Una propuesta interesante ha surgido desde la
empresa privada peruana que el gobierno bien podría tener en cuenta para
aterrizar la propuesta de inclusión social en las poblaciones con recursos
naturales que rechazan -muchas veces de manera violenta-, la inversión y
extracción de sus riquezas.
Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de
CESEL, ingeniero de gran experiencia en obras de infraestructura en nuestro
país, ha propuesto que así como es requisito obligatorio para aprobar la
viabilidad de un proyecto, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, se
realice una especie de Estudio de Inclusión Social de carácter vinculante que asegure
a las comunidades los beneficios del desarrollo, las cuales se comprometen a respetar
el proyecto en todas sus fases.
Delgado Sayán sostiene que, actualmente, el
mayor problema a superar en cualquier proyecto de inversión que tenga como
escenario las comunidades altoandinas o amazónicas del país se encontrará con
un primer escollo que es la madre de todos los problemas futuros: la
desconfianza.
Los pobladores desconfían de las empresas que
por lo general llegan a sus tierras, explotan sus riquezas, dañan el medio
ambiente y se van sin dejar nada a las poblaciones del área de influencia del
recurso.
En lugares donde el Estado por lo general
también está ausente, es muy difícil lograr desarrollar lazos de confianza y
respeto entre los actores locales, los representantes de la empresa y la
institucionalidad oficial.
¿Cómo hacer para romper con esta tendencia histórica
de explotación y pobreza; de desarrollo y riquezas para unos y atraso y pobreza
para otros?
La propuesta señala que se debe realizar un
estudio profundo, exhaustivo, de
planificación del desarrollo sobre la viabilidad de la comunidad en las tres
fases del proyecto: exploración, explotación y cierre de la mina.
El Estado invertirá en infraestructura
básica, la empresa privada adelantará sus ganancias y formará el recurso humano
necesario para la etapa de funcionamiento del proyecto y realizará los planes y
prospectos para potenciar e identificar nuevas actividades económicas.
La población se preparará entonces para
recibir los beneficios antes de la fase de explotación del recurso y, sobre
todo, tendrá claro que la actividad minera no será para toda la vida, por lo
que deberá adecuarse para la fase de cierre de la mina buscando otras alternativas
económicas y de mercado.
Para evitar que alguna de las partes incumpla
su palabra se firmaría este Estudio de Inclusión Social que sería vinculante
para las partes: Estado, Empresa y Comunidad. Esta experiencia, en parte, se
realizó con las comunidades de Grau y Cotabambas en Apurímac con el Proyecto
Minero Las Bambas.
Fue arduo el trabajo de sensibilización y
negociación que el 2004 realizó el Estado para convencer a estas comunidades
andinas de lo conveniente que era para ellos la explotación de este proyecto
cuprífero de más de 4, 200 millones de dólares de inversión.
Nació así la idea de crear un Fondo
Fideicomiso de 45 millones de dólares, convertido hoy en el Fondo Social Las
Bambas de 63 millones de dólares para construir colegios, postas médicas, instalar
agua y desagüe, y capacitar al recurso humano necesario para las actividades
mineras.
La propuesta de un Estudio de Inclusión
Social se desprende de esta experiencia.
Las comunidades no protestan por violentas o
radicales. El caldo de cultivo de esa conducta quizás se explique en la
desconfianza histórica instalada en su memoria colectiva, lo que las impulsa al
grito desesperado de no ser actores del desarrollo.
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