Nadine Heredia es una mujer diferente, de nuestra época, liberada. Le gusta andar en jeans y polos a diario, no es que le disgusten las telas más refinadas y las sesiones de fotos fashion, pero lo que realmente le fascina no es Ripley, sino acompañar a su esposo en las tareas de gobierno.
Quienes han compartido la experiencia de los Humala-Heredia en sus primeros días en Palacio de Gobierno cuentan que la pareja esperaba los despachos con los ministros como dos alumnos aplicados en su primer día de clases. Cada uno con su cuaderno, preguntaban y anotaban todo. Querían saber en detalle la administración de gobierno.
La imagen de ese momento enternecía a más de uno. "Era como si en verdad hubieran asumido que tenían un sentimiento compartido en la responsabilidad de gobernar", me dijo un ex ministro. Una pareja joven que de la noche a la mañana se encontró con el poder y quería hacer bien las cosas; por eso se preparaba y aprendía en fast motion. El que mejor capitalizó estas ansias por conocer de la pareja presidencial el Estado por dentro, fue, sin duda, el ahora ministro de Economía Luis Miguel Castilla.
Lo que preocupó, sin embargo, a los observadores fue comprobar que de las anotaciones del cuaderno se pasó luego a las órdenes cruzadas, al reparto de roles de comando de gobierno y, en algunos casos, a la representación real del ejercicio de gobernar; solicitar información, atender recomendaciones, entrevistar candidatos,enviar mensajes y dictar políticas sectoriales.
El compartimiento de roles de la pareja presidencial no está consagrada en la Constitución. El ejercicio del poder lo detentan los ministros de Estado por una razón fundamental: son responsables de los actos que realizan y firman. Tienen responsabilidad funcional, administrativa y penal.
Las decisiones que se toman en el Gobierno tienen sus reglas y leyes. Estas decisiones corresponden a los funcionarios de Estado. La primera dama, con todo el apoyo y soporte que significa según ha dicho su esposo, es un título honorario. No es un cargo de Estado. Ni siquiera formalmente tiene despacho en Palacio de Gobierno.
Por obra del gobierno anterior, la primera dama no es funcionaria pública. No tiene responsabilidad administrativa ni funcional. Pero, en la práctica, toma decisiones, usa los bienes del Estado, dispone de ellos, ejecuta presupuesto y no responde ante nadie.
No se discute su rol de mujer moderna y socia política de su pareja, co-fundadora del Partido Nacionalista. Ese es un mérito enorme y se le reconoce. Pero los peruanos elegimos a un Presidente, no a una pareja presidencial.
Tenemos una primera dama diferente, hay que reconocerlo. Violeta Correa fue siempre una mujer identificada con los pobres, pero su trabajo fue más de obras de bien social a través de las cocinas familiares. Pilar Nores tuvo que aferrarse a una ONG privada (Sembrando) para poder hacer su trabajo de promover el proyecto de cocinas mejoradas. Eliane Karp acompañó al Presidente Toledo ejerciendo su profesión de antropóloga y realizando trabajos por la inclusión social, principalmente con las comunidades indígenas.
Pero Nadine Heredia ha optado por realizar una obra de proyección social que la lleva, en algunos casos, a disputar el protagonismo de su esposo. Ella moviliza el Estado. Por más que el presidente haya dicho recientemente que quien gobierna es él, ni la propia periodista que lo entrevistó le cree en este punto. Nadine no puede ser vista como copresidenta. Eso no le hace bien en primer lugar al propio presidente Humala.
Para ejercer con transparencia el poder sólo existe un camino: asumir un cargo público y someterse a las exigencias y rigores de la ley que demanda la responsabilidad de administrar el Estado. Ese es el reto de nuestra peculiar primera dama.
28 marzo, 2012
22 marzo, 2012
La Haya define etapa oral en contencioso sobre delimitación marítima con Chile
Nota de Prensa de la Cancillería Peruana N.- 053-12
La Corte Internacional de Justicia decidió que el calendario de trabajo de las audiencias orales del caso sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile será del 3 al 14 de diciembre de 2012.
