La violencia desatada en el mercado informal
más grande de la ciudad -La Parada-, emporio de esforzados y madrugadores
trabajadores, emprendedores y comerciantes, pero también nido de ratas,
delincuentes y malhechores de toda laya, debe ser condenada desde todo punto de
vista.
En primer lugar por resistir con violencia a
la autoridad edil.
La Municipalidad de Lima ha centrado sus
esfuerzos en dos temas principales que requieren solución en la ciudad y sobre
los cuales las autoridades locales anteriores parecían haberse rendido: el
transporte público y la comercialización de alimentos.
En ambos casos, la lucha es contra la
costumbre, las mafias organizadas y el lucro proveniente del desorden.
La reubicación del comercio mayorista asentado por años en La Parada es una medida conveniente para Lima. No se puede permitir que mafias informales, acostumbradas a coimear a funcionarios ediles permisivos, se opongan a ordenar y modernizar la ciudad.
La reubicación del comercio mayorista asentado por años en La Parada es una medida conveniente para Lima. No se puede permitir que mafias informales, acostumbradas a coimear a funcionarios ediles permisivos, se opongan a ordenar y modernizar la ciudad.
Pero, además, esta ola de violencia debe ser
condenada por el impacto negativo que genera en el mundo al mostrarnos como un
país que se resiste de manera tribal a la ley, algo difícil de entender en un
país que crece sostenidamente desde hace una década.
Las imágenes de violencia y el ataque a la
policía que hemos observado todos a través de los medios de comunicación no se
condicen con el nivel de desarrollo que estamos alcanzando los peruanos. No
somos salvajes ¿O sí? Un país que crece económicamente debe hacerlo también
socialmente. Y esto pasa por ser respetuoso de la ley y las disposiciones de la
autoridad.
Puede que los brotes de violencia en diversos
mercados de la capital hayan sido rumores convertidos en psicosociales, pero,
al menos, el ocurrido en el Mercado de la Tercera Zona de Collique fue real. Allí
hubo grupo de vándalos aprovechando a río revuelto. De allí la necesidad de que
el gobierno local, pero, sobre todo, el gobierno nacional garanticen la
tranquilidad y seguridad ciudadanas.
Creemos que debe investigarse si existe
alguna conexión entre la ola de violencia desatada y algunos grupos políticos opositores a la alcaldesa
Villarán que vienen siendo procesados por la Justicia. Como señala el comunicado de Perú Posible, en torno al proceso de revocatoria contra Susana Villarán, “existe un
trasfondo político vinculado a la campaña de moralización que viene
desarrollando desde la Municipalidad de Lima”.
La sensación de orden en un país no es como
creen algunos fujimoristas la imposición de la fuerza a través de la guardia de
asalto. El orden empieza con una autoridad que se hace respetar. En este caso,
la autoridad de Lima que ha decidido poner las cosas en su sitio en dos áreas
vitales para la ciudad: el transporte público y la comercialización de
alimentos en los mercados.
Dos espacios donde nos encontramos todos los
ciudadanos de a pie y donde por años se ha aceptado la ley del más fuerte, del
más corrupto y del más violento. La costumbre no genera derechos. Menos si
éstos vulneran derechos ajenos. Es momento de respetar y hacer respetar las
reglas de juego. Y castigar las inconductas sociales y el lumpenismo corrupto que
deben ser conductas del pasado que no tienen cabida en un nuevo orden global,
respetuoso de la ley.
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