Conga: teatro de operaciones

Se expone el presidente Humala al comparar la protesta social de Cajamarca con el régimen genocida polpotino de la Kampuchea Democrática.

“No podemos aceptar un régimen polpotiano donde un Gobierno regional X pone restricciones a la libertad de trabajo, de tránsito. Solo faltaría que nombren a su mando político y logístico y creen ahí una república popular en una democracia”, le dijo el presidente al diario ABC de España.

De inmediato, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, replicó: “Es una comparación extrema. Mis manos no están manchadas de sangre, y tampoco mi partido ni el movimiento con el que he llegado a la presidencia regional. Yo no estoy ni he sido procesado por desapariciones forzadas ni por violaciones de derechos humanos”.

Lo preocupante es la lógica militar que emana del pensamiento presidencial que, en el fondo, es el argumento de una derecha que no entiende el reclamo social, que confunde marxismo con terrorismo o que simplemente cree que en el informe de la verdad hubo mucha “teatralización”.

Considerar el conflicto social como teatro de operaciones militar es configurar un escenario de impredecibles consecuencias. Es sacarlo de la lógica de la negociación para encaminarlo a uno de resolución por la fuerza.

Conga es un problema que debe resolverse con imaginación, persuasión, inversión y negociación. Una salida negociada es mil veces mejor que una solución violenta.

Por supuesto que nadie niega el derecho del Estado al uso de la fuerza pública. Pero una cosa es que las circunstancias nos lleven a ese punto –de no retorno- y otra es que construyamos ese escenario con declaraciones que sólo avivan la contradicción en lugar de apaciguarla.

Como bien dice hoy Pedraglio “Al Gobierno le han vendido una hipótesis equivocada y se la está comprando sin medir costos: si Conga no va, se detendrán todos los proyectos extractivos que están a la espera. Esto acarrea el peligro de que el autoritarismo gane terreno y se recentralice el poder, lo cual, en lugar de ayudar a superar el entrampamiento, lo terminará convirtiendo en insalvable, sobre todo si se acaba por imponer el proyecto a la fuerza”.

¿Será que los 2 millones de dólares diarios que a diario pierde el proyecto Conga - según los empresarios- empiezan a crispar los nervios del gobierno? La forma cómo se resuelva este tema nos dirá si las puertas del tiempo de Ares se han abierto.

Caso Chehade: ruidos y nueces

¿Se exagera cuando se dice que el Congreso ha blindado la corrupción al rechazar por 13 votos a 12 el informe de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales contra el congresista y renunciante segundo vicepresidente Omar Chehade? Veamos:

Por haber organizado una cena con generales de la Policía Nacional para supuestamente favorecer intereses de terceros vinculados al desalojo de la Ex Cooperativa Azucarera Andahuasi, a Chehade se le investigó en dos instancias del Congreso: la Comisión de Ética y la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

En la primera se le sancionó con la pena máxima de 120 días de suspensión. En la segunda, se configuraron cuatro delitos, pero, al final, sólo se mantuvo uno: Patrocinio ilegal. En el camino se cayeron cohecho, colusión ilegal y tráfico de influencias.

Si bien lo que se investiga en la Comisión de Ética es de naturaleza distinta a lo que se investiga en al Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales; el acusado y el caso analizado es el mismo.

En la Comisión de Ética se juzga la conducta del congresista. En la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales se analizan los hechos y sobre todo se verifican y juzgan pruebas o indicios.

En una se juzgan conductas y en la otra se configuran y analizan delitos. Una es de carácter ético, moral y la otra es de naturaleza más jurídica. Pero ambas tienen una raíz política, esencia del foro representativo. Y como tal, sujeto a pasiones.

Chehade ha sido sancionado políticamente. Sea que lo presionaron o sea que quiso amenguar su castigo, renunció a la vicepresidencia y eso lo perseguirá a lo largo de su carrera política.

Un aspecto clave de la investigación es que no se pudo probar que haya existido por parte del denunciado, la solicitud de desalojo en Andahuasi. No lo dijo así taxativa y directamente. El tema se habló; pero no hubo orden expresa. Así lo señalan las declaraciones de los tres generales involucrados en el caso: Salazar, Gamarra y el propio General Arteta.

