Las declaraciones de Barata indican que hemos
tocado fondo. La clase política peruana –con excepción contada con los dedos
de la mano–, ha sido sumida en el fango de la corrupción al confirmarse, por
boca del principal corruptor, que recibió dinero sucio para sufragar los gastos
de campaña electoral.
5.2 millones de dólares enlodaron las campañas
del 2006 y 2011. Es lo que sabemos, hasta ahora. La delación de Barata también
revela la participación activa de empresarios en los procesos electorales.
Tampoco es algo nuevo. Los empresarios han financiado candidatos desde siempre,
haciendo bolsas a favor de uno o en contra de otros.
El problema no es apoyar un candidato, un
partido o unas ideas. El problema es esperar una renta futura por hacerlo. Una
cosa es donar en defensa de una opción y otra muy distinto es hacerlo para
luego cobrar el favor.
Que la Confiep convoque a empresarios para
hacer una bolsa e impedir que un candidato llegue a la presidencia, no es
delito. Entregar ese dinero a otro candidato para ayudarlo a ser presidente,
tampoco. Pero pretender que por esa operación el candidato favorecido (si gana
la elección) retribuya a las empresas entregándoles obra pública, sí.
La delgada línea que existe entre ambas
formas de entregar dinero en campaña es el verdadero problema. Donación o
inversión, he ahí la cuestión.
Hasta el momento la ley no ha servido para
evitar cruzar esa brumosa divisoria entre un acto lícito y otro abiertamente
delictivo. Los elevados gastos de campaña y de conformación de organizaciones políticas
han arrojado a candidatos y partidos a la tentación de recibir donaciones non sanctas para mantenerse en política.
En Estados Unidos, la importancia de las
inversiones publicitarias en televisión
hizo que en 1971 se expidiera una ley para establecer límites a las
contribuciones privadas a las campañas electorales. El gasto publicitario es el
nervio central de las campañas electorales. Si queremos empezar a transparentar
las donaciones de privados se debiera empezar por aquí.
Todos somos libres de expresar con libertad
nuestro apoyo personal, intelectual, material, logístico o económico a una
opción política. Pero se debe hacer con transparencia y honestidad.
En medio de un mar de corrupción que amenaza
con desbordarse mantener una conducta y una acción transparente –de individuos
e instituciones– contribuirá de todas maneras a formar una ciudadanía
responsable y participativa. Quizás sea un esfuerzo descomunal –inútil por
momentos–, pero, no importa. No hay lluvia que no empiece, al menos, con una
gota.
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