Caso Chehade: ruidos y nueces

¿Se exagera cuando se dice que el Congreso ha blindado la corrupción al rechazar por 13 votos a 12 el informe de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales contra el congresista y renunciante segundo vicepresidente Omar Chehade? Veamos:

Por haber organizado una cena con generales de la Policía Nacional para supuestamente favorecer intereses de terceros vinculados al desalojo de la Ex Cooperativa Azucarera Andahuasi, a Chehade se le investigó en dos instancias del Congreso: la Comisión de Ética y la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

En la primera se le sancionó con la pena máxima de 120 días de suspensión. En la segunda, se configuraron cuatro delitos, pero, al final, sólo se mantuvo uno: Patrocinio ilegal. En el camino se cayeron cohecho, colusión ilegal y tráfico de influencias.

Si bien lo que se investiga en la Comisión de Ética es de naturaleza distinta a lo que se investiga en al Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales; el acusado y el caso analizado es el mismo.

En la Comisión de Ética se juzga la conducta del congresista. En la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales se analizan los hechos y sobre todo se verifican y juzgan pruebas o indicios.

En una se juzgan conductas y en la otra se configuran y analizan delitos. Una es de carácter ético, moral y la otra es de naturaleza más jurídica. Pero ambas tienen una raíz política, esencia del foro representativo. Y como tal, sujeto a pasiones.

Chehade ha sido sancionado políticamente. Sea que lo presionaron o sea que quiso amenguar su castigo, renunció a la vicepresidencia y eso lo perseguirá a lo largo de su carrera política.

Un aspecto clave de la investigación es que no se pudo probar que haya existido por parte del denunciado, la solicitud de desalojo en Andahuasi. No lo dijo así taxativa y directamente. El tema se habló; pero no hubo orden expresa. Así lo señalan las declaraciones de los tres generales involucrados en el caso: Salazar, Gamarra y el propio General Arteta.

Por el contrario, los tres generales en declaraciones tanto a nivel parlamentario (Comisión de Fiscalización, Comisión de Ética y Sub. Comisión de Acusaciones Constitucionales), como en sus declaraciones a los medios periodísticos coinciden en el sentido, de que en ningún momento el Congresista Chehade solicitó apoyo para el desalojo de Andahuasi.

Se buscaba, además, desaforarlo e inhabilitarlo políticamente por cinco años por infracción constitucional al Artículo 38. El aspecto más débil de la denuncia.

Este artículo, de carácter genérico, descriptivo, declarativo, no está considerado como precepto pasible de ser vulnerado, tal como lo señala la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03593-2006-AA/TT, F.J.8 (caso Luz Salgado), en la cual el referido órgano de control constitucional ha señalado un “listado” de casos en lo que es posible advertir una vulneración del texto constitucional, como son los artículos 92º y 126º.

En conclusión, una figura de patrocinio ilegal forzada y una débil acusación por infracción constitucional. Estos son hechos, no pareceres. Son realidades, no criterios de conciencia. Los delitos tienen que configurarse. No es lo que a uno le parece, sino el análisis objetivo de los hechos. ¿Por qué entonces la grita mediática si son pocas las nueces?