Decir no es un poder que algunas mujeres en el Perú no tenían. No podían oponerse a vestir mandiles en la calle. Si sus patrones la obligaban a llevar uniforme cuando salían a la calle no había forma de negarse. Ninguna ley protegía este simple derecho a decir no.
Hasta hoy que se emitió el Decreto Supremo 004-2009-TR que prohíbe el uso de uniforme para las empleadas del hogar en espacios o lugares públicos.
Es un avance en pro de la inclusión social y que reduce los márgenes de la discriminación racial.
Muchas familias ricas obligan a sus empleadas de casa a llevar uniforme todo el tiempo, lo que generaba en no pocos establecimientos privados –restaurantes, playas, etc.- una señal de diferenciación social.
Las empleadas uniformadas no podían ingresar a las zonas de entretenimiento de los “señores”. En algunas playas se les prohibe incluso nadar junto a sus patrones o ingresar a los mismos servicios higiénicos.
El Decreto aprobado busca terminar esta práctica discriminatoria. Indica también que los establecimientos públicos y privados no pueden invocar reglamentos internos para hacer diferenciaciones con las trabajadoras del hogar.
Aunque nada dice sobre qué pasa si alguien incumple la norma o -peor aún- se resiste abiertamente a igualar en derechos a las empleadas del hogar y al resto de la sociedad.
Este es sólo el primer paso en la larga marcha de conquistas de derechos sociales de los más vulnerables socialmente.
Habrá que avanzar en su seguridad social obligatoria, regulación del periodo de trabajo y reconocimiento de vacaciones anuales. Existe una ley que ampara estos derechos, pero no se cumple.
Ojalá no pase lo mismo con este decreto supremo. La ley no dice nada, por ejemplo, si la empleada decide “voluntariamente” seguir vistiendo su uniforme en la calle.
Tampoco se puede aceptar el chantaje del empleador ante los más débiles.
Ahora cuando un patrón quiera obligar a una trabajadora del hogar a vestir uniforme un domingo cualquiera en que la familia sale a la playa, ella puede sencillamente decir: No, señor. No llevaré uniforme. Así nomás estoy bien. O no y punto.
31 marzo, 2009
Empleadas del hogar: el poder de decir NO
Etiquetas:
Derechos Humanos,
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2 comentarios:
Esperemos a ver que pasa en los próximos meses, aunque algunas trabajadoras del hogar han dicho que no les interesa portar su uniforme fuera de la casa de sus patrones. Uhmmm. Esperemos, esperemos.
Multarán a quienes obliguen a sus empleadas a usar uniforme
Las sanciones irán desde 175 hasta 7 mil soles, dependiendo de la cantidad de trabajadoras afectadas y la acumulación de las faltas.
Multas de al menos 175 nuevos soles recibirán los empleadores que discriminen a las trabajadoras domésticas, obligándolas a usar uniforme dentro de la casa o en espacios públicos, precisó el ministro de Trabajo, Jorge Villasante.
Según el procedimiento, si se detecta esta mala práctica laboral, primero se formula un requerimiento al empleador, exhortándolo a que rectifique su conducta, de lo contrario, se aplicará dicha sanción equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), anotó.
“Son reivindicaciones y reconocimiento de derechos, porque se ha estigmatizado mucho a la trabajadora del hogar. Hay quienes creen que tener una empleada en casa con un uniforme es como un signo de estatus social. Eso no puede ser. No se puede exhibir así a las personas”, comentó.
Villasante Araníbar mencionó que podrían aplicarse multas de hasta siete mil nuevos soles, dependiendo del número de trabajadoras afectadas y la acumulación de las faltas por actos atentatorios a sus derechos laborales, por parte de los empleadores.
“Incluso podemos detectar de oficio este tipo de problemas. Todo acto de discriminación está tipificado como muy grave y va en el sentido de enmendar la mala práctica abusiva, que es lo que le interesa al inspector del trabajo”, manifestó en diálogo con la agencia Andina.
OPERATIVOS. Para garantizar el adecuado cumplimiento de estas disposiciones, Villasante dijo que su sector realizará de forma inopinada diversos operativos de inspección “casa por casa” y también en establecimientos públicos donde haya concurrencia de empleadores y trabajadores.
Tras detallar que para esa tarea se cuenta con 440 inspectores a nivel nacional, adelantó que en los próximos días se iniciará una campaña de información y sensibilización para que se conozca mejor los alcances de esta norma y los empleadores corrijan las faltas de este tipo.
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