Toledo y las FF. AA. : Ataque y Defensa

Cada cierto tiempo, el gobierno de Alejandro Toledo recibe dos ataques: 1) Que disminuyó el presupuesto de las Fuerzas Armadas con lo cual se bajó la guardia en la lucha antiterrorista y 2) Que liberó a terroristas.Quienes sostienen estas falacias son siempre los mismos: dirigentes ligados al fujimorismo y/o ex miembros de las Fuerzas Armadas que se sometieron a la cúpula de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

Debemos aclarar ambas cosas porque forman parte de un mismo objetivo: demostrar que el gobierno de Toledo fue débil ante el terrorismo al tiempo que se busca reforzar la idea de que fue el gobierno de Fujimori  el que “derrotó” la subversión. Una conversación con el general Roberto Chiabra permite aclarar y explicar este tema.

El antecedente histórico precisa que después del gobierno militar de los setenta ningún gobierno realizó en serio un programa de reposición de armamento defensivo en las Fuerzas Armadas. Las últimas compras importantes datan de esa época, principalmente de origen ruso. En la mitad de los ochenta, Alan García, unilateralmente, decidió no comprar 12 aviones Miragges, elemento ofensivo que hubiera resultado decisivo en los noventa cuando Ecuador nos invadió.

En  1991 –en pleno gobierno de Fujimori– se produjo el incidente con el Ecuador en el Cusumasa-Bumbuiza, lo que nos obligó a firmar el Pacto de Caballeros (Torres y Torres Lara). Meses después de este problema, el comandante general del Ejército Gral. Torres Aciego, dirigió una carta al ministro de Economía, Carlos Boloña, solicitando presupuesto para renovación de equipo militar. Nunca respondió.

Para entonces, la capacidad operativa de las FF. AA. estaba en el suelo. Cuatro años más tarde, en 1995, estalló la Guerra del Cenepa con el Ecuador. ¿Estaban debidamente equipadas nuestras fuerzas? No. Por esa razón aceptamos el kilómetro cuadrado de Tiwinza sea de propiedad ecuatoriana, aunque con soberanía peruana. Finalmente, cuando en 1998 se firmó el Acuerdo de Brasilia que sellaba de manera definitiva la paz con el Ecuador, Fujimori  afirmó que ya no se tenían  temas pendientes con los países vecinos.

Esta declaración fue un falso triunfalismo. No se dijo que faltaba aún definir nuestro límite fronterizo marítimo en el norte y en el sur. Y como no existían –según el gobierno de Fujimori– problemas con nuestros vecinos, no se renovó el material de guerra.

Peor aún, un año después de la paz con Ecuador, el  14 de Noviembre de de 1999 se eliminó el Servicio Militar Obligatorio y se creó el Servicio Militar Voluntario (Ley 27178). Ese mismo año, se recortó el presupuesto de las Bases Contrasubversivas, el cual en un 90% era para sostener los vuelos de helicópteros, ya que dichas bases abastecían su logística por vía aérea.

En consecuencia, fue el gobierno de  Fujimori el que destrozó el Ejército y su capacidad operativa.

En diciembre de 1999, con la nueva ley del Servicio Militar Voluntario, no se presentó nadie a los cuarteles. El error de Fujimori y Montesinos fue anunciar con fines políticos que se había obtenido la paz externa e interna, no renovar equipos y no consolidar la victoria militar.

Respecto a la acusación que se hace del gobierno de Alejandro Toledo de haber reducido el presupuesto y haber cerrado bases antisubversivas en el VRAE, también es conveniente explicar lo siguiente: cuando llega Toledo el país estaba en recesión. Las Fuerzas Armadas habían sufrido un proceso de politización durante el gobierno de Fujimori y Montesinos que las había desgastado profesional y moralmente tras la caída del régimen. Era necesario recuperar la institucionalidad, honorabilidad  y profesionalismo de las FF.AA.

Con este propósito, el 2001 Toledo nombró una comisión especial a cargo del Primer Ministro, civiles reconocidos y ex comandantes generales de las tres armas. 600 oficiales pasaron al retiro en un año. Toledo pagó un costo social en este sentido. La sociedad aplaudió esta medida, por eso es que se puede afirmar sin temores ni cortapisas que el gobierno de Toledo democratizó, despolitizó y profesionalizó a las FF.AA.