Las audiencias se iniciarán con la presentación del Agente del Estado peruano, Embajador Allan Wagner el día lunes 3 de diciembre de 2012 a las 15:00 horas (hora de La Haya) para luego continuar con las exposiciones sobre los principales aspectos de la controversia por parte de los juristas integrantes de la delegación peruana hasta el día martes 4 de diciembre. Posteriormente, luego de un día de receso, los días 6 y 7 de diciembre intervendrá la parte chilena. La segunda ronda de intervenciones se realizará con las presentaciones del Perú, el día 11 de diciembre, y Chile, el día 14 de diciembre. Las exposiciones se realizarán en los idiomas oficiales de la Corte: inglés y francés.
Esta etapa del proceso, a diferencia de la fase escrita, es de carácter público y a partir de su inicio podrán ser conocidos, además, los alegatos escritos presentados por ambos países (Memoria, Contramemoria, Réplica y Dúplica), que hasta entonces estarán sometidos a reserva.
El Perú reitera su confianza en los argumentos que sustentan su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, los cuales serán expuestos oralmente ante los magistrados que integran este alto tribunal. En su demanda y alegatos escritos el Perú ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que, ante la inexistencia de un tratado de límites, proceda a delimitar sus espacios marítimos con Chile, a partir del Punto Concordia, de conformidad con lo que establece el Derecho Internacional. Asimismo, el Perú ha pedido a la Corte que reconozca y declare sus derechos sobre el área del Dominio Marítimo peruano que se encuentra dentro de las 200 millas de la costa peruana y más allá de las 200 millas al oeste del litoral chileno.
La solución pacífica de esta controversia contribuirá al objetivo de la política exterior del Perú de consolidar América del Sur como una zona de paz e integración.
Caso relativo a la controversia marítima (Perú c. Chile)
Cronograma para las audiencias orales (Hora de La Haya, Países Bajos)
Diciembre 2012
Primera Ronda
Lunes 3 3 p.m. – 6 p.m.: Apertura de las audiencias orales (Perú)
Martes 4 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Perú)
3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Perú)
Jueves 6 3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Viernes 7 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Chile)
3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Segunda Ronda
Martes 11 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Perú)
3 p.m. – 5 p.m.: Audiencias orales (Perú)
Viernes 14 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Chile)
3 p.m. – 5 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Lima, 22 de marzo de 2012
La Corte Internacional de Justicia decidió que el calendario de trabajo de las audiencias orales del caso sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile será del 3 al 14 de diciembre de 2012.
Las audiencias se iniciarán con la presentación del Agente del Estado peruano, Embajador Allan Wagner el día lunes 3 de diciembre de 2012 a las 15:00 horas (hora de La Haya) para luego continuar con las exposiciones sobre los principales aspectos de la controversia por parte de los juristas integrantes de la delegación peruana hasta el día martes 4 de diciembre. Posteriormente, luego de un día de receso, los días 6 y 7 de diciembre intervendrá la parte chilena. La segunda ronda de intervenciones se realizará con las presentaciones del Perú, el día 11 de diciembre, y Chile, el día 14 de diciembre. Las exposiciones se realizarán en los idiomas oficiales de la Corte: inglés y francés.
Esta etapa del proceso, a diferencia de la fase escrita, es de carácter público y a partir de su inicio podrán ser conocidos, además, los alegatos escritos presentados por ambos países (Memoria, Contramemoria, Réplica y Dúplica), que hasta entonces estarán sometidos a reserva.
El Perú reitera su confianza en los argumentos que sustentan su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, los cuales serán expuestos oralmente ante los magistrados que integran este alto tribunal. En su demanda y alegatos escritos el Perú ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que, ante la inexistencia de un tratado de límites, proceda a delimitar sus espacios marítimos con Chile, a partir del Punto Concordia, de conformidad con lo que establece el Derecho Internacional. Asimismo, el Perú ha pedido a la Corte que reconozca y declare sus derechos sobre el área del Dominio Marítimo peruano que se encuentra dentro de las 200 millas de la costa peruana y más allá de las 200 millas al oeste del litoral chileno.
