La forma como el gobierno encaró la protesta
de los pobladores de Espinar ante la empresa minera Xtrata Tintaya, revela un
modelo que ya se vio antes en Cajamarca por el tema Conga: romper el diálogo, decretar
el estado de emergencia, bloquear las cuentas municipales y procesar
judicialmente a los líderes locales acusados de azuzadores y revoltosos.
Estamos ingresando ante un modelo de gobierno
asentado en la fuerza antes que en el diálogo. La fuerza pública acompañada de
la fuerza de la ley. El modelo Valdes.
La forma cómo se apresó al alcalde de Espinar
Oscar Mollohuanca es sintomática. Un grupo de policías ingresó a la municipalidad
provincial y lo sacó a la fuerza para entregarlo al Ministerio Público.
El alcalde fue denunciado por delitos
contra la seguridad pública,
atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los
servicios públicos y apología del delito. En tiempo record, fue trasladado
de jurisdicción y terminó encarcelado 5 meses –de manera preventiva– en el
penal de Cachiche de Ica, mientras dura el proceso judicial.
Espinar marca un punto de quiebre en la relación Estado
– conflictos sociales.
El presidente Humala parece haber llegado a
la conclusión de que existe una acción coordinada de fuerzas políticas que
conspiran contra su gobierno camufladas en un discurso de defensa
medioambiental cuando en realidad se oponen ideológicamente a cualquier tipo de
inversión privada.
La dificultad de esta forma de pensar es que
confunde el accionar violento de las dirigencias de problemas reales de la
población: estado ausente en las zonas de influencia de la minería, empresas desvinculadas
de programas de desarrollo, falta de información sobre impacto real de las
actividades extractivas en las comunidades.
La intermediación del Estado en la resolución
de los conflictos sociales es una falencia. Esta tarea está en manos del
presidente del Consejo de Ministros, pero ni él ni la Unidad de Prevención de
Conflictos Sociales parecen darse abasto para encontrar soluciones negociadas.
La negociación es un proceso de larga
maduración. No es una solución inmediata a un problema desbordado. Se requiere
voluntad de ambas partes y metodología para acercar posiciones. Pretender el
uso de la ley y la fuerza pública en una situación de conflicto, muchas veces,
no abre, sino cierra las puertas a la negociación. El actual procedimiento adoptado
por el gobierno en el caso de Espinar marca la pauta de enseñar a través del
miedo. Pero el miedo es un estado de perturbación que llevado al extremo puede
generar una salida aún más violenta.
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