En estos primeros 120 días de gobierno, Perú Posible considera necesario realizar un análisis de la situación del país a manera de balance preliminar de las principales acciones y decisiones del gobierno del Presidente Ollanta Humala. Lo hacemos con el compromiso que tienen los partidos políticos de participar en el debate nacional con responsabilidad y civismo. Y con una perspectiva de crítica constructiva.
El Perú está inserto en una economía mundial que sufrirá un periodo de crisis en diversos puntos del planeta, como lo estamos viendo en Grecia, Portugal y España.
El escenario económico puede complicarse más si es que China reduce su ritmo de crecimiento y contagia a Estados Unidos en su caída.
Ningún país puede sentirse inmune a los efectos de una crisis económica internacional.
El gobierno debe tomar debida nota de esta realidad cuyos factores exógenos no controla y tomar medidas urgentes como la elaboración de un Plan Anticrisis.
Señales positivas que reconocemos
En estos primeros 120 días de gobierno destacamos el cumplimiento de algunas de las promesas de campaña del presidente Humala: la Ley de Consulta Previa, Ley sobre Regalías e Impuestos al sector minero, aumento del salario mínimo y creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, Pensión 65 y SAMU.
El cumplimiento de estos ofrecimientos electorales es positivo e imprescindible para mantener la confianza de la población.
La aprobación del Presupuesto General de la República en más de 95 mil 500 millones de soles, es también una señal de que el país avanza. En un quinquenio, el país ha duplicado su Presupuesto. Corresponde ahora impulsar la equidad.
Ser eficientes en el gasto público pasa por tener claridad en los objetivos a lograr, en establecer indicadores de base claros para medir resultados y saber si estamos avanzando o no en el cumplimiento de esos objetivos.
Ser eficaces en la inversión social pasa también, por supuesto, por contar con los cuadros técnicos y profesionales que soporten dicha acción gubernamental. Y esto es algo que aún no vemos con la urgencia que tienen los pueblos en que les llegue los beneficios del crecimiento.
No militarizar los conflictos sociales
La decisión presidencial de llevar adelante el proyecto minero Conga y la suspensión de las actividades por la empresa minera, ha generado la primera crisis política social en la presente administración, cuyo resultado definirá el rumbo del gobierno.
La tensión social que se vive es muy grave. Cajamarca está prácticamente paralizada, generando un daño económico a la región. Es imprescindible que el Ejecutivo, la empresa y las comunidades encuentren una salida razonada.
Esta salida, lo hemos dicho con claridad, pasa por establecer una política de diálogo y no de respuesta violenta que repita la reacción indolente del gobierno anterior a los conflictos sociales.
El Perú no soportaría más “baguazos”.
Por esta razón hemos señalado que no se puede militarizar los conflictos sociales.
Las consecuencias de una respuesta militar-policial en general a los conflictos sociales o medioambientales serían funestas para el país.
El verdadero dilema: Vida y oro
La posición agua y oro expresada por el presidente Humala, siendo correcta, resulta insuficiente para explicar la dimensión del problema de la minería y el medioambiente.
Lo que se define en Conga no es sólo el agua y el oro. Agua es vida. Por lo tanto, el conflicto real es entre la vida y el oro.
El Estudio de Impacto Ambiental debe ser revisado y ampliado teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio del Ambiente.
El país necesita generar más ingresos, producto de la inversión privada, pero no a costa de deteriorar de manera irreversible el medioambiente.
Ningún conflicto socio-ambiental puede llegar a tener la dimensión del caso Conga; ni en Cajamarca ni en ninguna región del Perú.
El conflicto entre agua y minería no es nuevo.
Hoy, con el cambio climático y la reducción de las lluvias en las zonas alto altoandinas, éste cobra un cariz más dramático.
Por ello, urge tener alternativas viables para prevenir que ocurran más conflictos socio-ambientales.
Las alternativas deben visibilizar los beneficios de la inversión privada para las comunidades y actores locales, crear confianza entre la población y los proyectos para reducir su aprovechamiento político por agentes externos y facilitar las inversiones tan necesarias para el desarrollo del país.