La solución pacífica de esta controversia contribuirá al objetivo de la política exterior del Perú de consolidar América del Sur como una zona de paz e integración.
Caso relativo a la controversia marítima (Perú c. Chile)
Cronograma para las audiencias orales (Hora de La Haya, Países Bajos)
Diciembre 2012
Primera Ronda
Lunes 3 3 p.m. – 6 p.m.: Apertura de las audiencias orales (Perú)
Martes 4 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Perú)
3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Perú)
Jueves 6 3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Viernes 7 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Chile)
3 p.m. – 6 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Segunda Ronda
Martes 11 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Perú)
3 p.m. – 5 p.m.: Audiencias orales (Perú)
Viernes 14 10 a.m. – 1 p.m.: Audiencias orales (Chile)
3 p.m. – 5 p.m.: Audiencias orales (Chile)
Lima, 22 de marzo de 2012
18 marzo, 2012
Silencio oficial: Quien calla, otorga
El presidente acaba de justificar su silencio sobre el “Caso Antauro” debido a que –afirma– un jefe del Estado se ocupa no de temas familiares, sino de temas de Estado.
Se equivoca el Presidente de la República. La defensa del orden democrático y el castigo a quienes osaron quebrantarla es un tema de Estado.
Por supuesto que es un tema de Estado dar una señal clara para defender la voluntad popular emanada de las urnas.
Es un tema de Estado asegurar la continuidad democrática y no premiar con privilegios a quienes se rebelan contra ella.
Lo que el silencio presidencial está gritando es que para él, el principio de respeto al gobierno democrático es relativo.
El mutis de Palacio está diciendo que un preso condenado por el delito de rebelión puede gozar de ciertas comodidades y –a juzgar por los correos electrónicos revelados – ejercer algún tipo de influencia en el gobierno.
Como ha explicado hoy un agente del INPE al congresista Luis Iberico, estas gollerías han sido otorgadas por los directores de Piedras Gordas por el solo hecho de ser “hermano del Presidente de la República”.
Hay que decirlo claramente. El traslado de Antauro de un penal de máxima seguridad a uno ubicado dentro de un establecimiento militar es un exceso del hermano presidente avalado por el ministro de Justicia y el director del INPE.
Lo que se resiente con el Caso Antaruo es algo más que la popularidad presidencial –6puntos según Ipsos Apoyo–. Lo que se agrieta es la convicción democrática que debe exhibir el régimen. Nunca, como en este caso, quien calla otorga.
Se equivoca el Presidente de la República. La defensa del orden democrático y el castigo a quienes osaron quebrantarla es un tema de Estado.
Por supuesto que es un tema de Estado dar una señal clara para defender la voluntad popular emanada de las urnas.
Es un tema de Estado asegurar la continuidad democrática y no premiar con privilegios a quienes se rebelan contra ella.
Lo que el silencio presidencial está gritando es que para él, el principio de respeto al gobierno democrático es relativo.
El mutis de Palacio está diciendo que un preso condenado por el delito de rebelión puede gozar de ciertas comodidades y –a juzgar por los correos electrónicos revelados – ejercer algún tipo de influencia en el gobierno.
Como ha explicado hoy un agente del INPE al congresista Luis Iberico, estas gollerías han sido otorgadas por los directores de Piedras Gordas por el solo hecho de ser “hermano del Presidente de la República”.
Hay que decirlo claramente. El traslado de Antauro de un penal de máxima seguridad a uno ubicado dentro de un establecimiento militar es un exceso del hermano presidente avalado por el ministro de Justicia y el director del INPE.