Es necesario recordar que durante el Gobierno del Presidente Toledo se compró para la Marina de Guerra 4 Fragatas Lupo; se aumentó el rancho de los soldados de 2.90 soles (desde la época de Fujimori) a 6.90 soles (cantidad que se mantiene hasta hoy); se creó el Fondo de Defensa y Seguridad Ciudadana con el 30% de las regalías del Lote 56 y el 40% de las regalías del Lote 88; se repararon 13 motores de helicópteros que hasta hoy están operativos.

Respecto a las bases antisubversivas, a partir del año 2000 los senderistas cambian de estrategia; dejaron de atacar blancos civiles. Todos los ataques desde ese año a la fecha son contra las Fuerzas del Orden. En ese contexto, se abrieron en el VRAE dos tipos de Bases Antisubversivas. a) Fijas: en colegios, postas médicas, estadios. Y b) Temporales: de construcción precaria, hecha por los propios soldados.

Cuando se anunció el fin de la guerra interna y externa, previa a la campaña de re-reelección del 2000, fue que empezó a entregarse las bases fijas. Se entregan los colegios, las postas médicas, los estadios, medida que continuó en el gobierno de Paniagua y Toledo. El año 2002 el ahora congresista Carlos Tubino, era Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto y él sabe que se hizo la Operación Reencuentro que consistió en instalar 4 bases en la zona del Ene y 1 base en Apurimac. Esa es la verdad.

En el gobierno de Toledo, además, se realizaron elecciones municipales, regionales y nunca hubo actos terroristas o atentados a candidatos o a los procesos que fueron, como siempre, resguardados por las FF.AA. Entonces, ¿dónde está que el gobierno de Toledo fue débil con la subversión? ¿Dónde que no se reforzó el equipamiento? ¿Quién fue el que verdaderamente afectó a las FF.AA. politizándolas, utilizándolas y mellándolas moralmente? ¿Dónde están ahora aquellos generales victoriosos que lucraron con compra de armas de última hora? ¿Dónde están aquellos miembros de las FF.AA. que convirtieron a sus patrullas en escuadrones de la muerte? ¿No están acaso en San Jorge? ¿Y quién es el responsable político de esos uniformes manchados?

Primicia en la zona de combate

La difusión en medios televisivos y prensa del encuentro que un grupo de periodistas tuvo, de manera casual, con el cabecilla del operativo militar neosenderista en Kepashiato ha irritado al gobierno.

Al punto que el ministro de Defensa y otros voceros del oficialismo sostienen que la prensa se excedió en el tratamiento de la información, en especial, debido a las declaraciones del camarada Gabriel ufanándose del asesinato de soldados y policías.

Una vez más se pretende sancionar al mensajero de la noticia.

La prensa tiene como razón de ser informar. E informar con la verdad. El encuentro con el grupo terrorista constituye, desde todo punto de vista, una primicia, aún cuando haya sido compartida por más de un medio de comunicación.

El valor del material periodístico obtenido consiste en haber mostrado de manera desnuda el verdadero rostro del grupo de senderistas de neo cuño que subsisten en esa zona del país. El camarada Gabriel ha revelado su entraña asesina, cínica y fría, lo que a su vez ha permitido que, por contraposición, la población los rechace y se solidarice con los soldados y policías muertos y heridos.

El sistema de inteligencia tiene ahora material actual para hacer su trabajo. Tiene datos precisos de rostros, armas, sistemas de comunicación, desplazamientos, organización y mandos.

Puede que el hecho que un grupo de periodistas haya encontrado al camarada Gabriel en un punto cercano a Las Lagunas –centro de las acciones armadas de los últimos días– sea leído como un golpe a la moral de las fuerzas del orden. Pero no es así.

El encuentro periodístico tiene un valor informativo como cualquier otro producido entre dos fuerzas en conflicto en cualquier parte del mundo.

Además, si la zona era considerada un teatro de operaciones militares, en la práctica, no funcionaba de esa manera. Los periodistas no encontraron puntos de control en la carretera. Se desplazaron por más de cinco horas sin que en el camino de ida o al regreso se encontraran con algún destacamento militar.

