La Contraloría General de la República que dirige Nelson Shack ha iniciado un cambio, acaso una revolución, y antes de que lo perdamos —como dijo el premier Del Solar en el Congreso—, ha echado mano al bono demográfico, el bono joven.
El contralor ha realizado una convocatoria para captar 10,598 jóvenes voluntarios que colaboren en la supervisión y monitoreo de 5,454 obras públicas contenidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.
Pero, además, ha anunciado que tomará autoridad de las Oficinas de Control Interno de las municipalidades para convertirlas en unidades profesionales y operativas que no dependan del alcalde, sino de la propia Contraloría en la que participen, debidamente contratados, abogados, auditores, ingenieros, economistas.
Es una manera espectacular de apostar por los jóvenes. Y por el cambio. Por hacer las cosas de manera diferente. Apelando a la mística que tienen los chicos y chicas por colaborar con su país en actividades concretas de lucha contra la corrupción.
Me hace recordar a una propuesta que hice hace varios años, para crear el Servicio Civil Universitario, un sistema remunerado de participación de nuestros jóvenes bachilleres para trabajar en las comunidades más necesitadas del país.
El sistema permitía a jóvenes universitarios aplicar sus conocimientos en las comunidades más necesitadas de las zonas urbano marginales y/o rurales del país. La idea tenía un doble impacto. Por un lado, los profesionales conocerían mejor su país y tendrían además la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas en la realidad; y por otro, nuestra gente pobre aprovecharía los conocimientos de sus mejores hijos y mejorarían su calidad de vida.
El Servicio Civil Universitario para todas las profesiones sería emprender una verdadera reforma universitaria, vinculando a jóvenes profesionales egresados de todas las carreras profesionales. Miles de jóvenes profesionales egresados de las universidades públicas y privadas se incorporarían rápidamente a trabajar con las comunidades campesinas, organizaciones rurales, barriales y juveniles, pero también con las municipalidades o gobiernos regionales, para asesorar técnicamente a poblaciones pobres del campo y de las ciudades. O, como ahora, ayudar al contralor general a luchar contra la corrupción.
El sistema de movilización y participación universitaria se aplica en México, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otros países de la región. En nuestro país existe el Servicio Rural Médico (SERUM) para los estudiantes de Medicina y el Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) para los estudiantes de Derecho. La convocatoria de la Contraloría demuestra que se necesitaba ampliar el sistema otras carreras profesionales.
Los bachilleres en Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Civil, por ejemplo, podrían trabajar con los asentamientos humanos de Lima a través de los gobiernos locales o regionales o ayudando a formar Núcleos Ejecutores para desarrollar proyectos en habilitación urbana, titulación, mejoras en autoconstrucción de casas, escuelas, cunas, calles o lozas deportivas.
Los administradores o economistas podrían asesorar a las poblaciones de escasos recursos en cómo obtener un título de propiedad, cómo abrir un negocio, alquilar un bien o constituir una empresa. Los abogados, en reclamos de pensiones, juicio de alimentos o procedimiento legal frente a actos de violencia familiar.
Los educadores, los trabajadores sociales, los comunicadores se integrarían a proyectos locales de reforzamiento escolar, alfabetización, preparación pre-universitaria, clubes de lectura, talleres de ciencia o enseñanza del idioma inglés. Los politólogos podrían ayudar a las organizaciones locales o regionales a diseñar mejores políticas públicas.
En el campo, operarían equipos multidisciplinarios de ingenieros agrícolas, zootecnistas, industriales, nutricionistas, profesionales de cocina, administradores en hotelería y turismo, etc., para ayudar a los pobladores de las zonas más pobres a poner en valor sus activos culturales, agropecuarios, ecológicos.
Los jóvenes esperan sólo la oportunidad de ser útiles. La fuerza de voluntariado existe. Y la necesidad de trabajar también. El Servicio Civil Universitario no sería oneroso para el Estado. En el Perú existen unos 780 mil estudiantes universitarios, de los cuales, 50 mil terminan cada año su carrera. En una primera etapa se podría convocar a 20 mil estudiantes. Si se les paga 1,200 soles a cada uno de ellos, sería 288 millones de soles anuales, menos de la cuarta parte de lo que pagará el gobierno este año en consultorías.
El Perú es un país joven en edad. Pero si no hacemos algo ahora, corremos el riesgo de que en pocos años, como advirtió bien el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, citando un informe de la CEPAL, el Perú y América Latina perderá el bono demográfico.
Apostemos por los jóvenes. ¿Qué tal si empezamos por aquilatar la idea del contralor —podríamos hacer un esfuerzo por transformar la medida de voluntaria a remunerada— y la convertimos en una política de Estado, en honor a los jóvenes del Perú Bicentenario?
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