Lo que se resiente con el Caso Antaruo es algo más que la popularidad presidencial –6puntos según Ipsos Apoyo–. Lo que se agrieta es la convicción democrática que debe exhibir el régimen. Nunca, como en este caso, quien calla otorga.
17 marzo, 2012
La defensa de la democracia primero
Comunicado de Alianza Parlamentaria - Perú Posible
La Bancada Alianza Parlamentaria (Perú Posible, Acción Popular, Somos Perú y Grupos Regionales), ante los graves acontecimientos ocurridos en torno al cambio de régimen penitenciario del interno Antauro Humala Tasso, y no siendo satisfactoria la presencia del ministro de Justicia y del Jefe del INPE ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, se pronuncia:
1. La democracia es la forma de gobierno y de organización del Estado que libremente elegimos los peruanos. Ser demócrata es respetar la Constitución y la ley, la separación e independencia de los Poderes, la libertad de expresión, los Derechos Humanos.
2. Todo aquel que viola esta forma de convivencia civilizada e insurge en armas contra la democracia es un traidor al sistema democrático. Este es el debate de fondo que no podemos soslayar: Antauro Humala es un golpista.
3. Rechazamos los privilegios del preso Antauro Humala no porque nos parezcan escandalosos –que lo son–, sino por principios. Creemos que es inconcebible que el sistema democrático no castigue ejemplarmente a quien atentó contra él, derramando la sangre de cuatro valerosos policías.
4. No se puede tolerar tratos preferentes para quien olvidó la más elemental regla del sistema democrático: respeto a la voluntad popular emanada de las urnas. Dirigir las armas contra la democracia es un delito grave que debe ser sancionado de manera ejemplar cumpliendo debidamente la pena establecida, sin distinciones de ningún tipo. La ley es igual para todos.
5. Exhortamos al ministro de Justicia y al jefe del INPE a asumir su responsabilidad y disponer de inmediato el traslado del interno Antauro Humala a otro penal que no sea una instalación militar.
Lima, 15 de Marzo de 2012.
La Bancada Alianza Parlamentaria (Perú Posible, Acción Popular, Somos Perú y Grupos Regionales), ante los graves acontecimientos ocurridos en torno al cambio de régimen penitenciario del interno Antauro Humala Tasso, y no siendo satisfactoria la presencia del ministro de Justicia y del Jefe del INPE ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, se pronuncia:
1. La democracia es la forma de gobierno y de organización del Estado que libremente elegimos los peruanos. Ser demócrata es respetar la Constitución y la ley, la separación e independencia de los Poderes, la libertad de expresión, los Derechos Humanos.
2. Todo aquel que viola esta forma de convivencia civilizada e insurge en armas contra la democracia es un traidor al sistema democrático. Este es el debate de fondo que no podemos soslayar: Antauro Humala es un golpista.
3. Rechazamos los privilegios del preso Antauro Humala no porque nos parezcan escandalosos –que lo son–, sino por principios. Creemos que es inconcebible que el sistema democrático no castigue ejemplarmente a quien atentó contra él, derramando la sangre de cuatro valerosos policías.
4. No se puede tolerar tratos preferentes para quien olvidó la más elemental regla del sistema democrático: respeto a la voluntad popular emanada de las urnas. Dirigir las armas contra la democracia es un delito grave que debe ser sancionado de manera ejemplar cumpliendo debidamente la pena establecida, sin distinciones de ningún tipo. La ley es igual para todos.
5. Exhortamos al ministro de Justicia y al jefe del INPE a asumir su responsabilidad y disponer de inmediato el traslado del interno Antauro Humala a otro penal que no sea una instalación militar.
Lima, 15 de Marzo de 2012.
14 marzo, 2012
Antauro, privilegios y decisiones (2)
Hay que volver a insistir sobre el fondo del asunto en el “escándalo Antauro” porque la vorágine mediática fácilmente nos extravía entre iphones, emails y celdas con espejos.
Estamos hablando no de privilegios otorgados u obtenidos con corruptela –ya de por sí escandaloso–, sino, de un gobierno que no otorga el verdadero valor a la esencia misma de la democracia y su defensa.
