El presidente Humala debe resolver el
dilema. O accede al pedido de la familia –aún no presentado– y le otorga el
indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por
delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción; o lo rechaza.
Para llegar a resolver dicho dilema, el
presidente Humala debe tener en cuenta consideraciones políticas, jurídicas,
médicas, pero también éticas y morales, así como un alto sentido de
responsabilidad y justicia, en su condición de jefe del Estado.
En todos estos campos existe opinión a
favor y en contra. Y cualquiera que sea su decisión, marcará una línea divisoria; un antes y un después en su gobierno.
En el campo médico, el presidente Humala no
debiera tener problemas para decidir. El pedido de indulto humanitario debe
estar debidamente sustentado ante una junta de galenos de primer nivel -si es
possible con asesoramiento internacional-, cuyo informe sobre la enfermedad de
Fujimori y el grado en que se encuentra no pueda ser cuestionado. Peritos
médicos de parte, no sirven en casos como este.
No hay forma que el Presidente Humala pueda
sortear este primer paso. Una junta médica debe confirmar si la laceración que
tiene Fujimori en la boca está en fase terminal o es de consideración muy grave.
El indulto humanitario sólo procedería en esas circunstancias, debidamente
comprobadas.
En el terreno jurídico las opiniones están
divididas. El presidente del Poder Judicial y el representante del Ministerio
Público, han señalado -matices más, matices menos-, que no habría impedimento
legal para que el primer mandatario otorgue el indulto humanitario. Pero existe una ley dada por el propio Fujimori que impide otorgar este beneficio a
los condenados por secuestro agravado, y existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que niega el indulto o la amnistía para
delitos de lesa humanidad.
En el plano político, la decisión del presidente
Humala es mucho más delicada. Para empezar, tiene que considerer dos
escenarios. El primero, una decisión
favorable, abriría un clima de polarización y confrontación con sectores democráticos del
país –sindicatos, gremios, ongs, sociedad civil– lo que podría llevarlo a
perder en el Congreso el apoyo de Perú Posible y de otras fuerzas democráticas,
debilitando así su manejo en este poder del Estado, poniendo, incluso, en riesgo,
la gobernabilidad del país. El segundo, descartar el indulto, significaría comprar
estabilidad un periodo de tiempo más y delimitar el campo de la oposición,
dejando el protagonismo a la bancada fujimorista. Algo que ya hemos
visto en estos primeros meses de gobierno.
Donde realmente Humala asumirá su rol ante la Historia es en las consideraciones de orden ético y morales.
En primer lugar, debe meditar sobre la responsabilidad que atañe a un ex presidente que deshonró el máximo cargo que la Nación puede confiar a un ciudadano. Desde el
propio Estado, Fujimori organizó, toleró o dirigió, un grupo de asesinos. Es la peor afrenta que un ser humano puede cometer desde el poder. En ningún momento,
Fujimori ha aceptado su responsabilidad, ha mostrado arrepentimiento o siquiera ha
pagado la reparación civil que le impuso la justicia.
El jefe del Estado debe entender que para el fujimorismo, el indulto
humanitario, no es un acto de clemencia, sino de justicia. Y eso no se puede
admitir. Sería pretender olvidar el pasado o, peor aún, premiar la impunidad. Sería
olvidar a las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos y otros. Y sería olvidar el
dolor de los familiares. El presidente Humala insurgió contra una dictadura
corrupta. Tiene ahora la oportunidad de honrar esa postura o de mancharla con
una decisión contraria al principio de justicia. Eso es algo que deberá
resolver en la soledad de su conciencia.
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