Delimitación marítima: política de Estado

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No cabe duda que el proceso de delimitación de la frontera marítima con Chile es una política de Estado. Trasciende los gobiernos.

Se inició en 1986 con el planteamiento del problema a raíz de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención del Mar que introdujo nuevos conceptos sobre el derecho de soberanía del mar y sus recursos.

Continuó con el Gobierno del Presidente Toledo con el reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte de La Haya, el retiro de las reservas que el Perú tenía al Pacto de Bogotá de 1948 y la aprobación de la Ley de Líneas de Base en el Congreso el 2005.

Pero sobre todo, se perfiló el 2004 luego de remitir al gobierno chileno una carta invitándolo a iniciar negociaciones formales con plazo perentorio.

Al agotarse dicho plazo, se cerró el camino de las negociaciones bilaterales y quedó expedito el que ahora tenemos: la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Luego de una etapa de indecisión del actual gobierno –en la que el Presidente García declaró incluso que el Perú no presentaría el caso a La Haya–, finalmente se presentó la demanda ante el tribunal de La Haya el 16 de enero de 2008.

Un camino trazado durante largos años.

Pero los resultados del proceso tampoco los verá este gobierno. La etapa de alegatos y defensa oral de las posiciones recaerá en el siguiente quinquenio.

Un espacio prolongado en la larga línea del tiempo.

Es necesario por ello mantener un espíritu prudente, pero firme. Responsable y sin fisuras entre la clase política nacional.

No caben aquí ni falsos llamados patrióticos, ni mezquindades, ni secretismos.

Es obligación de los políticos escuchar con atención los argumentos de la Memoria peruana. Pero es igualmente deber del gobierno informar a la clase política los fundamentos de la misma.

En la medida que se controlen los protagonismos y las posturas grandilocuentes, el tema conseguirá el respaldo que se requiere.

Es momento también de la respuesta de las organizaciones empresariales, políticas, sindicales y sociedad civil.

El Perú ha asumido el camino civilizado de dirimir sus controversias de manera pacífica ante un tercero. Ratifica con ello su vocación de paz y concordia entre sus vecinos.

Ante la política de la razón o la fuerza antepongamos la fuerza de la razón. Sin que descuidemos por ello, la política de defensa y protección de los intereses nacionales.