Pero lo más valioso de la información periodística es que si el camarada Gabriel pensó utilizar a los medios de comunicación como cajas de resonancia para difundir su mensaje y ganar adeptos a su causa, se equivocó. La prensa no maquilló sus declaraciones y lo mostró tal cual. Un tipo curtido y pervertido por los horrores de la guerra. Hosco. Dogmático. Sin una pizca de humanidad, ni dolor, ni arrepentimiento, ni perdón, ante la muerte ocasionada.

Guerra de Baja Intensidad en el VRAE

El uniforme comando que vistió el presidente de la República simboliza la decisión de ponerse al frente de las operaciones militares contra los terroristas que huyen en la selva cusqueña luego de liberar a 36 rehenes de las empresas de gas de la zona.

Es su trabajo.Quizás donde mejor se siente. Analizando información. Dando órdenes. Desplegando tropas. Disponiendo medios. Ejecutando planes. Desarrollando estrategia.

A juzgar por las informaciones de los medios, la segunda fase del Operativo Libertad son acciones militares de “ablandamiento” y “persecución”; esto es bombardeos y ametrallamientos desde el aire y sembrado de patrullas o grupos operativos en diversos puntos del escenario en búsqueda del enemigo.

Los primeros estragos de esta dura etapa empiezan a sentirse. Ha habido enfrentamientos y bajas en Ayacucho, Huancavelica; y desplazados civiles en la zona de Lagunas, Echarate en la Convención, Cusco. El teatro de operaciones abarca, cuando menos, tres regiones.

Estamos -como bien dice el General Roberto Chiabra-, ante un conflicto de baja intensidad.

De acuerdo a los manuales militares, existen dos tipos de conflicto armado: la Guerra Regular y la Guerra de Baja Intensidad. La primera es entre ejércitos reconocibles que dominan partes de un territorio. La segunda tiene tres modalidades: Subversión (busca conquistar el poder; Narcotráfico (busca obtener dinero) y Terrorismo (busca golpear el poder).

El enemigo es una banda armada, con un discurso ideológico, pero cuyo objetivo principal –tomar el poder- ha sido cambiado por el soporte armado que brinda al narcotráfico. Ellos le llaman a eso “impuesto de guerra”, pero, aún cuando levanten el puño y entonen canciones por la liberación popular, han perdido su raíz ideológica. No buscan ya conquistar el poder, sino, ganar dinero.

De ahí que sus principales demandas en el reciente suceso de toma de rehenes en Kepashiato haya sido la recompensa monetaria. A cambio de la liberación de los rehenes, las huestes de los Quispe Palomino exigían a las empresas 1 millón 200 mil dólares mensuales. No reivindicaban la libertad de ninguno de sus compañeros presos, menos de Abimael Guzmán a quien consideran un traidor, ni de Artemio a quien ven como competidor.

La banda armada de los Quispe Palomino cuida su territorio; las rutas de acceso, paso y salida de la droga que se produce en esa zona. La solución por lo tanto no es sólo militar. Es social. Se necesita presencia del Estado.

El Modelo San Martín -cultivos alternativos como cacao y café por coca-, no funciona en el VRAE porque allí no existe carretera para transportar los productos. Tampoco hay escuelas, ni hospitales, ni agua, ni desagüe. Sólo existe coca y de muy buena calidad.

No se trata, por eso, de aumentar bases militares en Vizcatán. Mantenerlas es costosísimo. Hombres, pertrechos y alimentos deben llevarse usando helicópteros y mover éstos semanalmente equivale a una fortuna. Además, está el inconveniente del aislamiento que favorece ataques y emboscadas sorpresivas.

La guerra se gana psicológica y militarmente, pero la victoria se sostiene social y políticamente. Es momento que el Estado haga su tarea.

Rehenes de la información

¿Rescate?, ¿liberación?, ¿negociación?, ¿escape? A 24 horas de finalizada la libertad de 36 trabajadores tomados en rehenes por sendero en Kepashiato, Camisea, Cusco, no se puede saber con exactitud qué pasó. Las informaciones en los medios son confusas. Y las declaraciones oficiales aún más. Se ha completado la operación para liberar a los secuestrados, pero la ciudadanía sigue siendo rehén de la información.

Mientras desde el lado oficial se afirmaba que el “rescate” de los trabajadores fue producto de la presión de las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional, los propios trabajadores señalaban una “liberación voluntaria” de sus captores.

