La renuncia de
Pablo de la Flor a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), es una
mala noticia para el gobierno. Es no solo una baja personal, de un técnico con
experiencia en el sector público y privado, es también el fin de un modelo de
gestión: una instancia de coordinación, sin manejo presupuestal.
La ARCC fue
pensada como un ente facilitador entre los tres poderes de gobierno (local,
regional y nacional), con equipos de gerencia incluidos para ayudar a
identificar, elaborar, adjudicar y supervisar proyectos de reconstrucción, pero
sin capacidad operativa en cortar directamente el jamón.
Al carecer de
manejo presupuestal, Pablo de la Flor se convirtió en un funcionario negociador
—sin responsabilidad administrativa ni penal—, que acompañaba a alcaldes,
gobernadores locales y ministros a orientar e impulsar el uso de recursos para
proyectos de reconstrucción previamente identificados.
El plan de
reconstrucción asignado en el Presupuesto General de la República 2018 fue de 9
mil millones de soles (1,2% del PBI). Otros cálculos, sin embargo, estimaban que
los gastos bordearían los 20 mil millones de soles. Para tener una idea de la
magnitud de la cifra, el presupuesto 2018 para Salud es algo más de 16 mil millones
de soles y el de Educación 27 mil millones de soles.
Solo en la
primera fase que debía ejecutarse este año, se detectaron más de 10 mil
proyectos en el norte del país. El propio De la Flor señaló que para proyectos
urgentes se aprobó 1 mil 900 millones. De estos, 1 mil 240 millones fueron a
diversos entes ejecutores, como el Ministerio de Agricultura, gobiernos
regionales y algunos gobiernos provinciales.
Así, la
capacidad de gasto que requería el proceso de reconstrucción era —y es—
monumental. Cumplir con los parámetros de gestión: celeridad y transparencia, demanda
no solo un ente facilitador, sino ejecutor.
Y una Contraloría
General de la República mucho más expeditiva. Y aquí también hubo un escollo difícil de remontar.
Procesos para licitar la construcción de diques en Piura y carreteras en la
Libertad fueron observados y anulados por la Contraloría.
Los gobiernos
regionales se mostraron incapaces de armar procesos libres de sospecha de
corrupción. Esto motivó las declaraciones de Pablo de la Flor en el sentido que:
"el principal obstáculo son las capacidades instaladas en los gobiernos regionales
y locales que supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción".
Sin capacidad
de actuar como una unidad ejecutora, sino como un ente coordinador, la realización
de los proyectos dependía enteramente de los órganos de gestión: municipalidades,
gobiernos regionales y ministerios. Es decir, los mismos entes que no pueden
con sus propios presupuestos.
La renuncia de
Pablo de la Flor es una buena oportunidad para revisar no solo quien lo
reemplaza, sino el modelo de entidad que debe encargarse de acelerar el proceso
de reconstrucción.
Reconstrucción
con cambio, sí, pero con cambio de modelo.
