El paro de julio

Julio no solo es el mes de las Fiestas Patrias, los desfiles militares y el circo, sino también el mes de los paros. El del 79, que marcó el inicio de la apertura hacia la democracia, tuvo lugar un 19 de este mes. Dos décadas después, la marcha de los cuatro suyos, nuevamente para recuperar la democracia, fue también en julio.

 

Si agosto es el mes de los vientos y octubre de los temblores, ¿por qué no considerar a julio como el mes de los paros y las movilizaciones?

 

Como mencioné en estas mismas páginas en julio de 2008, el paro es un instrumento político y una oportunidad para medir fuerzas entre el gobierno y los instigadores del paro, ya sea a nivel nacional o local. 

 

Entre estos dos antagonistas se encuentra la gran mayoría de la sociedad, que se mantiene al margen de los paros y los asuntos políticos más elementales. "Es una mayoría silenciosa que observa los acontecimientos en la televisión. Y eso".

 

Si bien este razonamiento sigue siendo válido, en esencia, existen diferencias entre el paro del 19 de julio de 1979 y el convocado para el 19 de julio de 2023. La diferencia no solo radica en el tipo de gobierno que vivimos en ambos periodos (dictadura versus democracia), sino también en las características de la sociedad que soporta ambas formas de protesta.

 

En los años setenta, el Perú experimentaba los estragos ideológicos de la Guerra Fría y, tanto en la política como en la sociedad, los sindicatos eran organizaciones sociales representativas. La gente aspiraba a tener empleos formales y, de ser posible, se sindicalizaba.

 

Hoy en día, con una economía informal que supera el 80%, los trabajadores sindicalizados son una especie de rara avis. Tanto es así que los sindicatos ya no convocan a paros nacionales, sino a jornadas de protesta.

 

La prueba ácida de la sociedad informal en la que vivimos la experimentamos en la pandemia. La idea de parar la economía cerrando centros de producción y oficinas para frenar el contagio, fracasó.

 

Las millones de personas que viven del día a día no pueden permitirse el lujo de detenerse o encerrarse en sus hogares. Para estos compatriotas desprotegidos, el dilema consiste en arriesgarse y salir a trabajar o encerrarse y morir.

 

Algo parecido sucede con los paros. Una medida de fuerza solo es contundente si existe una plena conciencia de la necesidad de parar, no en los organizadores del paro, sino en la mayoría silenciosa. 

 

Nadie está obligado a hacerlo, pero tampoco se le puede impedir. No es necesaria la violencia, ni siquiera la manifestación pública de salir a marchar. Basta simplemente con la voluntad de parar.

 

No parece ser ese el ánimo de la gente hoy en día. ¿Qué podría cambiar esta situación y hacer que un paro no masivo tenga consecuencias políticas? El nivel de violencia (y muertes) que se genere. Estamos todos advertidos.

 

 

 

El Estado calato

Las emergencias desnudan el país. Antes fue la pandemia, hoy es el cambio climático. Las lluvias torrenciales, los desbordes del río y las inundaciones que se llevan cultivos y poblados enteros nos han dejado nuevamente al Estado en cueros. Tenemos un Estado calato.

Estos fenómenos naturales son recurrentes en nuestro país. Somos un país tropical, atemperado por el anticiclón del Pacífico y la corriente fría del Humboldt, que cada cierto tiempo, invariablemente, soporta el fenómeno de El Niño o La Niña, que nos visita y nos devasta.

Lo sabemos, pero una y otra vez asistimos, inermes, a su cíclico efecto.

Los responsables son la pobreza, pero también, la codicia, el despilfarro y la corrupción.

La pobreza, porque las migraciones humanas expulsadas del interior del país lo hacen porque no tienen otra opción. Vienen a la capital en busca de un porvenir, una esperanza de vivir mejor. Lo que encuentran es el arenal, el cerro o el cauce seco del río donde instalan sus casas.

La codicia y la delincuencia se esconden detrás del tráfico de tierras. Los pobres son víctimas de un mercado perverso: comparan lotes desprovistos de servicios, y autoridades inescrupulosas, populistas, les ofrecen titulación a cambio de votos.

Siete de cada diez viviendas se construyen informalmente. La corrupción permite que el negocio fluya. Autoridades codiciosas y traficantes de terrenos son la fórmula perfecta para el crecimiento desordenado de la ciudad.

Con el tiempo, las quebradas se activan y el agua y el lodo cobran lo que les pertenece. Los ciclos de lluvias, desbordes y huaicos parecen irse acortando.