La alta cifra de muertos y heridos de las Fuerzas del Orden puede ayudar a inferir que hubo un poco de todo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desarrollaron un operativo de cerco por aire y tierra que incluyó helicópteros artillados.

El despliegue originó una presión sobre los perseguidos y las ráfagas de balas disparadas desde el aire produjeron confusión entre captores y rehenes, lo que fue aprovechado por un grupo de estos últimos para escapar. Posteriormente, los terroristas prepararon su huida, minaron el camino y decidieron soltar a los trabajadores.

Los resultados son terribles: 2 suboficiales Ejército, 1 de la Policía, fallecidos, 2desaparecidos y 10 soldados heridos, producto de minas antipersonales colocadas alrededor del helicóptero en que pereció abatida la capitana PNP Nancy Flores Paucar, que se intentaba rescatar.

En esta circunstancia, no se puede decir que el Operativo Libertad haya sido ejemplar, como se apresuró a decir el presidente de la República.

¿Hubo negociación? Hasta el momento, no es posible afirmarlo o desmentirlo. La empresa y el gobierno lo niegan. Sin embargo, allí están las conversaciones entre los senderistas y representantes de las empresas -grabadas por un medio de comunicación- que demuestran que, al menos, hubo contacto radial entre secuestradores y empresas.

Lo único que queda claro es la desinformación que hubo desde un primer momento en este tema. El manejo informativo del gobierno fue deplorable. Pese a que se conocía que los rehenes fueron liberados la madrugada del sábado, hasta pasado el mediodía, no se confirmaba nada generándose angustia en los familiares y especulación de todo tipo en medios y redes sociales. Se organizó un comando operativo, pero no un comando informativo. Y bien sabemos que cuando se cierran las puertas de la información se abren las ventanas anchas de la especulación.

Bolivia, Chile, La Haya y un embajador en funciones

Marcación. Cada cierto tiempo los medios chilenos sorprenden con publicaciones de este tipo y presentan al Perú y sus agentes diplomáticos como elementos perturbadores de las relaciones internacionales entre Perú, Chile y Bolivia. La más reciente publicación es del diario La Tercera que acusa al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros de ser una especie de autor intelectual del giro que asumiría Bolivia en su legítimo reclamo de salida al mar al estudiar una posible demanda del país altiplánico a Chile ante La Haya. A continuación reproducimos el artículo completo de La Tercera así como la respuesta del embajador peruano.


Chile-Bolivia: la última jugada de Perú en La Paz

(La Tercera / Por: Francisco Artaza) El embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros, uno de los asesores de Humala en la demanda ante La Haya, viajó a La Paz, para exponer sobre los caminos jurídicos de Bolivia para alcanzar una salida al mar. Su intervención terminó en un reclamo del canciller Alfredo Moreno.

El 23 de marzo pasado, al término del discurso del Presidente Evo Morales por el Día del Mar, la embajadora de Perú en Bolivia, Silvia Alfaro, cruzó la céntrica Plaza Abaroa de La Paz en dirección a una zona delimitada para los medios de comunicación. Pocos entendían a esa altura por qué el gobernante no había aludido a la anunciada demanda marítima contra Chile ante La Haya para alcanzar una salida soberana al Pacífico, y que ni siquiera adelantara en qué estado estaba el proceso o la fecha en que se materializaría la acción judicial.

La embajadora Alfaro fue una de las primeras en tratar de explicar la decisión de Morales, cuya omisión contravino todos los pronósticos. "Habrá que tener paciencia, porque ciertamente requiere el mayor cuidado y vigor la preparación de aquello que se pueda hacer como la demanda ante un tribunal internacional", dijo la "Chivi", como le dicen sus amigos.

Alfaro explicó que Perú había tardado cinco años en preparar el litigio que interpuso contra Chile el 2008 en la Corte Internacional de La Haya por el límite marítimo. Y demandó otra vez paciencia.

A casi dos mil kilómetros de distancia, en Santiago, la Cancillería chilena tomó nota de los dichos de la embajadora Alfaro con "molestia y preocupación", de acuerdo con lo asegurado por funcionarios del Servicio Exterior. No era la primera vez que un diplomático peruano intervenía en Bolivia para alentar la demanda contra Chile.

