Juego de Tonos

El ejecutivo y el legislativo han elevado sus decibeles.

Esta semana, ambos poderes del Estado cruzaron declaraciones altisonantes, estridentes, de uno y otro lado, al punto de volver a zumbar en la opinión pública el cierre o disolución del Congreso.

A todas luces, un diálogo de sordos. Un fracaso más de la política, entendida como diálogo y construcción; y más bien un punto a favor del espíritu de confrontación y ataque.

El quid del asunto es la reforma política. Un conjunto de 12 proyectos elaborados por una comisión de expertos a pedido del ejecutivo que el Congreso ha decidido entrampar, cuando no fondear, en el tacho de basura.

El primer despojo fue el proyecto que buscaba arrebatar la inmunidad parlamentaria para entregarla a la Corte Suprema. Un proyecto atractivo para el pueblo —siempre opuesto al Congreso—, pero imposible para una representación encabritada, arisca, mayoritariamente opositora como la que tenemos.

En lugar de persuadir y trabajar los votos para la aprobación de la reforma, el gobierno prefirió la pechada al Congreso y la denuncia a la opinión pública.

Pero, ¿es realmente la inmunidad parlamentaria la principal de las reformas o acaso el principal problema del país? Ni uno ni otro. Es más bien un estilete contra la autonomía legislativa. 

El castigo a los congresistas por demorar, entrampar o encubrir a un colega en problemas con la justicia, se paga en las urnas. 

La inmunidad legislativa es un principio del equilibrio de poderes. Tiene su origen en el abuso de cualquiera de los otros poderes. Permite a los congresistas actuar sin una espada de Damocles sobre sus cabezas.

Es cierto también que hay un abuso de parte de los representantes ante el pedido de la justicia de levantamiento de su inmunidad por delitos que no son inherentes a su función pública o, mejor dicho, por delitos abiertamente comunes.

En ese caso, una buena salida es colocar un plazo prudente para hacer efectivo el requerimiento judicial y aplicar el silencio administrativo positivo. Si el Congreso no resuelve el pedido de la justicia en el plazo previsto; la justicia, procede en consecuencia.

Nada se consigue elevando el tono de la disputa entre poderes. Más bien, el ruido que genera la disonancia, acompañada de estridencia, preocupa a la sociedad y desalienta la economía. Modulemos, pues, el debate.

Pisco: sana competencia

Hay consenso en diversificar la producción como mecanismo para mejorar la canasta exportadora y dejar de ser una economía primario exportadora. Lo que se discute es el cómo. Los Centros de Innovación Tecnológica son un modelo para, desde el Estado, ayudar a los pequeños productores a mejorar sus productos, estandarizar los procesos de producción, dinamizar su comercialización y potenciar su participación en el mercado interno como externo. 

Hemos tenido, sin embargo, desde el propio gobierno, en diferentes etapas, experiencias que han apoyado estas iniciativas y otras que las han relativizado y hasta desincentivado. El argumento para no apoyar los CITE ha sido producto de la visión ortodoxa de la economía que indica que el Estado debe abstenerse de cualquier actividad productiva que signifique competencia desleal a las inicitivas privadas.

¿Pero puede calificarse de competencia desleal la transferencia tecnológica que genera el CITE Agroindustrial Ica (CAI) para cientos de pequeños productores que sin tener tierras ni bodegas se atreven a procesar Pisco de calidad en las  instalaciones del CAI?

Inaugurado en abril de 2002, el entonces CITE Vid Ica tenía 4 técnicos especialistas en manejo de la uva y procesamiento del Pisco. Desde entonces, su labor fue investigar, promover mejoras y prestar asistencia técnica a toda la cadena de producción de Pisco; desde la siembra de la uva y manejo de suelos y plagas, hasta la cosecha, post cosecha y fabricación del destilado de uva.

A lo largo de estos 17 años de existencia el ahora CITE Agroindustrial Ica logró asesorar e incubar 118 exitosas empresas productoras y exportadoras de Pisco, y formó y capacitó a más de un centenar de pequeños productores, quienes, en conjunto, han elaborado más de 500 mil litros del mejor destilado de uva.

El CAI no es competencia para las grandes bodegas productoras de Pisco. No puede serlo con sus menos de 50 mil litros/año que produce en un mercado que registra una producción anual entre 6 y 10 millones de litros de Pisco. 

Hoy, este centro de innovación tecnológico tiene 40 técnicos de primer nivel expertos en diferentes rubros agrícolas —no solo uva—, que desarrollan investigación y asesoramiento en control de plagas, desarrollo y manejo de cultivos, procesamiento y transformación industrial de diversos productos agrícolas.

El CAI no es competencia desleal. Su servicio está a disposición de todos, pequeños, medianos y grandes productores. Los laboratorios del CAI, en todo caso, compiten con los laboratorios privados de las grandes bodegas en exigencia y búsqueda de calidad. Y este tipo de competencia es bueno, porque exige a todos los productores a innovar, renovar. Incentiva a mejorar.

La transferencia tecnológica del CAI es por tres años para cualquier productor. El primer año es de aprendizaje, el segundo de consolidación y el tercero de expansión. Así hemos pasado de 16 marcas más o menos reconocidas que habían hace 20 años a casi 400 que existen ahora. 

Esta semana, el renovado CAI fue visitado por el fundador presidente de USIL, Raúl Diez Canseco Terry, su creador, en el marco del Récord Guinness alcanzado con la degustación de Pisco más grande del mundo. 899 degustadores reunidos en un mismo lugar para probar tres tipos de Pisco. Es la manera de incentivar el consumo del Pisco y llevarlo más allá de nuestras fronteras: Innovar, probar, competir, promover. Hay que incentivar la competencia, no desalentarla. ¡Salud!