Ni política ni comunicación, es la economía.

A 45 días de asumir el mandato, el presidente Martín Vizcarra despliega su estrategia política-comunicacional. Viajes continuos a provincias, defensa del proceso de descentralización, entrevistas medio por medio, conversación con todas las fuerzas políticas, fuerte tutelaje de Fuerza Popular y diferenciación radical, cuando no abierta confrontación, con todo lo que le recuerde a su antecesor y a Peruanos por el Kambio, el partido que lo llevó al poder.

Pero, a donde debiéramos mirar es a su política económica, que es donde se vienen estudiando los cambios que sí definirán el rumbo de este gobierno.

Las declaraciones del presidente Vizcarra y del premier Villanueva indican que este podría ser el gobierno del sentido común, de las generalidades o de las buenas intenciones. Un gobierno que acuña frases con las que nadie puede estar en desacuerdo. “Las cosas que están mal se mejorarán y las que están bien se potenciarán”. ¿Quién podría estar en desacuerdo con algo así?

Estos  mensajes funcionan debido a que el gobierno se encuentra como en un periodo de gracia o luna de miel que terminará apenas el gobierno empiece a tomar medidas concretas como, por ejemplo, lo que se viene pensando hacer en materia tributaria.

Subir los impuestos al alcohol, cigarrillos y gaseosas es un cosa, pero modificar el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles es otra. Estudiar modificar el Impuesto a la Renta tiene un sentido, pero gravar en concreto a los independientes que ganan 3 mil soles mensuales es otra muy diferente.

El gobierno puede igualmente proponer eliminar las exoneraciones tributarias que tienen las inversiones privadas en educación, pero deberá enfrentar el malestar que generará en la población el aumento de las pensiones universitarias o de institutos técnicos y colegios.

Es una disyuntiva complicada. Por un lado, el gobierno busca disminuir el déficit fiscal a menos de 3 puntos porcentuales y al mismo tiempo debe elevar la recaudación tributaria de 12% del PBI, a por lo menos 16% del PBI. Si no lo hace, podría comprometer en el mediano plazo el grado de inversión que tiene el país por un aumento del ratio del pago de la deuda externa respecto al nivel de ingresos que proyecta.

Todo ello dentro de un programa agresivo de inversión pública y de recuperación de la confianza para promover la inversión privada, que es la única que realmente genera empleo.

Para soportar todo este paquete de medidas económicas —¿alguien dijo paquetazo?— el gobierno tiene a su favor nuevos aliados políticos. Los defensores más entusiastas de Villanueva no estuvieron en la bancada de PPK, sino en el bloque de Fuerza Popular.

Muy pocos se atreven a señalar una alianza política. Pero coincidencia de objetivos o de pareceres no es. Veremos cómo reaccionan estos aliados ante las medidas anunciadas en materia tributaria y fiscal. Su aplicación es inminente. No debe pasar del periodo perfecto de distracción que nos regalará el mundial de fútbol Rusia 2018. Entonces, ni política ni comunicación; es la economía. El tiempo es breve. No digan que no se les avisó.

La sociedad: enferma y culpable

Conectada a un ventilador artificial, Eyvi Liset Ágreda Marchena (22), se encuentra sometida a un sueño inducido que le evite el dolor. Cuando despierte, la pesadilla apenas habrá comenzado. Tiene el 60% de su cuerpo quemado y comprometidas las vías respiratorias. Su vida nunca será la misma.

Ella fue atacada por Carlos Javier Hualpa Vacas (37), un cocinero de oficio,  acosador frustrado, obsesionado en ser correspondido, narcisista, impulsivo, según las primeras pruebas psicológicas realizadas, quien esta semana, la abordó subrepticiamente, mientras ella se desplazaba en un bus público, la roció con gasolina y le prendió fuego. Trastornado, pero consciente de lo que hacía.

La sociedad está enferma, sin duda, pero no es inimputable.