Cerca de la mitad de ls población mundial se ubica a menos de 60 kilómetros de las costas. Esto quiere decir que si no aplicamos ingeniería, pero también sentido común, orden y ley en la planificación urbana, seguiremos lamentando cada cierto tiempo las pérdidas económicas y humanas de los desbordes.

Se tiene que replantear el manejo de cuencas, ríos y quebradas, gestionar adecuadamente sus cursos de agua, construir represas, canales, reforestar el ande, empezando por los ríos más importantes con planes quinquenales.

El Estado debiera planificar la urbe. Somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Y encima, tenemos un territorio geográfica y políticamente muy dividido. Falta planificación y gestión del suelo. Los distritos no tienen catastros adecuados. Existe subvaluación de terrenos y de casas. Solo el 5% de los distritos del Perú cobra el 90% del impuesto predial.

En lugar de política de viviendas debemos empezar a hablar de políticas de ciudades. Una nueva forma de administrar el territorio. El concepto es integrar la tierra, la vivienda y la producción. No puede haber proyectos sin planificación. El Estado debe diseñar estrategias descentralizadas macrorregionales.

Las grandes obras de desarrollo regional no se pueden dejar en manos solo de los gobiernos regionales o locales. Deben ser responsabilidad del gobierno central. Independientemente de los límites territoriales, se debe priorizar la gestión. Es la forma de empezar a "vestir" el Estado calato que por ahora tenemos.

Cátedra de ideas

En su origen, la democracia no fue para todos. Los griegos, quienes iniciaron esta forma de gobierno, pensaban que solo el hombre libre nacido en la ciudad-estado debía encargarse de los asuntos de la polis. Esto no incluía a los esclavos ni a los extranjeros. Se trató de un nacimiento imperfecto, pero el más avanzado que conocemos hasta nuestros días.

La polis fue el centro de la vida política, económica y cultural en el antiguo mundo, y el lugar donde surgieron muchas de las ideas y los valores que dieron forma al pensamiento occidental. Fue también cuna de los centros de enseñanza, encargada de formar líderes, estudiar ciencia, humanidades y arte; y, en general, capacitar a los futuros profesionales como los conocemos en nuestros días.

En el año 387 a.C. Platón fundó La Academia, la primera escuela filosófica centrada en la enseñanza de la teoría del conocimiento y la ética, las matemáticas, las ciencias naturales y también la política entendida como los actos de la Res pública. Su creador creía firmemente que sería un lugar para formar líderes capaces y éticos para Atenas y otras ciudades-estado de la antigua Grecia, que pudieran guiar a la sociedad hacia una mayor justicia y sabiduría.

En la antigua Grecia hubo muchas escuelas y centros de enseñanza que desempeñaron ese papel. Además de La Academia estuvo El Liceo de Aristóteles, la escuela jónica que floreció en la costa del Asia Menor con Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, la escuela eléatica, la pitagórica, los sofistas, la escuela estoica.

El espíritu de La Academia lo encarnan hoy las universidades. Es en ellas donde se forman hoy los profesionales que se encargarían de administrar no solo las empresas privadas, sino las instituciones del sector público. Ese rol formativo de la universidad es mucho más importante en nuestro país en un contexto social como el que vivimos, en el que prevalece el desencuentro y la violencia antes que el diálogo y el acuerdo.

La universidad cumple hoy en nuestro país un rol social y humanista, que se remonta hasta los orígenes mismos de su aparición. Se educa para lograr una sociedad más justa y democrática. Cuando las instituciones fallan en una sociedad, queda la academia como el último y principal reducto del pensamiento y la acción.

He ahí la importancia de haberse instalado recientemente la Cátedra Konrad Adenauer USIL, un espacio académico en el que se ventilarán ideas, propuestas y alternativas de solución para el país y la región latinoamericana. La universidad surgió con una visión humanista que busca a través del conocimiento generar bienestar y libertad. Es momento de regresar a las raíces.

El conocimiento es la llave que tenemos para abrir las puertas del diálogo, el debate alturado y difundir la comprensión y límites que tiene la democracia. Así como una buena educación nace si las sociedades son capaces de garantizar la prosperidad, la innovación y el progreso para todos. Así también, sobre el libre ejercicio de pensar, estudiar y proponer, la academia puede y debe aportar al fortalecimiento de la inclusión y el desarrollo.

* Artículo publicado en el diario El Peruano el 9 de marzo de 2023.

