La descentralización es un proceso irreversible. No debe
detenerse, ni retroceder. Por el contrario, debiera mejorarse, ajustarse,
reimpulsarse. Necesita redireccionarse.
No hay reforma más importante que se haya realizado en
democracia, que la descentralización. Hasta antes del 2002, se larvó en Perú un
Estado centralista, arcaico, burocrático. En buena parte sigue siéndolo, pero
cada vez menos.
Los casos de corrupción en los gobiernos regionales son una
amenaza seria para el proceso de descentralización. Podría incluso revivir el manejo centralista del
Estado.
La mitad de los gobernadores regionales en problemas con la
justicia. Obras paralizadas por pago de coimas en licitaciones y concursos. 700
en todo el país –según la Contraloría–, por un valor de 4.500 millones de soles.
A primera vista parece que la descentralización lo único que ha
descentralizado es la corrupción.
Pero no es así. Aquí lo que ha pasado es que el gobierno
nacional deshizo el mecanismo institucional necesario para monitorear el
proceso.
El gobierno del Presidente Toledo dejó una arquitectura legal
que consideraba la transferencia gradual de competencias. Instituyó una
instancia de coordinación –El Consejo Nacional de Descentralización–, que el
siguiente gobierno simplemente eliminó. Y el actual no restituyó.
En lugar del CND se creó una Secretaría de Descentralización, de tercer
nivel, sin autonomía técnico-funcional ni político-administrativa.
Se confundió autonomía con autarquía. Y se transfirió recursos
sin mejorar las competencias y capacidades. Los gobiernos regionales avanzaron
en mejorar sus presupuestos, pero no su capacidad de gasto.
Hoy los gobernadores regionales no se reúnen con regularidad con el Presidente de la
República. El jefe del Estado no despacha con los representantes de los
gobiernos subnacionales para monitorear planes de desarrollo u obras de
envergadura que exceden el ámbito regional.
El Presidente trabaja con sus ministros, sectorialmente; pero
no lo hace regionalmente con los gobernadores. No existe ese nivel de
coordinación nacional-subnacional. Con excepción, claro de los Consejos de
Ministros Descentralizados, modalidad que inició el Presidente Toledo en su gobierno.
Se requiere continuidad en las coordinaciones. Regularidad. Obligatoriedad.
Quizás sea necesario que así como se tiene a la CIAEF para
articular las políticas económicas y financieras y a la CIAS para coordinar la
política social, se cree un mecanismo de coordinación entre el presidente y los
gobiernos subnacionales, que podría ser una Comisión Nacional de Asuntos Regionales
(CIAR), o restituir el Consejo Nacional de Descentralización con los mismos
fines.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene una instancia que podría cumplir ese objetivo: el Consejo de Coordinación
Intergubernamental (CCI), en el que participan los presidentes regionales y una
representación de alcaldes, (LOPE Art.
19. Inc. 13). Está a cargo del
Aquí lo que requiere es el liderazgo del Presidente de la
República. Es el jefe de Estado quien debe redireccionar el proceso de
descentralización. Y dejar que la PCM o un nuevo CND ejecute un programa
nacional de fortalecimiento de capacidades.
La descentralización no es un fin en sí mismo; es un mecanismo
para llegar al ciudadano. Construir el Estado con rostro humano es un proceso
impostergable. No hay vuelta atrás en el deseo de llegar con calidad, eficacia y
eficiencia al ciudadano. Y ese mecanismo es la descentralización, anhelo de los
pueblos desde la fundación de la República.
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