Una alternativa viable económica, financiera y técnicamente, que proponemos es desarrollar un Programa Nacional de Construcción de Reservorios de Agua en las cabeceras de cuenca.
Los costos de inversión de estos reservorios y del sistema de riego tecnificado para un uso eficiente del agua no superan los 10 mil soles por hectárea.
Y pueden ser financiados con recursos municipales, recursos del canon regional, fondos de las empresas mineras y el FONIPREL, en un esquema que premie la asociación público-privado.
El impacto en prevención de conflictos sociales por el agua sería muy grande, máxime si las empresas mineras y de energía, como parte de su responsabilidad social y antes de la consulta para la licencia social y el inicio de la fase exploratoria, formulan y ejecutan este tipo de trabajo con los municipios distritales y las comunidades, dentro de la futura área de influencia directa del nuevo proyecto.
Otra de las cosas que se pueden hacer es crear un Fondo Fideicomiso para cada uno de los futuros proyectos mineros y/o energéticos manejados por un directorio compuesto por el gobierno nacional, regional, municipal y las comunidades, para que inviertan en infraestructura, salud, educación en las zonas de influencia del proyecto.
No nos ahoguemos en el falso dilema de oro y agua. Hay salidas. Lo que se necesita es voluntad política para llevarlas adelante.
Pugnas y sombras en las altas esferas
Adicionalmente, en poco más de tres meses de gobierno, observamos una fractura de confianza al interior del equipo de asesores presidenciales.
Lo preocupante no es eso, sino, la denuncia sobre interceptaciones telefónicas, hackeo de correos electrónicos y seguimiento, que ha hecho una de las líneas en pugna.
Dichas actividades son censurables desde todo punto de vista y no se condicen con un régimen democrático que respeta la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo por mandato expreso de la ley.
Por el bien de la salud democrática del país esta denuncia debe investigarse y esclarecerse.
De otro lado, la denuncia contra el segundo vicepresidente por supuestos delitos de tráfico de influencias, impacta negativamente al gobierno y le resta credibilidad en la lucha contra la corrupción.
Sobre este último tema es necesario establecer un pacto político contra la corrupción en el que participen el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto . Una manera de empezar a hacerlo es aprobar la Ley de Imprescriptibilidad de la corrupción, actualmente en debate en el Congreso.
Sobre la política de Inclusión Social
Las políticas sociales del nuevo gobierno enfatizan la búsqueda de la inclusión social como la vía para la reducción de la pobreza; cuando en realidad, el enfoque debiera ser al revés: es la reducción de la pobreza uno de los mecanismos para lograr la inclusión social.
Este último enfoque coincide con el que establece la Agenda Social para la Democracia, elaborada por el Foro de ex presidentes de América Latina.
Una diferencia sustantiva que encontramos entre la Agenda Social y las políticas sociales del nuevo gobierno, es que el primero no se reduce a políticas sectoriales focalizadas (Desarrollo e Inclusión social) o universales (Salud o Educación), sino que es un enfoque transversal que se aplica en todas las políticas públicas.
El enfoque sectorial de la inclusión social es una limitación que hubiera podido corregirse si el Gobierno hubiera convocado al Acuerdo Nacional.
Si se quiere reducir realmente la pobreza y lograr la inclusión, se tienen que priorizar acciones concertadas y articuladas de todos los programas focalizados.
El enfoque sectorial del MIDIS puede perder de vista que la pobreza no es una realidad sectorial, sino multisectorial, multinivel y sobre todo territorial.
Proponemos ampliar el enfoque de la inclusión social al conjunto de las políticas públicas (económicas, tributarias, productivas, ambientales y sociales) como lo señala la Agenda Social para la Democracia.
El tema de inclusión va más allá de reducir la pobreza.
Creemos que es importante sostener la creatividad productiva de las personas de menores recursos que, sin estar calificados como pobres, no pueden producir por no tener acceso a la capacitación, a las tecnologías productivas, el financiamiento o los mercados.