Este es un gobierno electo por la voluntad popular que privilegia a un preso que intentó socavar a otro gobierno democrático vía un alzamiento armado.
Antauro buscó derrocar al gobierno de Alejandro Toledo. Pasó de ser un conspirador de la democracia a un golpista fracasado, detenido, juzgado y sentenciado.
Conferirle ahora un trato privilegiado, argumentando que existen informes secretos que alertan sobre la seguridad de los padres del presidente, es una excusa que nadie cree.
Empuñar las armas contra la democracia no es un delito menor. Ni siquiera para quien delinque por primera vez. Es un delito grave, extremo, de incalculables consecuencias.
Antauro Humala era consciente que no podría derrocar al gobierno de turno. Lo que buscaba era un baño de sangre. Una respuesta represiva contundente, con decenas de muertos, que pudiera debilitar al entonces gobierno del Presidente Toledo.
No le importaba la gente que ilusamente lo acompañó. Entre sus planes estaba el entregar sus vidas a cambio de configurar una nueva situación política. Buscaba fracturar el régimen democrático.
El Presidente Toledo envío las fuerzas operativas del Estado para sofocar el levantamiento, pero, al final, usó la inteligencia y la astucia policial para convencer a Antauro de que lo mejor era rendirse y entregarse.
No hubo, pues, el esperado baño de sangre a excepción de los policías abatidos por los etnocaceristas.
La democracia no puede ser blandengue para castigar a quienes intentan subvertirla, socavarla, fracturarla o interrumpirla. El delito es mayor cuando un soldado, llamado a defender la Patria y sus valores, vuelve sus armas contra el régimen democrático.
¿Qué prima más? ¿El sentimiento fraternal ante el hermano preso por levantar las armas contra la democracia? ¿O el valor de defender la democracia como representante de ella y soberano de la voluntad popular? Presidente Ollanta Humala, estamos esperando su pronunciamiento.
Estamos hablando no de privilegios otorgados u obtenidos con corruptela –ya de por sí escandaloso–, sino, de un gobierno que no otorga el verdadero valor a la esencia misma de la democracia y su defensa.
Este es un gobierno electo por la voluntad popular que privilegia a un preso que intentó socavar a otro gobierno democrático vía un alzamiento armado.
Antauro buscó derrocar al gobierno de Alejandro Toledo. Pasó de ser un conspirador de la democracia a un golpista fracasado, detenido, juzgado y sentenciado.
Conferirle ahora un trato privilegiado, argumentando que existen informes secretos que alertan sobre la seguridad de los padres del presidente, es una excusa que nadie cree.
Empuñar las armas contra la democracia no es un delito menor. Ni siquiera para quien delinque por primera vez. Es un delito grave, extremo, de incalculables consecuencias.
Antauro Humala era consciente que no podría derrocar al gobierno de turno. Lo que buscaba era un baño de sangre. Una respuesta represiva contundente, con decenas de muertos, que pudiera debilitar al entonces gobierno del Presidente Toledo.
No le importaba la gente que ilusamente lo acompañó. Entre sus planes estaba el entregar sus vidas a cambio de configurar una nueva situación política. Buscaba fracturar el régimen democrático.
El Presidente Toledo envío las fuerzas operativas del Estado para sofocar el levantamiento, pero, al final, usó la inteligencia y la astucia policial para convencer a Antauro de que lo mejor era rendirse y entregarse.
No hubo, pues, el esperado baño de sangre a excepción de los policías abatidos por los etnocaceristas.
La democracia no puede ser blandengue para castigar a quienes intentan subvertirla, socavarla, fracturarla o interrumpirla. El delito es mayor cuando un soldado, llamado a defender la Patria y sus valores, vuelve sus armas contra el régimen democrático.