Por el contrario, los tres generales en declaraciones tanto a nivel parlamentario (Comisión de Fiscalización, Comisión de Ética y Sub. Comisión de Acusaciones Constitucionales), como en sus declaraciones a los medios periodísticos coinciden en el sentido, de que en ningún momento el Congresista Chehade solicitó apoyo para el desalojo de Andahuasi.

Se buscaba, además, desaforarlo e inhabilitarlo políticamente por cinco años por infracción constitucional al Artículo 38. El aspecto más débil de la denuncia.

Este artículo, de carácter genérico, descriptivo, declarativo, no está considerado como precepto pasible de ser vulnerado, tal como lo señala la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03593-2006-AA/TT, F.J.8 (caso Luz Salgado), en la cual el referido órgano de control constitucional ha señalado un “listado” de casos en lo que es posible advertir una vulneración del texto constitucional, como son los artículos 92º y 126º.

En conclusión, una figura de patrocinio ilegal forzada y una débil acusación por infracción constitucional. Estos son hechos, no pareceres. Son realidades, no criterios de conciencia. Los delitos tienen que configurarse. No es lo que a uno le parece, sino el análisis objetivo de los hechos. ¿Por qué entonces la grita mediática si son pocas las nueces?

El pragmatismo autoritario

Los conversos de última hora –esos que ayer espoloneaban a Ollanta Humala y hoy lo aplauden–, celebran, después de escuchar al Premier en el Congreso, lo que coinciden en llamar un estilo pragmático de gobernar, o simplemente pragmatismo.

Saludan esa manera cortante de decir y hacer las cosas; de establecer el orden a punta de decreto; de acelerar los plazos antes que tomarse un tiempo para escuchar; de imponer antes que dialogar, persuadir y convencer.

En suma, festejan el viejo estilo de golpear la mesa y quedarse con la última palabra.

Lo que ignoran estas sahumadoras de nuevo cuño es que tarde o temprano ese mismo poder pragmático puede terminar siendo su yugo.

Cuando lo que se privilegia es el resultado al método, el fin a los medios, se corre el riesgo de no ver los procesos que devienen en consecuencias.

No cabe duda que la Operación Chavín de Huantar fue un operativo de rescate exitoso, modelo en el mundo en acciones antiterroristas, que enorgullece a nuestras Fuerzas Armadas.

Pero ese fin exitoso profesionalmente no debe cegarnos al punto de avalar el asesinato extrajudicial de terroristas rendidos a manos de un escuadrón de la muerte conocido como “Los Gallinazos”.

Felicitar a unos y condenar a los otros no nos hace débiles como Estado. Por el contrario, siendo la persona humana el fin supremo del Estado, lo hace digno de tal definición.

Igualmente, en el caso de Cajamarca, convocar al diálogo y dejar de lado a fuerzas sociales discrepantes de la posición oficial, con el argumento de que no han sido electas por sufragio, es un error.

La representación de esas organizaciones no está en las urnas; sino en la capacidad que tienen en un sector de la población. Lo correcto es que dichas fuerzas participen dentro de las conversaciones y ganarles en esos espacios, antes que expectorarlas y empujarlas hacia posiciones y salidas extra-legales.

El pragmatismo puede ser una manera de abordar los problemas con sentido común, pero sin tolerancia y espíritu democráticos, se corre el riesgo de que se convierta en una forma autoritaria de ejercer el poder.

El pragmatismo llevó en los noventa a un chinito a ganar con un plan A y gobernar con un plan B. Ese mismo pragmatismo cerró el Congreso y terminó con la institucionalidad democrática.

En aras de ese leal saber y entender, se concentró los programas asistenciales en un todopoderoso Ministerio de la Presidencia. Y producto de ese pragmatismo maquiavélico, torvo, se utilizó una caja negra para operativos encubiertos.

Nada más antidemocrático que el pragmático que toma sus decisiones sin consultar o que puede incluso escuchar a todos y no hacer caso a alguien.

Y cuando eso ocurra, los áulicos de turno, como de costumbre también, tendrán que cambiar de bufones a plañideras.