Seguridad ciudadana y respuesta cívica

El miedo puede paralizar en un primer momento. Pero, en situaciones extremas, puede impulsar a la acción. Esto ha pasado con los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hartos de atracos, fechorías, extorsiones, bandas y sicariato, esta semana salieron a las calles para expresar su rechazo a la criminalidad.

Los ha movido el miedo de ver a sus hijos en peligro de caer por una bala asesina. Pero también la inacción o impotencia del Estado que no tiene respuesta para frenar esta ola de violencia que amenaza la vida en comunidad.

Un director y dos vigilantes de colegios privados fueron muertos a tiros recientemente en ese distrito. Un programa periodístico reveló la forma en que las bandas de sicarios utilizan a los adolescentes para cometer crímenes que perpetrados por adultos tendrían penas severísimas.

Los delincuentes mayores les consiguen dinero y armas, y los entrenan con prácticas de tiro en los cerros de Jicamarca. No hay Estado en esos cerros. No son territorios liberados, sino olvidados. 

Si tenemos en Lima un policía por cada mil habitantes y si un tercio de las comisarías distritales se encuentran en mal estado, un 46% no cuenta con servicios básicos, 40% no tiene computadoras, y de las que tienen, 70% no tiene internet, es poco lo que desde el punto de vista policial se puede hacer para combatir la criminalidad.

El tema de la criminalidad, como la pobreza, es multidimensional. Tiene varias causas y, sin duda, el crecimiento de jóvenes con falta de oportunidades laborales, educativas y de recreación se encuentra entre ellas. La falta de valores es consecuencia de su precariedad social, no la causa.

Así parece entenderlo también la población de San Juan de Lurigancho, la cual, en un rapto de desesperación y fragilidad institucional, ha pedido no solo más efectivos policiales y comisarías en su distrito, sino que sean las propias Fuerzas Armadas las que patrullen las calles y lugares estratégicos del vecindario.

Es un error, por supuesto, pensar que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad ciudadana. Esas tareas son competencia municipal y de la Policía Nacional. Pero la delincuencia parece ganar terreno a estas instituciones y el miedo de la gente la lleva a optar por estas posiciones extremas que al final son siempre peligrosas para el fortalecimiento del sistema democrático. 

El grito desesperado de una madre de familia en la marcha no pudo ser más elocuente: “¡Con nuestros hijos no se metan!”. La marcha de San Juan de Lurigancho, fuera del histrionismo y payasada de su alcalde de pretender imponer un estado de emergencia por decreto de alcaldía, y de la posición equivocada de su gente de convocar a las Fuerzas Armadas, es un llamado de atención a un problema que hoy toca las puertas de la capital, pero cuya modalidad de organización, ataque y blancos elegidos –pequeños y medianos comerciantes, negocios y/o tiendas– surgieron hace buen tiempo en ciudades importantes del norte del país como Trujillo.

No es casualidad que hoy en día los trujillanos tengan como alcalde a un excoronel de la policía, exguardia civil y hombre de inteligencia, perseguido y que sigue enredado en el Poder Judicial con acusaciones de haber formado un comando de la muerte que eliminaba delincuentes de alta peligrosidad. 

Elidio Espinoza niega, por supuesto, estos cargos y hoy, como autoridad municipal, camina sin seguridad por todos los vericuetos de Trujillo, empeñado en demostrarle a quien quiera escucharlo que no es verdad que estas bandas de extorsionadores, secuestradores, asesinos y sicarios organizados les estén ganando la guerra a las autoridades y al país. Ojalá los enemigos de la convivencia civilizada, de la ley y el orden, no le demuestren lo contrario. La marcha de SJL es una de esas respuestas cívicas que necesitamos para ganarle la guerra a la inseguridad ciudadana.

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Publicado en Diario 16 el 31 de mayo de 2015.