Tiempos violentos

 

En los últimos años, la protesta social en el país, como en el resto de América Latina, ha estado vinculada a lo que se conoce como reacciones antimercado, sea que se trate de protestas por demanda de derechos (defensa de la provisión de agua, protección de los campos agrícolas) o protestas por demanda de servicios (educación, salud, agua potable, carreteras).  

 

Los paros, movilizaciones y luchas sociales en general han estado ligadas a la privatización o extracción de recursos naturales y a la exigencia de derechos económicos y sociales. Desde la década de los noventa, cuando empezó en el Perú la aplicación de políticas liberales, y aun cuando su intensidad fue variable —alguna de ellas muy duras y violentas— las protestas surgían, se desarrollaban y desaparecían encapsuladas en el ámbito subnacional.

 

Las protestas que vemos hoy en día, en cambio, han roto esa cápsula y poco a poco empiezan a tener una dimensión nacional. ¿Qué une a un poblador que protesta en Madre de Dios, en Arequipa, en Cusco, con uno de Lambayeque, Lima o Ica? Es difícil encontrar una causa. Hay multiplicidad de ellas. Hay razones políticas, sociales y económicas, culturales, pero el nervio que articula todas ellas es político.

 

No es un movimiento de pueblos originarios que busca conquistar el poder. No estamos ante un aumento o “nueva escala de la protesta” (McAdam, Tarrow &Tilly, 2001), en el que casos aislados se convierten en crecientes corrientes de movilización, protestas a nivel nacional, de vinculaciones étnicas, como las ocurridas en países vecinos como Ecuador y Bolivia (Arce, 2015). 

 

Tampoco se trata de “pueblos originarios alzados”, de inspiración separatista. Son más bien masas rurales campesinas y urbano populares empobrecidas secularmente, indignadas por una serie de acontecimientos diversos, que van desde un Estado ausente, pasando por un mercado desequilibrado y un futuro sin esperanza que se siente lejano y ajeno. Es, en suma, una violencia política que se retroalimenta del rechazo al establishment político.

 

El descontento popular de insatisfacción se enhebra además con la respuesta política de un sector importante de la sociedad (30 % en promedio nacional,  40 % en las zonas rurales) que defiende a Pedro Castillo, que lo siente uno de ellos, que cree que la presidenta Dina Boluarte lo ha traicionado; y que ve el golpe de Estado de Castillo no como un acto autoritario de ruptura de la democracia, sino como la respuesta de un hombre asediado, acorralado, al que no lo dejaron gobernar.

 

Las marchas sin fin, que vemos desde hace dos meses, reflejan el low level de las instituciones democráticas para un sector de la población. Somos una democracia de baja intensidad que para una mayoría solo está en la superficie de la sociedad, en Lima y algunas ciudades, sin que haya penetrado en el tejido social del llamado Perú profundo. 

 

Son tiempos violentos en los que ha colapsado el sistema de representación. El país estalla ante un inexistente sistema de partidos políticos. Ni los congresistas, ni los gobernadores, ni los alcaldes, logran canalizar la protesta social o siquiera establecer puntos de inicio de conversaciones. Y no pueden hacerlo porque la gente tampoco confía en ellos.

 

Estamos recogiendo los resultados de la falta de confianza institucional y personal que padecemos los peruanos. Ojalá encontremos pronto los espacios de diálogo y los interlocutores necesarios para salir de este estado de barbarie en el que estamos, y nos sentemos a procesar nuestras diferencias. No podemos aceptar que Lima siga siendo asediada por oleadas.

 

Si la violencia continua y el Gobierno no es capaz de detener la espiral de violencia, y cada vez se muestra más débil para devolver el orden y la tranquilidad pública que el país necesita, entonces, la renuncia de la presidenta Boluarte debiera ponerse sobre la mesa. Antes, por supuesto, tiene la posibilidad de quemar el fusible general para evitar que se incendie toda la casa.

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Foto: Víctor Ch. Vargas

Diálogo democrático

El diálogo es consustancial a la democracia. Es el mecanismo mediante el cual las civilizaciones procesan sus desacuerdos, dirimen posiciones y alcanzan acuerdos. Es uno de los pilares de las sociedades modernas, que permite la convivencia social. 

 

No hay diálogo en una autocracia. Al romperse el principio de separación de poderes no hay con quién dialogar. La concentración del poder anula el diálogo entre las partes, pero también con la ciudadanía. Aparece el monólogo.

