Dinero y política

Que los empresarios financien partidos políticos no debe sorprender a nadie. Siempre lo han hecho. Y siempre lo harán. El problema no es que lo hagan, sino que escondan esa ayuda. El financiamiento debe ser transparente, bancarizado y de libre iniciativa. Sin imposiciones ni topes.

En Estados Unidos nadie criticaría que una empresa importante financie al partido demócrata o republicano. Sería extraño más bien que no lo haga. El financimiento proviene no solo de empresas, sino de organizaciones sindicales, religiosas, medioambientales, culturales y hasta filántropos.

La diferencia entre el sistema americano y el nuestro no es solo la ley. Es el espíritu de la ley, la costumbre, la cultura, la forma cómo nos organizamos y vivimos. Allá existen instituciones, reglas y normas muy claras para interactuar entre las personas, para organizar su sociedad y para actuar en la economía y practicar la política.

Existe algo fundamental, una cohesión social llamada confianza. 

En una sociedad así, el rol de los partidos políticos es mediar, representar, defender, los intereses de la sociedad. Y mientras la sociedad tenga grupos o asociaciones que representar —empresas, sindicatos, grupos sociales, étnicos— es lícito que lo hagan a través de los partidos.

El problema en nuestro país es que no estamos acostumbrados a este tipo de representación y respaldo económico. Los aportantes no quieren verse involucrados en apoyar a uno u otro candidato. Desconfían de la ley. Sienten que sus empresas se verán perjudicadas porque en lugar de la ley aquí ha predominado la ley del más fuerte. O la vieja costumbre de “para mis amigos todos, para mis enemigos, la ley”. 

Dudamos ed todo y de todos. La entrega oculta de apoyo económico a un partido revela una conducta torcida a cambio de futuras compensaciones o granjerías del poder. Un mercantilismo puro —mal endémico del empresariado peruano— de quienes no les gusta competir y ganar, sino solo lucrar. 

No estamos, pues, en una democracia anglosajona que permite, garantiza y regula el lobby, como herramienta necesaria para el ejercicio eficaz de la política. La suspicacia hace que estemos ante un escenario de aprovechamiento del poder económico para influenciar en el poder político. 

Por otro lado, el dinero entregado de manera informal, a escondidas, no solo desequilibra la cancha política, sino que engaña a los electores. Hoy, los cambios en la ley de partidos acotan el financiamiento partidario a 120 UITs para personas naturales o jurídicas o a 250 UITs para actividades proselitistas. Todo debidamente bancarizado y con identificación expresa del aportante. 

Es un avance. El único financiamiento prohibido debe ser, por supuesto, el que proviene de fuente ilícita. Pero mejor sería transparentar toda ayuda económica. Cualquiera puede hacer con su plata lo que quiera. Si algunos samaritanos deciden donar su dinero a uno o varios partidos, los electores, al menos, lo tendríamos en cuenta, a la hora de votar. Lo que no debe volver es la democracia censitaria, aquella donde el poder del voto no estaba basado en la persona, sino en la renta.