Apenas tres meses antes, el canciller Alfredo Moreno llamó a su par peruano, Rafael Roncagliolo, para expresar el enojo del gobierno chileno por la participación del embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros en un seminario organizado en La Paz por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), destinado a analizar los posibles escenarios jurídicos que tenía Bolivia para demandar a Chile.

Según fuentes diplomáticas peruanas y chilenas, Roncagliolo le aseguró a Moreno que el embajador había viajado a La Paz por cuenta propia y sin la venia de Torre Tagle. Pero en la Cancillería chilena señalan que es difícil creer que un embajador que se desempeña como asesor del gobierno peruano en el Comité Consultivo Ad Hoc para la Demanda Marítima ante La Haya viaje a Bolivia y se involucre en el litigio jurídico que pretende abrir La Paz contra Chile sin el conocimiento del gobierno de Humala.

En Lima sostienen que tras el reclamo de Chile, Roncagliolo le llamó la atención a Rodríguez Cuadros. Pero de esto último, dicen en la Cancillería chilena, no hay constancia en Santiago. No sólo eso. A la actual embajadora peruana en La Paz, Silvia Alfaro, le ha correspondido continuar con varias de las tareas pendientes que dejó en La Paz "El Torvo", como le dicen al diplomático sus detractores en Torre Tagle, por la forma en que actúa en política y por sus continuos cambios de bando: fue radical de izquierda en los 70, de derecha en los 90, apoyó al gobierno de Toledo y luego se acercó a Humala.

Seminario en La Paz

Ex canciller de Toledo y ex embajador de Perú en Bolivia durante el segundo mandato de Alan García, Rodríguez Cuadros llegó a La Paz el 13 de diciembre pasado, invitado por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), el organismo creado por Evo Morales para llevar adelante las estrategias para resolver la aspiración de Bolivia de volver al mar. El diplomático tenía experiencia en el tema: impulsó la idea de la demanda en La Haya durante el gobierno de Toledo, aunque no llegó a concretarla, salvo modificar la ley de línea de bases marítimas del Perú. También es conocido como un "halcón" en Torre Tagle, debido a sus posturas duras en el ámbito bilateral.

En el salón de conferencias del Banco Central de Bolivia y ante un auditorio de 300 personas, conformado en su mayoría por funcionarios de gobierno, diplomáticos bolivianos y académicos, Rodríguez Cuadros fue el único extranjero en el panel de expositores, que completaban el ex Presidente Carlos Meza, el ex canciller Javier Murillo y el historiador y vicedirector de la Diremar, Fernando Cajías.

El foro, que fue encabezado por el titular de la Diremar, Juan Lapachipa, estaba destinado "a discutir el marco legal que debería desarrollar Bolivia en los próximos meses para lograr una salida soberana al mar".

Antes de tomar la palabra, afirma uno de los asistentes al seminario, Rodríguez Cuadros le pidió que se restringiera el acceso a la prensa. Luego hizo una larga exposición jurídica sobre los mecanismos que podría seguir La Paz para llevar a Chile a La Haya.

El diplomático hizo mención de los dos libros que ha escrito sobre la controversia por el límite marítimo entre Perú y Chile, y se presentó como uno de los padres de la demanda peruana. "Tal vez eso motivó a las autoridades bolivianas a pensar que serían muy orientadoras sus observaciones y criterios sobre el tema", señala el ex canciller paceño Javier Murillo, quien asegura que "manifestó su sorpresa por la presencia de Rodríguez Cuadros y de otros asesores extranjeros que han intervenido en el tema de la demanda boliviana".

En su presentación en La Paz, Rodríguez Cuadros defendió la opción de Bolivia de recurrir a un tribunal internacional. "El se refirió al valor jurídico de las promesas incumplidas y tomó como base las notas diplomáticas entre Chile y Bolivia de 1950 y 1974 (cuando se negoció un eventual corredor por el norte de Arica)", añade Murillo.

La tesis del diplomático y abogado peruano apuntaba a reforzar la estrategia jurídica por la línea de los "derechos expectaticios" de Bolivia, en vez de apuntar a la nulidad del Tratado de Paz y Amistad de 1904 como apostaba el gobierno boliviano.