 

Los filósofos encontraron en el diálogo el mecanismo para ejercer de manera libre la defensa de una posición. El lenguaje desbroza el camino. La argumentación razonada da paso al debate y luego al consenso o disenso pacífico. Si el diálogo se rompe puede dar paso a la violencia. 

 

Por eso, es saludable que en medio de la crisis política que atravesamos se haya convocado a un diálogo en el Acuerdo Nacional. Este es un espacio para debatir los grandes objetivos nacionales, pero en ocasiones de emergencia, como las que pasamos, sirve de foro para proponer y encontrar una agenda mínima. 

 

El intercambio de opiniones entre individuos y colectividades es necesario, sobre todo en un país donde el sistema de partidos políticos colapsó hace por lo menos tres décadas. Sin estas correas de transmisión, el diálogo encuentra otras vías, surgen nuevas colectividades que representan intereses grupales, sectoriales, gremiales, religiosos, muchas veces contrapuestos, a los que también se debe escuchar.

 

La finalidad de la política es regular esos intereses de grupo y otros, no para evitar el conflicto, sino para asumirlo, procesarlo y encontrar solución a las controversias y los desacuerdos. Si la política es la respuesta colectiva al desacuerdo, el diálogo es el mecanismo para lograr que la política dé resultados.  

 

Por eso, en política, la finalidad del diálogo no solo debe permitir que los grupos en conflicto se expresen, sino que lleguen a acuerdos, pacten compromisos realizables y los pongan en práctica. Nunca más firmar acuerdos de mesas de diálogo para levantar la medida de fuerza, que luego se incumplen.

 

El diálogo político, asumido entre posiciones discordantes, o aún contrapuestas, para ser efectivo debe ser democrático y estratégico. Es decir, ser una práctica democrática y tener una finalidad clara. No un momento, sino una característica de gobernar. Dialogo, luego gobierno.

 

Mediante el diálogo se disipan las tensiones producto de la exclusión, la fragmentación o la violencia. Fortalecer el sistema democrático implica, por eso, ejercerlo con tolerancia, realismo y concreción, como expresión sincera y permanente de hacer política.

 

 

* Magister en Ciencia Política.

Artículo publicado en el Diario El Peruano, 2 de enero de 2023.

La democracia bajo asedio

Al final, estallaron las movilizaciones. No las que reclamaban la renuncia de Pedro Castillo por las denuncias de corrupción, sino las del interior del país que exigían su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y nueva asamblea constituyente.

 

El alto grado de violencia y destrucción de estos estallidos, los ataques a objetivos estratégicos precisos en diversos puntos del país y los mensajes instigadores de políticos extremistas denotan un bien montado plan para socavar el orden público, mezclado con espontáneas y legítimas manifestaciones de protesta. 

 

Las turbas atacaron aeropuertos e incendiaron locales del Ministerio Público, Poder Judicial, comisarías; e irrumpieron en empresas privadas como Danper y Laive, en Arequipa; asaltaron la planta de gas en Kepashiato, la central hidroeléctrica del Mantaro; apedrearon tiendas, comercios; quemaron garitas de peaje, buses y autos particulares; interrumpieron la red vial nacional; generaron disturbios y saqueos.  

 

No es la manera como se reclama en una democracia. Es más bien una forma de asonada contragolpista de grupos que no creen en el sistema democrático en contubernio con guetos financiados por una economía ilegal que viven de la informalidad, la ilegalidad, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. 

 

Estos grupos radicales son los que ponen hoy la democracia bajo asedio, a quienes el Estado debe identificar y diferenciar de quienes legítimamente salen a protestar exigiendo nuevas elecciones generales. No es lo mismo pedir el cierre del Congreso que disparar un arma hechiza contra un policía o soldado.

 

Hasta el momento se cuentan veinticinco víctimas civiles por enfrentamientos con las Fuerzas del Orden. Es lamentable y doloroso conocer este saldo luctuoso. El uso de la fuerza debe ser proporcional. Y cualquier exceso debe ser investigado y castigado. 

 

El Estado es el propietario del uso legítimo de la fuerza. Nosotros, los civiles, le entregamos esa responsabilidad cuando decidimos vivir en sociedad y dejamos de usar la violencia para resolver nuestras diferencias entre individuos. 

 

Cuando grupos violentos rebasan el poder de la policía nacional, cuando se bloquean carreteras, aeropuertos y se atenta contra la propiedad pública y privada paralizando las actividades económicas, conculcando derechos civiles y sociales, el Estado debe recurrir al uso extremo y legal de su fuerza. Y esta, en estado de emergencia, como sabemos, la ejercen las Fuerzas Armadas.

