el Congreso interpreta esta facultad y señala que “no se considera que hay “crisis total” del Gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente ni cuando el presidente de la República opte por designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el Gabinete”. Con esta nueva lectura, la censura del Gabinete Zavala no cuenta como la primera crisis total de gabinete.

El congresista Mulder abona en argumentos: “crisis total del Gabinete” es cuando se van todos los ministros”, señala y agrega: “si regresa un ministro no es una crisis, por lo tanto, no entra dentro de las dos posibilidades que tiene el presidente de la República de disolver el Parlamento”.

El razonamiento del congresista Mulder, por decir lo menos, es falaz. La crisis total del gabinete se manifiesta en el momento mismo en que la confianza al Presidente del Consejo de Ministros le es rehusada. En esta etapa todos los ministros, sin excepción, renuncian de manera irrevocable a su cargo.

El gobierno designa a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros, quien junto al Presidente de la República arma el nuevo gabinete. Se trata de un gabinete nuevo, remozado, parchado, o como quiera llamársele, aún cuando algunos de los los responsables de las carteras sean los mismos. Pueden ser las mismas personas pero pertenecen a gabinetes diferentes.

El acto legal que refrenda esta renovación de gabinete es la juramentación y el decreto supremo que se dicta para el nombramiento del ministro. El ministro puede ser la misma persona pero su poder ministerial fenece con la censura o no confianza o renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y se renueva, en otro tiempo o periodo, con la juramentación del nuevo jefe del gobierno.

Lo que ha hecho el Congreso al modificar los artículos 133 y 134 de la Constitución es recortar las facultades del presidente y alterar el check and balances, que existe en todo Estado moderno. El Congreso se cura en salud ante un eventual choque frontal y terminal de poderes, disminuyendo al Ejecutivo y a la vez, borra los límites que deben tener los poderes del Estado para  evitar caer en el abuso y la tiranía, pasando a un peligroso estado de check and (Des)balances.

Tocamos fondo

Las declaraciones de Barata indican que hemos tocado fondo. La clase política peruana –con excepción contada con los dedos de la mano–, ha sido sumida en el fango de la corrupción al confirmarse, por boca del principal corruptor, que recibió dinero sucio para sufragar los gastos de campaña electoral.

5.2 millones de dólares enlodaron las campañas del 2006 y 2011. Es lo que sabemos, hasta ahora. La delación de Barata también revela la participación activa de empresarios en los procesos electorales. Tampoco es algo nuevo. Los empresarios han financiado candidatos desde siempre, haciendo bolsas a favor de uno o en contra de otros.

El problema no es apoyar un candidato, un partido o unas ideas. El problema es esperar una renta futura por hacerlo. Una cosa es donar en defensa de una opción y otra muy distinto es hacerlo para luego cobrar el favor.

Que la Confiep convoque a empresarios para hacer una bolsa e impedir que un candidato llegue a la presidencia, no es delito. Entregar ese dinero a otro candidato para ayudarlo a ser presidente, tampoco. Pero pretender que por esa operación el candidato favorecido (si gana la elección) retribuya a las empresas entregándoles obra pública, sí.

La delgada línea que existe entre ambas formas de entregar dinero en campaña es el verdadero problema. Donación o inversión, he ahí la cuestión.

Hasta el momento la ley no ha servido para evitar cruzar esa brumosa divisoria entre un acto lícito y otro abiertamente delictivo. Los elevados gastos de campaña y de conformación de organizaciones políticas han arrojado a candidatos y partidos a la tentación de recibir donaciones non sanctas para mantenerse en política.

En Estados Unidos, la importancia de las inversiones publicitarias  en televisión hizo que en 1971 se expidiera una ley para establecer límites a las contribuciones privadas a las campañas electorales. El gasto publicitario es el nervio central de las campañas electorales. Si queremos empezar a transparentar las donaciones de privados se debiera empezar por aquí.

Todos somos libres de expresar con libertad nuestro apoyo personal, intelectual, material, logístico o económico a una opción política. Pero se debe hacer con transparencia y honestidad.

En medio de un mar de corrupción que amenaza con desbordarse mantener una conducta y una acción transparente –de individuos e instituciones– contribuirá de todas maneras a formar una ciudadanía responsable y participativa. Quizás sea un esfuerzo descomunal –inútil por momentos–, pero, no importa. No hay lluvia que no empiece, al menos, con una gota.