¿Qué prima más? ¿El sentimiento fraternal ante el hermano preso por levantar las armas contra la democracia? ¿O el valor de defender la democracia como representante de ella y soberano de la voluntad popular? Presidente Ollanta Humala, estamos esperando su pronunciamiento.
05 marzo, 2012
Antauro, privilegios y decisiones
Que el hermano del Presidente de la República haya sido trasladado a un penal especial construido en la Escuela Militar de Chorrillos, no es una decisión que el ministro de Justicia pueda tomar sin consultarlo con el jefe del Estado.
Es una decisión que ha contado con el respaldo, sino con la iniciativa, del más alto nivel.
Pero, como el Presidente no puede ser molestado por temas como este, ni es responsable de actos respaldados por sus ministros, el Congreso debiera llamar de inmediato al ministro Juan Jiménez Mayor, para exigirle las explicaciones del caso.
No basta decir que el interno o sus familiares que lo visitan corren peligro en el Penal de Piedras Gordas, donde, dicho sea de paso, ya gozaba de ciertos privilegios.
El mensaje que se envía a la ciudadanía es no sólo que el Estado es incapaz de ofrecer garantías en penales de máxima seguridad o que existen privilegios para miembros de la familia presidencial, sino algo peor: que los delitos contra la democracia y el Estado de derecho se pagan cómodamente.
Recordemos que Antauro Humala se levantó en armas contra un gobierno democrático. Utilizando fuerzas operativas de combate asaltó una comisaría en Andahuaylas y tomó en rehenes a los policías que la integraban.
Cuatro miembros de la Policía Nacional que defendieron el asalto fueron asesinados en esta acción.
Fue una acción armada, pero no fue una acción militar.
Antauro ya no era militar en ese momento. No le corresponde por tanto una cárcel en un establecimiento militar hecha para militares que cometen delitos de función. Por último, levantarse en armas, no es un delito de función.
El actual presidente –que apoyó en un primer momento la asonada a través de una entrevista concedida a RPP–, tuvo, en su oportunidad, la inteligencia y sabiduría de condenar este hecho y diferenciarse de la locura de su hermano.
Reclamamos ahora el mismo tino, la misma inteligencia. Los delitos comunes deben pagarse en cárceles comunes, sin privilegios para nadie. Así se trate del hermano del Presidente de la República.
Es una decisión que ha contado con el respaldo, sino con la iniciativa, del más alto nivel.
Pero, como el Presidente no puede ser molestado por temas como este, ni es responsable de actos respaldados por sus ministros, el Congreso debiera llamar de inmediato al ministro Juan Jiménez Mayor, para exigirle las explicaciones del caso.
No basta decir que el interno o sus familiares que lo visitan corren peligro en el Penal de Piedras Gordas, donde, dicho sea de paso, ya gozaba de ciertos privilegios.
El mensaje que se envía a la ciudadanía es no sólo que el Estado es incapaz de ofrecer garantías en penales de máxima seguridad o que existen privilegios para miembros de la familia presidencial, sino algo peor: que los delitos contra la democracia y el Estado de derecho se pagan cómodamente.
Recordemos que Antauro Humala se levantó en armas contra un gobierno democrático. Utilizando fuerzas operativas de combate asaltó una comisaría en Andahuaylas y tomó en rehenes a los policías que la integraban.
Cuatro miembros de la Policía Nacional que defendieron el asalto fueron asesinados en esta acción.
Fue una acción armada, pero no fue una acción militar.
Antauro ya no era militar en ese momento. No le corresponde por tanto una cárcel en un establecimiento militar hecha para militares que cometen delitos de función. Por último, levantarse en armas, no es un delito de función.
El actual presidente –que apoyó en un primer momento la asonada a través de una entrevista concedida a RPP–, tuvo, en su oportunidad, la inteligencia y sabiduría de condenar este hecho y diferenciarse de la locura de su hermano.
Reclamamos ahora el mismo tino, la misma inteligencia. Los delitos comunes deben pagarse en cárceles comunes, sin privilegios para nadie. Así se trate del hermano del Presidente de la República.
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