25 marzo, 2022

Firmar o no firmar

El ex presidente de la República, Francisco Sagasti, acaba de proponer el adelanto de las elecciones generales vía la presentación de una iniciativa ciudadana al Congreso acompañada de 75 mil 600 firmas para modificar la Constitución en dos legislaturas ordinarias más un referéndum.

 

Firmar o no firmar, he ahí el dilema.

 

Es perentorio resolver esta disyuntiva que tiene en vilo a nuestra endeble democracia. Adelantar las elecciones puede ser una consecuencia de una renuncia presidencial, pero ya hemos escuchado al presidente decir en todos los idiomas que no está dispuesto a dar ese paso. 

 

Por otro lado, en el Congreso tenemos un segundo proceso de vacancia en curso y en la Agenda del Día al menos dos mociones de censura a ministros. Este enfrentamiento de los principales poderes del Estado dificulta la gobernabilidad y abre un camino de confrontación abierta, que probablemente se resuelva en la calle. 

 

Firmar es un acto que requiere decisión y valentía. Y de acuerdo con la historia, compromete, muchas veces, la vida.

 

Le pasó al presidente Augusto B. Leguía, el 29 de mayo de 1909, cuando una turba armada al mando de Carlos de Piérola —hermano del califa Nicolás—, y sus hijos Isaías y Amadeo, irrumpió en Palacio de Gobierno.

 

En el asalto al poder mataron a miembros de la guardia —entre ellos al soldado Choquehuanca, del que existe un busto en Palacio— y sacaron a empellones al inquilino de turno, el presidente Leguía.

 

En medio del desconcierto, conminaron al presidente a firmar su rendición y ceder el poder. Pero el presidente se negó.

 

Lo trasladaron entonces a la calle, lo condujeron por un tramo del Jirón de la Unión para conducirlo luego a la Plaza de la Inquisición. Al pie del monumento al libertador Bolívar lo volvieron a presionar exigiendo su capitulación.

 

— ¡No firmo! — exclamó Leguía. 

 

Finalmente, llegó la guardia montada, y tras liquidar a varios de los insurrectos, liberó al presidente quien terminó con los pelos alborotados y manchados de sangre, pero ileso. 

 

Leguía volvió por las mismas calles por donde lo sacaron. Y donde hace unos momentos lo vituperaron, esta vez lo aplaudieron y vitorearon. 

 

El régimen convirtió este pasaje de negación y firmeza en el “Día del Carácter”, que se celebraba cada 29 de mayo. 

 

Firmar es un acto de autenticidad. Una señal única de voluntad. Una declaración expresa de consentimiento. 

 

Obtener 76 mil firmas para adelantar las elecciones no es un problema.  El problema es aprobar la propuesta en el Congreso. 

 

La frase: “Que se vayan todos”, no tiene eco en el parlamento. Aceptémoslo: los congresistas no se quieren ir.

 

Pero volvamos a la historia. 

 

Superada la conspiración golpista contra Leguía, el tiempo pasó. Vino el Gobierno de José Pardo y luego volvió Leguía para quedarse en el oncenio con varias intentonas golpistas de por medio. 

 

Hasta que, finalmente, uno de sus acérrimos rivales, Nicolás de Piérola, murió.

 

Leguía fue al velorio. Carlos de Piérola, el insurrecto de antaño, le alcanzó el libro de condolencias para que lo firmara. 

 

Dicen que Augusto Bernardino sonrió socarronamente, sacó su pluma y dijo:

 

— Esta vez, sí firmo. *

 

 

 

 

 



 

 

* Alzamora, Carlos. Leguía. La historia oculta. Titanium editores. Lima, Perú. Julio, 2013.

19 marzo, 2022

Toma de agua

 

Southern Perú anunció esta semana que paralizaba sus labores debido a que comunidades altoandinas de Torata, en Moquegua, incendiaron diversos tramos de la línea férrea al puerto de Ilo y cerraron el paso del agua de la represa Viña Blanca, que permite las operaciones mineras y abastece por lo menos a 5 mil familias.

 

Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, son las comunidades en pie de lucha contra Southern Perú. Ellas exigen una contraprestación de US$ 5 mil millones y un pago permanente del 5% de las utilidades netas. 

 

Lo que sorporende no son las aspiraciones económicas de la comunidad que han sido siempre materia de controversia en el sector, sino que usen un recurso estratégico vital como el agua para presionar por sus reclamos.

 

El agua nace en las zonas altas de los Andes, discurre por gravedad a lo largo de ríos y valles y termina en el mar. Desde tiempos precolombinos, las comunidades intersectan estas aguas para la agricultura y ganadería. Lo hacen con amunas, qochas y pequeños reservorios que construyen donde hay más concentración de lluvias.