El 26 de diciembre, 13 días después del seminario en La Paz en el que participó Rodríguez Cuadros, el titular de la Diremar viajó a Buenos Aires para reunirse por primera vez con los abogados internacionales que se harían cargo de la demanda. El más importante de ellos, el jurista español Antonio Ramiro Brotòns, era un viejo conocido de la Cancillería peruana: fue uno de los abogados extranjeros que entrevistaron antes con motivo de la demanda marítima contra Chile, aunque finalmente no lo contrataron.

Las otras gestiones

El seminario en La Paz no fue el primer escenario en que Rodríguez Cuadros impulsó la idea de que el gobierno de Morales demandara a Chile en La Haya. Durante su activa misión como embajador de Perú en Bolivia, durante 2010 y parte de 2011, el diplomático "difundió mucho el tema en conversaciones con autoridades de distinto nivel, en foros y declaraciones. No estoy diciendo que él indujo directamente al gobierno, pero no me cabe duda de que a través de una acción diplomática persistente, él fue mostrando un panorama favorable a esta idea", recalca Murillo.
Rodríguez Cuadros llegó a La Paz en enero de 2010, cuando la relación entre los presidentes Morales y García estaba completamente deteriorada.

Cercano por entonces a Humala, el embajador logró restablecer rápidamente los lazos con Palacio Quemado. Desde el primer día de su gestión se volcó a convencer a las autoridades bolivianas de que la demanda marítima presentada por Perú en contra de Chile no era un obstáculo para que Bolivia retornara al mar y que, por el contrario, abría un camino que podía servirles.

Supo, con éxito, además, alentar a los sectores más duros del MAS, el movimiento político del Presidente Morales, y de las Fuerzas Armadas bolivianas, en su propuesta de trasladar el comercio boliviano que sale por los puertos chilenos hacia Perú.

En una hábil jugada diplomática, Rodríguez Cuadros propuso relanzar el enclave marítimo boliviano en el puerto de Ilo, que acordaron en 1992 los gobiernos de Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora. Como el enclave nunca funcionó, debido a sus altos costos operativos, la idea era ampliar los beneficios de zona franca e industrial, el acceso al puerto e, incluso, instalar una sede de la base naval de Bolivia para la instrucción de los marinos bolivianos.

La propuesta sirvió para que los presidentes García y Morales sellaran un inesperado abrazo de amistad frente al mar, en el puerto de Ilo. Hasta ahora, el Congreso peruano se ha negado a tramitar el acuerdo de Ilo y según analistas políticos limeños es muy improbable que se apruebe, debido a la reticencia de las Fuerzas Armadas peruanas y de los grupos nacionalistas, dos sectores sensibles para el actual presidente peruano.

Pese a eso, en La Paz aún ven a Rodríguez Cuadros como el hombre que reencauzó la relación con Perú. Por el contrario, en Santiago su figura genera inquietud. No sólo porque un equipo jurídico boliviano aún estudia demandar a Chile ante tribunales internacionales. En Cancillería no conocen qué otras jugadas ha realizado el ex canciller y están a la espera de que Morales muestre sus cartas en la próxima Asamblea General de la OEA, que se realizará en junio próximo en la ciudad de Cochabamba.


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Pronunciamiento del Emb. Manuel Rodríguez Cuadros con relación al artículo publicado en el diario "LA TERCERA" de Chile

El diario "La Tercera" de Chile publicó el sábado pasado el siguiente artículo: http://diario.latercera.com/2012/03/31/01/contenido/reportajes/25-105106-9-chilebolivia-la-ultima-jugada-de-peru-en-la-paz.shtml

Este articulo ha motivado el pronunciamiento del embajador Manuel Rodríguez Cuadros que transmitimos a continuación:

Que un articulista del diario La Tercera pretenda que mis análisis jurídicos estén sujetos a la aprobación o desaprobación de gobiernos extranjeros está fuera de contexto. Es inaudito e inaceptable. Rechazo totalmente esta indebida pretensión.

En diciembre del 2010 fui invitado en mi calidad de Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales a un seminario sobre “Opciones para la salida al Mar de Bolivia”, organizado por la Dirección de Reivindicación Marítima. En mi exposición, académica, recordé que Bolivia y Chile en las notas diplomáticas que intercambiaron el 1 y el 20 de junio, de 1950, se comprometieron a “una negociación destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”. Señalé que ese intercambio de notas constituye un tratado internacional y que las obligaciones en él contenidas son exigibles. Y que ellos, junto a otras opciones, abre la posibilidad de encontrar una solución al problema de la salida al mar de Bolivia, utilizando los métodos de solución pacífica de las controversias que ofrece el derecho internacional.

