El ejecutivo y el legislativo han elevado sus decibeles.
Esta semana, ambos poderes del Estado cruzaron declaraciones altisonantes, estridentes, de uno y otro lado, al punto de volver a zumbar en la opinión pública el cierre o disolución del Congreso.
A todas luces, un diálogo de sordos. Un fracaso más de la política, entendida como diálogo y construcción; y más bien un punto a favor del espíritu de confrontación y ataque.
El quid del asunto es la reforma política. Un conjunto de 12 proyectos elaborados por una comisión de expertos a pedido del ejecutivo que el Congreso ha decidido entrampar, cuando no fondear, en el tacho de basura.
El primer despojo fue el proyecto que buscaba arrebatar la inmunidad parlamentaria para entregarla a la Corte Suprema. Un proyecto atractivo para el pueblo —siempre opuesto al Congreso—, pero imposible para una representación encabritada, arisca, mayoritariamente opositora como la que tenemos.
En lugar de persuadir y trabajar los votos para la aprobación de la reforma, el gobierno prefirió la pechada al Congreso y la denuncia a la opinión pública.
Pero, ¿es realmente la inmunidad parlamentaria la principal de las reformas o acaso el principal problema del país? Ni uno ni otro. Es más bien un estilete contra la autonomía legislativa.
El castigo a los congresistas por demorar, entrampar o encubrir a un colega en problemas con la justicia, se paga en las urnas.
La inmunidad legislativa es un principio del equilibrio de poderes. Tiene su origen en el abuso de cualquiera de los otros poderes. Permite a los congresistas actuar sin una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Es cierto también que hay un abuso de parte de los representantes ante el pedido de la justicia de levantamiento de su inmunidad por delitos que no son inherentes a su función pública o, mejor dicho, por delitos abiertamente comunes.
En ese caso, una buena salida es colocar un plazo prudente para hacer efectivo el requerimiento judicial y aplicar el silencio administrativo positivo. Si el Congreso no resuelve el pedido de la justicia en el plazo previsto; la justicia, procede en consecuencia.
Nada se consigue elevando el tono de la disputa entre poderes. Más bien, el ruido que genera la disonancia, acompañada de estridencia, preocupa a la sociedad y desalienta la economía. Modulemos, pues, el debate.
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