La responsabilidad política

La renuncia de los ministros de Defensa e Interior, Alberto Otárola y Daniel Lozada, respectivamente, evitó que el Congreso pudiera sancionar la responsabilidad política de los ministros, frente al cúmulo de errores cometidos en el manejo y conducción de la crisis política generada por el golpe militar del narcoterrorismo a las fuerzas del orden en un nuevo teatro de operaciones; la selva del Cusco, vecina al VRAE.

No es fácil definir la responsabilidad política. La doctrina reconoce diversos tipos de responsabilidad: personal, institucional, legal y política, entendiéndose ésta última como aquella que tiene todo actor político por acción u omisión dentro del área de poder que ejerce.

La responsabilidad política se asume aún cuando quien la detente no haya intervenido directamente en los actos sujetos de enjuiciamiento. De ahí que desde el presidente de la República hasta el último de sus funcionarios sean responsables de sus actos en proporción a la cuota de poder que ejercen.

La responsabilidad política tiene instrumentos jurídicos de defensa y sanción en el Poder Legislativo y/o Judicial, dependiendo del alcance y gravedad de la infracción, pero también puede ser valorada por los ciudadanos mediante la opinión pública que, por lo general, es la primera que sanciona.

El juzgamiento político es por faltas políticas. En el caso de los ministros de Defensa e Interior se juzgaba su tardía y equivocada toma de decisiones al momento de encarar la crisis en la selva cusqueña, su nula política comunicacional, su triunfalismo, pero sobre todo su fallida estrategia militar policial –ingresar en caliente a un terreno desconocido que el enemigo domina– y el elevado costo de vidas humanas que tuvo el resultado de las operaciones desplegadas.

La responsabilidad política es moral y no jurídica.  Se juzga al hombre de Estado por sus actos de gobierno, al político que responde ante la ciudadanía y sus representantes.

Los errores políticos de los ministros debían pagarse políticamente. Su imagen pública había sido seriamente mellada y, lo que es peor, habían perdido la autoridad necesaria para llevar adelante sus sectores.

El Congreso hizo cuestión de estado respecto a la discusión de la moción de censura presentada por cinco de las seis bancadas y pusieron contra la pared la decisión final de los ministros.

El único camino que les quedaba para saldar su responsabilidad política era la renuncia. Y así lo hicieron, sin pena ni gloria, poco antes del mediodía de ayer, ante la presidenta encargada del despacho, Marisol Espinoza, en ausencia del presidente Ollanta Humala, de viaje en Japón y Corea. Los hombres pasan, las instituciones quedan.