Hualpa Vacas debe ser juzgado por tentativa de feminicidio y sometido a  la pena más severa. Su caso es uno de los más espeluznantes, escabrosos, pero no el único, ni el último, lamentablemente.

80 por ciento de peruanos sufre algún tipo de trastornos mentales sin que reciban tratamiento alguno. Las estadísticas de violencia, asesinatos, homicidios, feminicidios, nos revelan que el problema va en aumento.

En el periodo 2011-2015 se registraron 556 mujeres asesinadas, según reporte del INEI tomado del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El 67,3% de las víctimas tenían de 18 a 34 años de edad. 

Datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), indican que en enero de este año se produjeron 10 feminicidios y 44 tentativas de este delito. Para el primer trimestre del 2018 ya sumaban 32 los feminicidios y 82 las tentativas de feminicidio. En este mismo periodo, las consultas efectivas a la Línea 100 por algún tipo de violencia contra la mujer fueron 4,984.

Estamos ante una emergencia social, psicológica y policial. La falta de presupuesto en los hospitales públicos, comisarías y municipalidades no explica del todo la desatención. Para todo falta plata.

Los especialistas dicen que la solución está en la Educación. Es cierto, pero eso es a mediano y largo plazo. Para atender la emergencia en la que estamos se debe empezar por organizar el territorio. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables son un buen primer paso.

Existen 300 en todo el país y funcionan principalmente en las comisarías. Se requiere de manera urgente duplicar o triplicar esa cifra. Y para ello esa misma modalidad de organizar un equipo multidisciplinario de atención debe extenderse a municipalidades, parroquias, postas médicas y universidades.

Todo espacio donde funcione una institución debería estar apta para abrir un CEM que brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica familiar.

Los especialistas en cada una de las áreas de asesoría pueden complementarse con brigadas de jóvenes bachilleres de carreras beneficiadas con un sistema de Servicio Civil Voluntario. Es decir, abogados, psicólogos, sociólogos, médicos, asistentes sociales, enfermeras, que cumplan trabajo en estos CEM para culminar su carrera.

El ahorro en alquileres costosos de algunas instituciones públicas, puede derivarse a la instalación de estos CEM. La empresa privada puede dar una mano también a través de Obras por Impuestos. No podemos permanecer impasibles ante tanta violencia y miseria humana. El lema #Niunamenos debe dejar de ser un slogan para convertirse en una meta concreta. De lo contrario, estaremos condenados a ser una sociedad enferma y culpable a la vez.

Corrupción: de la palabra a la acción

La corrupción, como un pulpo que lo envuelve todo, ha vuelto a babear en la sociedad peruana. Según una reciente encuesta nacional urbano-rural de Ipsos, 57% de los compatriotas considera la corrupción como el principal problema del país; por encima incluso que la delincuencia y la falta de seguridad.

Esto no ocurría desde el segundo gobierno de Alan García, el 2010.

Ya el Barómetro de Las Américas señalaba que la corrupción le pisaba los talones a la inseguridad ciudadana como el principal problema de la región. En ese mismo sondeo regional, 33% considera que todos los políticos están implicados en corrupción, mientras el 44% cree que más de la mitad lo está.

Es la factura Odebrecht, sin duda. Gracias a ella, la corrupción es hoy en América Latina una amenaza transnacional, lo mismo que el narcotráfico y el terrorismo. Atraviesa todos los Estados, todas las instituciones, derribando las bases mismas de la Democracia.

La corrupción desestimula la inversión privada, retarda el crecimiento e inhibe los esfuerzos para la reducción de la pobreza. Los líderes políticos que fueron elegidos para tomar decisiones en nombre del pueblo, pero que, en cambio, roban millones de dólares, enferman el alma de la gente.

La falta de confianza en el gobierno deviene entonces en inestabilidad política y ésta en inestabilidad económica, lo que acrecienta la falta de confianza de los inversionistas. Según el Banco Mundial, la corrupción es causante de al menos 1,500 millones de dólares en sobornos cada año. Este mismo organismo considera que el costo de la corrupción a nivel mundial es del 2% del PBI nacional y en nuestro país, la Defensoría del Pueblo, calcula esta cifra en 10%.

