Una vez más se ha puesto en agenda el papel de la Primera Dama en el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Lo que ha causado revuelo es que la señora Nadine Heredia viaje al Brasil a bordo del avión presidencial integrando una delegación oficial en la que también se encuentra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli.
Los críticos del gobierno han saltado
hasta el techo. Cómo es posible, aseguran, que la Primera Dama utilice el avión
presidencial para encabezar una delegación de quince personas al Brasil, sin
ser funcionaria pública y, por tanto, no tener responsabilidad administrativa o
penal por los actos que realice.
En parte tienen razón, pero no deja de ser
una manera superficial e insuficiente de ver las cosas. El problema de fondo no
es sobre el uso del avión presidencial a cargo de la Primera Dama. Este aspecto
ha sido formal y legalmente resuelto con la incorporación de la ministra
Trivelli en la delegación. No hay allí irregularidad alguna.
El avión presidencial es administrado por
la Fuerza Aérea del Perú. Como su nombre lo indica, es una nave al servicio del
jefe de Estado, pero basta que él lo autorice puede destinarse a otro servicio
oficial público, acción cívica o incluso a una acción de carácter social como
fue alguna vez el traslado de la selección peruana de fútbol.
El Boeing
737.500, además, tiene otras ventajas. Es una nave moderna, tiene seis horas de
autonomía de vuelo lo que le permite cruzar el país tres veces de punta a punta
sin recargar combustible. Ninguna otra nave de nuestra fuerza aérea puede
hacerlo. Si el Presidente de la República dispuso que el avión traslade a la
comitiva oficial al Brasil en lugar de que el viaje se realice por vuelo
comercial, es un problema de estilo, no una irregularidad.
El problema que
yo veo es en la función que cumple la Primera Dama. Y no por el hecho de quién
es, sino por la naturaleza de las cosas. El Art. 118 Inc. 11 de la Constitución
señala con claridad que “Corresponde al Presidente de la República dirigir la
política exterior y las relaciones internacionales”. Quien ejecuta esta
política es el Canciller de la República. Si esto es así ¿qué hace la Primera
Dama en una reunión con la Presidenta de un país vecino como el Brasil? ¿Qué
temas de Estado trataron? ¿Puede la Primera Dama reemplazar al Presidente de la
República o al Canciller?
Lo que sabemos es que la presencia de la esposa del presidente Humala obedeció
a una invitación personal que le hizo la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff
para hablar de programas sociales muy exitosos en el país vecino. Eso está muy
bien. Y mejor aún si va la ministra peruana encargada de llevar adelante esas
políticas. ¿Pero qué hacían entonces funcionarios del despacho presidencial en
la comitiva? ¿Acompañaban a la ministra Trivelli o a la señora Nadine?
El gobierno debe ordenarse. No se puede
sombrear a funcionarios de primer nivel como el Presidente y el Canciller en
temas de políticas de Estado. En todo caso, debiera transparentarse las
funciones de la Primera Dama, reabrir su despacho –que cerró el Presidente
García–, asignarle un presupuesto y
nombrarla de una vez funcionaria pública con responsabilidades administrativa,
política y funcional. Y no dejarla despachar desde un rincón de Palacio de
Gobierno, camuflada en un área de Bienestar Social que ha desbordado sus
funciones, gracias al talento, empuje y eficacia de la Primera Dama. Las
críticas pueden venir por haber usado el avión presidencial, pero nadie duda
que estamos ante una política de alto vuelo.