 

Por supuesto que se condenan los excesos. Ningún soldado en democracia debe apuntar sus armas contra sus ciudadanos. Pero tampoco los ciudadanos pueden irrumpir de manera violenta contra el orden y tranquilidad pública, e imponer su poder a costa del terror. 

 

No se puede tomar un aeropuerto, dañar sus instalaciones y pretender que la democracia no actúe en defensa inmediata de la gran mayoría de ciudadanos afectados por esa conducta criminal. Para eso existe la fuerza pública. Si la democracia es puesta bajo asedio, debe defenderse. 

 

 

10 Lecciones de un autogolpe fallido

 

1. Las instituciones democráticas cumplieron su papel. El Tribunal Constitucional rechazó casi de inmediato el golpe de Estado y la quiebra del orden constitucional perpretado por Pedro Castillo Terrones. Pero fue el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y  la Policía Nacional del Perú el que terminó de desmoronar la osadía palaciega al ratificar su respeto al orden constitucional establecido y señalar que la disolución del Congreso constituye una infracción a la Constitución que genera el no acatamiento de las instituciones armadas. 

 

2. Debe igualmente destacarse la sólida posición institucional en defensa de la democracia y el Estado de derecho que tuvieron el Poder Judicial, La Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Los distintos órganos componentes del sistema condenaron el intento del golpe de Estado de manera escalonada a través de las redes sociales.

 

3. Un golpe sin preparación, ni respaldo, ni estrategia, es un acto fallido, políticamente suicida. El presidente fue víctima de su falta de convicción democrática como de sus impromptus, sus miedos y sus fantasmas. Nadie respaldó su temeridad. Ni su partido, ni sus congresistas, ni el Consejo de Ministros. Las declaraciones de Salatiel Marrufo tildándolo como cabeza de una organización criminal terminaron por destrozar sus nervios. El resultado fue el mensaje a la nación de un autócrata tembloroso, balbuceante, sin autoridad ni convicción.

 

4. Pero, no nos equivoquemos. Si bien su último acto fue desesperado, no lo fue su concepción. La vena autoritaria de Pedro Castillo se evidenció en múltiples momentos. No solo en el ataque permanente a las instituciones, sino también a la prensa. La prueba más reciente fue el acta del Consejo e Ministros del 24 de noviembre de 2022, donde consideran el rechazo de plano del Congreso a una propuesta de reforma constitucional sobre el referendo como primera confianza denegada. De ahí a provocar un nuevo intento de denegatoria de confianza y cerrar el Congreso estaba a un paso. 

 

5. La controversia entre poderes puede resolverse con un árbitro efectivo, equilibrado y oportuno. La medida cautelar del Tribunal Constitucional, que suspendió cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo —de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre— echó por tierra el intento del Ejecutivo de pretender cerrar el Congreso legalmente. 

 

6. Los peruanos hemos aprendido a resolver los problemas por nosotros mismos. Hay algunas cosas de las que estamos curados: la hiperinflación, por ejemplo. En política, en cambio, arrastramos otras viejas taras, como confundir lo público con lo privado y  creer que el Estado es un botín. Que hayamos rechazado el intento de golpe de Estado, sin intervencionismos de terceros ni tutelajes, es una buena noticia para nuestra endeble cultura democrática. 

 

7. El rol de la prensa también merece señalarse. Sin su labor fiscalizadora no se habría llegado a donde estamos hoy. Semana a semana los medios fueron arañando y levantando capa por capa las obcenidades del régimen. Las declaraciones de Salatiel Marrufo prueban que tenían razón. En el poder se enquistó una maquinaria que no solo dilapidaba los recursos públicos, sino que, según ha confesado el testigo, rentaba los cargos para poder hacerlo. El ministro de Vivienda, por ejemplo, entregaba mensualmente 50 mil soles al jefe del Estado para que no ser removido del cargo. Ante estas denuncias, el poder respondió atacando, aislando, menoscabando a la prensa. Que lo sepan los políticos, con la prensa mal vecino es el amor y cuando no hay es peor. O, simplemente, mal con ellos, peor sin ellos.

 

8. La participación ciudadana ha sido vital. Esta vez no fueron marchas masivas, sino apenas un puñado de ciudadanos que rodeó las embajadas de Cuba y México en previsión de que Pedro Castillo busque asilo político. Estaban en lo correcto. Sin embargo, fue la propia escolta presidencial la que detuvo en flagrancia al fallido presidente golpista. Alertados por sus teléfonos celulares, otro pequeño grupo de transeúntes fue testigo de los hechos y grabó las incidencias. 