Ojalá ese dinero se invirtiera en educación, innovación, becas. Crearíamos mejores estudiantes con capacidad para tener mejores oportunidades en la vida. Sociedades más incluyentes, menos complacientes con la corrupción, crean mayor participación de los jóvenes en sistemas de educación de calidad y en empleo productivo.

Necesitamos una Educación que fomente habilidades y capacidades que se adapte a los avances tecnológicos, buscando un equilibrio entre las habilidades cognitivas y las socio-emocionales. Pero también necesitamos un replanteo moral. La Educación es la herramienta más poderosa para ese cambio. Es la que forma el capital humano calificado; condición indispensable para el desarrollo.

Esperemos la presentación del gabinete Villanueva ante el Congreso de la República. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, debe no solo conocerse, sino aplicarse en todos los estamentos de gobierno. 

El presidente Vizcarra tiene la gran oportunidad de hacer realidad el Compromiso de Lima, “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, firmado recientemente en la VIII Cumbre de las Américas. Y dejar una impronta en su gobierno: reducir el índice de percepción de la corrupción, combatiéndola frontal y diligentemente, apuntando no a los tentáculos, sino a la cabeza del corrupto y viscoso octopus.

Los jóvenes y las StarUps en América Latina

Llegamos siempre algo retrasados a los cambios en la historia. Había naciones, muchas naciones, pero apenas un estado en formación, cuando llegaron los españoles. Ni hablar de ciudadanía.

La independencia ni siquiera trajo la democracia. Esta empezó en muchas partes del continente un siglo y medio después de que se inaugurara en el hemisferio norte. Los derechos civiles llegaron también tarde y los más recientes cuestan aún  reconocerlos.

Algo parecido sucede con la tecnología.  La ola industrial nos pasó por encima. Y la brecha en investigación y desarrollo se agranda cada vez más en comparación con otras regiones del mundo.

América Latina es una de las zonas del mundo que menos recursos aporta en investigación, ciencia y desarrollo. En conjunto, no llega al 1% de su PBI. Solo Brasil alcanza esa cifra, inferior a lo que hacen Israel, Estados Unidos, Alemania y Japón que invierten entre el 3% y el 4% de su PBI en innovación tecnológica.

Por esta razón, es importante lo que acaba de señalar Raúl Diez Canseco Terry —Fundador Presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola— en el V Foro de Jóvenes de las Américas: la región debe invertir en el talento humano y dar el salto de la inversión en sectores productivos a la inversión de riesgo que es aquella “que cree en el talento, en lo nuevo, en lo moderno, en lo disruptivo” y se ve reflejado en nuevos emprendimientos tecnológicos conocidos como StarUps.

La ola tecnológica es la cuarta ola del desarrollo de la civilización humana. El V Foro de Jóvenes de las Américas sirvió para mostrar esta ventana tecnológica de América Latina que empieza a abrirse, algo tarde, es cierto, pero se abre al fin. 

El Young Americas Business (YABT), que dirige el peruano Luis Viguria desde Washington, organizó el TICS Americas 2018, el Eco-Reto 9.0 y el Caribbean Innovation Competition (CIC), para encontrar emprendimientos juveniles que combinaran tecnología, cuidado del medio ambiente, investigación y mercado.

El concurso buscaba el talento y la innovación en los jóvenes de las Américas. Se presentaron un total de 4,716 iniciativas, de las cuales, se seleccionaron 21 equipos finalistas que expusieron e impulsaron su respectiva StarUp en el foro juvenil desarrollado en Lima, previo a la Cumbre de las Américas.

Fue fantástico escuchar a los jóvenes hablar el lenguaje global de las nuevas tecnologías, pero asociado a negocios que buscan contribuir a cambiar el mundo. Los proyectos finalistas fueron de Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Barbados y, por supuesto, Perú.