Reitero mis opiniones y me ratifico en ellas. Las considero amistosas con ambos gobiernos, constructivas y plenamente coincidentes con la voluntad regional, expresada en la Resolución de la Organización de Estados Americanos de 1979, votada a favor por el Perú y la totalidad de los países miembros que no forman parte de la controversia. Esta resolución dispone “Recomendar a los estados (Bolivia y Chile) que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrán considerar (…) la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.”

Creo que la salida al mar soberana de Bolivia es un compromiso jurídico establecido y una legítima aspiración no sólo de Bolivia sino de toda la región y de muchos sectores en Chile, tal como lo expresó la OEA. Mi pensamiento es que este camino es una opción de paz y de amistad, de responsabilidad y solidaridad con los Estados y los pueblos de Bolivia y Chile.

Manuel Rodríguez Cuadros
Lima, 2 de abril de 2012.

Lucanamarca, nunca más

Un 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso, cometió una de los actos más repudiables, considerado un crimen de lesa humanidad. Armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, los senderistas atacaron las poblaciones civiles de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz y Lucanamarca, en Huancasancos, Ayacucho.Sesenta y nueve campesinos, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados, sin compasión.

Hoy se cumplen 29 años de esa tragedia. Los nombres de las víctimas figuran en el informe de la Comisión de la Verdad y no deben ser olvidados jamás:

Zaragoza Allauca Evanan, Samuel Allauca Huancahuari, Senilda Allauca Huancahuari, Vilma Allauca Huancahuari, Francisco Constantino Allauca Matías, Crisóstomo Darío Allaucca Chaupin, Sócrates Allaucca Evanan, José Allaucca Huancahuari, Fortunato Allccahuamán Aguirre, Pablo Allccahuamán Rojas, Emigdio Arones Ruiz, Lucio Casavilca Chaupin, Máximo Chaumpi Quincho, Grimaldina Chaupin Allauca, Roberto Evanan Allccahuamán, Dionisio Evanan Huancahuari, Zenón Evanan Huaripáucar, Felicita Evanan Tacas, Percy Garayar Allauca, Néstor Garayar Quispe, Tiburcio Livio García Páucar, Efraín Heredia Quincho, Tiburcia Huamanculí Ñañacchua, Cipriano Huancahuari Allaucca, Rosa María Huancahuari Huamanculí, Juan de la Cruz Huancahuari Pérez, Hower Huancahuari Quichua, Cirila Huancahuari Quispe, Martina Emilia Huancahuari Quispe, Cipriano Huaripáucar Huancahuari, Constantino Huaripáucar Páucar, Valentina Huaripáucar Quincho, Ambrosio Huaripáucar Tacas, Melquíades Lavio Montes, Fausto Misaico Evanan, Santos Ñañachuari Allccahuamán, Honorata Páucar Casavilca, Espirita Páucar Chaupin, Mauricio Páucar Chaupin, Catalina Quichua Quincho, Constantino Quichua Quincho, Darío Quichua Quincho, Ausbertha Renee Quichua Quispe, Joaquín Quichua Quispe, Ricardo Quichua Quispe, Rosenda Quichua Quispe, Cecilia Quincho Páucar, Rosa María Quincho Páucar, Constanza Quispe Huamanculí, Damián Quispe Matías, David Erasmo Rimachi Casavilca, Félix Gabino Rimachi Casavilca, Pablo Rojas Ñañacchuari, Glicerio Rojas Quincho, Rubén Tacas Quincho, Juan Tacas Cárdenas, Daniel Tacas Curitomay, Félix Tacas Meza, Abdón Tacas Misaico, Adela Tacas Misaico, Donato Tacas Misaico, Haydeé Tacas Misaico, Zenilda Tacas Misaico, Edwin Tacas Quincho, Livio Tacas Quincho, Maritza Tacas Quincho, Percy Tacas Quincho, Elías Tacas Rojas y Alberto Tacas Ruiz.

Conflictos sociales: alto a la barbarie

En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.

Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.

En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.

Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.

Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.

Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.

Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?

El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.

Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.

Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.