 

El Estado hace lo mismo para fines agrícolas y mineros: represa el agua. Viña Blanca es una de los 743 represas que existen en el país. 442 presas son usadas para riego, y 113 para fines de relave minero (ANA, 2015).

 

Cortar el agua como medida de fuerza es una práctica antigua que tienen las comunidades de las zonas altas, pero de la cual no se tiene reportes específicos. Al menos, no recientemente.

 

Un informe sobre conflictividad social de la Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2014 detectó 539 conflictos sociales, de los cuales 153 (28.3%) estuvieron vinculados a los recursos hídricos. Pero no se específica si como parte de la conflictividad se recurrió a una medida radical como bloquear los accesos de agua.

 

La historia, en cambio, sí registra este antecedente. En las crónicas de Pedro de Sarmiento se cuenta que fue Mama Huaco quien recomendó tomar las cabeceras de agua de las comunidades aledañas al Cusco con la intención de dejar de irrigar sus tierras, disminuir sus fuerzas y conquistarlos. 

 

María Rostworowski encuentra en documentos judiciales de La Colonia el uso de la fuerza y control de las cabeceras de agua, como forma de coacción de las comunidades ubicadas en las partes altas en contra de sus vecinos de las partes bajas. 

 

Es el caso del curaca de Collec, quien sigue un juicio contra los serranos de Cantao del curaca serrano de Guambos y el señor costeño de Jayanca. Los de arriba reclamaban un pago por el uso del agua que nacía en sus tierras y, como los de abajo se negaban, les cerraban el curso del agua. 

 

El control de las bocatomas de agua ubicadas en las partes altas fue, al parecer, un recurso estratégico en los Andes para dominar el territorio o para asentar el poder de una comunidad sobre otra. Y de paso dejar establecido que el uso de los recursos naturales debía pagar un justiprecio. 

 

200 años después, los comuneros de Torata vuelven a tomar medidas extremas como sus antecesores. El cierre de válvulas de la represa Viña Blanca es un acto de fuerza que debe evitarse, porque atenta contra la vida. Cerrar el curso del agua, en este caso, afectó no solo las operaciones mineras, sino también el hospital, las viviendas y a unas 5 mil personas que viven en el campamento minero.

 

 

13 marzo, 2022

Sancionar para educar, no para lucrar

Es hora de frenar las ordenanzas municipales abusivas.

 

Una patrulla de serenos en Chiclayo arremete contra un carretillero de D’onofrio que vende sus helados y golosinas en el damero histórico de la ciudad, lugar que ha quedado prohibido para el comercio ambulatorio, según una ordenanza municipal. 

 

En San Juan de Miraflores, una tienda de abarrotes que apenas consigue obtener ingresos para mantener a una familia de cinco miembros acaba de ser cerrada por la Gerencia de Fiscalización de la municipalidad por haber encontrado extinguidores con la fecha vencida, lo que transgrede un artículo de una ordenanza municipal recientemente publicada.

 

En Miraflores, una grúa perteneciente a una empresa privada que presta servicios a la municipalidad trabaja de sol a sol levantando carros indebidamente estacionados en casi todas las calles que, de un tiempo a esta parte, han sido declaradas zonas rígidas, mediante una severísima ordenanza municipal.

 

Caso similar ocurre en Surco, donde al comienzo se empezó a pintar las bermas de amarillo, pensando que su finalidad era el ornato, pero una vez concluido el trabajo las calles —antes residenciales y con parqueo autorizado— pasaron a ser zonas prohibidas para estacionar, causando no pocos dolores de cabeza a desprevenidos conductores que ven como la grúa se lleva sus carros de las puertas de sus casas.

 

No hay excusa que se resista al poder de la autoridad municipal. Ningún argumento vulnera el principio de autoridad. La ley es dura, pero es la ley. 

 

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), estipula en su Art. 20 que son atribuciones del alcalde “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”, pero de un tiempo a esta parte se defiende más el interés de la municipalidad que el del vecino.

 

No hay reelección municipal. Entramos al último año de gestión. No hay tiempo que perder. Es tiempo de hacer caja. Pague la multa y quéjese después.

 

El mismo artículo de la LOM, inciso 5, dice que el alcalde promulga las ordenanzas y dispone su publicación. He ahí la madre del cordero: los vecinos desconocen estas normas. Los alcaldes y su concejo municipal cambian las ordenanzas y disponen su publicación. Y a partir de aquí se viene el desbarajuste municipal, el atropello de los más elementales derechos de convivencia y razonabilidad. Se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena. Y lo que es peor, la sanción, multa o decomiso no tiene un fin educativo, sino simple y llanamente punitivo.