Me llamó la atención la StarUp Evea Eco Fashion del Perú que proponía fabricar zapatillas con suela de caucho diseñadas para el mercado europeo y norteamericano, que multiplicaban hasta por diez los ingresos que lograban obtener antes las comunidades indígenas vendiendo el latex sin procesar.

Los jóvenes de Eco Fashion habían logrado salir del entrampamiento de quedarnos solo en la venta del recurso natural y con ingenio y madurez proponían innovar, transformar, diseñar y vender el producto en el competitivo mundo fashion de la moda. Es decir, incorporaban valor agregado al producto y también valor social, al trabajar con las comunidades indígenas y compartir las ganancias.

Por ahí va la cosa. Observar, pensar, innovar, actuar. I+D. Todo al margen del Estado. Imagínense si el Estado colaborara, para empezar, incoporando estos conceptos en la malla escolar, desarrollando la vena emprendedora de los jóvenes, promoviendo ferias tecnológicas, extendiendo cursos de inglés, o destinando un capital semilla —de riesgo— para proyectos e iniciativas que premien el talento.

Escozores en el Poder

Algunas de las preguntas planteadas aquí en el post anterior empezaron a responderse esta semana con la conformación del gabinete, las primeras declaraciones del premier Villanueva y la recolocación de los actores partidarios en la escena política. Lo sintomático es que los primeros escozores de este reacomodo se han sentido primero que nada en la bancada de gobierno.

Tal vez asistamos en lo que va de nuestra historia corta —para usar un término del historiador Hobsbawm, que en nuestro caso debería ser desde la recuperación de la democracia en 1980 hasta nuestros días–, asistamos, digo, a la primera experiencia de ver ganar a un partido las elecciones y ver gobernar a otro. Esta es la razón del prurito oficialista.

Es una experiencia inédita en nuestro país. Ni Belaunde 2, García I, Fujimori I y II, Paniagua, Toledo, Humala o García II, tuvieron esa dificultad, ni cedieron lo ganado en las calles y ánforas. En ningún caso, estos gobiernos tuvieron minorías en el Congreso. Ejercieron el poder y lo conservaron con mayorías propias o con alianzas.

El premier Villanueva habla de un pacto social, lo que implica una buena relación con el Congreso, pero la bancada pepekausa interpreta sus palabras como si fuera un pacto con Fuerza Popular. La presencia del secretario general de Peruanos por el Kambio en el Ejecutivo, Salvador Heresi, no parece ser el elemento de cohesión entre el partido y la nueva administración Vizcarra-Villanueva.

Hoy podríamos estar ante un escenario diferente, algo nuevo, que empieza a preocupar, para empezar, al partido que ganó las elecciones por 50 mil y pico de votos, pero ganó. ¿Seguirá siendo este un gobierno de los pepekausas? preguntábamos en la columna anterior. Mercedes Aráoz, Juan Sheput y Gilbert Violeta tienen dudas de que así sea y en diferentes tonos han salido a reclamar al presidente Vizcarra definiciones al respecto.

Esta diferencia radical de interpretación indicaría que nos acercamos al final de un camino que se bifurca: o bien estamos ante lo que puede ser el difícil trance hacia la gobernabilidad —lo que, en efecto, involucra a un acuerdo mínimo de todos los partidos—, o asistimos más bien al anuncio anticipado de la pérdida total del gobierno de parte del partido que ganó las elecciones. Urticaria política, por donde se le mire.

Lo insólito de esta situación no es que este nuevo escenario no funcione. Todo lo contrario, podría funcionar y hasta satisfacer a quienes buscan una estabilidad política y un crecimiento económico y social sostenido. Lo raro es que los hechos convaliden, sin que a nadie se le mueva un pelo, que un partido que ganó en las ánforas, pierda el poder en el ejercicio mismo del gobierno. ¿Escozor es lo mismo que picor? El que se pica pierde, estamos de acuerdo. ¿Pero y al que le pica? Sarna con gusto ¿no pica?