Reconocimiento y uso de su experiencia.
(EDITORIAL DIARIO LA REPUBLICA, 23/12/2012)
Los países democráticos necesitan a sus ex presidentes; es el rasgo común de un
sistema político que elige a sus mandatarios como un acto elevado de la
democracia representativa. Ello no sucede solo en los regímenes presidencialistas;
en los sistemas parlamentarios los ex primeros ministros o ex presidentes de
gobiernos son también reconocidos por el Estado luego de culminado su servicio
público.
En algunos países los excesos en este
reconocimiento han ocasionado medidas restrictivas como parte de reformas
políticas orientadas a combatir la desconfianza ciudadana en la política. Sin
embargo, ninguna reforma ha llevado a prescindir del principio de que el Estado
reconoce el servicio de sus ex mandatarios.
La Constitución de 1979, siguiendo la
jurisprudencia italiana, dispuso en su artículo 166° que se integren al Senado
como senadores vitalicios los ex presidentes constitucionales de la República,
a quienes no se les consideraba para los efectos del quórum. En virtud de esta
disposición se incorporaron a esa cámara los ex presidentes José Luis
Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez. En esa
calidad mantuvieron un despacho en las mismas condiciones de los senadores
elegidos.
El golpe de Estado de abril de 1992 quebró
el régimen constitucional y la Carta Magna de 1979 fue reemplazada por la de
1993, que eliminó el bicameralismo histórico y con ello la figura del senador
vitalicio. Los dos ex presidentes vivos fueron objeto de campañas intensas y
uno de ellos debió partir al exilio. Con la recuperación de la democracia, el
Estado volvió a reconocer a sus ex presidentes, condición que asumieron los ex
mandatarios Valentín Paniagua, Alan García y Alejandro Toledo.
La pensión de la que gozan los ex
presidentes peruanos y los gastos a ella añadidos, todos ellos de naturaleza
legal, se encuentran por debajo del promedio de la región e imposibles de
constituir una arbitrariedad o un exceso, de modo que es de pésimo gusto
construir una denuncia periodística con un hecho que lleva ocurriendo 10 años.
Es aún más criticable que se pretenda una
disputa entre ex presidentes a causa de este tema y que la discusión desbarre
hacia la contabilidad de asesores y asistentes. Por el respeto mismo de su
investidura, ningún ex mandatario debería usar este tema para enfrentarse a
otro, sobre todo cuando en la agenda política sobresalen elementos de mayor
envergadura que bien podrían servir para elevar el debate en lugar de
rebajarlo.
En lugar de caer en debates de escasa
trascendencia y de claro corte populista, el Perú debería aprovechar esta
oportunidad para decidir el mejor modo de utilizar la experiencia de sus ex
presidentes en beneficio de todos. En el pasado, se solicitó su concurso para
tareas de representación de la posición peruana en delicados temas o para
asegurar el éxito en la apertura económica nacional. En otros países los ex
presidentes tienen mucho trabajo a solicitud del Estado: brindan consejo,
acompañan delegaciones políticas y empresariales al exterior, cumplen programas
de formación de líderes y participan en el debate nacional con prudencia y
serenidad.
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