En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.
En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.
Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.
Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.
Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.
Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?
El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.
Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.
Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.
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