Resulta de la mayor importancia definir un nuevo programa de apoyo a las microempresas y a las pequeñas empresas.
El Banco de la Esperanza destinado a proporcionar pequeños créditos supervisados a los emprendedores es, en ese sentido, una alternativa viable para la inclusión productiva.
Tareas pendientes
Quizás la más importante promesa que aún no se ha iniciado es la definición del plan de competitividad del país y la promoción de la inversión directa de capital que aporta tecnologías, empleo y mayor valor agregado.
Se sigue pensando en que Pro Inversión venda lo poco que queda en el Estado y promocione proyectos de infraestructura sin haber aún modificado los términos en que estas inversiones debieran realizarse para mejorar su impacto.
Es por ello importante armar el paquete de políticas necesarias para promover la inversión directa de capital con tecnología que hoy busca mejores plazas donde invertir. En ese sentido, debiera redefinirse la tarea de Pro Inversión para cumplir esta tarea.
La relación con los gobiernos regionales y locales es un problema pendiente.
Se mantienen los problemas de la convocatoria y rol del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Está pendiente qué hacer con la conducción del proceso de descentralización, la integración de regiones, la ley de ordenamiento territorial o la transferencia de recursos del canon ahora amenazados con disminuir por efectos de la ley de impuestos a la minería que permite cargar a los gastos de la empresa algunos impuestos.
Problemas en el horizonte cercano
Temas relacionados a las políticas macroeconómicas anticrisis y de estimulo a la inversión con mayor valor agregado, las medidas anticorrupción, el cambio de los contratos-ley para la minería y energía, el acuerdo energético con Brasil (herencia del gobierno anterior) la inclusión y la Reforma Constitucional pueden generar fuerte discusión y afectar las actuales alianzas dentro del Congreso.
La batalla por aspectos tales como la Consulta Previa y la inversión mediante un Plan de Desarrollo para la Amazonía no ha concluido, recién empiezan y hoy se da al nivel de la reglamentación de esta norma que ya está atrasada en su aplicación.
Puno, por ejemplo, tiene más de 40 solicitudes de consulta previa aún antes de aplicarse la ley.
La puesta en marcha de la revolución educativa y el rol del sector privado en ella, los cambios a los contratos público-privado así como todo el problema medio ambiental, la generación de un acuerdo nacional sobre reglas claras para el procesamiento transparente de la aprobación de los proyectos mineros y de la definición de minería responsable son temas muy importantes que aún no se han definido.
Lucha contra la corrupción
Pero ningún vigor alcanzará a conseguir los objetivos propuestos si es que distraemos esfuerzos y se dilapidan los recursos. Por eso es necesaria una lucha frontal contra la corrupción.
La corrupción es incompatible con cualquier sistema político porque a través de ella se subvierte las reglas del juego político con el objeto de obtener un beneficio no permitido.
En el contexto de la administración pública, provoca impotencia y frustración dado que la práctica corrupta permitida o no sancionada tiende a generalizarse, destrozando un sistema que debe ser eficaz para todos, en un mecanismo que beneficia solo a unos pocos, generando políticas cuantiosas de control, desviando recursos que deberían ser destinados al desarrollo de la sociedad hacia políticas de control y enfrentamiento de la corrupción.
Si las prácticas corruptas forman un sistema, la forma de atacarlas también deben ser a través de una análisis sistémico y no de forma aislada, para que no sea insuficiente a la larga una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero del Estado que bien podría ser utilizado en políticas de desarrollo.
Por esta razón presentaremos a través de nuestra bancada una iniciativa legislativa que crea la Autoridad Nacional contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.
Se trata de una estrategia interinstitucional, coordinada, con una política de prevención y de acción, en la cual participe y se involucre al Estado en forma conjunta con la sociedad que legitime el Estado y devuelva la confianza de los ciudadanos en el juego democrático.
Lo hacemos con el ánimo de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, la confianza ciudadana en el sistema democrático, la confianza ciudadana en la política y la confianza ciudadana en sus líderes.
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