 

9. La crisis política no ha acabado. Se ha conjurado el ojo de la tormenta, pero continua la borrasca producto de la desconfianza y la fractura de la ciudadanía y la clase política. Las primeras señales de que no serán tiempos de calma vienen del sur del país. Se empiezan a generar manifestaciones que bien pueden ser aprovechadas por líderes extremistas. El horizonte de gobernar hasta el 2026, que ha señalado la presidenta Dina Boluarte, es legítimo, pero, probablemente, irreal. Un sector de la población seguirá exigiendo que el Congreso también se vaya. Para eso, la presidenta deberá aguzar sus sentidos para leer bien lo que la calle demanda.

 

10. La presidenta Dina Boluarte tiene la posibilidad de pasar a la Historia no solo como la primera mujer en ocupar la presidencia, sino como la que devolvió al país la tranquilidad pública,  reestableció la confianza en la política y lo reencaminó hacia la tranquilidad y el desarrollo. Puede hacerlo si se plantea reformas inmediatas, plazos realistas y si hace suyo el planteamiento de adelantar las elecciones antes que la efervescencia social nuevamente nos desborde. El gabinete que convoque debe ser de salvación nacional, formado por un presidente (a) del Consejo de Ministros con solvencia técnica, profesional y moral, capaz de convocar y concertar con un sector mayoritario de fuerzas políticas, dentro y fuera del Congreso. La elección de este personaje será crucial para saber si después de seis presidentes, en seis años, los peruanos aprendimos finalmente a valorar y respetar los plazos constitucionales de gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidos 4.0 *

La aparición de Coalición Ciudadana (CC), formada por más de 200 organizaciones sociales, es una bocanada de aire fresco en el sistema de representación política en el Perú, que da signos de agotamiento en toda América Latina. 

Según datos de Graph for Trought de Naciones Unidas, los partidos políticos en la región sufren una crisis de desconfianza y descontento de parte de la población. Los ciudadanos votan más “en contra de” que “a favor de”, como una forma de castigar el sistema político. 

En el Perú los partidos sufren además una crisis de representatividad y de estructura por lo que necesitan transformarse, reconvertirse, agionarse, si desean ser competitivos y mantenerse como opciones válidas. 

La participación de CC en el debate político con propuestas de reformas institucionales, apariciones en medios y colaboración ciudadana mediante plataformas digitales, es un llamado de atención a los partidos clásicos de todo el espectro ideológico. Ninguno de estos nuevos activistas en red encuentran espacio en algún partido político desde donde puedan proponer y actuar. 

Hace tiempo que los partidos han perdido esa conexión con la ciudadanía. No son ni espacios de articulación de intereses colectivos ni enlaces de canalización de las demandas ciudadanas. Tampoco son centros del pensamiento o escuelas de estudio y propuestas de solución de los principales problemas del país. 

Los nuevos espacios de discusión pública como los foros on line, los debates abiertos, los webinar, y la actividad en redes sociales, canalizan el diálogo en diversos temas de interés. Lo que los partidos hicieron cuando surgieron a fines del siglo XIX —activar el debate público—, lo hacen hoy las nuevas plataformas digitales. 

Los partidos necesitan con urgencia ser más permeables a los cambios sociales y tecnológicos. Ello incluye revisar la estructura organizacional del viejo partido de masas creado hace más de 200 años. ¿Secretario de disciplina, de Ideología, de Juventud? Por qué no secretarías de Gobierno local, de regiones y una secretaría por cada ministerio del Gobierno nacional. De lo que se trata es de preparar y especializar a los militantes para convertirlos primero en cuadros y luego en funcionarios probos de Gobierno. 

Si la tecnología puede asegurar el principio de igualdad, transparencia, democracia, participación horizontal y meritocracia, bienvenida sea. La administración política del siglo XIX no sirve en el siglo XXI. El voto de descontento expresado en las ánforas solo da como resultado ciudadanos frustrados con el sistema democrático. 

La democracia se asienta en partidos políticos. Los grupos de interés —como el que acaba de salir— pueden ayudar a presionar la modernización de los viejos partidos. Y quizás hasta los empujen hacia su reconversión en partidos 4.0.

* Artículo publicado en el Diario El Peruano, 24 de noviembre de 2022.