 

Se debe poner fin a este abuso municipal. La ordenanza no puede ser un instrumento para esquilmar al vecino, al pequeño emprendedor. Sirve para ordenar el comercio, en eso estamos de acuerdo, pero ello demanda un esfuerzo de ambas partes, primero para educar a las partes, no solo hacer caja tercerizando el servicio de fiscalización y trabajando al destajo.

 

Antes de hacer efectiva una sanción —sea multa, decomiso, cierre de local o levantamiento de vehículo— la autoridad debe advertir, formar, enseñar, al vecino imponiendo en primer lugar una multa educativa. Dicha papeleta primeriza debe pasar a una base de datos, dar un tiempo perentorio al vecino para subsanar la observación, y de persistir en la infracción imponer, sí, la multa económica. A la primera, advierto y enseño. A la segunda, multo.

 

Es una reforma que el Congreso puede y debe hacer. Limitar el poder omnímodo de las ordenanzas municipales, incorporando el principio de primera falta como multa educativa. Caso contrario, tendremos alcaldes que, bajo la lógica de ordenar la ciudad e imponer la autoridad, se convierten en pequeños autócratas que modifican las normas con la finalidad de generar flujo económico a costa de los vecinos.

06 marzo, 2022

La guerra llega al espacio exterior

 

La cooperación espacial multinacional —con astronautas estadunidenses, europeos y rusos trabajando en misiones científicas de paz conjuntas— es otra de las víctimas de la invasión rusa a Ucrania. En un sentido no solo metafórico, la guerra ha llegado al espacio exterior.

 

Esta semana se anunciaron medidas que hacen peligrar la continuidad de programas como el ExoMars (ruso-europeo), que debía lanzar una misión a marte en setiembre de este año. O el futuro de la Estación Espacial Internacional (ISS), símbolo de la cooperación entre naciones como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Japón.

 

Moscú también ha tomado represalias ante el durísimo castigo económico que ha recibido de occidente. Cables internacionales señalan que la agencia espacial rusa Roscosmos “decidió suspender sus lanzamientos de Soyuz desde Kourou, en Guayana Francesa, y de repatriar a su equipo de un centenar de ingenieros y técnicos”.

 

No hay lugar en el mundo, ni en el espacio, que no se vea alterado por la guerra.

 

La carrera espacial fue el punto culminante de la Guerra Fría. 

 

En 1957, Rusia orbitó al primer ser vivo en el espacio, la famosa perra Laika. Al año siguiente, Estados Unidos logró con éxito poner en órbita su primer satélite artificial. 

 

En 1961, nuevamente Rusia logró lanzar al espacio al primer ser humano, Yuri Garagarin. Cuatro años después, los rusos lograron colocar una sonda espacial en Venus. 

 

Hasta que, en 1969, Estados Unidos logró la hazaña de colocar al primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, afirmando su delantera en la era espacial.

 

En 1975, ambas potencias simbolizaron los resultados que logra la cooperación internacional al acoplar con éxito las naves Apollo 18 y Soyuz 19.

 

La era espacial moderna, iniciada en los primeros años del siglo XXI, continuó esa ruta de cooperación internacional en el espacio, al que se sumaron nuevos actores como China, Japón e India.

 

Todo hacía suponer que el fin de las tensiones entre las superpotencias en el ámbito espacial habían terminado, hasta hoy.

 

El desarrollo de la Estación Espacial Internacional (ISS) es prueba de ello. Probablemente estemos asistiendo a ver cómo se cae la mayor cooperación tecnológica espacial entre occidente y Rusia.

 

La agencia rusa Roscosmos, que mantenía relaciones comerciales con la francesa Arianespace, anuncio esta semana que “se iba a concentrar en la construcción de satélites militares”. 

 

La guerra, como dijimos, altera todo. En este caso, deja atrás la cooperación con fines científicos y pacíficos expresados en el Tratado del Espacio Exterior aprobado por las Naciones Unidas, que establece los principios generales sobre la investigación, exploración y uso del espacio exterior y cuerpos celestes.

 

En su primer artículo, el tratado señala: “La exploración y el uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, deben realizarse en beneficio e interés de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico o científico, y será de incumbencia de toda la humanidad”.

 

Una inspiración pacifista, sin duda; y, por lo mismo, frágil, como estamos constatando en estos días. Quizás, por eso, el propio tratado no limita el desarrollo de actividades militares en el espacio. Prohíbe sí orbitar cualquier tipo de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares. O colocar bases militares en algún cuerpo celeste, incluida la Luna. Escenarios que, por desgracia, no parecen ya imposibles.