Conga es, según el Diccionario de la RAE, “música popular cubana de origen africano”. También la “danza colectiva que se baila al compás de esta música”. Por extensión, conga alude al pequeño tambor que acompaña ese y otros ritmos. En nuestro diccionario político habrá que añadirle otra acepción: proyecto minero que definió el rumbo del gobierno del presidente Humala.
Y es que la música y el baile frenético recién empiezan para este gobierno.
Al definirse en pro del proyecto minero, Humala debe resolver la manera de enfrentar a sus críticos de dentro y de fuera.
Para nadie es un secreto que el sector más resistente a la posibilidad de que ingresos capitales privados es la izquierda radical; la misma que acompañó a Humala y se cobijó como proyecto político en La Gran Transformación.
Humala sabe que sin nuevas inversiones –mineras o de otro tipo, pero inversiones frescas– no tendrá ingresos para hacer realidad su promesa de crecimiento con inclusión social.
De manera que rápidamente deberá poner atención en sus operadores políticos para encarar el conflicto social que, sin duda, vendrá desde Cajamarca.
SI el gobierno cede a la presión social y desiste de llevar adelante el Proyecto Minero Conga de aproximadamente 4,500 millones de dólares, no sólo habrá repetido el modelo García con Tía María, sino que será muy difícil que pueda siquiera avanzar en el cumplimiento de sus objetivos.
Los empresarios jamás se sintieron mejor que con el anuncio presidencial de ir adelante con el megaproyecto minero y de revisar el tema del canon minero. Pero sería irresponsable si es que dejan que toda la responsabilidad de convencer y manejar el asunto Conga en manos del Ejecutivo.
Hay quienes proponen que las comunidades se conviertan en socias del proyecto participando en un porcentaje de las acciones de la empresa. No se debe descartar esta posibilidad.
Pero a la mano tenemos la experiencia del proyecto cuprífero Las Bambas en las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac. En ese proyecto, parte del precio pagado por los derechos de explotación, se convirtieron en un Fondo Fideicomiso con participación de autoridades y comunidades para desarrollar obras de infraestructura y mejoras en las zonas de influencia antes de iniciarse las obras.
La propuesta era sencilla: “inversión minera con responsabilidad ambiental y desarrollo social”.
No se trata, pues, sólo de establecer políticas de información y comunicación “para convencer a los pobladores de la zona”, sino de acciones concretas que permitan a los pobladores ser beneficiarios directos de la llegada del gran capital.
No hacerlo es desconocer las reales necesidades de nuestra población más pobre. Menuda tarea la del presidente Humala de afirmar el rumbo. Si fracasa no sólo se escuchará la conga, sino que empezará el gran rumbón.
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