Seamos claros. El planteamiento de entregar dinero a la comunidad organizada –rurales o urbanas– para realizar pequeñas obras que el Estado no puede ejecutar es buena; el problema es el riesgo que existe de su politización y clientelaje.
Los políticos desdeñan este tipo de obras por carecer de impacto político o mediático.
La reparación de aulas, la refacción de vías, un muro de contención, una pequeña posta, no figuran entre las prioridades de políticos acostumbrados a grandes inauguraciones. Les parecen poca cosa.
Es un error, por cierto. Porque estas pequeñas obras sin bien carecen de impacto político y/o mediático, tienen un profundo sentido social.
Es la presencia directa del Estado en los lugares más alejados del país donde no llega ni siquiera la municipalidad distrital.
Es también una manera directa de que la población sienta que llega el crecimiento. ¿Para qué existe, sino, el Estado, para servir a la gente? ¿Para qué sirve la economía, sino, para mejorar la calidad de vida de la población?
Esta metodología tiene su origen más que en la descentralización de recursos públicos en la participación comunal, esa forma de trabajo ancestral que dejaron nuestros antepasados.
Por eso funciona mejor en el campo que en la ciudad. En las zonas rurales, la gente está acostumbrada a trabajar de forma mancomunada, solidaria, para edificar sus propias moradas o casas comunales, hacer caminos o abrir trocha.
Fujimori clientizó este tipo de trabajo porque no creía en las instituciones municipales, regionales o nacionales. Muchos de los viajes a provincias que realizó El Chino tuvieron que ver con supervisar esas pequeñas obras comunales.
El sistema, por eso, no es malo, el problema es la direccionalidad política, el clientelaje, del gobernante de turno.
Para decirlo más claro, el movilizador del partido de gobierno -Carlos Arana- no puede manejar e instrumentar los núcleos comunales descentralizados. ¿Quién organiza los núcleos comunales?, ¿quién aprueba sus presupuestos? ¿No es ahora Foncodes un instrumento del partido de gobierno?
El sistema debiera ser manejado por las Mesas de Lucha contra la Pobreza o por los propios gobiernos locales. Pero, además, las obras deben contar con supervisión técnica para evitar el despilfarro de recursos.
Las universidades pueden ayudar en este último aspecto. Los jóvenes profesionales podrían hacerse cargo de supervisar técnicamente las obras, las comunidades aportarían la mano de obra y contrarían la mano de obra especializada; el Estado, vía el gobierno local, otorgaría el dinero y la fiscalización la realizarían miembros de la propia comunidad elegidos para tal fin.
En efecto, no hay que tenerle miedo al pueblo. El pueblo es sabio en muchas cosas; entre ellas, cuidar el uso del dinero público. El problema son los políticos que se aprovechan de la pobreza de la gente. Y usan los dineros del Estado como si fueran de su bolsillo.
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